Para Empezar

1976

La aplicación de las leyes electorales en Baja California dicen, ponen en riesgo la elección para renovar la gubernatura, las cinco alcaldías y el Congreso Local a definirse el próximo 5 de agosto.

A estas alturas todos los actores políticos y algunos líderes de opinión se han vuelto expertos jurisconsultos, cual doctor en derecho constitucional con larga trayectoria dentro del estudio y aplicación de las normas mexicanas.

Desplegados en medios impresos, entrevistas aquí y allá, posicionamientos que nadie pidió, y hasta foros para analizar el fallo que en poco tiempo darán los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), son materia que en nada influirá en la decisión de los juzgadores aunque ésa es la estrategia mediática.

Recientemente subió de tono la supuesta anulación de la elección, bajo el argumento de si el fallo del TEPJF ratifica la resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, que revocó dos candidaturas al gobierno estatal, dos a presidentes municipales, y una regiduría, al considerar que se violentaron las leyes electorales que rigen en el Estado.

En opinión de algunos seguidores de la causa hankista, y a consecuencia de la revocación de estas candidaturas, existen las condiciones para anular el proceso electoral, lo que daría paso a convocar nuevamente en el mediano plazo, sin importar el dispendio de recursos económicos que le ha generado a los partidos políticos y al mismo Instituto Estatal Electoral, en la primer mitad de la campaña.

La defensa priísta pondera el hecho de que es la primera vez que se aplican las leyes electorales y no pueden estar por encima de lo que indica la Carta Magna, además los tiempos legales para nombrar sustitutos ya se vinieron encima.

Sin embargo fue ese instituto político quien decidió correr el riesgo de quedarse sin candidatos, al fenecer el tiempo que por ley estipula la reglamentación local para nombrar sustitutos.

El Consejo Estatal Electoral dio entrada al registro de 216 candidaturas a diversos cargos, que van desde regidurías, alcaldías, diputaciones y por supuesto la gubernatura de Baja California.

La revocación sólo llegó a siete candidaturas, equivalente al 3.24 por ciento del total, y aun así afirman que la elección está en riesgo de ser anulada.

Voces repiten y repiten que en Baja California ya no hay candidatos y que es un motivo suficiente para sospechar de una elección de Estado en puerta.

La historia da cuenta de cómo en la elección presidencial de 1976, José López Portillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el único candidato registrado y así realizó una campaña sin adversario por todo lo ancho y largo del país, pues el único partido opositor con registro, Acción Nacional, no presentó candidato debido a las divisiones internas que vivió en esa época.

Y la historia lo reporta: No pasó nada. Más allá, de evidentemente, una no muy buena administración.