Cientos de personas han sido privadas de su libertad y no se ha vuelto a saber de ellas

Desaparecidos

En la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, se tienen más de doscientos casos; familiares de desaparecidos acuden a las autoridades pero éstas no resuelven, la investigación es deficiente y sus parientes continúan perdidos. En 2001, cuando el Gobernador Elorduy era candidato, prometió ayudarlos, incluso le propusieron una Fiscalía Especial para Desaparecidos, pero después de la toma de posesión, se olvidó del tema. Familiares temen lo peor: Que sus desaparecidos hayan sido asesinados, incluso disueltos en ácido.

Sergio Haro Cordero

Salieron de sus casas, se despidieron, tomaron camino en uno y otro lado, y no han vuelto a saber de ellos. No llegaron a su trabajo, su casa quedo intacta, encontraron sólo el auto, con las llaves pegadas y hasta encendido. A otros, delante de testigos llegaron varios autos y a empujones se los llevaron.

En muchos de los casos, los familiares han denunciado la participación de agentes policíacos, de comandos uniformados y hasta de autos oficiales.
Pero en todos los expedientes hay un común denominador: No supieron más de ellos

Sus familiares deambulan tocando puertas de funcionarios y dependencias, otros ya ni eso ante la escasa respuesta.

Se trata de centenares de ciudadanos que durante los últimos años han sido desaparecidos en la región, “levantados” por algún comando, en muchas ocasiones conformado por policías que literalmente los desaparecieron de la faz de la tierra.

La presunción es que fueron asesinados, que los enterraron, o que los disolvieron en ácido.

“Se trata de comandos con la participación de agentes policíacos”, sostuvo Miguel Ángel García Leyva, un abogado de origen sinaloense que participa en la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, organismo que ha documentado cerca de 200 desapariciones en esta región durante los últimos años.

“Son muchísimos los casos”, dice Jesús Alberto Capella, del Consejo Ciudadano de seguridad pública, quien aseguró que muchos familiares no denuncian, lo que provoca mayor impunidad.

Los casos parecen multiplicarse:
Agosto del 2006, un joven mexicalense  (sus familiares prefieren omitir más datos) fue secuestrado junto con un amigo de la escuela. La mamá del amigo al parecer había tenido que ver con un sujeto cercano al Cártel Arellano Félix. A las semanas apareció el amigo, pero no el hijo de la familia. En el grupo de cercanos se incluía a un agente de la Policía Ministerial en Mexicali. A casi un año, los padres no saben exactamente qué pasó con el muchacho de apenas 21 años, lo único que saben es que desapareció y aparte están muy temerosos.

Marzo del 2007. Tres jóvenes fueron levantados en el fraccionamiento Villa Bonita, delante de varios testigos y frente a una tienda, en plena tarde-noche. Los testigos dijeron que quienes se los llevaron vestían pantalón caqui y camisa azul (el uniforme de los Ministeriales) y hasta gafete. El tío de uno de ellos expuso que quien encabezaba el grupo –aparentemente policíaco— ya los había detenido una semana antes. Los familiares sólo encontraron el auto del joven, con las llaves puestas y sus pertenencias. Incluso una semana después la casa de uno de los muchachos fue hurgada. Los familiares denunciaron ante la Procuraduría y nada, acudieron a Asuntos Internos y sólo un día le dieron seguimiento, en la PGR , buscaron en hospitales, Cruz Roja y hasta en Semefo. Hasta la fecha no saben nada.
Enero del 2007, el ex agente Diego Hernández Leyva fue “levantado” cuando viajaba en una camioneta presuntamente robada, dejaba a su novia en la colonia Hidalgo y no supieron más de él. La camioneta fue localizada la noche siguiente en la colonia Carvajal y los familiares del joven ex agente no supieron más de él, hasta que ZETA publicó el video donde un ex Comandante de la Policía Ministerial que –de acuerdo a su propia versión, vídeo-grabada— encabezaba en Mexicali una célula del cártel de Sinaloa, detalló cómo y por qué lo habían levantado, en una acción donde participaron varios agentes ministeriales en activo y hasta dijo dónde lo habían enterrado. Hasta el momento, los familiares de Hernández Leyva siguen el rastro, con la esperanza de que esté vivo.

Las trágicas experiencias se multiplican:
Marzo del 99 en Tijuana, en la colonia Buenos Aires, los jóvenes Osbal López, Jesús Aispuro y Marco Padilla fueron levantados por un grupo, a los días los familiares  recibieron una llamada desde el Penal de la Mesa, avisándoles que al joven López lo habían asesinado. De todos ellos no volvieron a saber nada, tampoco del vehículo. Los familiares reportaron ante todas las dependencias, incluida la SIEDO, la PGR y hasta Presidencia de la Republica y nada, absolutamente nada.

Otro caso, el del Subdirector Jurídico del Congreso del Estado, Roberto Flores. Subió a un autobús con rumbo a Tijuana, las cámaras de la Central de Autobuses lo vídeo-grabaron desde que llegó y entró al edificio en Mexicali, luego cuando llegó a Tijuana. De ahí le perdieron el rastro. Trascendió que –de acuerdo a reportes policíacos— podría haber sido disuelto en ácido en un sitio que las autoridades localizaron en Tijuana.
Son apenas botones de muestra. “Son mas de 200 los casos documentados”, dice desde su oficina en Mexicali, Miguel Ángel García Leyva.

Contra la Impunidad

La Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad nació en el año de 2001 en Baja California.

“El problema de las desapariciones forzadas que se vienen presentando aquí en el estado desde hace varios años, es que tienen algo en común: están de acuerdo las autoridades con el crimen organizado. En este grave problema de delincuencia no sólo es gente que tiene alguna duda, como es el argumento que esgrimen las autoridades –que andaban en malos pasos, que eran delincuentes o que tenían algún nexo con el narcotráfico— sino que en este proceso tan fatal que se ha dado en Baja California hay mucha gente inocente.

“Ha habido casos documentados donde personas ajenas completamente a actividades ilícitas han sido víctimas de desapariciones forzadas, eso ilustra hasta dónde la autoridad ha sido tolerante con este tipo de acciones ilegales”, sostiene el abogado sinaloense.

Explicó que el primer caso que como Asociación tuvo, data desde 1993, aunque antes ya se habían presentado desapariciones. A la fecha este grupo cuenta con datos, fechas y expedientes que suman 194 casos.

Pero son apenas los expedientes que han logrado documentar, no son la totalidad.
“Son desapariciones forzadas donde se da la intervención de grupos que llevan a cabo de manera forzosa, aquí no estamos incluyendo secuestros.
“La inmensidad  de las desapariciones en Baja California ni siquiera se puede determinar el número pues en el trabajo de campo que hemos realizado, aquí en el Valle de Mexicali tan sólo del 2002 a la fecha, con las desapariciones que  se han sumado, documentadas o no documentadas y en base a datos que tenemos, calculamos que hay más de 900 casos de desapariciones forzadas…”.
García Leyva  comentó que de los casos que tienen documentados, “no desaparecen solas las personas”, ya que en todos hay la participación de grupos, y en la mayoría hay el señalamiento que participaron agentes de cuerpos policíacos.

“Si México está localizado entre los países más corruptos, Baja California cuenta con las autoridades más corruptas. Y es que hay algo muy grave: No se investiga a las corporaciones policíacas. Si no se investiga hacia fuera, mucho menos hacia adentro de las corporaciones y en el problema de las desapariciones forzadas no hay vuelta de hoja, ahí existe la participación directa de elementos de corporaciones policíacas, y están protegidos muchos delincuentes con charola por parte de la autoridad”.

El abogado sinaloense comentó que en los casos que se ha avanzado en las investigaciones es porque se ha presionado, o ha intervenido la Asociación, o los propios familiares se han convertido en investigadores, y aun así la autoridad ha respondido con negligencia.

“En Baja California no existe una real  procuración de justicia, la Ley está supeditada a intereses fuertes que ligan a funcionarios con delincuentes profesionales”, expone.

Fiscalía para Desapariciones

Una de las demandas del grupo ha sido la creación de una Fiscalía Especial, esto desde antes de la llegada de Eugenio Elorduy a la gubernatura de Baja California, y que hasta el momento no se ha concretado.

García Leyva dijo que la fundadora del grupo, Rosario Moreno de Díaz, en septiembre del 2001, ya Elorduy como gobernador electo, había programado una reunión, y Elorduy se había comprometido en la campaña para apoyar las gestiones de la Asociación y la integración de una Agencia Especial para ver los casos de desaparecidos.

Rosario Moreno era de Culiacán, a ella le desaparecieron a un hijo, Rubén Díaz Moreno, en Tijuana, un comando armado. Esto fue el 5 de diciembre del 2000 junto con otras dos personas, Julio Calvo y Juan Gabriel Huerta Beltrán. Los levantó un comando al parecer de las Bases de Operación Mixta, BOM. A  ellos los llevaron a un hotel, hasta hicieron llamadas a familiares.

Luego desaparecieron. En su auto, encontrado quemado, localizaron hasta bitácoras policíacas.

Antes de la entrevista con Elorduy se murió la señora Rosario, lo que obstaculizó el encuentro. Luego –refirió el abogado— ya como gobernante Elorduy hizo caso omiso de los planteamientos.

“Nos dimos cuenta que se crearon agencias para robo de vehículos, robo de comercios, para problemas electorales, y en este caso que es uno de los delitos más graves, que es la privación ilegal de la libertad, en donde conlleva también un riesgo de la vida misma de las personas que han sido privadas, pues ni siquiera se dignó a recibirnos”.

Comentó que han hecho varias acciones, plantones, estar en encuentros nacionales de procuradores, con procuradores generales y hasta el Presidente Fox los atendió en dos ocasiones, lo que el gobernador local no ha hecho.

Casos, uno tras otro

Ante la indiferencia de las autoridades en más de una década, las desapariciones se han acumulado, multiplicado.

Como el hijo de Alma Díaz –quien encabeza la Asociación en Mexicali—, quien era agente de la policía municipal y desapareció el 7 de junio de 1995. Lo “levantaron” en plena Justo Sierra, frente a los jugos Bamoa. “Agentes que eran compañeros del joven investigaron, dieron detalles y fueron asesinados”, refiere García Leyva.

O el caso de Roberto Flores, el subdirector de Asuntos Jurídicos de la actual Legislatura. Llegó a Tijuana y lo recogieron en la Central, de ahí desapareció. Posteriormente detuvieron a una célula del Cártel de Tijuana donde había también agentes ministeriales. “Descubrieron una casa de seguridad en Tijuana donde encontraron unos tambos con ácido donde metían los cuerpos para desintegrarlos. Había evidencias de que él (Flores), estuvo ahí”.

García Leyva recordó un caso que ejemplifica el tema. Sucedió en Colima donde agentes de la AFI detuvieron a un joven de nombre Alejandro, lo torturaron; luego lo llevan a la Cruz Roja para atención médica donde quedó registrado en el control de ingresos como  paciente. Luego lo desaparecieron. Su hermana estuvo durante meses en plantón frente a las instalaciones de la PGR en el Distrito Federal.

También ubicó el caso de la señora Consuelo Pérez Valenzuela, la actual dirigente de la Asociación. A ella le desaparecieron a su hijo Rosario Higuera Pérez. Junto con él se “esfumaron” en Mexicali a otras 8 personas, entre ellos algunos albañiles que trabajaban en la colonia Cuauhtémoc. Hubo testigos del “levantón”, que se efectuó frente a un negocio de refacciones ubicado a un lado del edificio de la sección 37 del SNTE –hoy en manos del SETE—, del caso existe una Averiguación Previa donde testigos señalan cómo fueron trasladados hasta la vecina población de San Luis Río Colorado, en Sonora.

No supieron más de ellos, aunque algunos de los secuestrados fueron liberados y en su testimonio dieron datos sobre el resto de detenidos junto con ellos.

Mencionó el caso de un agente de la policía Municipal que desapareció en 2005, de otro en 2006 y a la fecha suman tres los policías de quienes no se sabe dónde están.

Uno de los últimos casos trascendió a raíz del video donde un ex comandante de la Policía Ministerial, José Ramón Velásquez, aporta datos en relación a una serie de asesinatos, entre éstos el del ex agente de la Policía Ministerial Diego Hernández Leyva.

“No es el único agente Ministerial que está desaparecido, hay varios agentes ministeriales, y hay algunos casos que la misma Procuraduría los debe de conocer. Pero el caso de Hernández Leyva es relevante porque lo está señalando con datos muy precisos, donde menciona datos de agentes, de células que integran grupos delictivos, que están ahí al interior de las corporaciones policíacas, y lo más grave es que no son una célula o dos, hay varias, diferentes bandas, diferentes grupos delictivos tienen el control, no sólo de la Procuraduría sino de todas las corporaciones policíacas, pero aquí está ilustrando este señor muy claro, con datos precisos, mencionó datos claves, hasta motes de funcionarios, ‘El Blindado’, el propio Procurador…”.

“Toda esta corrupción inhibe que se saque adelante los casos”, sintetizó García Leyva.

Delincuentes siembran la duda de por vida

“Son muchísimos los casos”, comentó Jesús Alberto Capella en relación a las  personas desaparecidas. El titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, aclaró conceptos:

En el caso de secuestros –que es cuando se exige una cantidad por la liberación— o la  privación ilegal de la libertad, donde “levantan” sin la petición formal de una cantidad a cambio de la liberación, sino que se debe más a razones de ajustar alguna “cuenta”, a veces a cambio de la vida.

Comentó que como Consejo tienen una base de datos en relación a secuestros y privaciones, aunque aclaró que por la misma naturaleza del tema, hay gente que no reporta en caso que sean liberados sus familiares. “Hay veces que hacen el efecto fantasma, no quieren que nadie sepa, no quieren saber nada”, expuso.

Sobre casos de desaparecidos, dijo Capella: “No tienes idea de qué tantos”. Y ejemplificó. Un hombre desapareció en Tijuana dos días antes que iniciaran la marcha contra la inseguridad en octubre de 2006. Nunca apareció. En ese caso los familiares  pagaron rescate, aun así los captores no lo liberaron.

Capella explicó que el Consejo ha elaborado un banco de datos con el tema de secuestros y privaciones, que se conforma con datos que aparecen en los medios, o que ellos mismos reciben por frecuencias policíacas.

“El termino secuestro es el menos recurrente, en cuanto al tipo penal y la definición concreta, en Baja California es el menos recurrente. Para poderlo acreditar se necesita el reconocimiento de la petición del rescate y obviamente la denuncia correspondiente. Eso prácticamente no se da. En términos generales hablamos de privaciones ilegales de la libertad”.

Amplió:
“Es impresionante la información que se puede encontrar en cuanto a las personas que no aparecen, sobre todo por el sentido del sadismo. Por ejemplo, con las muertas de Juárez había una mecánica, aquí es levantar a alguien y sembrar de por vida la duda con la familia, que no saben qué pasó con él. Nomás analiza los crematorios que han encontrado, los botes con sosa cáustica, que son muchos. ¿Cuántos cuerpos no habrá ahí?”. (Sergio Haro)