Ante el temor de no ser favorecidos, Castro amenaza: Alegarán inequidad en la elección
TRIFE DIVIDIDO
Tres magistrados son afines a confirmar la resolución del Tribunal Estatal que revocó la candidatura de Jorge Hank al Gobierno del Estado. Otros tres, piensan que sí puede ser abanderado de la alianza. Ante la presión, los magistrados federales retrasan la decisión en busca de una decisión unánime. El PRI ya prepara la ofensiva si el resultado no es a su favor, mientras que el PAN defiende lo que considera es la justicia electoral de Baja California. Una vez más, en entredicho, la soberanía de los estados.
Rosario Mosso Castro
Ciudad de México
Enviada Especial
“No hay presiones sino presionados”, dijo ante los partidos, Flavio Galván Rivera, magistrado presidente del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), quien atendió a representantes, abogados y senadores de los partidos involucrados en la impugnación del candidato a gobernador de la “Alianza para que vivas mejor” en Baja California.
Los argumentos del derecho y la coacción recibida porque un hecho legal se convirtió en asunto político por la mediatización de la campaña en Baja California, dio como resultado un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dividido.
Casi al punto del empate, porque ninguno de los magistrados se siente cómodo con la posibilidad de ser el fiel de la balanza que ratifique o rechace el dictamen del Tribunal Estatal de Baja California que anuló la candidatura a gobernador de Jorge Hank Rhon por la “Alianza para que vivas mejor”.
Para evitar mayores controversias y ante lo delicado del tema, los magistrados quieren construir la posibilidad de salir con una sentencia unánime, pero en número las posturas están muy parejas.
Mientras tanto, han optado por mantenerse alejados de la prensa, al punto de cancelar entrevistas con medios nacionales pactadas con anterioridad. Porque no quieren generar más desinformación, ni ser cuestionados acerca de sus criterios, para que no se les pueda acusar de imparciales cuando emitan su voto.
La vigilancia del edificio del TRIFE se mantiene rigurosa. Los reporteros reciben una credencial que faculta sólo para entrar a la sala de prensa y el primer piso, porque los magistrados están en el quinto nivel. Los periodistas tampoco pueden estar en la salida de los vehículos de los colegiados. Además, al entrar los agentes de seguridad que los acompañan, hacen un vale que debe ser firmado por el funcionario electoral que los recibe y se hace responsable de que los comunicadores no ingresen a otros espacios.
Desde el 2 de julio, sólo los políticos implicados en el tema y funcionarios electorales han tenido acceso a los magistrados, pero igual han debido someterse al sistema de seguridad.
Divididos
De acuerdo al termómetro de los representantes de los partidos que fueron recibidos por los magistrados, se desprenden varias variantes en relación a la intención de los magistrados:
1.- José Alejandro Luna Ramos y Salvador Olimpo Gómez se sostienen en la tesis de que algunos requisitos de la legislación estatal contravienen los derechos estipulados en una ley mayor como la Constitución y derechos internacionales.
2.- Pedro Esteban Penagos, que el mes pasado había defendido la autonomía de las Constituciones Estatales a pesar de no estar de acuerdo con lo que en ellas se estipula, y quien señaló que no se podían imponer criterios personales, en esta ocasión ya no está tan seguro y advirtió que está analizando su posición.
Además dejó claro que para él, el caso de los precandidatos a diputados panistas por Baja California, que fueron rechazados por no cumplir con el tiempo requerido de su ciudadanía mexicana, no es igual y no se puede analizar bajo la misma lupa que el hecho de que el candidato de la “Alianza para que vivas mejor” haya sido rechazado.
Candidatura que fue nulificada porque antes de buscar participar en la contienda el precandidato ya era alcalde de Tijuana, puesto al que llegó por elección popular, situación que de acuerdo a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, le impide competir por el simple hecho de que no concluyó con el período para el que fue electo.
Ante la advertencia que sigue analizando su decisión, y ante el rumor de que este magistrado tiene una buena relación con Fernando Castro, senador y coordinador de la campaña hankista, acusación que el legislador bajacaliforniano negó y calificó de “irrisoria”, los políticos que se han entrevistado con Penagos, lo ubican como posible voto a favor de la no ratificación de la sentencia del TRIEE de Baja California.
Con él, sumarían tres a favor de regresarle la candidatura al dueño del Grupo Caliente.
3.- Como resultado de esos alegatos legales, los entrevistados también consideran que los magistrados Constancio Carrasco Daza y Manuel González Oropeza, aunque analizan todos los argumentos y contra-argumentos y realizaron varias preguntas a los ponentes, se mantienen en la posición de respetar la voluntad política de los cuerpos legislativos que representan legalmente a los bajacalifornianos que los eligieron.
De acuerdo a la impresión de los políticos recibidos por los magistrados, el presidente del tribunal, Flavio Galván Rivera también sostiene esa tesis, sin embargo no quiere verse obligado a usar su voto de calidad, dado que en una primera ronda de impresiones estaban tres a tres.
4.- Durante las audiencias de alegatos, la magistrado María del Carmen Alanís Figueroa había estado ausente, porque había sido comisionada desde el 25 de junio, por el magistrado Galván para asistir al “7º Foro Global Sobre Reinvención del Gobierno, Fomento de la Confianza en el Gobierno”, organizado por la Organización de las Naciones Unidas en Viena.
A ella se le ubica como defensora de las leyes estatales, pero ante su ausencia de las reuniones, los representantes de los partidos no pudieron medir su reacción ante este nuevo asunto.
Funcionarios del TRIFE informaron que la magistrada regresó a México el miércoles 4 de julio, sin embargo no estuvo presente en la sesión donde se votaron 26 asuntos en apenas 22 minutos, y sin que ninguno de los magistrados presentes razonara su voto. Situación que de acuerdo a los reporteros de la fuente resultó “atípica y sospechosa”.
Autocensura
Después, los magistrados volvieron a desaparecer de la esfera pública y los funcionarios electorales no pudieron confirmar si Penagos y Olimpo Nava ya habían redactado un dictamen para someterlo a discusión del pleno, por lo menos de manera interna.
Así, las actividades públicas de los magistrados siguieron pendientes. Precisamente a partir del jueves 5 de julio fue cuando los magistrados electorales tuvieron la posibilidad de empezar a discutir el tema de manera colegiada.
Los siete magistrados han estado frente a la coacción personal ejercida por los representantes de los partidos y los principales senadores que presentaron alegatos jurídicos con interpretaciones personales de las leyes, internacionales, nacionales y las estatales de Baja California, al punto que ambos bandos usaron los mismos artículos y leyes, pero cada uno los entendió a su conveniencia.
Partidos y candidatos involucrados también hicieron labor en los medios nacionales publicando entrevistas y desplegados donde exigieron a los magistrados actuar respetando la ley, provocando que las luces de la prensa se colocaran sobre el TRIFE desde el 30 de junio.
En las oficinas del tribunal, la pasarela de abogados, presidentes, coordinadores de campañas del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México, inició el lunes 2 de julio y continuó hasta la mañana del día 4 del mismo mes.
Los primeros en atender a los políticos, fueron los magistrados ponentes y responsables de hacer el análisis: Pedro Esteban Penagos López y Salvador Olimpo Nava. El día tres entraron en acción el resto de los magistrados que también recibieron a todos los actores, y como para los representantes del Verde ecologista no fue suficiente, regresaron el día cuatro.
Las presiones llegaron al punto que la mañana del jueves 5 de julio, sin que se hubiera convocado a sesión, reporteros y abogados de los partidos se apostaron en las oficinas del TRIFE, porque había el rumor de que habría sesión a las 11 de la mañana hora de México.
Esto sucedió, pese a que los representantes de los partidos sabían que la posible solución se daría hasta el fin de semana, por lo menos así lo manifestaron a este semanario.
Los temores
Consultados en su calidad de representantes: Fernando Castro Trenti de la “Alianza para que vivas mejor” y Salvador Morales de la “Alianza por Baja California” se dijeron confiados en que sus respectivos candidatos, Jorge Hank y José Guadalupe Osuna Millán, serían los próximos gobernadores de Baja California.
Aunque ambos reconocieron que en lo que se refiere a los magistrados la moneda está en el aire.
Los dos líderes también aseguraron que sus contrincantes no llegarían al centro de gobierno en diciembre de 2007. Expusieron sus razones y hablaron de impugnar los resultados de la próxima elección si es necesario.
Morales reiteró que Hank no tiene posibilidades porque no reúne los requisitos legales. Y Castro Trenti negó las posibilidades de Osuna Millán porque si gana la elección sin que dejen competir al dueño del Hipódromo de Tijuana, los tres partidos que conforman la “Alianza para que vivas mejor” impugnarán la elección alegando imparcialidad y falta de equidad, los principales principios de la democracia.
El senador dijo que aunque el tribunal electoral estatal les haya ordenado sustituir el candidato y se les haya vencido el plazo sin hacerlo, ellos están siguiendo el curso legal. “Además tenemos argumentos que nos dio el propio Osuna Millán, cuando en televisión nacional se puso a decir que él era el único candidato en campaña, y está grabado, eso es inequidad”.
Así queda claro que los miembros de la “Alianza para que vivas mejor” no piensan quedarse calmados si el fallo no les es favorable. Incluso han dejado ver entre líneas la posibilidad de movimientos masivos, obviamente patrocinados.
“Nosotros nos la estamos jugando con el Ingeniero Hank porque para el caso Baja California es el único que tiene posibilidades de darle un triunfo a los partidos y porque sabemos que no está impedido”, justificó Castro
Además los tricolores y compañía, le están apostando a la presión de que los magistrados no se atreverán a dejar cinco partidos sin candidato, o con un suplente que entraría con lo que consideraron, evidentes desventajas.
Castro dijo que no están cien por ciento seguros de un resultado a su favor, porque saben el impacto que tendría un dictamen contra el partido del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Y lo único seguro es que el resultado deberá estar cien por ciento apegado a derecho.
Por Acción Nacional, Salvador Morales recordó que se está buscando un gobernador que cumpla y haga cumplir las leyes de Baja California, de tal suerte que la llegada de Hank es, técnica y legalmente, imposible, y claramente impugnable porque desde su entrada a la vida política, ha buscado cómo evadirla.
Argumentos
En dos archivos de 300 y 275 hojas, la “Alianza para que vivas mejor”, de mayoría priísta, planteó varios argumentos para defender a su candidato, pero dos son los principales:
Fernando Castro se refirió a la reforma al artículo 55 de la Constitucional Federal aprobada el 1 de marzo por los diputados bajacalifornianos, el 19 de mayo por el senado y publicada el 19 de junio.
En ella los legisladores federales y estatales trataron de ampliar la influencia de la Ley “Antichapulín” a la Constitución Federal, para evitar que tampoco los gobernadores y los jefes de gobierno del Distrito Federal, equivalentes a los alcaldes en los municipios, pudieran competir por otro cargo sin haber concluido su mandato.
Sin embargo, con toda intención de parte de los tricolores y el Verde Ecologista y con el descuido de los panistas, no reformaron un párrafo en el mismo artículo que contradice el cambio diciendo que algunos funcionarios incluidos alcaldes “no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de su cargo noventa días antes de la elección”.
Sin embargo en la exposición de motivos, incluida la del senado es clara la intención de los legisladores de obligar a los funcionarios electos a cumplir con el tiempo de sus encargos.
Además en el caso de Tijuana, las leyes locales impiden a los munícipes a pedir licencias definitivas a menos que se trate de un problema de salud extremo. Pero el vacío y la contradicción ahí están.
Arturo Escobar y Vega, senador por el Verde Ecologista de México, se refirió a la inconstitucionalidad de la Ley Estatal y a la supremacía del Tratado de San José que según el partido verde faculta a Hank como candidato porque no señala que es necesario no ser alcalde para poder ser candidato a otro puesto de elección popular.
“Es un asunto de complejidad ante la resolución a principios de 2002 por la Corte en cuanto al control constitucional que ellos tienen y le quitan a los tribunales la interpretación constitucional de las leyes, a lo que nos llevó fue a buscar inclusive el análisis con tratados internacionales como un tratado más jerárquico a las constituciones locales, y estamos en esa discusión”, agregó Escobar y Vega.
“También estamos alegando la no publicación constitucional de la llamada ‘Ley Antichapulín’. Y la inconsistencia del Tribunal Estatal Electoral de Baja California, que primero nos dice que sí puede ser candidato y después bajo presión del gobernador de Baja California nos rechaza y con su irresponsabilidad genera un escenario de incertidumbre”.
Cuando se le preguntó al senador del Verde Ecologista, acerca del respeto a la autonomía de los estados, respondió:
“Por supuesto que la autonomía que tiene cada entidad federativa es total, sin embargo su autonomía se limita a aquello que va en contra de la Constitución o de los tratados internacionales como normas jerárquicas”.
Al recordarle que los priístas habían aprobado esta reforma sólo concluyó: “Los tiempos políticos de nuestro país cambian día a día, inclusive los criterios. Creo que no estamos imposibilitados en acudir a esta sala independientemente de la posición que pudo o no pudo haber tenido el PRI en el 2002”.
En contraparte Acción Nacional reiteró los argumentos dados por el Tribunal Electoral de Baja California en voz del líder estatal del PAN en Baja California, Salvador Morales:
“El mismo tratado de San José en otros apartados que ellos evitan mencionar, le da la importancia a las leyes locales como mecanismos reguladores de la realidad en cada entidad.
“En cuanto a la supuesta inconsistencia del Tribunal Estatal Electoral, es mentira porque desde que inició el proceso ellos no han ganado ninguna, en ningún momento les dijeron que su candidato reunía los requisitos; es más, cuando se trató de discutir este tema, el TRIFE advirtió que estábamos fuera de tiempo y no había nada que analizar.
“Del artículo 55 Constitucional, es contradictorio pero la intención de obligar a los políticos a cumplir sus tiempos y compromisos es más que evidente. Nosotros sólo esperamos el respeto a las leyes y el respeto a la autonomía”, concluyó Morales.
Por lo pronto, los representantes y el no candidato de la “Alianza para que vivas mejor” intencionalmente están jugando muy bien el papel de mártires políticos: Por un lado presionando a los magistrados advirtiéndoles que “cada minuto que está pasando nos encontramos en más desventaja”.
Pero recopilando todos los datos para tratar de probar más adelante la inequidad por parte de los tribunales, por la cual incluso se ha dicho que ya pagaron. Para usarla más adelante en una posible impugnación.
Además aprovecharon la situación, porque al mismo tiempo están haciendo una “no campaña” con actos pagados, y que en caso de ser favorecidos, no podrán ser incluidos en sus costos electorales, y aprovechando los ataques de sus despistados opositores, para subir en las encuestas convertidos en víctimas, según ellos, del sistema, del gobernador de Baja California y hasta de la Presidencia de la República.
Reforma al 55
“No es factor determinante”: Villa
Para el especialista en Derecho Electoral, Roberto Villa, el argumento de la reforma al Artículo 55 de la Constitución Federal no está tan claro que traiga como consecuencia o que implique que la Constitución de Baja California esté mal.
Incluso mencionó que en la sentencia del Tribunal Estatal Electoral hay un párrafo en donde se utilizan estas mismas reformas para decir que la tendencia va en el sentido de la legislación bajacaliforniana, sostiene el también subdirector de la Facultad de Derecho de la UABC en Mexicali.
El especialista explicó:
“De entrada el artículo 55 anteriormente tenía una figura parecida a la que regula la Constitución local, la llamada ‘Ley Antichapulín’, que establecía:
“Los gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”.
Luego seguía otro:
“Los Secretarios de Gobierno de los Estados, los Magistrados, Jueces Federales no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección.
“La reforma fue para ampliar a algunos funcionarios como los de organismos autónomos que no estaban contemplados en esta fracción. Estamos hablando de IFE, CNDH, esa serie de organismos autónomos que no estaban previstos, porque este artículo se refiere a quienes no pueden ser diputados.
--¿Se puede hablar de diferencia de criterios, entre la Constitución Federal y la local?
“Siendo reforma constitucional lo que se tendría que revisar en todo caso por el Poder Legislativo, es revisar la reforma y verificar si nuestra Constitución local, en los términos en los que está redactada actualmente, no es contraria a las disposiciones que están reformando. Y en base al principio de supremacía constitucional, obviamente se tendría que hacer unas reformas para adecuarla a la Constitución General”.
--¿Pero eso no sería para este proceso?
“No, sería como una tendencia”.
--¿Qué tan válido puede ser eso como argumento, en términos de la controversia por la discusión en torno a la candidatura de Hank?
“Sería un argumento tendiente a orientar al juzgador, a decirle que la impugnación que realiza tiene que tomar en consideración para la hora de resolver que se hicieron esas reformas y que desde esa óptica esas reformas establecen un principio distinto a la legislación vigente en BC”.
--¿Pero es un argumento válido?
“Es un argumento que pueden hacer valer, igual que pueden hacer valer cualquier otro. No está tan claro que esta reforma traiga como consecuencia o que implique que la Constitución de Baja California está mal. Porque también ha habido lecturas, si revisas la sentencia del Tribunal Estatal, en el caso de Hank, al final se hace un párrafo que utilizan esas mismas reformas para decir que la tendencia va en el sentido de la Legislación de Baja California; la interpretan de otra manera. Como argumentos pueden ser válidos pero no está tan claro que esa reforma constitucional sea un factor determinante a la hora de decidir el caso...” (Sergio Haro)
Magistrados especialistas:
No dilatar más caso BC
Independiente de las presiones políticas, del abuso electorero en campañas mediáticas y de la irresponsabilidad de legisladores que crean, reforman y tratan de aniquilar leyes de acuerdo a sus necesidades particulares o las de sus partidos, el hecho real es que en este momento, los magistrados del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) tienen la enorme responsabilidad de resolver el tema de Baja California conforme a derecho, pero en calidad de urgente.
Esto para evitar contribuir al clima de incertidumbre que está siendo aprovechado por el oportunismo de la política barata y dejando precedentes que podrían poner en riesgo los resultados de las elecciones bajacalifornianas.
José Alejandro Luna Ramos, Salvador Olimpo Gómez, Pedro Esteban Penagos, Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza, María del Carmen Alanís Figueroa y el Magistrado Presidente Flavio Galván Rivera, son especialistas en derecho electoral y poseedores de un voto inapelable. Y ya dieron a todos los actores la oportunidad de presentar sus alegatos, así que el siguiente paso es que emitan su fallo a la brevedad posible.
Aunque los plazos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, marcan el 11 de julio como fecha límite para tener los nombres de los candidatos y mandar imprimir la boletas electorales, resulta evidente que por el bien de la equidad de la democracia y de los bajacalifornianos, el resultado debe darse antes; al final, ya tienen todos los elementos, el resto está en sus manos.
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