200 ejecuciones en Tijuana al 12 de julio
La “narcomatanza”
Además se han registrado 900 homicidios “caseros”, la falta de detenciones de miembros del crimen organizado, crea un ambiente de impunidad que abona al clima de inseguridad de levantones, secuestros y homicidios. El Policía Ministerial asesinado, fue mencionado en el video grabado por narcotraficantes como una amenaza al Procurador, pero ni así se realizó una investigación a tiempo para proteger la vida de muchos. Hasta el momento, ni la SIEDO ni la Procuraduría Estatal dan resultados. Tijuana se convirtió, otra vez en territorio de matanzas, aún con los operativos militar y federal.
Rosario Mosso Castro
En Baja California siguen ejecutando y “levantando” personas por decenas.
Para muestra, las 200 ejecuciones sucedidas en Tijuana del 1 de enero al 12 de julio de 2007, incluido el asesinato de un ministerial cuyo nombre fue implicado en el narco-video difundido hace dos meses, por homicidas que inculparon al Procurador Antonio Martínez Luna de haber convertido a un grupo de agentes en sicarios del crimen organizado.
A estas muertes, hay que sumarle otros 900 homicidios “caseros” en la ciudad fronteriza. Números que finalmente son prácticamente iguales a los registrados el año pasado, sin retenes militares, sin envío de policías federales y con Francisco Javier Arellano Félix y Arturo Villarreal Heredia, libres.
El delinquir a pesar de los operativos y la detención de cabecillas de mafias locales como el Cártel de los Arellano Félix, provocó que los delincuentes menores se envalentonaran y en lo que va del año han registrado comportamientos más violentos y cometido un mayor número de crímenes del fuero común.
Los anuncios institucionales de operativos no han servido. Los criminales que operan en Baja California, no entraron en la tregua que presuntamente acordaron jefes de cárteles de otros estados, supuestamente realizada en Aguascalientes para repartirse “plazas” y evitar choques que se traducen en ejecuciones y “levantones”.
En Baja California, la Procuraduría de Justicia del Estado, lleva contabilizados:
* 1 mil 770 homicidios en seis meses.
* 45 privaciones de la libertad o “levantones”.
* 10 secuestros.
Estos números sólo se refieren a hechos denunciados ante el Gobierno Estatal, números que de acuerdo al Consejo Ciudadano, en realidad son tres veces mayor. La cifra negra en el estado es del 75 por ciento adicional a lo reportado de manera oficial.
Tampoco ha habido resultados del supuesto trabajo de inteligencia anunciado por el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Esta situación es fácil evidente: Pese a que llegaron desde enero, él único delito que se ha reducido es el secuestro de empresarios, más por razones de migración a San Diego que de inteligencia de las corporaciones.
Otro factor que suma la inseguridad: Ninguno de los representantes del crimen organizado que “operan” en Baja California y Tijuana, ha sido detenido, lo cual les permite actuar en la impunidad en ejecuciones, secuestros, o robos como el registrado la semana anterior cuando un comando negro, armado, se llevó más de siete millones de pesos de un camión de seguridad.
Los pocos arrestos que se han concretado han sido después de que el sicario ha cometido varios delitos este mismo año y gracias a alguna denuncia ciudadana, como ejemplo las capturas de los secuestradores y asesinos, Víctor Magno Escobar alias “El Pareja”, “El Mata policías” o Ernesto Alonso Rodríguez Valdez “El Gabacho”.
Violencia permanente
Las ejecuciones y secuestros se suman diariamente. Como muestra, lo ocurrido durante la semana que concluye:
1.- Genaro Zazueta fue privado de su libertad por un comando que viajaba en tres ostentosos autos, el delito fue cometido el 13 de julio, a unos metros del reten militar instalado en la entrada a la delegación de Playas de Tijuana en una zona de mucho tráfico.
La familia de este hombre de la tercera edad, no aceptó cooperar ni pedir ayuda, razón por la que la procuraduría estatal no intervendrá ni averiguará la privación. Como siempre, no habrá trabajo de inteligencia, la justificación esta vez es que no hay denuncia. El señor Zazueta sigue desaparecido.
2.- Arturo Aguilar Torres, quien al auto liberarse el 16 de julio en la delegación la Presa, Tijuana, acudió a la policía municipal, primero dijo ser constructor y después dedicarse a la compra venta de autos en ambos lados de la frontera y que tenía varios días secuestrado. Que no era la primera vez. Los agentes locales pidieron y obtuvieron la participación del Ministerio Público estatal.
Por la actitud y las contradicciones en las primeras declaraciones de Aguilar, los elementos de seguridad estatales y municipales dijeron a ZETA “es malandrín”, incluso antes de acompañarlo a la garita de San Ysidro para cruzar la línea por “su seguridad”; pero lo dejaron ir para después mandar un boletín informando que lograron determinar que el individuo cuya huída protegieron estaba ligado a personas dedicadas al narcotráfico en San Diego, California.
Al ver la información en los medios, las denuncias ciudadanas anónimas determinaron a través de Internet, que no era la primera vez que la casa-rancho de seguridad de donde escapó Aguilar era intervenida por la policía, ni la primera ocasión que encontraban armas de alto poder, balas o vestimenta de policía en su interior, por lo que solicitaron que esta vez sí se investigara a fondo.
Pidieron también a las autoridades una minuciosa investigación de los propietarios de otras viviendas ubicadas en las inmediaciones y el estatus de los inmuebles, porque no era, la residencia utilizada para el secuestro, la única que se aprovechaba para actividades ilícitas en la zona.
Agentes municipales informaron a ZETA que el predio en cuestión era una de las casas de seguridad de personas ligadas a Teodoro García Simental y ésa era información pública por lo menos entre las corporaciones policíacas.
En relación a la investigación, este semanario localizó en el registro Público de la Propiedad, que Aguilar no tiene a su nombre ninguna empresa, sólo tiene un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Agua Caliente.
Para los vecinos de la Presa que se sienten en peligro por la actividad delictiva que atestiguan, el anuncio de la Procuraduría Estatal fue que la investigación continúa.
3.- En Mexicali se suscitó otro secuestro fallido a principios de semana, aunque las autoridades no emitieron información pública. Para los agentes ministeriales fue un asunto extraño dado que la víctima de quien no proporcionaron el nombre, acudió a denunciar y originalmente aseguró que sus victimarios habían sido policías, pero cuando los agentes fueron detenidos se retractó.
4.- Asimismo, el asesinato del agente municipal David Ramón Flores Loa, la madrugada del día 13 de julio, sucedido cuando perseguían a una banda de violentos ladrones con largo historial en la ciudad. La policía había respondido al llamado de auxilio del encargado de una farmacia que había sido asaltada; para evitar ser detenidos los delincuentes dispararon sobre sus perseguidores.
Este buen policía caído en el cumplimiento de su deber, alcanzó a contrapesar la detención esta semana de su compañero, Jesús Arturo Martínez Gutiérrez, capturado en posesión de 103 mil dólares, una bolsa de marihuana, una bolsa de crystal, una báscula granera para hacer dosis de droga, cuatro armas incluida un AK 47 aunque de fabricación china, cartuchos, esposas, vestimenta de comando negro y hasta una máscara anti-gas.
Narco video: segunda víctima
En la lista de crímenes de alto impacto sucedidos en la semana, se encuentra el homicidio del ministerial Alejandro Ruiz Chaparro, afuera de su casa ubicada en las inmediaciones de las oficinas policíacas de la delegación La Mesa, cometido el 14 de julio.
Hace dos meses se tendió una amenaza tácita sobre su vida, después de que su nombre fue mencionado en el narco-video grabado por los secuestradores del ex comandante ministerial, José Ramón Velásquez Molina, quien después apareció asesinado en Mexicali.
En la imagen, un sudoroso y aparentemente adiestrado Velásquez, señaló entre otros a Ruiz Chaparro como integrante de un grupo de sicarios formado por agentes de Tijuana y Mexicali, que supuestamente seguían las órdenes del abogado Humberto “El Pato” Valdez, quien presuntamente, a su vez, hablaba a nombre del Procurador del Estado Antonio Martínez Luna.
Señaló que los asesinatos y “levantones” cometidos por este grupo eran para aniquilar a los enemigos de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada con quienes tenían un acuerdo.
Ruiz fue el primer agente mencionado por Velásquez, quien además aseguró frente a la cámara que el ministerial de 50 años había participado personalmente en el levantón del ministerial Diego Hernández Leyva, primero dijo que los ministeriales del comando se lo entregaron a gente de “El Chapo” y después se contradijo diciendo que lo desparecieron por orden del Humberto Valdez y finalmente cambió la versión mencionando que gente de “El Chapo” lo enterró en La Ahumadita.
También mencionó su nombre en los secuestros de los ministeriales de Mexicali, Santiago Barrón Coronel y Carlos Aboytes. Además se hizo pública la versión de que Ruiz había sido dado de baja de la procuraduría y que había sido recontratado indebidamente cuando llegó Martínez Luna, situación que no ha sido negada por el procurador pese a que se le ha cuestionado al respecto; sólo ha dicho que no hay nada irregular en el trabajo de Chaparro.
El agente estatal despareció inmediatamente, sus vecinos pensaron que se había ido a San Diego para evitar ser detenido o asesinado. Sin embargo después de su ejecución el Procurador Antonio Martínez informó que Ruiz Chaparro seguía trabajando pero que había pedido una comisión fuera de las luces públicas y su traslado temporal a Mexicali, lugar donde supuestamente cometió los ilícitos que le endosan y en el que oficialmente laboró sin problemas los meses de mayo y junio.
“Estaba cansado y pidió vacaciones, se las merecía… le tocaban”, dijo Martínez.
El ministerial había regresado a su casa en Tijuana desde el 1 de julio, 13 días después lo mataron cuando regresaba de comprar “mandado”.
Cerca de las 11 de la noche del sábado 14 de julio, mientras extraía las bolsas de la cajuela de su auto, los testigos informaron que se le acercó un hombre, le disparó y se fue. La familia salió, trató de auxiliarlo, lo trasladaron a la Cruz Roja pero murió en emergencias, había recibido siete tiros y prácticamente desangrado frente a su hogar.
La procuraduría local aún está haciendo pruebas periciales, debido a que testigos reportan un único agresor y el cuerpo tenía siete balas, seis de una pistola nueve milímetros y una de una 38 súper. “Puede ser una pistola con dos calibres, un asesino con dos pistolas o dos asesinos, también se está revisando el rallado para ver si han sido usadas antes, se está trabajando”.
A pesar de los antecedentes, el crimen será investigado como homicidio del fuero común, informó el procurador a quién se le preguntó si se trataba de un asesino profesional: “Por el arma o por las armas no se advierte tal, por las armas, por las balas que usó, distintos calibres, por el tipo de arma no es de las que pudiera representar contundencia salvo en el caso de que sean muchos los disparos como en este que fueron siete.
“Una vez que periciales defina las distancias, las trayectorias y todas las implicaciones, entonces podremos tener una idea de qué tan buen tirador puede ser esta persona. Sin duda se revisará lo del video pero fue un agente por mucho tiempo y revisó muchos caso”.
Respecto a la investigación que antecede este crimen, la cual gira en torno al asesinato y las declaraciones de Ramón Velásquez Molina, Martínez Luna informó que están llevando una investigación administrativa, adicional a la que lleva la procuraduría General de la República. La cual después de dos meses y medio sigue sin dar resultados.
Martínez dijo primero que ya revisaron lo que los agentes mencionados en el video han hecho en su tiempo de trabajo y no detectaron irregularidades en el caso de Ruiz Chaparro, pero en otro momento de la entrevista comentó:
“Todo lo que salió lo hemos guardado mucho muy confidencial y lo hemos ido aportando a la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada); sí ha salido información. La SIEDO es quien está marcando los tiempos y las formas, nosotros estamos colaborando con ellos precisamente en ese ejercicio de transparencia no porque nosotros no podamos investigar”, agregó el Procurador del Estado.
En cuanto a la investigación respecto del dinero que manejan los agentes denunciados informó: “La hizo la Contraloría el año pasado y hasta donde yo tengo información no botó, botó el cuatro o cinco por ciento que tenían carros con placas americanas y se empezó a verificar por qué estaban en su casa, resultó que la esposa era emigrada o americana o vivían con los suegros y la casa no coincidía con lo que ellos percibían y la casa a nombre de suegros, cosas así que en ese momento se esclarecieron, se cruzó la contraloría de información, lo que es la declaración patrimonial, y no había botado nada en el caso de Chaparro”.
Finalmente explicó que la procuraduría está empezando apenas la investigación de lo que hacen los agentes acusados en el video en su tiempo libre, esto como parte de la investigación administrativa adicional. Recordó que desde hace dos meses puso a sus agentes a disposición de la PGR y agregó que todos los mencionados continúan trabajando, no han sido llamados a declarar por la autoridad federal y quienes lo pidieron fueron cambiados de comisión y que ninguno pidió protección adicional a pesar de que la procuraduría mostró disposición.
Violencia permanente
Para cerrar el círculo, a la suma de crímenes cometidos se adicionan tres lesionados con arma de fuego reportados a través de los partes policíacos. La detención de los jóvenes que dijeron llamarse Juan Salomé Jiménez Ortiz y Raymundo Hernández Herrera, que escandalizaron en la vía pública de la avenida Murúa y cuando agentes municipales los detuvieron los amenazaron, presumiendo que pertenecían a una banda que realizaba “levantones”.
Amedrentaron: Que cuando quedaran libres atentarían contra los municipales y sus familias.
Es claro, después de seis meses, a los delincuentes no les afectan los discursos del Presidente Felipe Calderón, ni la presencia del operativo Baja California. En este entorno, los bajacalifornianos siguen presos de la inseguridad y los espacios públicos no han sido recuperados para la comunidad.
Sí se redujo el secuestro de empresarios, o por lo menos las denuncias. Pero los miembros del crimen organizado continúan circulando por las colonias, incluso por la popular zona del río Tijuana levantando a presuntos traidores o deudores de droga.
Otra diferencia: Los comandos ya no son de 10 sino de cinco autos.
Esto sucede a pesar de la inversión millonaria en operativos y de los 683 miembros del crimen organizado detenidos entre el 2002 y el 2007, incluidos policías estatales y federales.
Detienen a presunto “Zeta”
El ex comandante de la policía ministerial de Tamaulipas, Carlos Ladín Martínez “El Puma”, de 52 años, fue detenido en McAllen, Texas, Estados Unidos el 14 de julio, cuatro días después la DEA anunció su aprehensión informando que está acusado de conspirar en el cruce drogas entre México y Estados Unidos y que el acusado ya había iniciado sus comparecencias ante el juez responsable.
De manera extraoficial los medios en McAllen informaron que las policías estadounidenses empezaron a integrar el expediente en contra de Ladín Martínez desde el 2005. No revelaron qué asuntos específicos se le imputan ni con qué investigaciones concretas lo relacionan, aunque mencionaron que se le vincula con cargamentos ilícitos desde el año 2002.
Detallaron que en los documentos que acreditan su detención, se le atribuyeron la responsabilidad de “cobrar cuentas” a los narcos menores que pagaban piso al Cártel del Golfo, por cruzar la droga a través de las rutas establecidas en Tamaulipas y Nuevo León hacia Estados Unidos, principalmente a través del río Grande.
También mencionaron que relacionan a Ladín con el prófugo Francico Meza Rojas, ex agente policiaco, acusado de pertenecer al crimen organizado. Y que hay versiones que lo ligan al grupo paramilitar criminal conocido como “Los Zetas”. La detención de Ladín no fue parte de un operativo, sucedió gracias a que un agente de la DEA que no estaba de servicio lo reconoció mientras hacia compras en un supermercado y llamó a sus compañeros. (Rosario Mosso Castro)
Los números del Consejo Ciudadano de Seguridad
2007: 51 mil 900 delitos hasta julio
Los números plasmados en el documento elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado con información de la Procuraduría del Estado indican lo siguiente: Sólo en los años 2002, 2003 y 2005 la incidencia delictiva registró reducciones respecto de su año anterior. Aunque fueron mínimas.
En el año 2006 se denunciaron 112 mil 088 delitos y hasta junio del año 2007 van denunciados 51 mil 900, lo que indica que a mitad del año se han registrado números similares.
El municipio con mayor porcentaje de incidencia es Tijuana. Y con menor porcentaje de incidencia es Rosarito. Mexicali y Tijuana están en los primeros lugares en la categoría de robo. En percepción de inseguridad, en Tijuana la gente se siente insegura en 75 por ciento y en Mexicali en 48 por ciento. En Tijuana no se denuncia el 73 por ciento de los delitos y Mexicali 57.1 por ciento de los delitos.
A pesar de lo anterior, Mexicali y Tijuana son las ciudades donde hay mayor porcentaje de denuncia 45.2 y 41.2, cuando la media nacional es de 21 por ciento.
Mientras la media requerida internacionalmente de policías por cada 100 mil habitantes es de 286 policías en Baja California el promedio es 170 agentes por cada 100 mil habitantes.
Tijuana tiene una tasa de 29.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Las llamadas de emergencia al 066 destacan son en promedio 90 por día, la mayoría denuncia presencia de personas agresivas, en segundo lugar violencia familiar, le sigue el vandalismo, en cuarto lugar se denuncian disparos de armas de fuego y finalmente heridos por arma de fuego o blanca.
Considerando las escuelas ubicadas en zonas de alto riesgo el Consejo detectó alumnos en peligro de caer en las drogas o integrarse a bandas criminales: en Mexicali 10 mil 658 alumnos de 47 primarias y 21 secundarias; en Tijuana 16 mil 954 alumnos de 53 primarias y 17 secundarias; en Tecate 535 alumnos de ocho primarias y dos secundarias; en Ensenada 5 mil 876 alumnos de 28 primarias y 10 secundarias; y en Rosarito 3 mil 456 alumnos. (Rosario Mosso Castro)
 |
|
