Vera, Algorri y Zatarain.

Amparados contra orden de aprehensión

Presuntamente implicados en la investigación del asesinato del agente Antonio Cavada Cueva, acusan a la procuraduría de tratar de consignarlos para afectar la campaña electoral. Pero hay documentos municipales que podrían afectar su defensa.

Marco Tulio Castro

Pese a que el Secretario de Seguridad Pública municipal, Luis Javier Algorri Franco y el director de la policía, Víctor Manuel Zatarain Cedano, anunciaron ante los medios de comunicación que se encuentran amparados para que “no se realice una detención ilegal por parte de las corporaciones estatales” y alegan que no han obstruido la administración de la justicia, documentos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Sindicatura Municipal, presumen lo contrario.

A dos semanas de que concluyan las campañas electorales, la Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE “retomó” la investigación del homicidio de Felipe Antonio Cavada Cueva, jefe policiaco de la delegación La Mesa, en la que propios agentes preventivos de Tijuana son investigados por su probable participación, y a decir de Algorri Franco, ahora también el titular de la secretaría y el director policiaco, buscan ser involucrados a través de “una serie de artimañas legales”.

Durante la rueda de prensa en que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal dio a conocer el amparo indirecto con número de expediente 326/2007, emitido por la jueza Rosa Eugenia Gómez Tello Fosado, del juzgado décimo tercero de distrito, se limitó a declarar: “no quiero entrar a detalle, porque esto es propio de la averiguación previa que ellos tienen; es una solicitud que hicieron hace más de un año acerca de la ejecución de una orden de aprehensión, y nosotros informamos que esa persona ya no formaba parte, que había dejado de asistir a la policía municipal y con base en ello, están haciendo todo un expediente y una serie de artimañas legales que, obvio, es que no van a prosperar”.

Aunque Luis Javier no lo precisó, el agente policíaco al que se refirió fue Leobardo Parra, trascendió posteriormente, quien el 8 de noviembre de 2006, fue citado a declarar en relación al homicidio de Cavada Cueva, pero no se presentó ante el agente del ministerio público.

A raíz de la investigación del homicidio de Cavada Cueva, la Procuraduría General de Justicia del Estado giró orden de aprehensión en contra de Leobardo Parra por homicidio calificado en contra de Cavada Cueva y desde entonces, es prófugo de la justicia.

En esa fecha, Jorge Mario Vera Ayala, jefe de escoltas Jorge Hank Rhon, se presentó a rendir su declaración ministerial. En entrevista con ZETA, Vera declaró: “me van a querer chingar porque sería un problema político contra el patrón” (ZETA 1702).

Ante el resurgimiento del tema, el domingo 22 de julio de 2007, en un evento proselitista, Jorge Hank Rhon lo hizo público: “Bueno, tanto Luís Javier Algorri, como Víctor Manuel Zatarain, como Jorge Vera (Ayala), los tres se ampararon. Está bien, que hagan todas las investigaciones que quieran”.

Su joven jefe de escoltas y también ahijado, Jorge Mario Vera Ayala, se encuentra amparado desde el 24 de julio de 2007, por “actos reclamados por orden de aprehensión”, de acuerdo al expediente que se encuentra en el juzgado octavo de distrito del juez Rafael Rivera Durón, 341/2007, donde también se reservan los nombres de los demás amparados bajo el mismo número de expediente.

No obstante, los abogados, presentaron la documentación el 20 del mismo mes y el candidato a gobernador se adelantó dos días en afirmar que Vera Ayala contaba con un amparo.

El documento federal, precisa: “se concede suspensión provisional solicitada, para el efecto de (que) no se prive de la libertad a los quejosos” y viene fechado el 24 de julio.
Pero Jorge Vera Ayala tiene una carrera enmarcada en trámites ministeriales: primero fue citado a declarar como testigo en relación al homicidio de Felipe Antonio Cavada Cueva porque cerca del lugar del homicidio, encontraron una camioneta que habría sido donada a él por el Ayuntamiento; después, el 23 de enero de 2007, sufrió un atentado donde fue salvado por su vehículo blindado. En esa ocasión, resultó ileso de 40 disparos que impactaron el automotor y paredes de su domicilio, cercano, por cierto, al Hipódromo Agua Caliente.

Las dudas
Luis Javier Algorri Franco, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, también se adelantó en declarar que tanto él como Víctor Manuel Zatarain Cedano, se hallaban amparados.

Le fecha en que el titular convocó a los medios y difundió su “amparo”, fue el 20 de julio; sus abogados presentaron la documentación necesaria para solicitar la protección federal ante la jueza federal, el 19 de julio, pero fue hasta el 23 del mismo mes, cuando el juzgado décimo tercero emitió la resolución inicial provisional de amparo, tras haber pagado una garantía por 16 mil pesos.

Durante la conferencia de prensa, el titular aseguró que el objetivo del amparo fue “con el objetivo de que no se realice una detención de forma ilegal por parte de las corporaciones estatales, principalmente la ministerial”.

Pero en el resumen de acuerdos asociados a su expediente, la secretaria de acuerdos, Georgina Suárez Corona, hacen una observación contundente, donde revela que Algorri Franco no teme una detención estatal, “principalmente de la ministerial”, sino una detención por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP).

El resumen de acceso público fechado el 26 de julio, detalla: “Se agrega con vista a las partes el oficio devuelto por la actuaría dirigido a la autoridad señalada como responsable que la parte quejosa (Luis Javier Algorri Franco y otros) denominó el Comisario Adscrito a la Policía Federal Preventiva, con sede en esta ciudad, en virtud de que tal autoridad no existe con esa denominación (…)”.

Algorri explicó que el año pasado, la Procuraduría del Estado les solicitó información referente a un policía activo a lo que respondieron que no se había presentado a laborar desde “hace muchos días”, por lo que “se inició la baja del mismo a través de sindicatura”.

Pero Sindicatura municipal inició la baja de Leobardo Parra apenas en abril de 2007, de acuerdo al expediente del agente.

El agente municipal Leobardo Parra, asignado al grupo de inteligencia policial, es considerado por Sindicatura Municipal como “policía inactivo” porque se encuentra sujeto a un procedimiento de remoción, luego de no cumplir con los requisitos de permanencia en la corporación, aunque todavía aparece en la nómina oficial.

Otra de las dudas que inundan el caso, es que entre 2006 y julio de 2007, el agente (no localizable y parte de una investigación) Leobardo Parra, ascendió inexplicablemente en la corporación, esto se puede apreciar comparando la nómina oficial de 2006 en poder de ZETA y la lista de pagos publicada actualmente en la página electrónica del Ayuntamiento.

Esto sucedió a pesar de que a finales de 2006, el agente comenzó a juntar actas administrativas por inasistencia, a decir de la Directora de Responsabilidades de Sindicatura, Gabriela Garduño, pero que no se encuentran en el expediente porque “se levantaron mal y carecen de sustento”.

No así, una serie de actas que por segunda ocasión, se empezaron a reunir a partir de abril de 2007, fecha en que Sindicatura inició oficialmente el procedimiento de remoción de Leobardo Parra.

Del ascenso, la nómina de febrero de 2006, enlista a Leobardo Parra como Oficial “A” con un sueldo de 9 mil 968 pesos y 15 centavos. Y en julio de 2007, el oficial se registró que Parra recibió el puesto de jefe comisionado con un sueldo de 21 mil 970 pesos y 75 centavos, aun cuando se llevaba en su contra  un “proceso de remoción” por parte Sindicatura Municipal.

El nombramiento del oficial Parra, es del año 2000, y está firmado por el entonces presidente municipal de Tijuana, Francisco Vega de Lamadrid.

A decir de Luis Javier Algorri Franco, “gente que tiene principios” de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo contactó para revelarle que “por instrucción directa del procurador (Antonio Martínez Luna)”, están siendo presionados para que consignen un expediente en contra de él y de Víctor Manuel Zatarain Cedano.

Presume que tratan de consignarlos por delitos cometidos en contra de la administración de justicia, y esto se podría relacionar con que informaron mal a la procuraduría del estado cuando les solicitaron información del agente Leobardo Parra.

--¿Ustedes tienen infiltrados en la Procuraduría o ellos están sacando información?, se le pregunta al titular.

“No hay infiltrados, hay gente que tiene principios dentro de la propia Procuraduría y yo siento que muchísima gente dentro de la Procuraduría, la inmensa mayoría, a lo mejor hay uno nada más que no tiene principios, pero la inmensa mayoría tiene principios y lo que ellos nos hicieron del conocimiento es que dijeron: oiga, nos están presionando para consignar una averiguación previa que no tiene razón de ser, que no hay sustento legal y que va enderezada en contra de ustedes”.

Aunque la titular de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado en Tijuana, María Teresa de Jesús Valadez, no confirmó que estén llevando una investigación donde se relacione al secretario de Seguridad de Seguridad Pública Municipal y al Director de la misma corporación, se limitó a decir que han solicitado ciertos nombramientos de policías y personal de la SSPM y agregó: “ya lo hemos hecho en varias ocasiones”.

Sin mencionar a Luis Javier Algorri Franco o Víctor Manuel Zatarain Cedano, la subprocuradora de zona advirtió: “ante la negativa de proporcionarnos información para seguir nosotros integrando, la ley previene que podrá hacerlo y con ciertas medidas como son multas y demás”.

Y es que el pasado 13 de julio, como parte de la integración del expediente de una averiguación previa, la Procuraduría General de Justicia de Baja California envió un oficio a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, donde solicitaban los nombramientos del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del Director General de Policía y Tránsito Municipal.

Seis días después, el 19 de julio, tras no recibir la información solicitada, la PGJE envió otro oficio donde se advierte que en caso de ser omiso nuevamente, podrían aplicar las medidas de apremio de “arresto hasta por 36 horas”.

De esa manera, Luis Javier Algorri Franco, Víctor Manuel Zatarain Cedano y Jorge Mario Vera Ayala, se mantienen en la mira de la Procuraduría del Estado y en medio de la lucha política.