Pleito por despensas entre Ayuntamiento de Tijuana y Gobierno: Inicio de lío postelectoral.

Buscan impugnar elección

Con el escenario de intromisión de los gobiernos estatal y municipal en el proceso electoral a propósito de la presunción o entrega de despensas a electores, los partidos están creando elementos que podrían terminar en el principio de nulidad abstracta, el mismo que se utilizó para nulificar la elección de Colima en 2003. El Consejo Estatal Electoral no ha estado a la altura para llamar a la cordura. Han violado los consejeros los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Rosario Mosso Castro

Al final del lío de las despensas en momentos electorales, se ve una clara intención de los partidos políticos inmiscuidos, PRI y PAN:

Crear las condiciones para impugnar las elecciones del domingo 5 de agosto.

Para instituir esta tormenta política, los partidos han contado con la participación de sus afines.

* El Partido Acción Nacional, con el Gobierno de Baja California a través de la Procuraduría de Justicia.

* El Partido Revolucionario Institucional, con el Consejo Estatal Electoral y el Ayuntamiento de Tijuana a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Policía y Tránsito.

Todas las instituciones que se reúnen en este mazacote electoral-judicial, tratan de asegurar su futuro económico y profesional mientras insultan la inteligencia de los votantes con cortinas de humo y aparentes afrentas de institución a institución.

Efectivamente, a través de violaciones a la Ley, golpeteo en periódico, radio y televisión, acusaciones y declaraciones, apoyados por un Consejo Estatal Electoral (CEE) omiso y parcial, están acumulando elementos con la intención de usarlos más adelante.

Empleados públicos están transformados en terroristas electorales usando comandos policíacos o esquiroles para agredir a los oponentes. El objetivo es evidente: Con acciones violentas infundir miedo en los ciudadanos dispuestos a votar. O dejar claro que la guerra sucia la inició el contrincante.

Impugnación
El descubrimiento de hechizas bodegas a cargo del ayuntamiento de Tijuana, donde en condiciones poco salubres se almacenaban cientos de despensas en bolsas de basura y cajas de útiles escolares, fue el principio de la guerra mediática entre el Gobierno emanado del PAN y el Ayuntamiento proveniente del PRI.

Todavía el miércoles 25, casualmente la Policía Municipal de Tijuana detuvo a una mujer que llevaba despensas a nombre del Gobierno del Estado.
El lío lo han utilizado para promover de un bando a otro, sobre todo el priísta, la intromisión de los gobiernos en el proceso electoral. Algo que definitivamente está penado.

El PAN por su parte, ha respondido a las provocaciones priístas y viceversa.

Pero es evidente que, inseguros de los resultados electorales, tanto un partido como el otro, están fundamentando desde ya los elementos para la impugnación de una elección que cada vez más se pone en riesgo. Sobre todo considerando la no neutralidad del Instituto Estatal Electoral.

Establecieron pues el escenario que les permitirá solicitar la aplicación de la fracción XII del artículo 411 de la LIPE o la fracción K del artículo 75 de la Ley General de la Medios de Impugnación en Materia Electoral, del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE) en el cual se explica que la votación recibida en las casillas será nula cuando se acredite:

“Existir irregularidades graves, sustanciales, de forma generalizada, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y éstas sean determinantes para el resultado de la misma, la votación recibida será nula, si además se acredita alguno de los  supuestos de las fracciones anteriores”.

Abogados que practican el derecho electoral explicaron a ZETA que a esta fracción se le conoce como “causal genérica o abstracta de nulidad”.

Porque es la única causal que no hace referencia a conductas precisas, actos concretos o tiempos específicos, pues al hablar de la jornada electoral, abarca lo transcurrido antes y después del día de la elección.

Esta causal fue invocada por primera vez en las elecciones estatales de Tabasco el 29 de diciembre de 2000.

En aquel momento, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideraron que sí hubo “causas que afectaron la equidad de la contienda” porque  “el gobierno del estado de Tabasco (PRI) no fue neutral en la elección de gobernador, lo cual implica una afectación en libertad del posible sufragio” y anularon esas elecciones.

Después volvieron a aceptar la causal y anularon las elecciones de Colima 2003. En tiempos actuales, algunos partidos la han invocado sin éxito, pero ya existe el precedente.

Esta causal genérica otorga recursos preciados a los responsables de aplicar la Ley para interpretar o considerar si los hechos denunciados tuvieron un impacto trascendente en los resultados. Si influyeron al punto de afectar el 20 por ciento de la votación generada.

Los especialistas comentaron que los partidos pueden acreditar el uso indebido de despensas del ayuntamiento para apoyar a Jorge Hank, o el uso de programas del estado para apoyar a José Guadalupe Osuna Millán, pero eso no sería suficiente. Para la nulidad tendría que ser “una situación general que influya en la elección, que sean elementos determinantes”.

Por eso están usando a los medios de comunicación como testigos y voceros de todos sus pleitos, para conseguir las “pruebas documentales, públicas y privadas y las pruebas “presuncionales” que necesitarán para elaborar el expediente de la impugnación.

En este contexto, el problema será para el partido con habilidades jurídicas reducidas, menos amigos en los tribunales electorales y con disminuidos recursos, según han afirmado los protagonistas de esta jornada electoral.

Las leyes electorales no establecen parámetros específicos y claros en los que los magistrados estarían obligados a fundamentar su decisión. Así que el resultado puede favorecer a cualquier lado sin que los juzgadores puedan ser acusados de violentar la Ley. Lo que convierte a esta causal genérica de nulidad, en una puerta abierta de que los legisladores dejaron a los jueces para que asuntos legales terminaran resolviéndose políticamente. Otro engaño para el elector que burla la supuesta certidumbre jurídica.

Para muestra baste recordar cuando en el 2006, el TRIFE señaló que el entonces presidente Vicente Fox influyó abiertamente a favor de Felipe Calderón (actual presidente) y en contra de Andrés Manuel López Obrador (candidato perdedor).

Quedó probada la intervención, pero los miembros de la suprema corte electoral, no consideraron la intromisión determinante. Es válido entonces presumir que si la intervención del Presidente de la República no es concluyente, qué tan importante será la de un alcalde o un gobernador.

En pocas palabras se pueden cometer ilícitos, pero si a “juicio” de los magistrados no se consideran trascendentes, no hay problema.

Hay que recordar también que es un TRIFE con magistrados nuevos, pero también se hace pertinente rememorar que sus integrantes ya han demostrado lo camaleónicas que pueden ser sus decisiones y lo poco que les afecta emitir dictámenes que contradigan la Constitución.

Finalmente, son la última autoridad electoral y sus decisiones son inapelables, porque los partidos no se animan a llevarlos a juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Abuso de poder
Los partidos tienen secuestrada la poca paz que tenían los bajacalifornianos:

1.- Favorecen las campañas de candidatos con programas de gobierno.

2.- El tiempo de los funcionarios que se paga del erario público, se utiliza en actos de campaña.

4.- Por dedicarse a su candidato, los funcionarios dejan de cumplir programas de gobierno.

5.- Importantes cantidades de recursos aprobados para obras, se reorientan a otros proyectos que tengan mayor rendimiento electoral, como apoyos económicos y despensas para clases sociales desprotegidas.

6.- Distraen al personal de los cuerpos policíacos de sus actividades preventivas e investigadoras del delito y los convierten en perseguidores políticos. Además de presionar a los agentes para que tomen bando.

7.- Usan recursos públicos para establecer sistemas de espionaje político, que les permite a los partidos conocer dónde y quiénes están realizando trabajos contra su candidato.

8.- Ejecutan u omiten acciones relacionadas con el tema de inseguridad, pero basados en la productividad política que les pueda dar a sus candidatos.

En este contexto, los funcionarios violan flagrantemente el tercer párrafo del artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California (LIPE).

“Las autoridades estatales y municipales deberán suspender dentro de los treinta días anteriores al día de la elección, la difusión de sus actividades institucionales, excepto en los casos de programas de asistencia social y de ayuda a la comunidad, derivados de emergencias o programas de protección civil, por la eventualidad o presencia de condiciones de riesgo a la población”.

En este punto, resultan evidentes tres cosas:

Una: La entrega de despensas, paquetes escolares, cortes de cabello, jornadas médicas, entregas de casas, terrenos o registros de propiedad y demás acciones sociales no pueden ser consideradas  como “derivados de emergencias o programas de protección civil”.

Dos: A pesar de la prohibición expresa, las autoridades han continuado difundiendo esas actividades, porque las anuncian, invitan a la prensa y mandan boletín.

Tres: El Consejo Estatal Electoral no ha cumplido con su función de llamarles la atención e instruirlos para que cesen de violar la ley.

Por si quedaban dudas, la fracción I del artículo 71 de la LIPE expresa claramente que no podrán hacer donativos a las campañas, ni en dinero ni en especie, léase, tiempo, personal, equipo o material:

“Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y los Ayuntamientos, entidades u organismos de la Administración Pública Estatal, Municipal, centralizadas o paraestatales, salvo lo establecido en la Ley”.

La omisión del Consejo
Las violaciones cometidas por militantes de partidos y gobiernos no serían motivo de impugnación, si el Consejo Estatal Electoral hiciera su trabajo establecido en la LIPE:

El Consejo Estatal Electoral es responsable de “…vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral…”

En los incisos 28, 37, 38 y 39 del artículo 122 señalan como atribuciones del consejo conocer de las infracciones y faltas, en el ámbito electoral, e imponer las sanciones. Y dicen que los consejeros deben:

* Procurar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a esta Ley y que usen el financiamiento público legalmente. No pueden pagar anuncios para denostar la imagen de otros partidos, candidatos o gobiernos.

* Vigilar que las autoridades de la administración pública centralizada y descentralizada, estatales y municipales para que no realicen propaganda oficial de acciones de gobierno hasta treinta días antes de la realización de la jornada electoral.

Ambas violaciones han sucedido de manera permanente. En la mayoría de los casos el CEE no ha ordenado el  inmediato cese de los acto, ni  ha integrando un expediente y menos lo ha remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que ésta proceda en los términos de Ley.

Además en los pocos casos en los que ha actuado, han sido parciales como ya lo han declarado los partidos afectados. Ejemplo, cuando ordenaron al PAN y al PRD retirar anuncios que injurian la imagen de los candidatos de la Alianza para que Vivas Mejor. Sin embargo ha permitido que los anuncios de la alianza tricolor se exhiban sin ninguna sanción.

De tal suerte que al violentar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, por acción o por omisión, los consejeros no sólo han afectado su credibilidad sino que le está entregando a los partidos o alianzas perdedoras, más elementos para impugnar.

El panorama no puede ser más burdo, evidente y ofensivo para los ciudadanos.

Dignidad, señores de los gobiernos, de los partidos y del Consejo Estatal Electoral. Ya estuvo bueno del abuso de autoridad, del uso indebido de recursos, del mal uso de la fuerza pública, de investigaciones con dedicatoria, de pleitos de comadres, de alianzas de conveniencia económica y de escándalos mediáticos.

Seriedad… los votantes están preocupados y ustedes son los únicos responsables, porque están violentando la Ley y como cualquier otro presunto delincuente, deben ser investigados y sancionados.