Deducir solamente los honorarios traería despidos masivos de trabajadores en nómina.

El CETU afectaría la inversión

Especialistas fiscales y el Presidente de los Contadores Públicos coinciden también en que el Impuesto a la Informalidad propuesto en la reforma fiscal, traería consecuencias adversas como el lavado de dinero o menos efectivo en los bancos. Difieren en cuanto a los impuestos estatales, uno dice que beneficiaría la independencia de las entidades y el otro que podría terminar en contrabando y mercado negro con mercancía más accesible en otros estados de la República Mexicana.

Francisco Navarro Fausto

En el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Baja California y un despacho fiscal insisten, que de aprobarse la propuesta de reforma fiscal presentada el 20 de junio, habrá descenso en inversión, y en actividad económica. Además despido de empleados, mayor evasión fiscal, más economía informal, e infinidad de amparos.

De la iniciativa tres puntos son los más relevantes:

1.- La creación de un impuesto mínimo llamado Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), que sustituiría al Impuesto al Activo.

2.- Ley del Impuesto contra la Informalidad, se trata de un nuevo tributo que gravaría con la tasa del 2% el monto de los depósitos en efectivo en cuentas bancarias.

3.- Reformas el artículo 73 de la Constitución Federal, a fin de otorgar facultades tributarias a los congresos de los estados, con lo cual podrían establecer contribuciones a la venta final de gasolina, diesel, tabacos labrados y cervezas.

El especialista financiero Ignacio Fausto Ochoa del despacho De Hoyos Avilés explicó a ZETA:

“De entrada, todo parece indicar que el CETU aumentaría los impuestos pagados por muchas empresas, quizá la mayoría. Asimismo, puede producir un descenso en la inversión y la actividad económica, así como despedidos de muchísimos empleados”.

A decir del experto, el problema del CETU son las deducciones, pues sólo permitiría la deducción de inversiones que pasen a formar parte del activo fijo de la empresa o de los inventarios y la compra o alquiler de bienes y servicios independientes para la generación de estos ingresos.

“El CETU no considera como deducibles ni los intereses por deuda para realizar inversiones, ni los sueldos de los trabajadores. Si no se permite la deducción de los salarios, sería una afectación de gran magnitud para las empresas que tienen como principal costo, precisamente, el trabajo humano”, detalló Fausto Ochoa.

Agregó que resulta incongruente que el CETU permita la deducción de honorarios de un profesionista, pero no la deducción de los salarios de los trabajadores. Esta situación puede generar un despido masivo de trabajadores, y serían reemplazados con trabajadores independientes que cobraran mediante honorarios.

Respecto al “impuesto a la informalidad”, se propone que a partir del 1 de enero de 2008, las personas físicas y morales estén obligadas al pago del Impuesto Contra la Informalidad respecto de los depósitos en efectivo, que se realicen en las cuentas que los sujetos del impuesto tengan en las instituciones del sistema financiero, gravando dichos depósitos con una tasa del 2%, cuando excedan de un monto acumulado mensual de 20 mil pesos.

“Sería un gravamen que impacte a quienes obtienen ingresos que no son declarados a las autoridades. La iniciativa está encaminada a evitar la evasión fiscal, sobre todo respecto del mercado informal, la prestación de servicios y la venta de bienes sin expedición de facturas”.

El entrevistado fue claro al decir que difícilmente se combatirá la informalidad con el nuevo impuesto. Generará que la informalidad deje de efectuar depósitos bancarios, así que un porcentaje importante del dinero en efectivo que se maneja en la economía informal quedará fuera de los bancos, lo cual aumentará aún más a la informalidad.

“También se propone conceder potestades tributarias a los congresos locales, y para ello se pretende reformar la fracción XXIX del artículo 73 constitucional. De ser aprobada la reforma al artículo mencionado, los congresos locales podrían establecer contribuciones a la venta final de gasolinas y diesel, así como al consumo final de tabacos labrados y cervezas.        

   
“Esta propuesta de promover el cobro de impuestos especiales estatales a productos que ya se encuentran muy gravados a nivel federal puede tener resultados contraproducentes. Si un estado cobra mayor impuesto por la gasolina que el estado vecino, se empezará a generar un mercado negro en que el producto se lleva de un estado al otro. En el caso de las bebidas alcohólicas, el nuevo impuesto estatal podría promover el aumento de un amplio mercado negro que amenaza la salud de los ciudadanos.

“En resumen, podemos decir que se trata de una reforma que intenta aumentar la carga tributaria a los que siempre pagan impuestos, y no se implementan medidas efectivas para combatir la evasión.

“La forma más eficaz y sencilla para hacer que los informales contribuyan, es a través de los impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado; sin embargo, no se planteó ningún cambio a este gravamen. Si se aumentan los impuestos indirectos, y disminuyen los directos como el impuesto sobre la renta, se generará una mayor inversión y por ende una mayor actividad económica”.

A su vez, para el Presidente de Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Óscar Fuentes, el impuesto no es a la informalidad sino a la formalidad, porque para poder darte de alta en el banco te piden Registro Federal de Contribuyentes (RFC), “entonces vas a gravar a los activos. Va a representar una carga, ¿qué pasaría con las empresas que depositan en efectivo? Les retienen dos por ciento, posteriormente lo acredita como Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en pago provisional, le quitan flujo de fondos”.

Según Óscar Fuentes si no está bien manejado, lo que se va a generar es el aumento en el lavado de dinero, “¿cómo van a evitar que se filtre? Se puede legitimar el dinero al pasar por un estado de cuenta. Es peligroso utilizarlo. No va a alentar a que se registren más personas”.

En cuanto al cobro de impuestos por los estados, dijo, ven positiva la independencia, pero habrá que ver si los gobernadores deciden aplicarlo, “aunque creemos que si no se concensúa es difícil que pase. El consumidor final paga el plato”.

Pero de llegar a cobrarse deberán estar bien etiquetados, aunque en este punto la iniciativa es vista por los contadores, como un intento de inhibir la adquisición de los productos, cosa que no sucederá.