Miembros del crimen organizado lo prefieren por ranchos y protección policíaca.

Rosarito: Refugio de narcos

Conocido es en el mundillo del crimen en Playas de Rosarito, quiénes son los narcotraficantes que residen en esa ciudad. Algunos hasta son vistos en bares o discotecas, otros organizan sus fiestas privadas y muchos parecen contar con la protección de las autoridades. Ahí tenía “casa de seguridad” el menor de los Arellano antes de ser capturado. Los delitos de alto impacto aumentan en esa demarcación, mientras el todavía alcalde se deslinda de relaciones con miembros de la mafia.

Investigaciones ZETA

Las drogas circulan libremente por Playas de Rosarito y los traficantes, principalmente por la carretera escénica. De manera alternativa usan el bulevar 2000, el cañón Rosarito y los caminos vecinales que conectan el Libramiento Rosas Magallón con el quinto municipio, así lo informaron agentes policíacos.

Algunos miembros del crimen organizado poseen o rentan casas de seguridad en los onerosos fraccionamientos ubicados en las inmediaciones de la carretera de cuota antes de llegar al municipio de playas. Pero también tienen propiedades en “los ranchos” ubicado al noroeste de Rosarito, cerca de los caminos rurales que los comunican con la delegación La Presa y la zona oriente de Tijuana.

De acuerdo a los rosaritenses y a los policías que trabajan en la zona, actualmente no es raro ver a los sicarios, sus familias y sus colaboradores, divirtiéndose en el área de los arenales en sus cuatrimotos o en los antros nocturnos, y los tratan como a cualquier turista, tal vez mejor.

Transportadores, vendedores, cocineros y cargadores de droga circulan impunemente, principalmente en la zona centro y las colonas conflictivas del municipio, como son: Constitución, Lucio Blanco, Plan Libertador, Primo Tapia y Barbachano.

Esto es conocido por las policías locales que no se meten, porque “no tienen facultades”, ni tienen suficiente personal ni ganas de echarse enemigos.

Menos cuando se dan cuenta que el alcalde del quinto municipio, Antonio Macías Garay, acompañado de sus escoltas, acude sin problemas a las mismas fiestas públicas que el asesino del Cártel de los Arellano Félix (CAF) Jorge Briceño “El Cholo”. Versiones públicas los ubican en el conocido centro de diversiones “El Calamar” al mismo tiempo, a pesar que ambos se tienen perfectamente identificados.

Información extraoficial da cuenta que al principio de la gestión municipal, secuaces de Briceño detuvieron y estuvieron a punto de levantar al Alcalde Macías. Aclararon también en su momento que fue por equivocación, y dejaron ir al comando oficial que llevaba al ejecutivo municipal. Todo sucedió en la zona conocida como “La Cuesta” en la carretera de Tijuana a Rosarito. Si hubo comunicación entre ellos, no se sabe.

Sin embargo, Macías lleva dos años negando cualquier relación o conocimiento de personas dedicadas al crimen, lo ha venido haciendo desde junio de 2005 cuando se filtró información que uno de los ranchos del alcalde estaba cerca de la casa de Francisco Javier Arellano Félix, donde se decapitaron a tres policías y un civil.

Desde entonces entre las fuerzas policíacas han corrido rumores respecto a posibles comportamientos irregulares por parte del jefe de escolta del alcalde, el ex agente comercial Fernando Gómez, situación que el munícipe rechaza porque continúa a su servicio.   

Este supuesto, mutuo conocimiento entre el sicario y el alcalde, despertó sospechas entre los miembro de la corporación, porque oficialmente, Edgar Adrián Gutiérrez Elenes “El Cachorro”, segundo de Jorge Briceño, fue detenido en noviembre de 2005 como responsable del asesinato el primer director de seguridad pública de Macías, Carlos Bowser Miret, quien también había sido chofer de Macías.

Narcos se refugian en Rosarito
Información de ubicación de tienditas y traficantes de droga, fue remitida a la Procuraduría General de la República en enero de 2007, cuando inició el operativo Tijuana o Baja California como lo llamaron después.

Aún sin resultados, empresarios y hasta el alcalde se quejaron diciendo que el trabajo en Tijuana provocaría el efecto cucaracha: que los delincuentes migrarían a otros municipios ante el acorralamiento en la ciudad.

Presumieron que ante la presión los traficantes y asesinos se refugiarían en el resto del Estado, prefiriendo Rosarito porque tienen casas, lugares para divertirse, se pueden trasladar a controlar Ensenada y en 20 minutos están en Tijuana o en la frontera con Estados Unidos para cruzar a sus casas en San Diego.

Otra ventaja en el quinto municipio: Las policías locales no los molestan y los federales sólo acuden con operativos especiales. El Grupo Coordinación ha respondido a diversos llamados o denuncias ciudadanas pero los resultados han sido limitados y pobres. Los rosaritenses siguen esperando acciones y un trabajo en el municipio.

Aparte de la captura de los asesinos de Bowser, la última detención importante relacionada con Rosarito se dio en junio de 2004, cuando los lugartenientes del CAF, Efraín Pérez Pazuengo “El Efra” y Jorge Aureliano Félix “El Macumba” y 20 delincuentes más que incluían agentes ministeriales, fueron capturados en Tijuana, como resultado de una investigación iniciada por un “baje” de 12 toneladas de marihuana realizado en Rosarito por un comando negro que se habían identificado como policías.

Incluso, los primeros días de noviembre de 2005, tras el asesinato de José de Jesús Leyva Medina en la zona centro frente a Bomberos en Rosarito después de una descarada persecución, a pesar que se detuvo a algunos miembros de la banda criminal, el comisariado del Ejido Mazatlán solicitó la intervención del ejército para limpiar el municipio, pero sin éxito.

El rezago
El 20 de junio se cumplió un año que según investigaciones oficiales, Javier Arellano Félix, actualmente preso en San Diego, California, ordenó el asesinato de los policías municipales de Rosarito, Jesús Hernández Ballesteros, Ismael Arellano Torres, Benjamín Ventura y el civil Fernando Ávila.

Fueron privados de la libertad por un grupo de 80 matones. Los maniataron, los torturaron y finalmente los decapitaron, presuntamente por interrumpir una fiesta de narcotraficantes que celebraban en la colonia Constitución. Los cuerpos de los policías y el civil aparecieron en Rosarito y las cabezas en la zona oriente de Tijuana.

En aquel momento, agentes rosaritenses filtraron la versión que los oficiales ejecutados se habían presentado al lugar por órdenes del entonces director de policía municipal, actual Secretario de Relaciones Exteriores del municipio, Valente Montijo Pompa, quien se molestó porque supuso que los dos grupos que había mandado antes, habían sacado dinero y no le habían informado. Al jefe policíaco lo mandaron llamar a declarar en México pero extrañamente no hubo más investigación.

El único resultado ha sido la detención de los policías de ese municipio Jorge Alberto Pérez y Salvador Cabreros, quienes habían respondido la primera vez a la queja de los vecinos ante la presencia de comandos en la casa de la colonia Constitución.

Pero sus compañeros insisten que cuando se dio el “levantón” y homicidio de los otros policías, Pérez y Cabreros estaban lejos en la zona poniente de la ciudad. De los posibles asesinos, en el lugar de los hechos la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvo a José Joaquín Jiménez Jiménez, José Ángel Espinosa, Miguel Ángel Serrano García, Pedro Rodríguez Mejía y Apolinar Ochoa Quiroz.

En aquel momento, Víctor de la Garza Herrada, actual secretario estatal de seguridad y entonces director de la Unidad Especializada Contra la delincuencia Organizada (UECO) no los quiso recibir y la PEP debió entregarlos directamente a la PGR. Hasta ahora ningún otro de los más de 80 criminales presentes en el lugar ha sido detenido por ese crimen.

Los cartelitos
A pesar de tener más de cinco años de conocer su funcionamiento, y de haberlos implicado como sospechosos en el asesinato de Bowser, la PGR tampoco ha hecho nada contra los dos cartelitos conocidos en la zona: “Los Papitos”, dirigido por un sujeto apodado “El Buda”, dedicados al narcomenudeo de drogas sintéticas y al secuestro, o “Los Segunderos”, de San Felipe, dedicados al narcomenudeo, robo de vehículos y falsificación de documentos.

Con estos antecedentes, los delitos en Rosarito van en aumento.
Este 2007 inició con la captura y liberación policíaca de Ian Adrián, Eunice Rojas Correa y Fernando Rodríguez Núñez; los secuestraron en Rosarito y los tenían en una casa de seguridad de la colonia Cortez.

El 23 de abril en la colonia Leandro Valle, un hombre fue secuestrado por otros que usaban armas largas y viajaban en un pick up blanco con doble cabina y otro tipo limosina color guinda que en la huida se dirigieron a Rosarito.

Para marzo de este mismo año, dos agentes de la Policía Municipal de Ensenada fueron “levantados” por un comando de hombres armados en la delegación de La Misión y después los soltaron. A Lucino Vigil Estrada en Rosarito y a José Martínez Baylón en Tijuana. Del por qué los secuestraron o por qué  los liberaron, no hubo mayor información, como si nada hubiera pasado.

Gustavo Rosa Lara, propietario del centro nocturno Bada Ding, fue secuestrado frente a su familia. Lo bajaron del carro la tarde del 8 de mayo por un comando de falsos agentes federales de investigación en la autopista Tijuana-Rosarito a la altura de la colonia Reforma. Ha sido la última privación de la libertad que se hizo pública, aunque empresarios y policías aseguraron que se han cometido otros dos, pero no especificaron el nombre de las víctimas. Al principio se filtró información no oficial ligando a la víctima con actividades irregulares, pero la investigación pasó a la federación y no se volvió a saber nada.

En la primera semana del mes de junio se registraron seis homicidios: un vecino que asesinó a otro porque lo insultó en Primo Tapia; en el ejido Mazatlán mataron a dos muchachos que vendían cristal; taquero mató a su ex mujer, ligada al hijo del dueño de una empresa de grúas, por un “baje” de mujer y drogas; asesinaron a mujer tatuada que portaba dosis de droga en el Cañón Rosarito; y un electricista fue asesinado en un pleito de borrachos. Estas investigaciones no han tenido resultados, pero los homicidas dejaron elementos periciales que la procuraduría está investigando.

De acuerdo a declaraciones públicas del presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, César Villegas Campoy, los primeros meses de 2007 se registraron un promedio mínimo de 1.5 secuestros por mes a pesar del Operativo Baja California. Alberto Capella, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado,  declaró que los focos rojos se habían encendido en Rosarito.

Turismo contra inseguridad
Resulta evidente que las señales de alarma ya llegaron a México. En junio la Secretaría de Turismo Federal aprobó 5 mil 500 millones de pesos de recursos federales adicionales para la “Campaña emergente frontera Norte” con la que intentarán atraer turistas hispanoamericanos hacia Baja California en la temporada de verano, esto se hizo porque la autoridad detectó reducciones en el sector de más del 30 por ciento en los primeros meses del año, disminución que los empresarios hoteleros de Rosarito y Ensenada relacionaron con la inseguridad.

También se anunció el inicio de la construcción de la plaza comercial más grande del estado, pero de un operativo Rosarito, nada.

La danza numérica
De entrada, los rosaritenses deben conformarse con la atención que les puede brindar una Dirección de Seguridad Pública Municipal de 46 policías por turno, sin contar permisos o incapacidades. Esto equivale a un policía por cada 2 mil habitantes, cuando las normas internacionales marcan uno por cada 250 para tener resultados óptimos.

Alfredo Pérez, director de policía, reconoció que sí están sucediendo cosas, pero señaló que la mayoría están relacionadas con la forma de vivir de las personas y otros delitos no relacionados con lo preventivo. Además habló de los resultados:

En seis meses han turnado mil 40 personas a los ministerios públicos: 116 por robo domiciliario; 81 por robo a comercio; 41 por portación de arma blanca y en 28 de los casos se involucraron lesiones; 99 por robo, posesión o daño a vehículos; 10 por lesiones de arma de fuego; ocho intentos de robo, 10 asaltos; y 11 transportistas robados.

Otras 111 personas han sido sorprendidas con droga y también han remitido a 223 viciosos. 728 potenciales delincuentes han sido intervenidos porque fueron sorprendidos merodeando casas, comercios o autos. La recuperación de autos robados creció del 36 al 50 por ciento.

Conforme a las estadísticas de la Secretaría de Seguridad del Estado de enero a abril, Baja California subió un 17 por ciento en la comisión de delitos; los comunes aumentaron en un 24 por ciento, los violentos en un nueve por ciento y los de consideración en un seis por ciento.

Mientras en Rosarito hasta el mes de abril se registró una reducción del 7.5 por ciento en la comisión de delitos, la diferencia y el impacto se dio porque los delitos comunes bajaron un 17 por ciento, pero los violentos subieron un 13 por ciento y los de consideración crecieron 17 por ciento, por encima de la media estatal.

Ante este panorama, a pesar que los empresarios temen por el impacto económico, también hablan del miedo de los inversionistas locales a crecer o el de los extranjeros de invertir en el municipio, para no convertirse en botines apetecibles del crimen organizado.

César Villegas Campoy, presidente del Comité de Seguridad Ciudadano, refirió: “El año pasado la incidencia delictiva en playas de Rosarito creció un siete por ciento mientras que en el estado lo hizo en un ocho por ciento, en ese sentido el delito que más se ha incrementado es el robo a casa habitación y vehicular. Si se mide la incidencia delictiva por cada 10 mil habitantes, Rosarito tiene la más alta en el estado: 511 denunciados por cada 10 mil. En el estado 198 por cada 10 mil.

“Si a eso le agregamos la percepción ciudadana donde los estudios de victimización que hemos realizado indican que alrededor del 30 por ciento de la población encuestada afirma de la existencia de tienditas en el lugar en donde vive, entonces las autoridades y la comunidad debemos asumir que estamos ate un problema que primero debemos admitir para poder resolverlo con acciones específicas y coordinadas de corto, mediano y largo plazo de un plan integral, no con anuncios y números alegres”, dijo el empresario.

De acuerdo a los números oficiales que maneja el comité, el 80 por ciento de los delitos en Rosarito son robos y de ésos el 60 por ciento tiene como origen una adicción. “Por lo cual sería inútil negar lo que ya se ha manejado públicamente, las drogas siguen circulando en el municipio, originando la mayoría de los problemas de inseguridad. Los grandes delincuentes lo usan como sitio de paso y punto de distribución y los traficantes de drogas por diseño, fabricadas en laboratorios pequeños y clandestinos, también están tomando las calles y las colonias del municipio.

“El llamado crimen común de bajo impacto está altamente relacionada con el crimen de alto impacto y la delincuencia organizada, y no podemos aceptar que el narcomenudeo que está creciendo notablemente, forma parte de los delitos comunes desorganizados”.

Los empresarios continúan solicitando un programa permanente de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN). Un trabajo real de inteligencias porque las acciones de alto impacto han sido reactivas, resultado de la desesperación o la emergencia y no de la investigación.

El sector empresarial propuso desde principios de año la creación de un Plan Estratégico de Gran Visión, que rompa con la dinámica de la improvisación, la parcializada de los resultados que desarrollen programas de corto, mediano y largo plazo y garanticen la continuidad del quehacer en materia de seguridad.

Lo presentaron ante las autoridades municipales y lo mandaron a revisión de comisión donde permanece congelado bajo los argumentos de falta de recursos y que la mayoría de las actividades son del gobierno estatal y federal.

Contra la corrupción policíaca, la propuesta empresarial y del comité de seguridad es una depuración total, previa investigación, sin afectar derechos y pagando despidos. Aprovechando que son pocos, hablaron de retirar a los agentes corruptos o sin capacitación que de acuerdo a los datos que tienen son en el 60 por ciento, sobre todo por la falta de capacitación formal. Y suplirlos de manera temporal con militares mientras la academia prepara nuevos elementos.

Todo antes que el quinto municipio de Baja California, termine por ser un territorio del narcotráfico más.

Crece 16% delitos en Baja California

El índice delictivo aumentó 16 por ciento en Baja California durante los primeros seis meses de este año. Solamente en esta temporada, ocurrieron 62 mil 905 delitos. El más recurrente fue el robo calificado, con un 48 por ciento del total.

Estas cifras fueron dadas a conocer por el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Alberto Capella Ibarra, en el marco de una reunión en Ensenada del organismo que dirige.

La ciudad que encabeza la lista de las más inseguras es Tijuana, con un incremento del 34 por ciento en delitos cometidos en relación con los primeros seis meses del año anterior. Le siguió Ensenada, con un aumento del 14 por ciento.

Sin embargo, en las demás entidades del estado, según las mismas cifras presentadas, la tasa delictiva fue a la baja. Tecate, con un menos dos por ciento; Mexicali, con menos tres por ciento y el título de “municipio más seguro” fue otorgado a Playas de Rosarito, con un menos 8 por ciento.

Capella Ibarra atribuyó el incremento de delitos a la época electoral. Citó como ejemplo lo ocurrido en todo el país previo y durante las elecciones federales del 2006.

Por su parte, el Secretario de Salud del Estado, José Bustamante –invitado especial en la reunión–,  informó que su dependencia realiza este año un estudio para detectar a jóvenes que tienen problemas de adicciones en escuelas, y a aquellos que corren el riesgo de caer en este problema.

Dijo que de 367 mil 763 alumnos de diferentes escuelas de la región, 53 mil 694 padecen el “factor de riesgo” de caer en alguna adicción. Y dijo que se detectaron a 829 jóvenes que ya son consumidores de alguna sustancia ilegal.

Durante su intervención, el Doctor Bustamante fue cuestionado por secretarios y directores de seguridad pública respecto a cuál es el censo total de adictos en Baja California, pero el funcionario no tuvo la respuesta. Se limitó a decir que “alrededor de ocho mil” personas se encuentran en centros de rehabilitación.

Sin embargo, el encargado de la salud en el estado reviró a los mandos policíacos reprochándoles su nulo ataque a los “picaderos” y su baja eficiencia en el combate a los delitos.

La reunión transcurrió y Alberto Capella tomó posesión a Esther del Pilar Kennedy Sáenz como nueva Consejera Ciudadana de Seguridad Pública en el municipio de Ensenada, supliendo a Francisco Palacios Sáenz.
Posteriormente, el Procurador de Justicia del Estado, Antonio Martínez Luna, echó la culpa del incremento de la delincuencia a laS “circunstancias” y a que el Congreso del Estado “no ha aprobado leyes que nos urgen y que les hemos insistido que saquen”.

Néstor Cruz Tijerina.

Dice que delitos han disminuido en Rosarito

Macías negó acusaciones

El alcalde de Rosarito, Antonio Macías, aseguró que ni conoce ni tiene vínculos con miembros del crimen organizado.

Respecto a la versión que su primer encuentro con los sicarios fue porque estos sujetos los pararon por equivocación, Macías declaró:
“No me agarraron ni me pararon, jamás, en absoluto. Ese rumor se dio hace más de un año. El mismo día que surgió todo mundo me andaba buscando y cuando me encontraron les expliqué lo que había pasado.

“Había ido a Tijuana para casar a un policía estatal preventivo que pertenecía al juvenil del PAN en Rosarito, hicimos la ceremonia y me regresé. Sí había muchos policías y tal vez eso se les hizo sospechoso, pero no pasó nada más”.

El munícipe también rechazó las versiones ciudadanas que lo ubican asistiendo a las mismas fiestas y bailes públicos frecuentados por los matones del Cártel de los Arellano Félix: “No soy muy fiestero, si acaso convivo es con familiares y gente del partido (Acción Nacional), y las fiestas son en el rancho de tu servidor. La última fue con gente del transporte público”

Se le preguntó si los empresarios le habían cuestionado estas conductas y respondió: “No hay elementos para reclamar nada.

“Recién se presentaron los indicativos de seguridad en el estado y las tendencias marcan un crecimiento del 16 por ciento en todo el estado y Rosarito es el único municipio que presenta una reducción del ocho por ciento”.

Cuando se le recordó que eso es real sólo en los delitos de alto impacto, Macías se atrevió a asegurar que la disminución era también en delitos de alto impacto, esto a pesar que los secuestros y homicidios continúan y la información es pública.       

Secuestro atípico y en pagos

El 14 de agosto,  la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la Agencia Federal de Investigaciones había liberado a los secuestrados Guadalupe Ubaldo Machado Machado y Abelardo Hernández Vargas. Las víctimas fueron encontradas el viernes 10 de agosto, en la calle Dátil esquina con Lirios de la colonia Jardín Dorado. Gracias a una denuncia ciudadana recibida en las oficinas de la PGR ese mismo día a las 14:55 horas.

Un hombre informó que por la ventana de esa casa, un hombre de cabello negro y barba de candado le hizo señas pidiendo ayuda. Para no involucrar a los agentes de la plaza, el grupo de operaciones especiales atendió la denuncia y en el lugar encontraron a las víctimas esposados y vendados de la cara, acompañados de dos delincuentes: Alejandro Olguín Hernández y Sergio Alberto Ledesma de la Torre. Al parecer eran los cuidadores porque ni armas tenían y de entrada no se les vinculó con otros delitos similares.

A Ubaldo Machado Machado, lo habían secuestrado del rancho familiar ubicado en el municipio de Rosarito, un grupo de delincuentes lo había sacado de la casa junto con su papá, Guadalupe Machado, aproximadamente tres semanas atrás.

Sin embargo el secuestro fue considerado atípico, porque de acuerdo a la esposa de Guadalupe Machado, testigo de la privación, el grupo de hombres que llegaron por padre e hijo, se comportaron muy amables y preguntaron por sus víctimas con las que incluso platicaron de manera cordial y respetuosa antes de llevárselos. Dijeron que iban de parte del alcalde Antonio Macías. En las primeras pesquisas, se investigó la versión de la participación del alcalde rosaritense y de la esposa porque cuando denunció los hechos estaba demasiado tranquila.

No especificaron el importe del cobro, pero se habló de una solicitud de rescate por varios millones, como la señora no los completó, liberaron a Guadalupe Machado padre, para que reuniera el resto. En eso estaba cuando la PGR encontró a su hijo. De la investigación del secuestro la procuraduría del Estado no informó nada y la procuraduría federal remitió este delito del fuero común al juzgado de distrito.