La Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió una recomendación.

Gobierno no paga Indemnización

Una joven fue dañada severamente en el Hospital General de Mexicali, cuando un residente la atendió y debido a negligencia médica, le cortó cuatro metros de intestino delgado, dejándola sólo con 40 centímetros. A los pesares físicos de la mujer, se suman los legales: A pesar de la recomendación, el Gobierno del Estado se niega a pagar indemnización, realizar una disculpa pública y atenderla de las secuelas. A cambio le ofrecieron inscribirla en el programa “Oportunidades” de Desarrollo Social.

Sergio Haro Cordero

Cintia, una joven de 16 años residente del poblado Pescaderos —en pleno Valle de Mexicali— sintió dolores en el vientre. El dolor se agudizó, también hubo sangre. Una rápida revisión en la clínica rural del ejido Delta y de inmediato la mandaron hasta el Hospital General de Mexicali. Se le diagnosticó un aborto en evolución. Era sábado por la noche y una versión anota que no estaban los médicos adscritos, sólo los residentes.

Uno de ellos le practicó un legrado, pero rompió la pared del útero. Empezó a jalar algo que le salía. “Creí que era el cordón umbilical”, dijo ingenuamente el joven estudiante de medicina, y así quedó asentado en el expediente.

Cortó y jaló, pero se trataba del intestino delgado. Cerca de 4 metros quedaron en sus manos. El intestino le quedo de 40 centímetros.

Eso fue el 31 de agosto del 2002 en el Hospital General de Mexicali y al mes siguiente familiares de la joven interpusieron una queja ante derechos humanos pero además una demanda penal por negligencia médica, aunque el caso se quedó en el archivo de la Procuraduría de Derechos Humanos.

En diciembre pasado —después del cambio de Procurador— el nuevo ombudsman reabrió el expediente y se emitió una recomendación al Gobierno del Estado. Sólo se aceptó parcialmente y se negaron al pago de indemnización.

Ante esto, el caso fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que apenas en mayo pasado refrendó los puntos asentados en la recomendación estatal.

El caso es que hasta el momento la negativa de parte del gobierno estatal que encabeza Eugenio Elorduy se ha mantenido, y la que también se ha mantenido es la inestabilidad en la salud de la joven, ahora de 21 años.

En diciembre de 2006, el gobierno estatal intentó integrar a la joven en el Programa Oportunidades —de desarrollo social— pero sin pago de indemnización y renuente a aceptar todos los puntos de la recomendación.
“Si hubiéramos tenido dinero,  hubiéramos ido a una clínica particular, nada de esto hubiera pasado”, dice Cintia desde su vivienda en pleno Valle de Mexicali.

Renuencia oficial

La recomendación De la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California emitida en diciembre del 2006 incluía fundamentalmente cinco puntos, de los cuales el Gobierno Estatal rechazó aceptar tres. La recomendación incluía:

1.- Se recomienda instruir a quien corresponda, para que en los términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1793, fracción I del Código Civil para el Estado de Baja California, se indemnice a Cintia Guzmán Lira, por los daños físicos y morales sufridos al haber sido sometida a una operación quirúrgica por servidores públicos adscritos al Hospital Civil de Mexicali, sin guardarse las medidas pertinentes.

2.- Es de recomendarse se instruya a quien corresponda, a efectos de que a la mayor brevedad posible se formalice Convenio de Prestación Integral de Servicios de Salud con la quejosa, que le garantice la prestación de servicios de salud de manera vitalicia y gratuita, toda vez que las lesiones proferidas a la quejosa han sido valoradas como permanentes e irreversibles con secuelas secundarias que requerirán tratamiento médico permanente.

3.- Es procedente recomendar a la autoridad responsable que se instruya a quien corresponda que a la mayor brevedad posible, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa y se determine la responsabilidad en que haya incurrido el Dr. Eduardo Reyes Ibarra, en su calidad de Médico del Hospital General de Mexicali, B. C., dependiente del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California; y el personal médico y administrativo que tuvo intervención directa o indirecta en los hechos motivo de la presente resolución.

4.- Se recomienda que el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado, instrumenten de manera permanente en sus Programas Anuales de capacitación, cursos de capacitación en el tema de Derechos Humanos, especialmente en la temática de salud reproductiva con perspectiva de género y calidad y calidez de la atención, dirigido a todas sus áreas.

5.- Por resultar ética y jurídicamente procedente, también se recomienda que las autoridades involucradas de Isesalud, ofrezcan una disculpa pública a Cintia Guzmán Lira y a su familia, por el actuar de los servidores públicos involucrados en la presente Recomendación.

La semana siguiente el Gobierno del Estado mandó un oficio de respuesta donde sólo aceptaban dos de los puntos, el tercero y el cuarto.
Es decir, el gobierno elorduyista no aceptó ni pagar indemnización, ni el convenio de prestación de servicios médicos ni el ofrecer una disculpa pública a Cintia y su familia.

Razones y sinrazones

El Gobierno Estatal señaló, a través de la Dirección de Gobierno —dependiente de la Secretaría General de Gobierno— en oficio firmado por el titular del área, Alonso Villaseñor Pimienta que, con respecto al pago de la indemnización, “la agraviada debió ejercer las acciones legales procedentes, para que, en su caso, se ordenara lo procedente por conducto de un mandamiento judicial”.

En cuanto a la formalización de un convenio para la prestación vitalicia del servicio de salud, se respondió oficialmente que “es innecesario, toda vez que ya existe un convenio firmado entre la quejosa y el Hospital General de Mexicali, para que se le otorguen servicios médicos”

Y por último, en la parte relacionada con la disculpa pública incluida en la recomendación, se respondió que “las autoridades involucradas del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California no están en posibilidad de ofrecer una disculpa a Cintia y a su familia por los daños que se le ocasionaron, ya que no es ético y jurídicamente es improcedente, en virtud de que ninguna autoridad facultada para ello ha determinado su responsabilidad en los presentes hechos…”.

Oportunidades

De acuerdo a Martina Lira, madre de la joven afectada, el Director de Gobierno, Alfonso Villaseñor Pimienta, se acercó en diciembre de 2006, les ofreció integrarse en el Programa de Oportunidades, que depende del área de Desarrollo Social y consiste en apoyo económico para que ciudadanos de bajos recursos pueden instalar pequeños negocios familiares.

“Nos dijo que así podrían apoyar a Cintia para ponerle un salón de belleza o una tienda de abarrotes.
“Le dije que lo que más me interesaba es que a Cintia se le atendiera, por lo que pudiera venir, me dijo que ya que aceptara yo eso”, expuso en referencia a la “oferta” de integrarla al gubernamental programa de Oportunidades.

Antes, habían firmado una suerte de convenio con la Dirección del Hospital General tras la intervención de la Comisión de Arbitraje Médico, pero le han dicho que sin sello el documento no es válido.

Ahora le han propuesto la firma de otro “convenio” —después de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos— que fecharon el 15 de junio de 2007 y donde el Hospital General, como ente legal, se compromete a prestar el servicio de salud que Cintia Guzmán Lira requiera, sin el cobro de ninguna cuota. Se trata de un documento sencillo, de apenas tres hojas, pero que no ha sido del total agrado de su asesora en la Procuraduría de Derechos Humanos.

De acuerdo a esta versión, le faltaría incluir:

* Que en el documento se aclare que esto se generó por una mala práctica médica.

*Que asiente que es por respuesta a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

* Que debido a las lesiones irreversibles a la paciente, ésta podría necesitar intervención medica vitalicia.

* Que los servicios que no tenga el Hospital sean subrogados.

* Que se integre al documento y en papel con membrete un oficio del nombramiento de la doctora y la autorización para firmar ese Convenio, documento que debe estar sellado.

Pero de concretarse el convenio, ésa sería sólo una parte de lo que incluye la recomendación.

De la indemnización y de la respuesta pública, nada se ha dicho.

“A veces me inflamo, otras veces en cuanto como, tengo que ir al baño”, explica Cintia en relación a algunas de las tantas repercusiones de salud al contar con apenas 40 centímetros de intestino delgado.

“Si nosotros hubiéramos tenido dinero, hubiéramos ido a una clínica particular”, sostiene la joven cachanilla en relación a aquella noche de agosto cuando comenzó a sentir dolores en el vientre”.

Mientras, siguen esperando la respuesta gubernamental.

Cerca de un acuerdo, en la parte médica: Alejandrina Félix

A la doctora Alejandrina Félix lo tocó el caso de Cintia desde que estaba al frente de la Comisión de Arbitraje Médico, antes de ser Directora del Hospital General. Explicó que desde noviembre del 2005 se firmó un convenio de apoyo médico, sólo que no incluía la palabra vitalicia. “Ella insistía en que aparecieran dos cosas, la palabra vitalicia y que apareciera en papel oficial”, comentó la ahora Directora del Hospital General. Dijo que a ella le ha tocado negociar la parte que tiene que ver con el aspecto médico.
“Ella siempre dijo que quería que la gente de Derechos Humanos revisara el documento”, expuso en relación al documento-propuesta de Convenio que hizo llegar a Cintia desde junio de 2007.

uando me entrevisté con ella era porque querían en paquete todas las pretensiones y todavía se andaban negociando las demás”, dijo la doctora Félix Peña. La Directora del Hospital General en Mexicali expuso que en efecto, Cintia quedó con el llamado Síndrome del Intestino Corto, pero que fue resultado de una operación urgente, que ella llegó con un aborto en evolución, y por su calidad de menor de edad implicaba riesgo.

“No podemos hablar de delito ni de negligencia, sí de responsabilidad desde luego, por eso se está afrontando”, sentenció la doctora.

Desde el punto de vista médico, dio su visión de lo que sucedido:
“La niña entonces tenía el útero en una posición anómala, se llama retroflexión (muestra un ejemplo con el puño de su mano, cerrado y caído). El procedimiento de legrado es un procedimiento a ciegas, se mete la legra, se dilata el cuello y se empieza a legrar (raspar). Obviamente si meto la legra y encuentro un punto donde no me espero, obviamente puede haber una complicación, que se resolvió.”

La Directora del Hospital afirmó que los médicos que participaron en el procedimiento, todos eran residentes –con cédula, estudiante de postgrado, ya recibido– que vienen a entrenarse en una especialidad.

–¿Cómo se explica que un médico confunda el cordón umbilical con el intestino, que le saquen 4 metros de intestino?
“El intestino delgado es muy difícil de reconocer y al estar legrando se pueden confundir los tejidos”. De acuerdo a la Directora del Hospital, están muy cerca de llegar a un acuerdo desde el punto de vista del Convenio Médico. (Sergio Haro)

En suspenso, el expediente en el Juzgado Penal

En el Juzgado Segundo Penal con sede en Mexicali quedó radicado el expediente de la denuncia penal interpuesta por Cintia Guzmán Lira. De ahí sólo se derivó una orden de aprehensión contra el médico Eduardo Reyes Ibarra. El resto de los involucrados fueron exonerados. Procesalmente, el expediente está pendiente que sea cumplimentada la orden de aprehensión por el delito de lesiones causadas por responsabilidad médica. Después de cuatro años, la orden de aprehensión no ha sido cumplimentada. En el resto de los médicos, el juez consideró que no había datos suficientes para incriminarlos. En el expediente quedó asentada la declaración del médico residente ante el Ministerio Público: “Pensaba que era el cordón umbilical”.
Técnicamente, el expediente está en “suspenso” porque no ha sido cumplimentada la orden de aprehensión –la que le toca a la PGJE a través de la Policía Ministerial–. En tanto, el expediente queda congelado, aunque la Ley marca un plazo para que algún tipo de delitos puedan prescribir. (Sergio Haro)