Congelados los 12 millones de pesos para pagarles a los colegiados salarios caídos.

Revés a magistrados

El problema en el Tribunal Superior de Justicia del Estado lleva ya seis años. Inició cuando la XVI Legislatura renovó a todos los magistrados, los afectados se ampararon y regresaron protegidos por la Ley. La Corte también ordenó pagarles lo no percibido, pero hace unas semanas, otro giro en el caso podría sacar de la jugada a los magistrados inconformes. El Congreso del Estado ha creado una comisión especial para revisar el caso.

Luis Arellano Sarmiento

Una resolución emitida el 13 de junio de 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que dejó sin efecto otra sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Décimo Quinto Circuito traerá otro conflicto de interpretaciones entre el Poder Judicial y el Poder legislativo.
Cuando parece que pasó el problema de la no reinstalación de magistrados en octubre de 2001, a seis años siguen las secuelas de este conflicto entre dos poderes.

Ahora, cuatro actuales magistrados que promovieron juicio de amparo indirecto, el cual ganaron por una resolución de Primer Tribunal Colegiado, corren el riesgo de ser separados nuevamente de su cargo si los legisladores así lo deciden.

Para esto, el Diputado Presidente del Congreso del Estado de Baja California, Raúl López Moreno, ha reiterado su deseo de remover a los magistrados porque no tienen derecho a estar en el cargo.

Por lo pronto, están congelados más de 12 millones de pesos que se destinarían al pago de salarios caídos de los magistrados.

Sin embargo en caso que los despidan nuevamente, los abogados de la segunda instancia del Poder Judicial consideran que haber sido reinstalados en abril de 2007, les generó derechos que podrían pelear jurídicamente.

Tres de ellos componen la tan esperada Quinta Sala Penal y hay poca viabilidad para que esta sala desaparezca porque el trabajo es mucho, además el crecimiento del Poder Judicial ha sido solicitado por años.
Es el cuento de nunca acabar.

Seis años
La historia se remonta a octubre de 2001, cuando los diputados de la XVI Legislatura removieron a todos los magistrados y nombraron a otros; en aquel entonces, cuatro de ellos pelearon y con una decisión dudosa obtuvieron su reinstalación apenas en abril pasado.

Prácticamente todos las magistrados corridos en 2001, integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE); el magistrado Jaime Rico Jiménez falleció recientemente y aún está pendiente quién ocupe el cargo.

Fue hasta febrero de 2005 que los actuales magistrados fueron reinstalados en sus cargos después de casi 4 años de pleito legal; nueve de los magistrados que fueron removidos para dar pie a la reinstalación de quienes ganaron el primer amparo, acudieron a la justicia federal por considerar una decisión injusta como terceros perjudicados.

De esos nueve, cuatro acudieron al Primer Tribunal Colegiado y el resto al Tercer Tribunal Colegiado también del Décimo Quinto Circuito, fueron los magistrados federales de este último organismo colegiado, quienes no aprobaron que los magistrados locales regresaran.

De hecho, la XVIII Legislatura acudió a la SCJN porque la destitución de los magistrados quejosos fue precisamente para cumplir una sentencia del máximo tribunal; ante la falta de precedente, el Primer Tribunal Colegiado se apresuró a emitir su fallo y concedió la razón a los cuatro magistrados reinstalados hace cuatro meses.

Como era de esperarse la SCJN dio la razón a los diputados pero como ya se había hecho la sentencia del Tribunal Colegiado, en ese entonces se dijo que no podía haber retroactividad en un fallo.
Los diputados siguieron peleando, pero con presión del Tribunal Colegiado y de los cuatro abogados quejosos, además del temor de ser sancionados por desacato a una autoridad federal, decidieron reinstalarlos.

En ese momento el TSJE creció de trece a 17 magistrados, paralelamente se creó la Sala Unitaria con el magistrado que atiende justicia para menores.
Los magistrados en mención, José Antonio Pérez Pérez, Fernando Tovar Rodríguez, Felipe de Jesús Padilla Villavicencio y José Palomino Castrejón, ganaron el amparo federal el 24 de enero de 2006; la sentencia señalaba que les debían reinstalar y pagar salarios caídos.

Por meses los diputados se negaron a reinstalarlos y los magistrados promovieron un incidente de Inejecución de Sentencia en su Tribunal Colegido afín.

Fue cuando les entró temor a los diputados panistas principalmente, porque la fracción parlamentaria de Partido Revolucionario Institucional (PRI) siempre estuvo dispuesta a reinstalar.

El 22 de marzo de 2007, un mes antes que obtuvieran la reinstalación, el Primer Tribunal  Colegiado emitió la inejecución de sentencia.

Según el diputado presidente, “los magistrados fueron por lana y salieron trasquilados”, porque acudieron a la SCJN para exigir sus salarios caídos pero sorpresivamente la respuesta de la Corte fue dejar sin efecto la sentencia que los llevó a ocupar de nuevo un cargo en el Poder Judicial.

La resolución de la SCJN dijo que el incumplimiento de sentencia admitía excusa porque la resolución del Primer Tribunal Colegiado no es ejecutable; sin embargo, al momento que el máximo tribunal emitió esta resolución, los cuatro magistrados ya habían sido reinstalados en el cargo y esta es la discusión.

Algo así como palo dado ni Dios lo quita, estaría en el argumento de los cuatro magistrados porque la sentencia se cumplió y la inejecución de la misma fue posterior.

Cuando los diputados se habían dado por vencidos llegó la decisión de la SCJN; antes, el 24 de mayo los legisladores aprobaron en el Pleno del Congreso una ampliación presupuestal por 12 millones 637 mil 540 pesos para pagar a los cuatro magistrados salarios caídos.

Este trabajo legislativo fue hasta publicado en el Periódico Oficial del Estado pero el pago nunca se efectuó porque fue congelado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, según dijo López Moreno.

Del 16 de julio al 6 de agosto, los magistrados estuvieron de vacaciones.
El lunes 13 de agosto, José Antonio Pérez Pérez dijo haber solicitado al Juzgado Primero de Distrito una copia certificada de la sentencia de la SCJN.

Hasta ese día dijo desconocer oficialmente la sentencia pero algo sabía de ella, porque comentó que nada refería acerca de la separación de su cargo.
“Nomás dice que se tiene por cumplida la resolución y ordena el archivo definitivo del expediente como asunto totalmente concluido, pero sin referirse a la separación del cargo”, indicó Pérez Pérez y continuó:

“Lo que nosotros estamos viendo es que con la reinstalación de nosotros, si bien derivó de la resolución del Colegiado, al haberse cumplido parcialmente (la sentencia), no se cumplió en todos los puntos que decían esa resolución (el pago), se generan nuevos derechos para nosotros, es lo que estimamos y estaremos en espera de lo que va a decir la autoridad responsable, en este caso el Congreso del Estado, a ver qué interpretación le dan ellos a la resolución.

“El que debiera estar al pendiente es el Juzgado Primero de Distrito, del cumplimiento de esta resolución,  ya que al determinar la corte quedar sin efecto la resolución del colegiado, ellos tenían que determinar qué iba a pasar con lo que ya se había hecho”.

El presidente del Congreso consideró que los cuatro magistrados, aunque a tres de ellos no les ha llegado su sentencia de la SCJN pero les va a llegar, deben de dejar ese cargo.

“Revisar la sentencia que dictó la Suprema Corte a mí me parece muy interesante, estos cuatro magistrados lograron su reinstalación valiéndose seguramente de algunas artimañas, ya que la SCJN en su momento dijo con mucha claridad que no tenían derecho a regresar y sobre todo que no tenían por qué pagarles ninguna cantidad de dinero por el tiempo que estuvieron fuera litigando su asunto”, dijo el legislador.

El 12 de julio, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) acordó crear una comisión especial para atender y analizar los alcances de la sentencia de la SCJN en la ejecutoria 129/2007.

A razonamiento de los legisladores panistas, la SCJN resolvió que sí hubo incumplimiento, pero los diputados tenían excusa porque la resolución que les ordenaron era inejecutable e insubsistente, por lo tanto, las acciones de inejecución de sentencia no son válidas.
Y como la sentencia que los obligó a reinstalar es inejecutable, aseguran que los magistrados no deben de estar en ese cargo y deber salir del TSJE.
La comisión especial quedó integrada con los mismos diputados de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que también preside López Moreno.

El legislador señaló que a los magistrados les ganó la ambición y por solicitar su pago, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en su contra.

Tentativamente, el presidente de Congreso se entrevistaría este jueves 16 de agosto con la magistrada presidenta del TSJE, María Esther Rentería Ibarra. Tres puntos a tratar son, el tema de los cuatro magistrados, otro es el crédito de 200 millones para el Poder Judicial y la designación de un sustituto por el fallecido magistrado Rico Jiménez.

Para el coordinador del PRI en el Congreso local, Obed Silva Sánchez, los diputados no pueden remover a alguien si no es mediante un procedimiento establecido en la Ley y la Constitución Local.

Comentó que el grupo parlamentario no ha fijado su posición en este tema y opinó que la Quinta Sala Penal debe de continuar porque ya recibió trabajo.
Según López Moreno, las notificaciones oficiales en este caso han sido muy lentas.

Lo único seguro es que pronto deberá haber una postura definitiva sobre la permanencia o no de los magistrados; algo casi seguro es que los magistrados no recibirán sus poco más de tres millones de pesos para cada uno.

Hasta ahora sólo han recibido su pago por estos cuatro meses laborados.