J. Jesús Blancornelas

Operación Piedra de Molino

Como en las películas. Formaban parte de la “Operación Piedra de Molino”. Documentos con el sello “SECRETO”. Firmados por asistentes del Procurador General de Estados Unidos en el sur de California. Originales desde 2004. Fueron entregados a un Gran Jurado. Septiembre 16 del 2005. Explicaron con harto detalle una investigación. Les llevó más de dos años realizarla. El tribunal analizó los cargos. Absolutamente probados. Sin pizca de duda. Ordenó capturar a los culpables. Todos comerciantes. Operaban desde Cancún, haciendo escalas en las ciudades de Michoacán, México, Nuevo Laredo y Tijuana. Su gran negocio: Anabólicos y esteroides. La mayoría vendidos ilegalmente en Estados Unidos. Están prohibidos en territorio norteamericano. Así lo determinó el Congreso de Estados Unidos en febrero 27 del 91. Pero con todo y eso tienen mucha demanda. Los empresarios mexicanos debían “lavar” los dólares que cobraban. No podían remitirlos fácilmente a la República Mexicana. Eran cantidades respetables: Los fiscales norteamericanos descubrieron: 2 mil 401 millones, 382 mil dólares con 53 centavos remitidos ilegalmente desde Estados Unidos a tres mexicanos: Alberto Sealtiel Cohen (arrestado), Joaquín García Rivas y Javier García de la Peña. Operaban las empresas Quality Vet, Denkall y Animal Power  en Avenida San Pablo 79-C del Distrito Federal.

También descubrieron Laboratorios Tornel. Avenida Venustiano Carranza 24 de la Ciudad de México. Luis Bravo Tornel es el propietario y Mauricio Bravo, gerente. Son prófugos de la justicia estadounidense. Otro laboratorio en el Distrito Federal: Brovel. Calle Empresa 66. Propietario: Arturo Bravo Valdés. No fue arrestado. Manejó un millón 64 mil 7 dólares con 71 centavos. También Pet’s Farma de Sor Juana Inés de la Cruz 580 del Distrito Federal. En Estados Unidos hay orden para detener a Ramón Vargas, propietario y Eduardo Hernández, gerente. Uno más: Syd Groups de Morelia, Michoacán. Domicilio: Ventura Puente 999-34. Propietario: Armando Guzmán Armenta y Amalia Lara, gerente. Serán detenidos si pasan a Estados Unidos por cualquier garita. Sigue: Loeffer, Avenida San Pablo 79-C. José Ángel García Hinojosa surtía a comercios de Tijuana. Allí vendían a norteamericanos o enviaban a Estados Unidos.

El Fiscal Federal de Estados Unidos entregó a los periodistas un fólder. Copia de cada expediente ante el Gran Jurado y originalmente considerado “SECRETO”. Fotos de los acusados e instalaciones. También sus páginas en Internet. En ese expediente aparecen los distribuidores en Tijuana y para Estados Unidos: Fueron arrestados en San Diego, California: Joaquín Orozco González y Armando Palacios Angola. Libre pero perseguido César Rodríguez Cotero. De Nuevo Laredo: Blanca Treviño, detenida  y Luis Alberto Flores, prófugo. El mayor número está en Cancún y Mérida. Ninguno detenido: Silvia Campos, Jorge Gómez Espinosa, Alberto Gómez del Castillo y Gaspar Eligio Romero. Hay dos norteamericanos. A juzgar por sus fotos se movían en el ambiente de los deportistas: Charles Cash Morone y Michael Vincent Coleman. Aparte el mexicano Enrique Javier Canto Góngora.

Cuando los primeros culpables fueron detenidos se sorprendieron: Ya les tenían expediente abierto en la Corte. Detallando el nombre de cada producto ilegal en Estados Unidos. Cantidad contrabandeada. Dinero obtenido. Cuándo y cuántos dólares enviados a México y por dónde. Cada correspondencia desde o a Estados Unidos. Todo absolutamente probado. Por eso un recuento de cada violación a la ley. Y lo más sorprendente: Hasta un CD con  los expedientes, fotos de acusados y el número de cada expediente. Aparte para fortalecer sus acusaciones ante el Gran Jurado: El Procurador norteamericano informó cómo cooperaron en la “Operación Piedra de Molino”: La agencia anti-narcóticos Drug Enforcement Administration (DEA). La agencia de impuestos Internal Renevue Service a través de su División de Investigaciones Criminales. El United States Marshals Service. También inspectores del Servicio Postal. El Laboratorio del Comité Olímpico de Estados Unidos, catedráticas de la Escuela de Veterinaria de la Universidad de California, Policía de San Diego, Sheriff de San Diego y la Subsecretaría contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General de la República (PGR) de México.

En nuestro país se pueden hacer investigaciones como éstas. Pero 1.- No hay organización. 2.- Por eso tampoco capacitación y 3.- Existe mucha corrupción. Imposible decir: “No pues los norteamericanos tienen muchos recursos”. Nada de eso. A la Procuraduría General de la República le sobran. No solamente en dinero. También equipo y de primera. Pero gastan mucho y utilizan poca técnica. Últimamente se cayó en el vicio muy mentado de “detener para investigar” y no “investigar para detener”. Un caso fresco: Hace días fue capturado Carlos Francisco Cázares Beltrán “El Quemado”. Para muchas personas es un nombre desconocido. Pero se trata del segundo en la escala de pistoleros del Cártel Arellano Félix. Desde hace por lo menos 10 años navega con esa bandera. No tengo la certeza que mató personalmente a uno o varios competidores o enemigos de la banda. Pero sí es harto sabido: Manejó a un grupo de gatilleros en Tijuana, Sonora y Sinaloa. Como es normal en su caso sobornó a los policías municipales, estatales y federales. No existe una certeza si también favoreció a los jefes, pero existe la clara sospecha. Por eso nunca fue detenido. Y en consecuencia nunca investigado. Se sabía de sus órdenes para matar. Era popularmente conocido. Pero la autoridad nunca hizo nada.

Pues bien. Alguien lo denunció. “Va en el avión de Mexicana que salió de Mexicali rumbo a México”. Por eso lo capturaron. No tanto porque como dicen “fue identificado por la AFI”. No es cierto. Pero cuando lo encarcelaron no tenía ningún expediente abierto. Nada firme para acusarlo. Cero pruebas. Ninguna declaración desfavoreciéndolo. Nada. Absolutamente nada. Por eso se solicitó a un juez el famoso arraigo. La PGR entró al vicio “detener para investigar” y no “investigar para detener”. Ahora andan buscando los pecados de “El Quemado” para acusarlo. Probablemente no le encuentren nada. Le harán cargos con la vaguedad de “crimen organizado”. Ni siquiera portación de arma. No traía. Así lo mandarán a prisión. Empezará a defenderse y seguramente ganará todos los juicios. Está claro. México no tiene policías investigadores. Sobran corruptos y hay pocos perseguidores. Así una de dos: O los jueces les liberan conforme a ley o los funcionarios inventan delitos. Como quien dice: Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de la investigación.