50 privaciones de la libertad registradas en Tijuana

Buscan justicia padres de desaparecidos

“Ante la mediocridad de un Procurador” estatal, los mentores arriesgan su seguridad física al iniciar investigaciones que la procuraduría del Estado no desarrolla por “Corrupción y complicidad” con miembros del crimen organizado. Hoy día, por lo menos cien familias en Baja California, realizan pesquisas para encontrar a hijos, hermanos y familiares que desaparecieron, fueron secuestrados o “levantados”

Rosario Mosso Castro

Seis meses y 14 días han pasado desde que un comando negro privó de la libertad al joven Fernando Ocegueda Ruelas frente a los ojos de su madre y hermana. Las investigaciones de su desaparición permanecen congeladas, ni amigos, ni familiares de la víctima han sido entrevistados.

 “Como padre he preguntado, no saben dónde he tenido que meterme, ni con qué gente he hablado. Jóvenes de la colonia de todo tipo, ellos me han mandado con personas en otras colonias.

“Me han dado muchos datos por eso no puedo creer que los policías no avancen. Sé que me van a decir que son dichos pero a ellos les corresponde conocer esas versiones y después encontrar los elementos para corroborarlas o desecharlas”.

Agregó desesperado:

“No tienen idea de las cosas horribles que me han dicho que le hicieron a mi hijo, pero no me dicen dónde está”.

El licenciado Miguel Ángel García Leyva, vocero de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas de la Impunidad señaló que desafortunadamente, ya es un hecho común la indolencia, complicidad, incapacidad, miedo, dolo o negligencia, de los agentes de la  Procuraduría del Estado que no investigan la mayoría de las privaciones ilegales de la libertad.

Ante esta inactividad, los padres y principalmente los padres de las víctimas, decepcionadas por no encontrar apoyo y solución por parte de las autoridades, han tenido que asumir el riesgo de realizar las indagatorias.

En todos los casos, estas personas afectadas por la pérdida de un ser querido se han enfrentado a las amenazas, intimidación y engaños de los criminales. Pero principalmente de las procuradurías estatales y federal, instituciones a las que evidencian como incapaces y corruptas.

“La impunidad es realmente insultante y gravosa, permanentemente. Han pasado tres procuradores y dos gobernadores  (la asociación inició actividades en el año 2001)  que no cumplieron con compromisos reales de ir al fondo del esclarecimiento de estos casos. Ahora la mediocridad de un Procurador que está evidenciado que tiene mucha cola que le pisen”, reclamó García Leyva haciéndose eco de los padres integrados a la organización.

Explicó que esta agrupación tiene registrados más de mil desapariciones forzadas en Baja California, de las cuales 200 están debidamente documentadas.

La información que hay en los archivos fue conseguida en la mayoría de los casos por las madres y en muy poco tiempo, sin ser policías adiestrados, algunas incluso sin educación primaria.

“En muchos de los casos terminaron por darse cuenta que las autoridades estaban también implicadas en las desapariciones de sus familiares”

Aunque en los archivos paternos hay avances, esas cientos de denuncias que se han acumulado desde 1997 permanecen congeladas en la Procuraduría del Estado bajo el argumento de falta de elementos.

En lo que va del año en Tijuana se han denunciado más de 50 privaciones, 45 catalogadas como “levantones” y  ocho asumidos como secuestros.

Conforme a los padrones del grupo Esperanza este problema inició hace 30 años, pero el alza en el índice delictivo empezó 1993 y tuvo su máximo recrudecimiento entre los años 1997 y el 2000 porque iniciaron las desapariciones múltiples y las actividades de lo que llaman escuadrones de la muerte fueron más constantes y organizadas.

El año pasado constataron un nuevo repunte en las desapariciones, sobre todo policías de todas las corporaciones. Pero tampoco investigan estos casos, las autoridades se van por la tangente, por el lado fácil, con el argumento de que son gente involucrada en algo ilegal, como si no tuvieran derecho a la justicia.

“Pero tampoco es cierto que todos los secuestrados están implicados en actividades ilícitas. En la asociación tenemos documentados varios ejemplos de privaciones circunstanciales que tampoco se han resuelto y son personas totalmente inocentes”, aseguró el vocero de Asociación Esperanza.

Recordó la desaparición en 1995 de la señora Lilia Solorio Becerril en Mexicali. O la de Lilia Dávila Padilla y Lilia Hernández, que trabajaban en un negocio de ventas de celulares en Ensenada en 1997, uno de los padres descubrió corrupción y complicidad entre autoridades y gente del crimen organizado, que los responsables del secuestro eran agentes federales activos en aquellos años.

Que no ayudan

La inexistencia de avances en las indagatorias se debe en algunos casos, a que la misma familia no aporta datos, ha sido la justificación permanente de la Procuraduría.

Al darse cuenta que el pariente desaparecido “estaba metido” en asuntos turbios, prefieren guardar silencio para evitarle problemas o que revisen las actividades del resto de la familia. Y por eso las averiguaciones se estancan, aseguran en el ministerio público estatal. Versión que es calificada como parte de la simulación y engaño oficial por los padres afectados.

La credibilidad de este argumento oficial se redujo cuando en el grupo Ángeles  reportó que hay más de 100 padres de familia investigando y entregando esos datos a las procuradurías, esperando: “…que la justicia deseada llegue. Sobre todo saber el paradero de los desaparecidos, qué fue de ellos, que la autoridad lo diga públicamente.

“Si ellos dicen que son delincuentes algunos de ellos, pues simplemente que lo digan. A estos delincuentes los mataron estos delincuentes, oficiales o con charola, y quedaron en tal parte y fueron sepultados, fueron cremados, o fueron desintegrados en ácido, se lo comió un animal salvaje, lo tiraron en la Rumorosa, la Laguna Salada, lo echaron en un canal, no sé, ellos tienen toda esa información”, destacó Miguel García.

Uno de los ejemplos recientes de inmovilidad injustificada, es el de la señora Irma Leyva, y la desaparición el 11 de enero de 2007 en Mexicali, de su hijo, el ministerial Diego Hernández Leyva.

“No estoy diciendo que mi hijo era una blanca paloma, yo estoy de acuerdo, pero hay involucrados ahí (recordó el video publicado por ZETA 1727, donde se menciona que ministeriales levantaron a su hijo y lo entregaron a un grupo de narcos de Sinaloa para que lo ejecutaran) la misma gente de la Procuraduría me dice que es cierto, yo no lo sé, pero por lo menos deberían investigar y no lo hacen.

“Martínez Luna dijo que fue a declarar pero que no le hablaron, y el personal de la ministerial me ha dicho que a los otros agentes mencionados tampoco los han declarado. Cuando les pregunto en qué va la investigación de la desaparición de mi hijo, me dicen que tenga paciencia, pero paciencia para esperar qué, si sé que no están haciendo nada.

“Yo todo el tiempo estuve esperanzada en que la ley me iba a dar un resultado, me iba a decir qué pasó, no le hace que el cuerpo de mi hijo apareciera muerto, ¿si me entienden?, esperaba eso de la ley, no estaba esperando que me lo regresaran vivo ni nada, simplemente ver que trabajaban y me daban una información que nunca hubo”.

La señora Irma Leyva habló con la joven que acompañaba a su hijo el día de la desaparición, fue a los lugares que frecuentaba y platicó con sus amigos que la llevaron a diferentes lugares, inspeccionó la casa del agente y localizó una agenda con números telefónicos, habló con compañeros de trabajo, policías buenos y policías de “la maña”. Y cada dato que obtuvo de enero a mayo, se lo entregó al agente Bramasco, con quien hablaba todos los días porque estaba asignado al caso.

La madre también fue informada que dos agentes en activo habían comentado a una tercera persona en el antro La Cantina, que su hijo estaba muerto y enterrado, también supo que el automóvil que traía su vástago cuando lo secuestraron, había sido encontrado en la colonia Carvajal. Cuando llevó esa información a Bramasco:

“Él me dijo déme nombre y apellidos, fue cuando dije ¿qué está pasando? Espérame, si lo poco o mucho que supongo que tienes escrito, porque nunca lo he visto, es porque yo te lo he dado, si quieres te los doy pero yo no soy la investigadora.

“Entonces él me dio los nombres pero yo estaba tan alterada que no los capté bien, sólo recuerdo que me dijo que a uno el decían Brincolina, le respondí que yo no los conocía y no sabía, pero si  tú quieres quítate de esa silla, me siento yo y me pongo hacer las cosas como debe de ser por ley, no creo que sea por ley que la madre tenga que hacer la investigación  Pero si así tiene que ser, vaya por Dios lo hacemos porque así lo estamos llevando a cabo”, eso fue a finales de mayo, y provocó que Bramasco finalmente reconociera que no estaba llevando el caso.

Cuando la señora Hernández pidió copia de la investigación sólo le dieron una hoja que acreditaba la denuncia de la desaparición, de Mexicali la mandaron a  Tijuana “a la SIEDO”, la trajeron dando vueltas de la procuraduría estatal a la federal para finalmente decirle que la SIEDO no estaba aquí pero a veces venían. Así que un agente que sólo se identificó como Nelson le dio la dirección en la ciudad de México.

“Espérame tantito, ¿quieres decirme que la SIEDO está haciendo una investigación por radar sobre la desaparición de Diego, porque si no está aquí cómo está haciendo una investigación?”, preguntó la madre pero ya no obtuvo respuesta.

Justicia selectiva

Pero si los ministeriales no son capaces de buscar y encontrar a los captores de su compañero Diego Hernández Leyva. Para el resto de las víctimas similares, la situación se complica más.   

Para desgracia de estas familias, en la Procuraduría local acostumbran dividir las privaciones de la libertad en dos tipos de asuntos:

1.- Secuestros, los que se efectúan en contra de gente inocente de mediana o mucha capacidad económica, con la intención de obtener dinero por el rescate.

2.- Levantones, privaciones cuya finalidad es la venganza o el cobro de deudas por droga. De acuerdo al criterio oficial esto sucede la mayoría de las veces entre miembros de la mafia. Prácticamente lo justifican así: La importancia de la víctima se reduce lo mismo que el interés policiaco en el caso.

De suyo la carencia de recursos es usada como justificación para no resolver los secuestros, peor si lo consideran un levantado:

“A esos difícilmente los regresan vivos”, comentó un agente. Con este “análisis” en las corporaciones, los policías ya ni se esfuerzan en buscarlos. Incluso aunque se trate de jóvenes que tengan familiares dentro de la Procuraduría del Estado. En lo que resulta un reconocimiento de facto de la “narcojusticia”.

La justificación, incluso reconocida por el Gobernador, es que los miembros del crimen organizado “se matan entre ellos”, de ahí que las investigaciones no lleguen a conclusión cuando se presuma que tiene que ver con el narcotráfico o el crimen organizado. O como en el caso del joven  Fernando Ocegueda, en el cual sus familiares piensan que lo confundieron.

En las  denuncias puestas ante la PGJE y la PGR, al ser interrogando sobre sus sospechas, el padre solicitó que se revisara la posibilidad de que a su hijo se lo llevaron porque lo confundieron con su hermano César, quien había sido señalado por Alberto Cervantes Nieto, vocalista del grupo Explosión Norteña, como sospechoso de balacearlo e intentar asesinarlo con un arma calibre .45, en julio de 2006 en sus oficinas del fraccionamiento Guaycura.

El motivo: Cervantes andaba con una estudiante de odontología de la UABC que era novia de César Ocegueda.

La PGJE detuvo a César, lo declararon, el muchacho aseguró que había terminado la relación con la joven Mendoza dos meses antes del atentando Y cuando lo carearon con las otras dos víctimas, José Guillermo Zavala Rodríguez y Joel Lara Contreras, todo indica no lo identificaron, que la procuraduría no encontró elementos y lo dejaron libre.

Siete meses después, un comando entró a su casa y se llevó a su hermano.

La sospecha  se fundamentó en el pleito judicial previo. “No estoy acusando, porque yo no sé qué pasó, lo único que sé es que el único problema que han tenido mis hijos fue ése. Por eso cuando me preguntaron les pedí que por lo menos investigaran.

“Yo no sé quién se llevó a mi hijo, sólo quiero encontrarlo, como sea”. 

Agentes consultados dijeron a ZETA que esta versión tiene lógica por la forma y los recursos económicos, humanos y materiales que usaron para secuestrar al joven Ocegueda; y en la fama pública que tiene Cervantes Nieto y el grupo Explosión Norteña de tener amistad, incluso parentesco político, con los principales lugartenientes del Cártel de los Arellano Félix.
Sin embargo también comentaron que si los matones del CAF decidieron levantar al muchacho para “hacer  respetar” a su amigo y tiene tantos meses desaparecido, ya no lo encontrarán.

De las investigaciones de la procuraduría, el ministerio público aseguró que siguen su curso pero que han encontrado problemas porque la familia no aceptó proporcionar datos. Sin embargo las versiones no oficiales, incluso entre los ministeriales, remiten al fraccionamiento Guaycura, la Sierra y Playas de Tijuana. Señalan que el levantón no se realizó por órdenes del Teodoro García Simental, quien controla la zona, pero tampoco se opuso.

Que los perpetradores podrían ser gente de “El Gordo” Villarreal, aunque no precisaron si el motivo fue un asunto de drogas o una venganza por el asunto del cantante Alberto Cervantes. Pero ésta es una versión que la Procuraduría no ha revisado con seriedad.

Fuentes extraoficiales, también aseguraron que a Villareal no lo perseguirán porque está protegido por la policía que le permite circular libremente y a toda hora por el fraccionamiento Cerro Colorado, El Lago y el bulevar Insurgentes en un convoy.

El señor Fernando Ocegueda señaló que ni sabe ni le importan los cárteles, ni sus tratos existentes o no, con los gobiernos, sólo quiere que las autoridades investiguen y concluyan para que pueda encontrar a su hijo. Y por este medio pide a la ciudadanía que si tienen informes de su hijo Fernando, le llamen al número celular (664) 3 01 96 38.

Informantes

Irónicamente, al final la persistencia materna ha encontrado eco extraoficial en las mismas corporaciones policíacas donde oficialmente les han fallado.

Los informantes de padres que buscan justicia para sus hijos, son mayormente policías honestos que se toman el riesgo y las familias se los agradecen. “Porque adentro saben todo, pero les falta el valor de decirlo públicamente porque quedaría expuesta la pudrición”, declaró García Leyva.

También reciben datos de agentes con ligas criminales, testigos protegidos y de organismos investigadores de Estados Unidos porque ellos han coadyuvado con las policías mexicanas.

En los archivos de la agrupación de familiares de personas desaparecidas hay decenas de copias de archivos proporcionados por las mismas procuradurías.

A últimas fechas han tenido datos proporcionados por civiles “…que se han dado cuenta que las desapariciones que hoy ocurren en nuestras familias mañana pueden sucederle a la de ellos”.

Un dato ha sido casi permanente en las indagatorias no oficiales, la participación de agentes policíacos en las privaciones. “Lo que termina por explicar la ausencia de resultados”, mencionó García.

Los ejemplos han sido públicos, levantan delincuentes y secuestran gente honesta, no les importa. Dos ejemplos:     

     
En octubre de 2006, un prominente empresario de la construcción que tiene escolta, estuvo a punto de ser levantado por un comando de agentes federales que le quitaron las placas a sus autos, sucedió en el fraccionamiento Hipódromo Agua Caliente, a la altura del fraccionamiento Puerta de Hierro. Hubo denuncia y video.

El tema se presentó ante el Grupo Coordinación, se justificó asegurando que los agentes que le marcaron el alto andaban en un operativo revisando hoteles, pero no hay empresas de ese tipo en la zona.

O el secuestro (30 de mayo 2006) y el asesinato (14 de junio de 2006) del joven empresario Farid Fernández. La familia entregó a la procuraduría un video casero en el que se grabaron los 10 minutos que tardaron supuestos agentes ministeriales en efectuar la privación. De nada sirvió, el único resultado y fatal, fue el deceso de la víctima.

A pesar de los videos y de los datos internos, de las denuncias de víctimas que informan haber sido detenidos por patrullas para facilitar su secuestro, los agentes no son aprehendidos, a menos que haya una denuncia ciudadana que obligue a la PGR o al Grupo Coordinación a realizar operativos inmediatos y sean encontrados en flagrancia. El resto sigue libre como el único ex policía oficialmente denunciado, Gabriel López Beto, que operaba en Playas pero extrañamente escapó antes que pudieran apresarlo.

Ante este panorama, la petición de los padres afectados, para el próximo Gobernador fue: “Exigirle que abata este legado de 30 años de impunidad y descomposición en los organismos de seguridad de Baja California. Tiene que trabajar a fondo con mano firme y estrategias nuevas. Pero con voluntad real, no con anuncios de cambios, retórica y cacareo que ha distinguido a los anteriores gobernantes.

“Pero debe estar consciente que va asumir un riesgo muy grande, porque el enemigo lo tiene ahí adentro. Sabemos que no va a ser fácil ni a corto plazo, pero a mediano plazo sí tiene que haber avances y resultados. Además tiene que comprometer al gobierno federal para que la PGR haga su trabajo y no esté sólo de esquirol y membrete”, concluyó el licenciado García Leyva.