Aparte, Gobiernos Federal, Estatal y Municipal deben más de 26 millones de pesos.

Juicio por mil millones contra CESPE

Una empresa privada podría ganar un pleito multimillonario a la Comisión de Servicios Públicos de Ensenada, que data de 1997, cuando la paraestatal le retiró una concesión de obra para una planta tratadora de aguas y la otorgó a otro consorcio. El Órgano Superior reconoce el riesgo de perder y los diputados también. Sin embargo las autoridades en el Puerto no hacen mucho por solucionar el problema.

Javier Cruz Aguirre

El 17 de agosto de 1999, en la ceremonia de inauguración de la planta de tratamiento de Aguas Negras de Ensenada conocida como “El Naranjo”, el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León comentó:

“Esta planta de tratamiento es una obra estratégica para lograr algo que es indispensable para el crecimiento y el desarrollo futuro de Ensenada, que es el saneamiento de la Bahía de Todos los Santos”.

Ocho años después esta obra, incluida en el inconcluso Plan de Saneamiento de la Bahía de Todos los Santos y que tuvo una inversión de 145.92 millones de pesos, cumple parcialmente los objetivos para los cuales fue creada con una capacidad de tratamiento de 500 litros de aguas negras por segundo.

También está a punto de convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno estatal, para la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), entidad que la opera, y para miles de contribuyentes porteños.

De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, una compañía privada —Tecnología y Control de Desperdicios, S. A. (Tecodesa)— tiene todos los elementos jurídicos a su favor para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falle a su favor en una demanda que puede costar a la Cespe, casi mil millones de pesos.

La sentencia en este sentido es tan inminente, que el doctor Víctor Adán López Camacho, auditor superior de Fiscalización, alertó al Congreso del Estado del problema y éste, en el Dictamen 297 relativo a la Cuenta Pública Anual de la Cespe del año 2005, determinó el  14 de agosto de 2007, turnar el asunto a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental para que dicte las medidas correctivas que correspondan legalmente.

Dicha Comisión ya confirmó en opinión jurídica que el juicio es favorable a la empresa promovedora.

Por su parte ni el Alcalde electo de Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, ni el presidente municipal, César Mancillas Amador, quieren saber algo sobre la posible municipalización de la paraestatal operadora de planta tratadora El Naranjo.

Mancillas Amador, cuando ocupó la dirección de la Cespe, no aceptó un acuerdo de pago que su antecesor en el cargo convino con Tecodesa para poner fin al conflicto.

Así, en lugar de sufragar una deuda calculada por la empresa en 490 millones de pesos en noviembre de 2003, hoy la Cespe está requerida a pagar 996 millones 250 mil 274 pesos por concepto de daños y perjuicios.
Hugo Abel Zepeda Berrelleza, actual director de la CESPE, no ha iniciado una investigación que determine quién fue el culpable del problema, el cual se originó cuando el titular de la oficina era Marcos Carrillo, en 1997.

Historia de ultratumba

La crónica del caso la narró así el doctor Víctor Adán López Camacho en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Anual de la Cespe por el ejercicio fiscal de 2005, con fecha 22 de enero del 2007:

En agosto de 1994 la Cespe publicó la convocatoria CESPE-BC-IP-99-OIC, relativa a la obra “Planta de tratamiento de aguas residuales Casa Pinta (sic, en realidad era “Plinta”)”, cuyo contrato se adjudicó a la empresa “Agua Mejor”, en enero de 1995; sin embargo el contrato le fue rescindido en octubre de ese mismo año por no cumplir con los términos pactados.

En noviembre de 1995 la Cespe informó por medio de un oficio al consorcio integrado por las empresas Obras Portuarias de Coatzacoalcos (Opc), S. A. de C. V., y Tecnología y Control de Desperdicios, S. A. (Tecodesa), el acuerdo de otorgarles el contrato de la planta citándolos para la firma del documento y para la actualización de la oferta, pero la Cespe decidió no otorgarles el contrato por las siguientes razones:

A.- Desacuerdo en el precio por metro cúbico de agua tratada ya que éste resultaba de inicio un 40 por ciento más caro que los costos estimados.

B.- Se decidió cambiar el lugar de la construcción para realizarla en un terreno menor, cercano a Ensenada y de concentración natural del agua residual.

C.- Problemas con el sistema propuesto por la empresa al utilizar lagunas de anaerobia, por lo que se preveían olores desagradables durante el verano a un kilómetro a la redonda.

D.- El sistema de desinfección a base de cloro podía dañar cultivos con algún error humano de dosificación.

E.- El proceso para el tratamiento de lodos en exceso no se presentó completo para satisfacer su acondicionamiento y disposición final.

En julio de 1996 la Cespe notificó al consorcio que convocaría a un nuevo concurso, teniendo la oportunidad de participar en el mismo. En mayo de 1997, la Comisión estatal hizo del conocimiento de la empresa que no era procedente otorgarle el contrato por no satisfacer las condiciones que garanticen su cumplimiento.

En junio de ‘97 Tecodesa interpuso una demanda ante la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en Ensenada. Derivado del juicio número 21/1998, el 14 de mayo del 2001 el tribunal sentenció a la Cespe a otorgar a Tecodesa el contrato de obra pública, lo cual para entonces resultaba física y materialmente imposible ya que la obra estaba terminada y operando.

Entonces, representantes de la Cespe y de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue) iniciaron pláticas con los representantes de Tecodesa, no llegando a ningún acuerdo, por lo que en el mes de noviembre del año 2003, el representante legal de Tecodesa requirió a la Cespe el pago de diversos daños y perjuicios relacionados con la obra.

El pago se refería a los costos y gastos de la propuesta del proyecto, gastos operativos preliminares, gastos de financiamiento, inversión en anticipos para la adquisición de equipo, cargos por transferencias de tecnología y utilidades no obtenidas. Tecodesa presentó un cálculo de daños por 190 millones de pesos y de perjuicios por 300 millones, sin que la Cespe haya dado respuesta. Así, Tecodesa promovió un incidente de daños y perjuicios por mil millones de pesos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra de la Cespe, cuya notificación se llevó a cabo el 29 de noviembre del año 2005.

En mayo del 2006 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó acuerdos en los que determinó improcedente el incidente promovido por la empresa y solicitó a la Cespe a exhibir las constancias que acrediten la imposibilidad material de formalizar el contrato con la parte demandante, pero cabe señalar que la Cespe confirmó en opinión jurídica que dicho juicio es favorable a la empresa promovedora, manifestando que el monto del derecho u obligación generado “se desconoce”.

Sin embargo, mediante un escrito presentado por la empresa demandante, como complemento “sustituto de sentencia” ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con fecha 21 de noviembre del 2005, se reclamó la cantidad de ocho millones 725 mil 485 pesos por daños ocasionados, y la cantidad de 987 millones 525 mil 789 pesos por concepto de perjuicios.

La última cantidad mencionada está calculada en el periodo que va de octubre de 1995 a diciembre del año 2004, arrojando entonces un total de 996 millones 250 mil 274 pesos, así como el pago de los productos financieros de dicha suma actualizada hasta el momento del pago.

El auditor superior de fiscalización del estado terminó su informe respecto al tema diciendo lo siguiente:

“La situación descrita mantiene en riesgo el patrimonio de la Cespe, lo que se materializaría si la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resultara contraria a la paraestatal”.
ZETA buscó entrevistas con funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada para conocer su versión de los hechos, pero no tuvo respuesta. El semanario también conoció extraoficialmente: Que la empresa demandante, funcionarios de la Cespe y el gobierno estatal sostienen pláticas para llegar a un acuerdo extrajudicial que ayude a disminuir el monto del pago a Tecodesa.

Asimismo, que el problema se suscitó porque a Tecnología y Control de Desperdicios, empresa dirigida por Carlos Lara O., y socio corporativo de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales (Femisca), la dirección de la Cespe le rescindió el contrato de obra para entregárselo a otra constructora en donde figuraban personas familiarmente ligadas con altos funcionarios de la institución pública.

Gobierno no paga
Y mientras la Comisión se prepara para enfrentar un fallo condenatorio, sus finanzas continúan sufriendo el embate de la moratoria de pagos que le declaró el gobierno en sus tres niveles. De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Cespe presentaba en el ejercicio fiscal de 2005, en la cuenta “Deudores por servicio de agua”, saldos con antigüedad mayor a un año por un importe de 56 millones 868 mil 335 pesos.

De esa cantidad, 26 millones 962 mil 947 pesos corresponden al sector público.

La cuenta está desglosada de la siguiente forma:

a) 10 millones 788 mil 11 pesos corresponden al gobierno del estado (casi un 19 por ciento de la deuda).
b) Un millón 609 mil 649 pesos al gobierno federal.
c) 14 millones 565 mil 287 pesos al gobierno municipal.

El auditor destacó en su Informe de Revisión de Cuenta Pública, año 2005, que no obstante las gestiones realizadas por la Comisión para cobrar esas cantidades en las tres instancias de gobierno, no ha sido posible recuperarlas.

El fiscalizador señaló que dentro del adeudo del gobierno del estado se incluyen 10 millones 509 mil 751 pesos que corresponden a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Esta cantidad está considerada como ‘cuenta incobrable’ en virtud de la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California de fecha 8 de mayo de 1995, basado en el amparo federal otorgado el 2 de marzo de 1995, por considerarse improcedente su cobro”.

Pese a esta segunda observación, y a ocho “salvedades” más detectadas por el auditor en su revisión, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado determinó aprobar las cuentas de Ingresos, Egresos y Deuda Pública de la paraestatal, al considerar que no afectaron la cuenta pública de la entidad.

La cuenta pública patrimonial de la Cespe correspondiente al año 2005 no fue aprobada por el Congreso en virtud que en su inventario de bienes muebles hay una diferencia de más no aclarada en los registros contables por ocho millones 103 mil 683 pesos, incumpliendo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California.