Priístas, seguros que anularán elección. Videos de “you tube”, una de sus pruebas.

13 de septiembre: Fallará Tribunal

Los documentos presentados por el PRI mediante los cuales demandan la nulidad de la elección, están centrados en probar la participación del gobernador Eugenio Elorduy Walther durante la campaña electoral, para favorecer a los candidatos del PAN. Invocan el antecedente de Tabasco en 2000 y en Colima en 2003, que son los referentes más cercanos y no dudan en lograr la nulidad abstracta de los comicios. 

Carolina Hernández Tripp

A más tardar el jueves 13 de septiembre y en una sola sesión plenaria, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) resolverá todas las impugnaciones de la elección de diputados y solamente restará resolver las impugnaciones de gobernador y los municipios de Tijuana, Ensenada y Tecate, informó la presidente del tribunal Elva Regina Jiménez Castillo.

La fecha máxima que marca la Ley de Instituciones y Procesos Electorales
(LIPE) es 30 días después de recibir cada Recurso de Revisión. Toda vez que el primero fue recibido el 18 de agosto, el tope para resolver es el 17 de septiembre.

Los tres magistrados resolverán entonces, 35 Recursos de Revisión correspondientes a los cómputos de las casillas en 14 Distritos Electorales impugnados; de hecho una posibilidad es que sean desechados los cómputos solicitados a las elecciones de munícipes y gobernador, petición hecha por la Alianza para que Vivas Mejor en el tiempo destinado para impugnar candidaturas a diputados.

Para definir la correcta integración de la XIX Legislatura, es necesario que las impugnaciones sean resueltas para definir los diputados que ocuparán una curul por el principio de representación proporcional también llamados plurinominales.

La magistrada presidenta Jiménez Castillo, mencionó que algunos distritos electorales, entre ellos el IX, han tenido dificultades para remitir toda la información necesaria al Tribunal Electoral, pero aún así, el trabajo va muy adelantado, dijo.

Jiménez Castillo no ignoró el señalamiento del enviado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Adán Carro Pérez, quien dijo que su partido no confiaba en el tribunal electoral por estar vendido al gobernador. De hecho, el integrante del área jurídica priísta dio el mismo discurso en medios de comunicación de Tijuana el martes 4 y en Mexicali el 5 de septiembre.

En un comunicado de prensa emitido el jueves 6 de septiembre, la magistrada presidenta exigió a Carro Pérez que presente pruebas, la denuncia ante la procuraduría y dé los nombres de las personas del TJE que están vendidas al gobernador.

En sus argumentos presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California el PRI va con todo contra el gobernador del Estado, Eugenio Elorduy Walther. Demandan la nulidad de las votaciones, están centrados en probar la participación del Ejecutivo Estatal durante la campaña electoral.

Lo ocurrido en Tabasco en 2000 y en Colima en 2003, son sus referentes más cercanos y lo comparan con el contexto de Baja California. No dudan que lograrán la nulidad abstracta de la elección.

Enfatizan que su solicitud de impugnación no se fundamenta en números, sino en situaciones irregulares que se presentaron antes y durante la jornada electoral.

Desconfían del Tribunal Electoral de Baja California. Solicitado que “no se hagan patos”, que resuelvan lo antes posible porque sospechan la resolución será en su contra.
“No esperamos que haya buena resolución aquí en el Tribunal Local. Esperamos que ya resuelvan pronto como sea que vayan a resolver, pero que ya resuelvan, porque nos está quitando la oportunidad de ofrecer nuevas pruebas ante el Trife, sabemos que las van a minimizar. Nos vamos a ir al Trife y ellos sí nos darán la razón”, apuntó el Licenciado Adán Carro Pérez, representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Nulidad abstracta

Dos comicios estatales han sido anulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La primera elección a gobernador fue la de Tabasco en el año 2000 y la segunda la de Colima en 2003. En ambos casos los partidos impugnantes recurrieron a la nulidad abstracta para su revocación. Y ahora la Alianza para que Vivas Mejor (PRI-PVEM-PEBC) recurre a esta causal para intentar anular los comicios del 5 de agosto en Baja California.

Fue precisamente la anulación de la jornada electoral en Tabasco la que sentó el precedente para la denominada nulidad abstracta, cuando el TEPJF planteó la necesidad de incorporar vía jurisprudencia otra causal que permitiera impugnar actos irregulares realizados antes de la campaña, pero que surten efectos el día de la jornada electoral.

Abogados especialistas en derecho electoral explicaron a ZETA que la causal abstracta implica la posibilidad de sancionar actos diversos, como la violación de los principios constitucionales establecidos en los artículos 39, 41, 99, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son certeza, legalidad, imparcialidad, libertad, entre otros.

En la elección del 15 de octubre de 2000 en Tabasco el triunfo fue para el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Andrade Díaz. El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnaron los resultados ante el Tribunal Electoral de Tabasco, el cual confirmó la validez de la elección.

Con el fallo a favor del candidato del PRI, solicitaron un juicio de revisión ante el TEPJF. El que el  29 de diciembre de 2000 consideró razonadas las evidencias del PAN y PRD, y anuló la elección.

Se designó gobernador interino y se convocó a elecciones extraordinarias el 5 de agosto de 2001. Manuel Andrade Díaz resultó ganador. Aunque también estos comicios fueron impugnados esta vez el TEPJF los declaró válidos.

En el caso de las elección estatal en Colima celebrada el 6 de julio de 2003, el candidato de la Coalición PRI, PVEM y PT, Gustavo Vázquez Montes, fue el triunfador, pero en desacuerdo con la declaratoria de validez el PAN y el PRD presentaron recursos de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Colima, argumentando la intervención del entonces titular del ejecutivo estatal, Fernando Moreno Peña.

El asunto llegó al TEPJF, que el 29 de octubre de 2003 consideró fundados los testimonios del PAN y el PRD y decretó la nulidad de la elección. Convocó a elecciones extraordinarias. El ganador fue por una diferencia de 6 mil 535 votos otra vez Gustavo Vázquez Montes.

Sobre la elección de Baja California, el abogado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Adán Carro Pérez, asegura que lo sucedido en Colima en 2003 “es un perfecto referente de lo que aquí pasó”.

“La nulidad abstracta es una conducta que sea, ya sea del gobernador, del director de alguna dependencia, del Consejo Estatal Electoral, que realizan una conducta o varias durante la jornada electoral o antes que violentan el proceso electoral, de tal manera grave que no se cumplieron los principios que se debían de haber cumplido. Y el  Trife ha determinado que esos principios son imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad e independencia, mientras esos principios estén privilegiados en una elección será válida, pero si no lo son es inválida”.

El caso Baja California

Los abogados priístas están convencidos que la elección del 5 de agosto en Baja California debe anularse. Basándose en experiencias pasadas (elección Tabasco y Colima), advirtiendo que en otras elecciones con menos pruebas se han anulado.

Pongo esto como un marco de referente porque aquí en Baja California es más que un hecho de que el gobernador del Estado intervino diario”, apuntó Carro Pérez.

 “Tenemos más pruebas, no puedo asegurar con certeza, tenemos 10 veces más pruebas aquí que en Colima. Si bien es cierto en Colima había videos, había documentales públicas, aquí donde más se percibió la presencia del gobernador fue en los periódicos, con sus declaraciones todos los días sobre el proceso electoral”.

La intervención del gobernador es uno de los argumentos utilizados en el recurso de revisión de la elección de munícipe de Tijuana que la Alianza para que Vivas Mejor interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California.

El documento señala:

“Desde el inicio de la etapa de preparación de la elección existieron factores que influyeron en los resultados finales en los distritos electorales de Tijuana, tal como la difusión de obra pública y gestiones de gobierno en beneficio de la sociedad, con lo que se advirtió que las campañas electorales, de manera ilegal e indebida fueron promovidos por personas y entidades impedidas por ley para participar en el proceso electoral como por ejemplo, el gobierno de Baja California y sus diversas dependencias, incumpliendo con las reglas de neutralidad impulsada por el órgano encargado de organizar las elecciones”.  

Continúa:
“Es decir, el gobernador Eugenio Elorduy Walther influyó en los resultados finales de la elección y determinaron, entre otros factores, la estrecha diferencia finalmente reportada en los siete distritos electorales de Tijuana”.

Y añaden:
“…Es evidente que durante la etapa de preparación de la elección de munícipe de Tijuana, el gobernador del Estado, realizó acciones de gobierno que influyeron en la decisión de los electores, dañando los principios de legalidad y certeza electoral, bajo el entendido de que el gobernador ejerce influencia en toda la municipalidad tijuanense, al ser un personaje político conocido por todos y sus opiniones son referente de acción de la mayoría de los ciudadanos, por lo que al ser mínima la diferencia en el resultado final del cómputo estatal, es indudable la procedencia de la nulidad de la elección impugnada”.

Adán Carro Pérez, dijo que ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California se presentaron videos donde ciudadanos entrevistados se les pregunta la razón de su presencia en eventos del gobernador del Estado, a lo que respondían que por la entrega de despensas.

“El gobernador del Estado estuvo repartiendo despensas a cambio del voto ciudadano. No paró ni un solo día de estar en la calle, repartiendo despensas, publicitando su obra pública, repartiendo programas de asistencia social, pero siempre a cambio del voto”.

Hablan de pruebas 100 por ciento contundentes, “aunque para el principio de nulidad abstracta solamente se necesiten probar con indicios, ni siquiera con pruebas contundentes”, destacó.

Se trata de pruebas como documentales públicas, privadas, fotografías, grabaciones de audio y  video, periódicos, testimoniales notariales y documentales del día de la elección, que aseguran cuentan con el soporte jurídico para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva anular.

Además dicen contar con más pruebas que están reservando para el TEPJF, entre ellas adelantó, la evidencia de implementación de un programa estatal que se desarrolló durante el proceso electoral para promover el voto en áreas estratégicas, principalmente comunidades marginadas.

En el análisis realizado de las actas de la jornada electoral, encontraron alrededor de cinco mil inconsistencias en las más de tres mil casillas instaladas, entre ellas la compra de votos, el uso de camisetas azules durante la jornada y la recepción de votos por personas distintas a las nombradas por el Instituto Estatal Electoral y error o dolo en la computación de votos.

Sobre la denominada “propaganda negativa” argumentan que en distintos medios masivos de comunicación, Internet, propaganda impresa y llamadas telefónicas, se buscó infundir el miedo a los ciudadanos respecto a la opción que representaban los candidatos de la Alianza para que Vivas Mejor.

“El gobernador del Estado estuvo declarando que si la propaganda de Hank era mala, que si era un mal candidato, que tuvieran cuidado por quién votaban, que razonaran su voto, que el voto hacia Hank era un voto perdido. Esas declaraciones hacía el gobernador, que ni siquiera en Colima hubo eso”.

En ese sentido la Sala Superior del TEPJF estableció en 2004 un criterio en que busca salvaguardar la tutela de aquellos comentarios críticos que realizan los partidos políticos o coaliciones en el curso de las campañas políticas.

‘Tuvimos mucha facilidad para encontrar los videos donde salía la imagen de Hank como una persona grotesca. Encontramos más de 270 videos en el popular sitio de Internet youtube”.

Son 31 impugnaciones las que la Alianza para que Vivas Mejor presentó, entre ellas la elección de Gobernador del Estado, los ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Tijuana, además de 12 de los 16 distritos donde no obtuvieron el triunfo.

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Reforma electoral: Atorada

La reforma electoral está atorada. Los legisladores nada más no se ponen de acuerdo y han llegado al grado de condicionar la reforma fiscal a cambio de la reforma electoral.

El asunto del reemplazo de los consejeros electorales se ha convertido en el centro de la discusión. Por un lado están los panistas que proponen su salida escalonada y por el otro los priístas y perredistas que se han manifestado que deben salir todos en un solo acto. Las negociaciones en el Senado de la República en los últimos días han estado trabadas. El miércoles 5 de septiembre reanudaron las discusiones.

Ante este panorama han pasado desapercibidos otros aspectos de la reforma que permitirán rectificar errores cometidos durante la elección de 2006, entre ellos la “propaganda negra” y la regulación de precampañas.

Entre los puntos torales de la reforma destacan los siguientes:
-Prohibición a los sindicatos conformar partidos o afiliarse colectivamente a uno existente.

-Rechazo al uso de “propaganda negra” contra personas, instituciones o partidos políticos.

-Limitar la  difusión de programas y actividades de gobierno durante el tiempo de campaña.

-Reducción al 50 por ciento del financiamiento público para la campaña presidencial y del 70 por ciento para la de diputados y senadores.

-Reducción al tiempo de duración de las campañas políticas a nivel federal.

-Regulación a las precampañas, las cuales no durarán más de las dos terceras partes del tiempo oficial de una campaña.

-Fijar límites a las aportaciones de simpatizantes que serán del 10 por ciento del tope de campaña.

-Proponer el nombramiento de un contralor que vigile los recursos del Instituto Federal Electoral (IFE).

-Eliminar el secreto bancario, fiduciario y fiscal de los recursos del IFE y de los partidos políticos.

-Reducción de 10 a nueve años la duración en el cargo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

-Plantear la sustitución escalonada de los consejeros electorales, se mantendrán en el cargo nueve años y no podrán ser reelectos.

- Dejar sin efecto la nulidad abstracta, porque el TEPJF solamente podría declarar nulidad de una elección por causales que expresamente se establezcan en las leyes.

-Contemplar que el segundo lugar en las elecciones pueda demandar el recuento de los votos si la diferencia con el primer lugar es inferior al uno por ciento de la votación total

-Establecer la liquidación de las obligaciones de los partidos políticos que pierdan su registro y se acuerda que los bienes y desechos de estos institutos serán transferidos a la federación.

La iniciativa que el viernes 31 de agosto dio a conocer la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado contempla la modificación de ocho artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 41 y 49 en su totalidad, 85, 97,  108, 116, 122 y 134.

Académicos y especialistas en Derecho Electoral entrevistados por ZETA coincidieron en los puntos que no se tomaron en cuenta para dicha reforma electoral, entre ellos la incorporación de candidaturas ciudadanas e independientes sin tener que pertenecer a un partido político. Además consideraron como temas pendientes la posibilidad de una segunda vuelta en la elección presidencial y la reelección. Carolina Hernández Tripp.

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Equipo de transición de Ramos; puros funcionarios

El equipo de transición del alcalde electo, Jorge Ramos Hernández, encargado durante los próximos tres meses de los trabajos de entrega-recepción con la actual administración municipal, quedó integrado por ex funcionarios y actuales funcionarios de gobierno, así como por representantes de organismos ciudadanos que colaborarán como “observadores”.

Los ciudadanos que participan dentro de este comité son el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Alberto Capella Ibarra, el líder de Coparmex-Tijuana, Jacobo Ackerman García, y el Vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Mario García Carrasco.

“Durante la campaña hice el compromiso de involucrar a la sociedad desde el proceso de transición hasta el final de la administración pública municipal 2007-2010”, destacó Ramos Hernández.

Capella Ibarra dijo que su función será la de revisar los resultados, avances y analizar las debilidades y retos que se tienen en materia de seguridad pública. Por su parte el Vicepresidente del Colegio de Contadores, Mario García Carrasco prefirió no hablar de los estados financieros del XVIII Ayuntamiento en tanto no se analice su situación. Mientras que el sector empresarial encabezado por Jacobo Ackerman trabajará en el diseño estrategias que den transparencia al proceso de transición.

Este equipo también lo integran ex colaboradores de campaña, como el diputado federal, Luís Rodolfo Enríquez Martínez, quien fungirá como representante del presidente municipal; el abogado Raúl Corona Sesma, que estará encargado de las cuestiones jurídicas, y el síndico procurador electo, Héctor Magaña Mosqueda.

Además se nombró al Ingeniero Marcos Sarabia Rodelo como responsable de infraestructura y servicios públicos, y al Contador Público Ricardo Vallín Malanche, para el área financiera. Carolina Hernández Tripp.