Anuncia el proyecto de una Policía Nacional.

Las negociaciones de Calderón

Todos los acontecimientos del 1 de septiembre en el edificio de San Lázaro con motivo del Primer Informe del Presidente Felipe Calderón, fueron fríamente calculados y negociados entre los líderes de las bancadas legislativas de PRI, PAN y PRD. Incluso el discurso de Ruth Zavaleta que fue sacado de la transmisión televisiva, ya era de conocimiento de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y las cúpulas partidistas.

Rosario Mosso Castro

Ciudad de México.- El primer informe de Gobierno del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, develó un grotesco pacto político que expuso, una vez más,  la necesidad de reformas profundas y exentas de politiquerías partidistas.

A diferencia del 1 de diciembre de 2006 cuando tomó posesión, esta vez su entrada al recinto legislativo fue negociada. Los perredistas optaron por el silencio institucional en lugar del griterío partidista. Los priístas intentaron sacar provecho mientras el resto de los partidos no figuró en el plano político.

Aún así, el día del informe los accesos fueron controlados al 100 por ciento. Policías, militares y personal de seguridad del Congreso verificaban que las fotografías de las credenciales oficiales y acreditaciones coincidieran con los nombres de invitados y periodistas.

Al mismo tiempo en todos los accesos se hacía llegar la imagen digitalizada de Gerardo Fernández Noroña secretario de comunicación y difusión del PRD, para que su ingreso se impidiera a toda costa.

En circo mediático fue convertido el Honorable Congreso de la Unión el 1 de septiembre. Miles de pesos en reuniones de legisladores para decidir lo que harían en un acto que duró menos de dos minutos.

La argumentación esencial de la oposición, de la minoría, para no permitir que el Presidente de la República efectuara un mensaje a la nación desde la más alta tribuna legislativa, fue la misma: Discutir una legitimidad electoral que ya resolvió el poder judicial, última instancia facultada para hacerlo. Y caso contrario, en un año de labores, los legisladores no han propuesto reformas constitucionales que lleven a la solución en el futuro de los problemas y conflictos del presente.

De hecho, ni siquiera propuso la oposición en tiempo y forma un cambio en el formato del informe presidencial que les permitiera a ellos mismos, legitimar sus denuncias y peticiones al Gobierno Federal. Eso sí, durante nueve meses han cobrado, cada diputado, 1 millón 173 mil 175 pesos.

En este contexto, todos los entes políticos debían acatar el artículo 69 Constitucional que instruye: “A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país…”

De esta manera, la entrada del titular del poder ejecutivo no era un asunto a negociarse. La ley tampoco señala que esta presencia deba estar sujeta a la votación unánime o de la mayoría calificada. Sin embargo, al primer mandatario tampoco protegió la Constitución. Su llegada al edificio de San Lázaro se negoció a cambio de una apertura panista a ciertas reformas.

Se permitió que el control lo ejerciera el poder de veto de una minoría de 126 diputados, contra 206 que apoyaban al  presidente emanado de su partido y 161 legisladores de otros partidos que trataron de sacar tajada alegando que apoyarían a la mayoría.
24 horas antes de la sesión del informe, dirigentes de las bancadas partidistas concentraron a diputados y senadores en distintos puntos de la ciudad, para que no intervinieran en los acuerdos de bancada.

La idea era que la negociación no se viera afectada por ciertos grupos de intereses:

1.- Los panistas que no aceptan votar la Reforma Electoral sin revisarla y sin modificar lo referente a tiempos, campañas negras y financiamiento. Grupos liderados por Juan José Rodríguez Prats, Rogelio Carvajal Tejeda y Dora Martínez Valero. Aproximadamente 60 de 206 ediles azules en el Congreso.

2.- Los perredistas decididos a impedir la presencia del Presidente de la República en la tribuna de la sala de sesiones por fidelidad a Andrés Manuel López Obrador. Unos 30 diputados de los 127 de ese partido, equipos encabezados por Juan Nicasio Guerra Ochoa y Raymundo Cárdenas Hernández.

3.- Los priístas que trataron de meter la reforma hacendaria.

Así, el irregular pacto de no agresión se hizo entre las cabezas o representantes de partidos, hombres además, cuya representatividad popular es relativa. Salvo el perredista Javier González Garza, el resto llegó por lista o por la vía de la representación proporcional.

Los que presionaron y se dejaron presionar: Carlos Navarrete del PRD, Héctor Larios del PAN y Emilio Gamboa Patrón del PRI, así como los senadores, Manlio Fabio Beltrones del tricolor y el panista Santiago Creel.

El resto de los legisladores que conformaron el 1 de septiembre el Congreso de la Unión, fueron informados de los acuerdos, media hora antes de las cinco de la tarde, plazo fijado para la cita con el Presidente.

Después llegaría el momento en que la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, la perredista Ruth Zavaleta Salgado, abandonaría su posición argumentando principios ajenos a la constitución que juró hacer cumplir y respetar. Su lugar fue ocupado por el vicepresidente de la Mesa Directiva. 

Aún cuando normalmente las ausencias del Presidente las cubre el Vicepresidente sin necesidad de explicación, en esta ocasión, Ruth Zavaleta no se quedó con las ganas de utilizar la tribuna para justificar su posición luego que un día atrás había prometido ser institucional y comportarse como Presidenta del Congreso y no sólo como perredista. Además en el mensaje también serviría para razonar la actuación de su partido.

El mensaje de Zavaleta, como parte de la negociación, fue dado a conocer a los líderes de bancada, a la Presidencia de la República e incluso a la Secretaría de Gobernación, de manera previa. Por eso fue más que evidente la directísima orden de sacar de la transmisión televisiva la participación de la perredista. Aunque la Secretaría de Gobernación encontraría días después a su chivo expiatorio cuando hicieron renunciar, por el “error”, a  René Palavicini, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia de la República (Cepropie).

Lo que los televidentes vieron en repeticiones o telediarios, fue el momento en que Ruth Zavaleta admitió que actualmente la Constitución obliga a la presidencia del congreso a recibir el informe del Presidente con objetividad, responsabilidad, imparcialidad y respeto pleno a la pluralidad… pero de manera personal no estaba de acuerdo. Prefirió deslindarse de manera institucional. Apeló a la generosidad de los legisladores y no se dirigió a los mexicanos que la llevaron hasta la curul.

El argumento para la huída: “…no puedo aceptar un documento de quien proviene de un proceso electoral legalmente construido pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos”. Su lugar fue ocupado por el legislador y vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, el panista Cristian Cataño Contreras.

Cuando se decretó el receso, los perredistas tardaron menos de 10 minutos en abandonar el pleno del Congreso de la Unión. Algunos apresuraron el paso cuando escucharon que “en dos minutos entra el Presidente”. Así de arreglado estaba el asunto, que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa llegó al Congreso una hora y 15 minutos antes de lo programado, porque como parte del arreglo, con excepción de Convergencia, el resto de los partidos rechazaron la oportunidad de plantear su posicionamiento frente al trabajo realizado por la administración calderonista.  

Entre porras y aplausos de los azules el Presidente entró y cuando se le concedió el uso de la palabra, leyó un discurso de 1 minuto 44 segundos. Dijo que daba cumplimiento a su obligación constitucional, pidió al Presidente que se diera cuenta del contenido del informe a los legisladores y que había instruido a los secretarios para que hicieran lo propio.

“Finalmente reitero mi respeto y consideración absolutos a los legisladores del Congreso de la Unión y quedo a la espera y a las órdenes de lo que este Honorable Congreso de la Unión determine para tener un diálogo público y directo sobre el estado que guarda la Nación”

Al final del discurso, el presidente sustituto del Congreso Cristian Cataño, fue claro:”… el Presidente Constitucional se puede retirar cuando éste lo decida”. Pero Calderón aprovechó para alargar su visita tres minutos más, saludando de mano a funcionarios, diputados y senadores presentes.

En cuanto el Presidente abandonó el recinto, Ruth Zavaleta y los perredistas regresaron para clausurar la sesión que se cerró con el himno nacional y el grito solitario del diputado Armando Barreiro Pérez  “Viva Andrés Manuel López Obrador”.

El informe

Al día siguiente, se llevó a cabo la celebración del Presidente Felipe Calderón, en Palacio Nacional. Duró poco más de un hora, por los aplausos sobrados de titulares de Secretarías de estado que interrumpían el discurso cuando las cifras se referían a la secretaría en la que ellos trabajan.

El licenciado Calderón Hinojosa habló de las decisiones, acciones y diseño de estrategias en los primeros nueve meses de su gobierno. Dividió los pendientes y avances de su administración en cinco apartados: Estado de Derecho y Seguridad; Economía Competitiva y Generadora de Empleos; Igualdad de Oportunidades; Sustento Ambiental; y Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable.

En cada uno de los temas, el Presidente admitió que falta mucho por hacer y sería irresponsable afirmar que la lucha está ganada, además recordó que será una batalla larga, difícil. Y concluyó pidiendo el apoyo y compromiso de los mexicanos.

En materia de seguridad señaló que el objetivo fundamental es garantizar el imperio de la Ley y aseguró que su gobierno ha respondido al desafío del crimen organizado con una lucha frontal. Reconoció la participación de las Fuerzas Armadas, institución que se llevó el mayor aplauso y un aumento de sueldo en la presente administración.

Habló de la extradición de los líderes de cárteles a Estados Unidos, impidiéndoles así que continúen dirigiendo las organizaciones criminales desde las cárceles.

Para combatir la corrupción policíaca, creó el Centro Nacional de Evaluación Control y Confianza y presentó una iniciativa de reforma constitucional que incluye el fortalecimiento de labores de investigación policíacas, establecer las premisas para crear una policía nacional, proporcionar mayores recursos a las instituciones policíacas y ampliar los derechos de las víctimas. 

En el marco de la Ley de Seguridad Nacional, el CISEN fortaleció lazos de intercambio de insumos e información con 43 organismos de 34 países, con el objeto de identificar riesgos y amenazas a la soberanía y seguridad nacionales

También inició el Sistema Único de Información Criminalística mediante una red nacional de interconexión de voz, datos e imágenes, denominada Plataforma México. Y desplegaron operativos cuyos resultados han sido la detención de 10 mil delincuentes. No dio cifras de erradicación de plantíos ni decomisos de droga ni cuánto han costado estas actividades. Sin embargo se atrevió asegurar que el crimen organizado se ha replegado y esto lo hizo basado en la percepción ciudadana que dice lo favorece porque:

“Hace algunos meses, más del 50 por ciento de los mexicanos consideraban que la inseguridad era el principal problema del país, hoy ese porcentaje, siendo importante, se ha reducido al 30 por ciento”

Se refirió  a la reforma a la ley del ISSSTE, a la de pensiones y sistemas de ahorro para el retiro.

Reconoció que durante el primer trimestre de 2007 la expansión económica de México se redujo y se justificó en la dependencia y la fuerte desaceleración de la economía de los Estados Unidos. Sin embargo aseguró que a partir del segundo trimestre de 2007 la economía del país empezó a mostrar signos de recuperación.

Habló de buenas noticias que habrán de corroborar los legisladores: el consumo privado registró un incremento anual real de 3.5 por ciento; el consumo público mostró una reducción anual real de 3.9 por ciento; los servicios de transporte, almacenaje y comunicaciones presentaron un crecimiento de 7.3 por ciento; los servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler, crecieron 4.8 por ciento; y el comercio, restaurantes y hoteles registraron un aumento del 1.9 por ciento.

Mencionó que para reducir los niveles de pobreza, las brechas de desigualdad y la existencia de pobreza extrema impulsaron acciones destinadas a:

1) Igualar las oportunidades de educación, salud y nutrición de los mexicanos que más lo necesitan para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

2) Fortalecer las opciones de ingreso de las familias que menos tienen mediante el financiamiento a proyectos productivos.

3) Hacer valer el derecho a una vivienda digna de las familias de escasos recursos a través de innovadores esquemas de financiamiento y subsidio.

4) Crear la infraestructura de comunicaciones y garantizar el acceso a los servicios básicos en las comunidades que han quedado excluidas del desarrollo, en particular aquellas localizadas en los municipios con menor índice de desarrollo humano.

Los números y acciones plasmadas en el informe que entregó Calderón por escrito en el Congreso el primero de septiembre y leyó en el Palacio Nacional el día dos, deberán ser revisados y analizados con responsabilidad por los legisladores, quienes durante la glosa tendrán la oportunidad de discutir, dialogar o debatir con los secretarios y el Presidente directa, franca y respetuosamente, según dijo Calderón, quien también espera que los ediles  tengan la “honestidad política para reconocer las coincidencias.”