Gobernador niega secuestro de empresario pero les ofrece protección oficial.

Procuraduría tiene identificados a secuestradores

Luego de un operativo policiaco para recuperar al hombre de negocios plagiado, se conoció cómo el Procurador del Estado, tiene identificados a los grupos de secuestradores en Baja California. En Tijuana incluso sabe la ubicación de las casas de seguridad. Aún así, no hubo detenidos.

Agentes ministeriales que participaron en un operativo de seguridad el lunes 2 de septiembre, confirmaron lo que Gobernador y Procurador de Baja California han negado hasta la saciedad:

Ese día fue secuestrado el empresario y dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Tijuana, Jacobo Ackerman. La privación de la libertad duró poco más de dos horas.

No por nada, al día siguiente y en la misma ciudad, Eugenio Elorduy, el Gobernador, ofreció a empresarios y hombres de negocios adherirse al PIPE (Programa Integral de Protección a los Empresarios). Explicó el mandatario que esta acción era la “consecuencia a una realidad”, los secuestros.

Así, de facto, reconoció lo que empresarios y organismos como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública le han recriminado: Un desorbitado clima de plagios.

El hecho que dio paso a la recomendación del Gobernador y la aceptación de una realidad en términos de inseguridad, se sabe, de manera extraoficial, que ocurrió el lunes 3 de septiembre cuando el líder de la COPARMEX transitaba en su vehículo en el bulevar Díaz Ordaz. Varios carros le cerraron el paso y hombres armados se lo llevaron.

Prácticamente de manera inmediata tuvieron conocimiento en la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Municipal. Las tres corporaciones iniciaron operativos de rescate.

Los policías ministeriales, los más dedicados ese día y a esa hora en el rescate del empresario, supieron adónde dirigirse. Un hombre cercano al Procurador Antonio Martínez Luna, explicó cómo éste delineó el plan: “Sabemos quiénes son las bandas de secuestradores, sabemos dónde están las casas de seguridad, haremos un operativo para cercarlos”.

Testigos del encuentro señalan que estrategia harto similar sugirió el Comandante de la Agencia Federal de Investigaciones, con un agregado: Los secuestradores comenzarán a recibir llamadas. No les quedará otra que liberar al secuestrado.

Dicho y hecho por Procurador y Comandante, menos de dos horas después ya por la noche del lunes, el empresario regresó a su casa sano, salvo y sin daños físicos.

La movilización de aquella oscura tarde fue tan impresionante que no logró ocultar lo que autoridades federales, estatales y municipales pretenden: El plagio de un representante de sector de Baja California. La versión recogida por ZETA, indica que fueron muchos los agentes de las tres corporaciones quienes se abocaron a presionar a los secuestradores para regresar al hombre de negocios.

También al día siguiente de los hechos, Luis Javier Algorri Franco, Secretario de Seguridad de Tijuana, ofreció una escolta al dirigente municipal. Lo secundó el Alcalde Suplente, Kurt Honold Morales.

La versión oficial, al menos para el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Tijuana y los cercanos a Ackerman, es que ese lunes 3 de septiembre y a esa hora, el empresario atravesó por un problema de tránsito. Un accidente. Que fehacientemente no justificaría la movilización de las corporaciones policíacas.

El empresario ha mantenido sus actividades en la COPARMEX y en lo privado de manera discreta. De hecho, el mismo lunes por la mañana, Ackerman fue invitado especial del alcalde electo de Tijuana, Jorge Ramos, a la presentación del equipo de transición político y administrativa. En su calidad de dirigente empresarial, daría fe de transparencia y certeza en el cambio de administración.

Los secuestradores
Dos hechos resaltan en la versión extraoficial del secuestro:
1.- La impunidad con la que se movilizan por la ciudad las diferentes bandas de secuestradores para capturar a ciudadanos, empresarios y personas de trabajo.

2.- El conocimiento pleno de las autoridades, especialmente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del número de bandas de secuestradores, su localización y por encima de todo, la ubicación de las llamadas “casas de seguridad”.

Cercanos al operativo policíaco del lunes 3 de septiembre escucharon incluso a mencionar en el calor de la noche y el operativo, colonias y calles donde se encuentran las llamadas “casas de seguridad”.

Aunque los empresarios reconocen que el actual gobierno bajacaliforniano es el estado que más plagiarios ha detenido, consideran estas cifras también una muestra de la descomposición de los cuerpos policíacos: primero porque irónicamente, el número de privaciones sigue en aumento; y segundo debido a que la mayoría de las detenciones han sido de criminales amateur.

A los secuestradores organizados como Víctor Magno Escobar “El Pareja” los ha detenido la Policía Federal. Sin embargo, de acuerdo a versiones de los secuestrados, son precisamente los agentes federales de investigación que están llegando con los operativos nacionales, a quienes les ha dado por hacer trabajitos y “levantar” a comerciantes basados en el lujo del auto que manejan. Normalmente la petición es de 20 mil dólares pero si se dan cuenta que el personaje es público, solicitan hasta los 3 millones. En este panorama los empresarios ya no saben adónde voltear.

Tampoco ven mejoría en los niveles de corrupción del grupo antisecuestros. Como muestra dos hombres, uno de 52 y otro de 26, padre e hijo que habían sido privados de sus libertad y liberados este mes. Al mismo tiempo que presentaban su denuncia en Playas, la mujer de uno de ellos recibía una llamada telefónica recordándoles las consecuencias de hacerlo. De hecho, hay denuncias extraoficiales de víctimas que exigen la investigación de un agente de apellido Nelson a quien policías municipales acusan de proteger el tránsito de droga en la delegación de Playas.

De las cúpulas no hay mejor opinión, aunque el secuestro es un tema que teóricamente corresponde a la Procuraduría de Martínez Luna, la realidad indica que hay más responsables, las reformas en la administración elorduyista y la creación de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada (SCDO) que siempre ha dependido del Secretario General, Bernardo Martínez, quien se ha encargado de colocar en la Secretaría de Seguridad  y en la SCDO a sus incondicionales para tener control. Y pareciera también, para impedir avances.

Porque el trabajo de inteligencia que debería existir y no se hace contra estas organizaciones criminales, es responsabilidad en este momento de la SCDO, que primero tuvo como titular al extinto Eduardo Villalobos, cuñado de Manuel Díaz Lerma, quien pasó de subsecretario a secretario de seguridad cuando Martínez llegó al segundo puesto del gobierno estatal.

Con el asesinato de Villalobos (otro “bernardista”), llegó a la SCDO el actual secretario de seguridad, Víctor de la Garza, quien al subir de puesto dejó a Alonso Méndez. Ninguno de los dos ha dado resultados óptimos.

Se hacen bolas con las cifras
Las cifras de secuestros y “levantotes” entre el procurador Antonio Martínez Luna, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra y el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Luis Javier Algorri Franco, varían considerablemente entre unos y otros:

1.- Martínez Luna sostuvo  (hace tres semanas) que en todo el Estado se han cometido 13 secuestros y 50 “levantotes” en lo que va del año.

2.- Alberto Capella señaló  que en este 2007 se ha registrado un total 100 privaciones de la libertad, 30 por ciento del 5 de agosto a la fecha.

3.- Y Luis Javier Algorri Franco comentó que con todo y operativo “Baja California” los secuestros continúan y que en este año la dependencia a su cargo ha registrado un total de 140 privaciones.

La realidad es que tras el plagio del presidente de la COPARMEX Tijuana, Jacobo Ackerman, los representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el Estado, encabezados por el líder estatal, Alfredo Marín, se reunieron con el gobernador Eugenio Elorduy para pedirle, entre otras cosas, mayor seguridad en el tema de los secuestros.

La reunión, en la que también estuvo presente Capella Ibarra, así como el Procurador Martínez Luna y el secretario de Seguridad Pública, Víctor de la Garza, se realizó a puertas cerradas en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana (a espaldas de la UABC). Sólo al final se permitió el acceso a reporteros.

Fue el presidente del CCE en el Estado, Alfredo Marín, quien se dijo alarmado por el número de secuestros registrados en 2007, y señaló que “en estos momentos todos estamos preocupados por lo que sucede en el entorno y quisiéramos que no se repitiera.

“Sabemos lo que implica la secrecía en este tipo de casos, sin embargo nosotros nos enteramos muchas veces a través de los medios de los resultados de estas acciones, obviamente no estamos tan enterados como quisiéramos de las cosas”, indicó.

El Gobernador Eugenio Elorduy sostuvo que la reunión, ya se tenía programada y era “para revisar los resultados del operativo Baja California y para buscar una mayor coordinación en lo que tiene que ver con los trabajos del sector empresarial y el gobierno del Estado…En especial (abordar) temas que tienen muy preocupados a los empresarios como el tema del Secuestro”, dijo.

Al preguntarle sobre el secuestro del presidente de la COPARMEX, tanto Marín como Elorduy Walther manejaron la versión que en su momento ofreció la Procuraduría de Justicia: que todo se había tratado de un accidente de tránsito y no de una privación ilegal de la libertad.

Sin embargo, en la misma reunión, personas allegadas al líder de la COPARMEX aseguraron que el secuestro de Ackerman sí influyó para que el Mandatario Estatal se reuniera con los líderes del CCE, y agregaron que para no alarmar a la ciudadanía las autoridades y los empresarios acordaron manejar la versión del accidente.  

(Adela Navarro Bello con información de Francisco Sandoval Alarcón y Rosario Mosso Castro).