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Arellano

Inseguridad en Tijuana y Rosarito, cada vez más violenta

Urgen a depurar policías

Los pendientes que dejan en términos de seguridad pública el Gobierno de Eugenio Elorduy y los cinco alcaldes de Baja California, fueron resumidos así: Combate al narcotráfico, al secuestro, al narcomenudeo, la corrupción policíaca y los altos índices delictivos. Empresario, investigador y representante social coincidieron en la necesidad de limpiar las corporaciones de malos elementos.

PARA PIÑA:
“El crimen organizado en Baja California creció por varias décadas con la comunión y la participación particular de la Policía Ministerial”; Alberto Capella Ibarra, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana.

Francisco Sandoval Alarcón

El Gobierno del Estado, la administración federal y las administraciones municipales de Baja California, dejarán a los siguientes gobiernos, una serie de pendientes en el tema de la inseguridad.

Seis años no fueron suficientes, por ejemplo, para que Eugenio Elorduy Walther cumpliera lo que en campaña prometió.

Por eso, los próximos Gobernador y Alcaldes de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito deberán iniciar con puntos importantes para devolver la seguridad a los bajacalifornianos:

1.- Combate al narcotráfico.
2.- Combate al secuestro.
3.- Depuración de cuerpos policíacos.
4.- Contratación de más y mejores policías.
5.- Aplicación de programas sociales para la disminución de los índices delictivos.

El problema de inseguridad en el estado es el más sensible. Las cifras dicen mucho:

* En Tijuana, Sindicatura Municipal ha iniciado un total de 715 quejas (de octubre de 2005 a agosto de 2007) en contra de policías municipales a quienes acusan de deshonestos. En Mexicali la cifra supera a las mil quejas.

* En Baja California existen 176 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que la ONU recomienda 286 efectivos. El caso más alarmante es Tijuana, donde laboran 155 policías por cada 100 mil pobladores.

* La Secretaría de Seguridad Pública del Estado revela que 7 de cada 10 delitos son cometidos por personas con problemas de adicción, de entre 17 y 40 años de edad.

Aparte, jefes policíacos en el Estado han sido señalados como protectores del narcotráfico, sin que autoridades federales informen sobre los avances en las indagatorias.    

La colaboración de elementos de las distintas corporaciones policíacas que concurren en Baja California, con el crimen organizado, es cada vez más una denuncia ciudadana. Pero es evidente, no ha sido suficientemente fuerte como para iniciar investigaciones, o poner en acción la ansiada depuración de malos elementos de las policías federales, estatales o municipales.

Con este panorama, los delitos de alto impacto se incrementaron en el Estado en un 7 por ciento en los primeros 5 meses de 2007, comparado con el mismo periodo de 2006. Aún y cuando las autoridades federales pusieron en marcha el llamado operativo "Tijuana" o "Baja California".

A la par de las acciones que los próximos gobiernos deberán poner en marcha para disminuir la inseguridad, especialistas recomiendan una mayor y mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La urgente depuración

Para Alberto Capella Ibarra del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, a las próximas administraciones les tocará una situación más dramática que la registrada hace tres años, por tres razones:

1.- Se cuenta con una delincuencia más enraizada en las policías.
2.- Se tiene un crimen organizado que ha roto las reglas históricas que se tenían.
3.- Cada vez las acciones de la delincuencia son más sangrientas y crudas.

“Es por eso que las autoridades federales, estatales y municipales tienen que enfocar sus esfuerzos en resolver estos problemas, sobre todo en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, porque tienen una delincuencia cada vez más violenta”.


Sobre la reestructuración de los cárteles de la droga en Tijuana, Capella explicó que “existe una delincuencia organizada pulverizada, donde cada célula es una cabeza que quiere tener el control, convirtiéndose en una guerra sin cuartel”.

 Y en Playas de Rosarito:
“La expresión de la delincuencia organizada es el reto más grande, sobre todo por su cercanía con Tijuana y por los hechos violentos que se han registrado en los últimos años, en donde incluso han sido decapitados policías municipales”.

Sin embargo, Capella Ibarra dijo que ningún esfuerzo será suficiente si a la par de un combate frontal a la delincuencia organizada no se realiza una depuración en las corporaciones policíacas del Estado. Ejemplificó con Tijuana, localidad que cuenta con una institución policíaca contaminada por la delincuencia organizada.

“Si bien es cierto que es la policía mejor pagada y se tienen avances importantes que hay que retomar, como la instalación de cámaras de vigilancia, no se ha logrado eliminar la corrupción al interior de la corporación”.

Advirtió: 
“El reto principal para el próximo presidente municipal será la depuración de la policía municipal, pero es obvio que no podrá hacerlo solo, porque se requiere de la participación del gobierno estatal y federal y de la propia ciudadanía. Que no se hagan patos en este tema y que no se convierta en una retórica como ya lo hemos visto en otros meses”.

--¿La Policía Ministerial necesita esa depuración?
“El crimen organizado en Baja California creció por varias décadas con la comunión y la participación particular de la Policía Ministerial. Pero creo que el procurador Antonio Martínez ha sentado las bases para que el que ocupe su cargo pueda encontrar un camino más allanado en esa dichosa depuración y así comenzar a generar una verdadera policía investigadora de crímenes”.

--¿Y la Policía Estatal Preventiva? 
“Ya se han presentado síntomas de contaminación al interior de esa corporación y no hay que perder de vista que fue conformada para poner el ejemplo a las otras policías. El próximo Secretario de Seguridad Pública en el Estado tendrá un reto: Quitar esas manzanas podridas, para generar una policía preventiva elite”.

Nombramientos entre Alcaldes y Gobernador

El mismo encargado del Consejo Ciudadano de Seguridad es de la creencia que en Tijuana y Rosarito, por su cercanía, tienen que implementarse programas similares. Propone incluso nombramientos consensuados entre Alcaldes de los dos municipios y Gobernador del Estado:

“La decisión que se tome en cuanto al nombramiento del Director de Seguridad Pública en Rosarito y del Secretario de Seguridad Pública en Tijuana, así como la designación del Secretario de Seguridad del Estado y el Procurador tiene que pasar por los alcaldes de estas localidades y el propio Gobernador del Estado”. Justifica: “No puede existir en este grupo de cuatro cabezas desconfianza, porque ninguno, desde sus trincheras, podrá solo”.

--¿Qué se tendrá que hacer en Mexicali?
“Pienso que en Mexicali se cuenta con la corporación más consciente de los cinco municipios. Javier Salas ha realizado un trabajo importante para involucrar a la policía con la sociedad a través de los patronatos que se han conformado para realizar sorteos con el fin de generar fondos y dignificar a los policías, lo que no existe en el resto de los municipios”.

--¿En el caso de Tecate?
 “En Tecate estamos medio fregados, porque no se ha dignificado a los policías, están mal pagados, es la corporación que menos equipo tiene, además tiene el reto de la depuración, por lo que también se deben tomar cartas en el asunto”.

Problemas sociales, igual a inseguridad

Vicente Sánchez, investigador en temas de seguridad de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), coincide con la urgencia de una depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos: “El desprestigio que tienen las policías no solamente es por su incapacidad para poner en marcha programas de prevención sino por su presunta participación con los grupos del crimen organizado”.

Los pendientes, dijo Sánchez, están relacionados con el tamaño de las corporaciones:

“Las ciudades están creciendo a un ritmo acelerado y sus policías no crecen. Claro que no se trata de contratar por contratar, se les tiene que capacitar también. Estamos lejos de las recomendaciones internacionales sobre el número de policías. La ONU recomienda a 286 policías por cada 100 mil habitantes y actualmente en Baja California el promedio es de 170 policías”.

El investigador va más allá en su análisis: Las autoridades a la par de una depuración y profesionalización de las corporaciones, tienen otro reto, la atención de los problemas sociales a través de la generación de espacios educativos públicos, calidad de los empleos y prevención de violencia intrafamiliar, pues de acuerdo con estimaciones del Instituto Estatal de la Mujer más de un 35 por ciento de las familias en B. C. han sufrido de este mal.

“No hay que perder de vista que la mayoría de la gente delinque de los 17 a los 40 años, es decir en su mejor etapa productiva, esto provocado por la falta de espacios en los diferentes ámbitos sociales y productivos”.

Sánchez sentenció: “De resolverse esos procesos muy probablemente se disminuirían los índices delictivos, porque no todos los problemas se resuelven con policías”.

--¿La depuración de cuerpos policíacos y la aplicación de programas sociales son suficientes para revertir la inseguridad?  
“No. Es por eso que los gobiernos deben acercarse a los ciudadanos, tiene que existir una relación de confianza con ellos. Cotidianamente nos encontramos con funcionarios pasándose por alto las reglas, y en el colectivo urbano tenemos una visión caótica de la conformación de la ciudad. Esbozo: Cuando entras a Tijuana te das cuenta del caos en la conformación del transporte, de la vivienda. En esta ciudad cada persona quiere hacer lo que se le da la gana, estamos en una competencia muy fuerte y en vez de generar capital social y cooperar para tener un ambiente de paz, lo que existe es una competencia feroz por todo. Eso demuestra  que no hay reglas claras y esas reglas tienen que ser impulsadas desde el gobierno”.

Militarización: Arma de dos filos

Investigador de tiempo completo, Vicente Sánchez, difiere de quienes piensan que un rango militar en la policía civil, acabaría con los problemas.
--¿La militarización de la policía municipal de Tijuana garantiza un cambio?
“No creo que sea la propuesta para mejorar. Lo que hace falta es tener inteligencia y cuerpos policíacos especializados para realizar operaciones puntuales contra la delincuencia organizada.

“Es sorprendente que la ciudadanía, que los propios medios de comunicación, conozcan más de las personas que se dedican a este tipo de actividades y las policías no investiguen”.

Puso un claro ejemplo: 
“Desde Michoacán hasta Tijuana observamos retenes militares por todas las carreteras y sigue circulando droga en todo el país, es cuando te preguntas por dónde pasa toda esa mercancía. ¿Qué no se supone que el país está lleno de retenes?

“Aún cuando la percepción ciudadana es que el Ejército es la institución más confiable, hay dudas de que sean incorruptibles, porque ya sea han presentado casos de militares coludidos con el narcotráfico. Yo creo que sería un riesgo fuerte exponer más a esa institución, que aún con los casos de corrupción sigue siendo de las pocas que quedan respetables en el país”.

Finalmente, Alfredo Marín, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Baja California, enumeró los que considera serán los retos para las siguientes administraciones: Combate a la delincuencia organizada en el tema de los secuestros, así como la ofensiva contra el narcomenudeo y las adicciones.

“En el tema de los secuestros, además, se tiene que combatir con mano dura y con grupos de inteligencia, porque es un delito que afecta la tranquilidad de los bajacalifornianos. Se requieren también penalidades fuertes y programas preventivos, porque en muchas ocasiones se detiene a los delincuentes y salen a las calles a los pocos meses a delinquir de nueva cuenta y la idea es que esto no suceda así”.

El paquete de la inseguridad es pues, una papa caliente para el futuro Gobernador de Baja California y los cinco Alcaldes, empezando como coincidieron investigadores, ciudadanos y empresarios, por la urgente depuración de los cuerpos policíacos estatales y municipales.


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