Ante el desaseo, en el Ayuntamiento contrataron especialistas para el cierre administrativo.

Finanzas sucias en Tijuana

Sin fundamentar con documentos o transparentar las cuentas, la administración municipal de Tijuana se irá entre la sospecha de irregularidades en el manejo de los dineros. La ciudad queda endeudada, las cuentas públicas negadas y muchos contratos sospechosos. También se subieron los sueldos y se pagaron obras que no se realizaron.

Rosario Mosso Castro

En el ayuntamiento de Tijuana, los priístas entregarán una administración con muchos puntos negativos:

1.- No es auto financiable. Gasta más de lo que recauda.
2.- Finanzas desaseadas con cuentas públicas negadas.
3.- Contratos y compromisos oscuros con empresarios como los del equipo de fútbol en el CREA y el equipo de seguridad pública con Global Coporation.
4.- Decenas de demandas laborales por despidos injustificados.
5.- Una nómina obesa que supera el 50 por ciento del presupuesto.
6.- Plazas con sueldos desproporcionados a la economía local.

Aun con estos evidentes problemas, la versión oficial es diferente. El secretario de gobierno municipal, Andrés Garza, dibuja otro panorama: Entregarán finanzas sanas y transparentes.

Conocedores del teje y maneje administrativo municipal, los colaboradores del Alcalde electo, Jorge Ramos, no esperan recibir información fidedigna y preparan ya, una ardua tarea de revisión antes que venza el plazo, para evitar que la responsabilidad por las presuntas irregularidades pase a su administración.

Extraoficialmente, los panistas han mencionado la posibilidad de que los priístas hagan perdidizos documentos claves bajo el conocimiento que para acusar hay que probar. De confirmarse este escenario, las tropelías en el Ayuntamiento priísta de Tijuana, no pasarán de un llamado de atención.

Pero aun con los deficientes manejos administrativos de los últimos tres años, Tijuana se sigue catalogando como un municipio sólido con amplia capacidad crediticia. Hecho que han aprovechado en el actual gobierno para solicitar préstamos y cubrir incapacidades e irregularidades administrativas.

También, para obtener recursos, han recurrido a otras medidas en 2007 como vender a desarrolladores de vivienda terrenos propiedad del municipio, y la solicitud de un crédito bancario por 100 millones de pesos, para después -con apoyo del Gobierno y el Congreso- refinanciar la deuda de 550 millones de pesos destinados a obra pública. De esta manera, en lugar de pagar en nueve años lo harán en 20.

Esta transacción permitirá a los funcionarios usar en este momento la mayoría del recurso que tenían asignado para pago del crédito, sin embargo la deuda para los tijuanenses crecerá en tiempo y en millones de pesos, mientras que los funcionarios salen del problema de liquidez.

Al preguntarle al  Secretario de Gobierno, Andrés Garza Chávez, cómo cerraría el gobierno municipal administrativamente, respondió con el eslogan “Bien y de buenas”. Vino la contra-pregunta:

—Cómo puede decir bien y de buenas cuando el 2006 cerró con un déficit y de acuerdo a la página de Internet, este año lleva un comportamiento similar.

“No, bueno, lo que pasa es que el recurso económico siempre va a ser insuficiente, sobre todo para esta ciudad que tiene grandes carencias; en términos administrativos, financieros, de recursos humanos y materiales, todo está compulsado, todo está en orden, todo está muy bien revisado y todo está con claridad y transparencia. Y obviamente lo que sigue es cerrar ya los estados financieros”.

Desde su punto de vista, todo está bajo control: Finanzas limpias y funcionarios eficientes, el problema, dijo, es que Tijuana tiene muchas necesidades.

Sin embargo es conocido en el área de finanzas del propio Ayuntamiento de Tijuana, que para entregar cuentas transparentes, están erogando millones de pesos en expertos que les ayuden a cuadrar los números.

El pago de expertos en cierres de administraciones públicas es evidente ante dos hechos recientes:

1.- Los controvertidos decomisos de despensas y paquetes escolares que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) hizo contra el municipio, material que no han podido recuperar al no acreditar con documentos la posesión legal. Ni la licitación, ni la compra, de alimentos básicos, lápices y cuadernos, tampoco el arrendamiento de los almacenes. Ninguna cuenta clara.

2.- O la eterna justificación para ampliaciones presupuestales: “hubo un excedente en la recaudación de ingresos en el concepto de impuestos sobre adquisición de inmuebles y transmisión de dominio”, cifra que en ningún momento fue hecha pública. En el dictamen de cuenta pública de Tijuana 2005, el Órgano Superior de Hacienda informó que en ese año recaudaron 224 millones de pesos, pero el dato se obtuvo de un “dicho” de los administradores municipales. La razón: Reconocieron que el ayuntamiento tiene como política no archivar expedientes de contribuyentes que saldan el impuesto en un solo pago.

Otra vez la falta de transparencia impedirá conocer cuánto recaudó realmente el Ayuntamiento o si alguien fue favorecido con alguna cancelación. El mismo escenario se ejecutó en los ejercicios fiscales de 2006 y 2007.

Cuadrando el círculo

Las ampliaciones de presupuesto para pago a especialistas que limpiaran las cuentas empezaron en abril de 2007. Hasta ese mes, la partida tuvo asignados cero centavos. Ahora, sólo Sindicatura contabiliza más de 8 millones de pesos adicionales. Otras dependencias también han sido beneficiadas.

Las cédulas de ampliación aprobadas por mayoría priísta en el Cabildo, indican que el dinero se usará en el pago de la partida 142,  “Honorarios a Profesionales y Técnicos”. Justifican: Es para “...la dirección estratégica, hacia una mejor eficiencia y mejora del área, así como para la entrega-recepción de la presente administración”.

La realidad anota que se está invirtiendo para solventar las observaciones del Congreso y realizar auditorías a la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad Pública Municipal, Tesorería y las direcciones de salud y obras públicas.

De acuerdo a Garza Chávez, este procedimiento no tiene nada extraordinario. “Es algo común, tienes que preparar tu cierre, todos los gobiernos lo hacen, hay empresas especializadas en entrega-recepción de gobiernos, y vale la pena contar con esta asesoría para cerrar lo mejor posible”.

La regidora panista Rosalba López Regalado respondió al respecto:
“Una asesoría es una cosa, pero más de 6 millones de pesos. ¿De qué se trata? Ni que tuviera que rehacer toda la contabilidad, no debería ser necesario si tenemos todo en orden. Porque entonces qué estuvo haciendo la sindicatura y las áreas de auditorias durante dos años y 10 meses”.

Al margen de la Ley

En términos legales nadie sabe cuál es el estado  financiero de Tijuana. Funcionarios hankistas-honoldistas ignoraron la Ley, las peticiones del Congreso del Estado y las instrucciones del Órgano Superior de Fiscalización (OSF). Simplemente no entregaron la documentación que debía explicar asuntos como el cobro y manejo del recurso de impuesto predial, compra irregular de bienes y servicios, pagos por obras no ejecutadas, ejercicio de presupuestos no autorizado y pago de plazas inexistentes entre otros manejos presumiblemente irregulares.

El Secretario Garza es optimista y consideró que las observaciones del OSF fueron menores, además que ya enviaron los documentos requeridos para aclarar las cuentas. En el Congreso insistieron en la ausencia de comprobantes.

En este enfrentamiento de “dichos” y documentos, hay tres realidades:
1.- Los gastos de 2005 estuvieron llenos de irregularidades.

2.- En 2006 la administración cerró con un déficit de 212 millones de pesos.

3.- A inicios de 2007 adquirieron un crédito bancario por 100 millones de pesos que deben pagar antes que termine la gestión el 30 de noviembre. Y al irse deben dejar recursos para pagar una nómina que ellos engordaron y asciende a más de 300 millones de pesos en puros sueldos y aguinaldos.
Para colmo, de acuerdo a las cifras oficiales, 2007 lleva un comportamiento administrativo similar al de 2006, que terminó en números rojos.  

La versión oficial

Con Kurt Honold como alcalde sustituto, Andrés Garza se ha convertido en la verdadera cabeza de la actual administración. También hace el papel de vocero. Con él remitieron a ZETA para hablar del cierre de gestión y el proceso de entrega-recepción. Se le preguntó a Garza:

— ¿Cuál es la causa de que no se le hubiera permitido el acceso al Órgano Superior de Fiscalización a toda la documentación para hacer la auditoría del ejercicio 2005?

“¿A qué te refieres específicamente?”
Se le recordó el texto del dictamen donde se especifica que se negó el acceso al sistema de Catastro, las condiciones de los contratos de equipo de seguridad pública con Global Corporation, la falta de licitaciones en algunas compras, la condonación de rentas del auditorio municipal al PRI, Los Galgos, Multideportes Victory y UABC y el registro de recursos federales del ramo XX, así como los pagos del servicios de grúas.

Justificó el Secretario:
“Lo que pasa es que el Órgano Superior de Fiscalización y el Congreso del Estado revisan las cuentas públicas y hacen una serie de observaciones y luego como autoridad tienes que solventarlas, en el caso de 2005 se llevó a cabo la solventación y la confronta, por alguna razón no se pudo hacer en los términos previstos y a eso se refiere, porque no tomaron en cuenta la documentación que se entregó porque estaba, en la opinión del órgano Superior de Fiscalización, fuera de tiempo.

“Sin embargo lo que nosotros sostenemos es que la información se entregó y tiene que ser considerada”.

No pudo asegurar que todas las observaciones habían sido satisfechas y resueltas. “Las particularidades, no tendría la posibilidad de decirte en este momento qué sí y qué no, lo que puedo decirte con toda claridad es que la solventación se entregó al órgano superior.

“Nos aprobaron la cuenta pública de ingresos, la de los créditos bancarios. Nos votó en contra la de egresos y la patrimonial, pero esta última siempre sale negada y ahora fue en su mayoría por asuntos que se vienen arrastrando de anteriores administraciones”.

Sobre las observaciones del Congreso, comentó que no eran temas ni complicados ni relevantes pero agregó: “… habremos de iniciar las acciones pertinentes para que los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad sean sancionados por Sindicatura”.

Garza Chávez aseguró que en el cobro de predial y cartera vencida se hizo un excelente trabajo, que hubo un importante aumento en el cobro del Impuesto de Transmisión de Dominio, además que la capacidad crediticia municipal es excelente. “Salimos muy bien evaluados por tres instituciones internacionales y el congreso del estado nos acaba de autorizar el refinanciamiento, Tijuana es una ciudad solvente”.

Finalmente, Garza dijo que no habría “basificación” masiva de empleados a pesar de que dejarán recursos suficientes para los pagos que el ayuntamiento debe hacer en diciembre.

Contraparte

A diferencia del Secretario del Ayuntamiento, los regidores panistas Óscar Zumaya y Rosalba López Regalado, no son optimistas.

Zumaya manifestó tres preocupaciones específicas: “Sin aprobación del Congreso, en enero pidieron un crédito por 100 millones de pesos, así que por ley deben pagarlo antes que termine su período constitucional el 30 de noviembre, y en el presupuesto de egresos no hay recursos asignados para ese pago”.
Dos, que la recaudación de impuestos según los datos oficiales 2006, creció 50 millones de pesos, pero al contratar empleados y subir sueldos, el municipio aumentó el pago de nómina en 600 millones de pesos, así que la entrada y salida de recursos no es pareja y eso representa peligro potencial aunque la federación haya enviado más participaciones.

Tres, los despedidos injustificadamente que podrían demandar y los jueces sentenciar a la administración de Ramos al pago de salarios caídos, la reinstalación y en algunos casos hasta la base laboral.

Ni López ni Zumaya han tenido acceso a la contabilidad del Ayuntamiento, por eso tienen dudas de que Honold pueda dejar los 300 millones de pesos que necesitará la próxima administración para enfrentar las deudas salariales de diciembre.

La Regidora se muestra inquieta ante el rezago del Impuesto Predial cuando redujeron la tasa de cobro: “Si la administración quiere actualizar los valores obviamente tendrá un costo político porque la gente está acostumbrada a pagar menos importe”. También, que recientemente los priístas redujeron el cobro por horas extras en lugares de diversión nocturna. A esto, López sumó el rezago en infraestructura urbana, la falta de equipamiento de bomberos, patrullas y recolección de basura. Además:
“La próxima administración también heredará el conflicto vial por los permisos y rutas irregulares entregados al delegado Gregorio Barreto, la sobresaturación de taxis, proliferación de taxis clonados y piratas, por qué no se resolvió el asunto con los transportistas, la proliferación de espectaculares en vía pública, y el incumplimiento del contrato del equipo de fútbol con el Instituto Municipal del Deporte”.

Al final, será a los contadores de Jorge Ramos a quienes les corresponderá, documentos en mano, hacer el análisis serio. En la actual administración las cuentas no son ni públicas, y a decir de los panistas, ni transparentes.