Armas ilegales para el Grupo Coordinación.

Juicio a Carlos Flores en EU

El comandante de la PEP, el jefe de escoltas del Gobernador y un teniente de la federal Preventiva son acusados de asociación para delinquir, mala conducta, adquisición, tener y mantener armas ilegalmente, luego de ser descubierto comprando armas de manera ilegal en los Estados Unidos. La pena máxima, hasta diez años de cárcel, la mínima, libertad provisional.

Rosario Mosso castro

Es una costumbre de policías bajacalifornianos, adquirir armas de manera ilegal en los Estados Unidos.

A eso fueron el 8 de septiembre hasta Phoenix, Arizona el capitán e inspector de la Policía Federal Preventiva, Teniente Coronel José de los Santos Cortez González, el jefe de escoltas del Gobernador Eugenio Elorduy, Guillermo Valle Medina, y el Director de la Policía Estatal Preventiva, Carlos Flores.

Y como a otros en el pasado, fueron detenidos por policías y agentes de inmigración y aduanas de aquella entidad norteamericana. Esta vez el caso es de mayor relevancia, porque los tres son directivos y miembros del Grupo Coordinación.

Los funcionarios mexicanos fueron arrestados bajo los cargos de asociación para delinquir, mala conducta, adquisición, tener y mantener armas ilegalmente por no ser ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos.

En la Agencia Federal de Armas, Explosivos, Tabaco y Alcohol informaron a ZETA que el solo hecho de llevarla en el auto o de haber tocado las pistolas implica en Arizona una conducta delictiva.

También notificaron que el trío de agentes fueron liberados bajo palabra después de pagar una multa de 2 mil dólares. Enfrentarán los cargos en la corte donde están acusados de lo mismo. Detallaron que el juicio debe estar concluido en 90 días a menos que los abogados defensores pidan ampliar el plazo.

La pena por este tipo de delitos es de 10 años de prisión y 150 mil dólares de multa, la mínima es libertad provisional o el pago de una multa, lo que traería como consecuencia que les quedaran antecedentes delictivos que les impidieran el reingresó a Estados Unidos. 

Los policías mexicanos fueron detenidos al salir del Show de Armas en Phoenix Arizona, habían cruzado a Estados Unidos en el vehículo oficial asignado a Flores, exclusivamente para comprar equipo; de acuerdo a la información proporcionada a la prensa por la Agencia Federal de Armas, Explosivos, Tabaco y Alcohol, los calibres de las armas son  9, 40 y 45 milímetros. Además adquirieron 450 balas.

En múltiples entrevistas telefónicas, Flores ha repetido una versión. Que tiene conocimiento que en sus primeras declaraciones, el agente federal y militar retirado los exculpó a él y a Valle, porque declaró la verdad. Que las armas y balas fueron adquiridas por Cortez para su uso personal, con la intención de registrarlas cuando regresara a México, porque dijo, en su calidad de militar retirado puede usarlas.

Con este argumento, Flores espera ser liberado de todo antecedente, situación que es legalmente posible,  pero está en manos del juez porque no se han deslindado responsabilidades.

Los engaños

El gobierno del estado trató de tapar el sol con un dedo. Primero fue omiso al ocultar la detención de los agentes desde el 8 de septiembre y hacerla pública hasta el día 13 cuando los medios de comunicación publicaron datos obtenidos de las autoridades estadounidenses. Después que Alfredo Arenas, encargado de enlace con Estados Unidos de la Procuraduría del Estado, no pudo hacer nada para sacarlos del problema sin ruido mediático.

El Gobernador Eugenio Elorduy y el Secretario de Seguridad, Víctor de la Garza, se callaron primero y después ordenaron la emisión de medias verdades. Se presume que ellos serían los responsables de mandado a sus máximos jefes operativos policiacos a comprar armas o verlas para futuras adquisiciones irregulares; o de enviarlos como “niñeras” de un federal al que llevaron de “shopping” bélico.

Porque es un hecho: Ni Flores ni Valle actúan a mutuo propio, tiene la preparación, experiencia y el conocimiento para percatarse que estaban cometiendo o acompañando la comisión de un delito. Pero además, de acuerdo a información oficial, ambos llevaban un oficio de comisión firmado por Víctor de la Garza Herrada.

Tras la detención trataron de maquillar la información. El Gobernador ordenó se les enviara un oficio otorgándoles vacaciones a Valle y Flores, las primeras de tres a las que tiene derecho, con la única finalidad que pudieran atender el vergonzoso trámite.

Resulta evidente que el Gobierno Estatal está apoyando la defensa legal de los implicados, porque enviaron personal y emitieron boletines. Un débil esfuerzo que de poco servirá para el pretendido resarcimiento de la imagen del jefe máximo de la policía con el prestigio menos dañado en la región cuya tarea es cuidar a los bajacalifornianos, no servirle de “dama de compañía” al capitán de la federal preventiva.

También están recibiendo apoyo del Consulado Mexicano en Phoenix, cuyo personal se aseguró que no fueran maltratados y les proporcionó la primera asistencia legal y asesoría para asumir el proceso judicial.

Cabe enfatizar que por el capitán federal, la Policía Federal Preventiva no ha sacado la cabeza públicamente.

Alberto Capella, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, reiteró la confianza en Carlos Flores, apoyado en los resultados que la Policía Estatal Preventiva, la única corporación que ha enfrentado y detenido a secuestradores y miembros del crimen organizado. Porque dijo “no es momento de desconfianzas”.

Compras ilegales

La adquisición irregular de armas en Estados Unidos por mexicanos es una práctica común en esta frontera. No sólo los delincuentes, también los policías, y justifican estás compras recordando que los asesinos andan mejor armados que ellos.

Como en México no se han reformado las leyes y sólo el ejército puede traer armas de mediano poder, en Baja California ante las condiciones de inseguridad, los gobiernos panistas han decidido infringir la Ley y mandan a su gente de compras a las armerías del país vecino, principalmente Arizona.

Normalmente tiene intermediarios, ciudadanos México-americanos en algunos casos ex policías del vecino país. Ellos compran las pistolas legalmente pero con dinero de los gobiernos bajacalifornianos, y les pagan una comisión, obvio con este sistema no pueden comprar grandes volúmenes.

Los policías mexicanos que hacen la compra no son de primer nivel. Esas armas son cruzadas ilegalmente a México y asignadas normalmente a los grupos especiales y a los escoltas de los funcionarios de primer nivel para que anden ellos sí, bien cuidados.

Aunque aseguran que no las han comprado, este peculiar armamento ha salido a relucir en algunos hechos, como en los tres enfrentamientos que tuvo la Policía Estatal Preventiva, primero con los escoltas del alcalde con licencia, Jorge Hank y después con agentes municipales, los tres grupos portaban armas de alto poder.

En el asunto de Valle y Flores, al final es evidente que no fueron a Phoenix en auto oficial a comerse un hot dog, también es obvio que para los agentes policiacos de primer nivel, el sábado no es día de asueto, si lo fuera lo usarían con su familia. También es inverosímil que andaban de vacaciones porque los oficios tienen fecha de inicio el 10 de septiembre.

Así que los funcionarios que hasta ahora habían gozado de historiales limpios y prestigio público por el trabajo, deberán asumir las consecuencias de la liviandad de obedecer órdenes irregulares.