Nuevo fracaso para la PGJE

Cuarto peritaje en caso Paulina

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sufrió un nuevo fracaso en el caso de la estadounidense Paulina Baeza Saucedo, cuando otro equipo de peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) concluyó que la adolescente no fue asesinada por agentes de la Policía Municipal de Ensenada, tal y como lo afirma la representación social desde hace dos años.

El nuevo peritaje, ordenado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por presión directa de la PGJE, es el tercero que se presenta en contra de la versión de la fiscalía, la cual continúa aplicando tácticas dilatorias para que el juzgador que lleva el caso -José Luis Castañeda Carrillo, Juez Primero Penal de Ensenada- retrase aún más la sentencia.

En esta ocasión, al igual que en noviembre de 2006 lo hiciera el dictamen en materia de criminalística que en calidad de tercero en discordia rindió el perito Óscar Gómez Ángeles, los médicos legistas Martha Malagón Mondragón y Luis Manuel Buelna Rubio, infirieron que las lesiones que provocaron la muerte de Baeza en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, fueron ocasionadas por la occisa.

De esta manera, la opinión técnica-científica de estos médicos confirma una vez más la versión de los testigos que presentó la defensa de los policías municipales acusados por la Procuraduría de cometer los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad y encubrimiento por favorecimiento en perjuicio de la estadounidense.

Esa versión indica que enferma de bipolaridad en estado maniaco, agresiva y bajo el influjo de anfetaminas y metanfetaminas al momento de ocurrir su fallecimiento, la joven se provocó la muerte cuando, de manera accidental, golpeó con su cabeza una de las paredes de la celda donde estaba recluida.

Por su parte, la PGJE sostiene -y en esto únicamente cuenta con un peritaje que respalda su versión- que Paulina murió a consecuencia del golpe que recibió en el lado derecho de su cabeza, al caer al piso de un pasillo de Seguridad Pública cuando era trasladada en vilo por tres policías.

Sin embargo, en la opinión que el Juzgado Primero Penal recibió el 22 de agosto, los peritos Malagón y Buelna confirman lo que Óscar Gómez determinó en su dictamen criminalístico de fecha 27 de noviembre de 2006: la aceleración del cuerpo y cabeza de Paulina en la forma en como supuestamente cayó en la versión de la PGJE, no sería suficiente para producir una fractura craneal como la que provocó la muerte de la joven.

Los resultados del cuarto dictamen pericial en torno a la forma en que la estadounidense perdió la vida, aquella madrugada del 10 de agosto de 2005, ya fueron cuestionados por la fiscalía estatal, quien nuevamente pidió al Juez Castañeda una ampliación del plazo de presentación de pruebas y testimonios, a fin de que los peritos Buelna y Malagón amplíen las conclusiones que formularon en el estudio criminalístico.

Esta táctica ya la utilizó con éxito la PGJE cuando se dieron a conocer los resultados del dictamen elaborado por Gómez.

En esa ocasión los representantes de la Procuraduría en el caso -causa penal número 601/2005- pidieron al Juez Castañeda extendiera el plazo de presentación de pruebas, cosa que el juzgador rechazó porque ya se estaba excediendo el tiempo legal para ello.

No obstante la negativa del juez, la Procuraduría acudió directamente al TSJE para que ordenara a Castañeda Carrillo aceptar la propuesta de la dependencia, consistente en la elaboración de un nuevo peritaje que le permitiera echar por tierra las conclusiones a las que llegó Gómez Ángeles.
Ahora, una vez confirmado el dictamen de este último perito por sus dos colegas, el Juez Castañeda volvió a negar el recurso retardatorio interpuesto por la Procuraduría, pero de acuerdo con versiones hechas por los policías municipales involucrados en el asunto, la fiscalía volvió a recurrir al TSJE, por lo cual se prevé una nueva orden al Juzgado penal, provocando con ello que la sentencia se retrase de nuevo.

“Esto lo hacen -manifestó a ZETA uno de los agentes municipales acusados- porque quieren dejarle el problema a la nueva administración estatal, la cual ojalá no cometa el mismo error de este Gobierno, que ha hecho todo lo posible por perjudicarnos cuando ya está demostrado científicamente que nosotros no matamos a Paulina”. Javier Cruz Aguirre