Gobiernos otorgan permisos para construir a cambio de “mordidas” o facturas políticas.

40% viven en riesgo

El corte de taludes de manera inapropiada como en Lomas de San Martín, provocó caídas de material y tierra. No se explican funcionarios cómo le dieron permiso a Rafael Carrillo Barrón, dueño del complejo residencial. La Dirección de Protección Civil es ninguneada por las autoridades. Aparte, miles de familias viven en cuencas, orillas de arroyos y cerros. Ni Gobierno Estatal ni Municipal en Tijuana, hacen algo por la seguridad de los residentes.

ISIDORO: PARA PIÑA

*  “Las inmobiliarias le pagan viajes a los funcionarios. Los llevan al Distrito Federal, les ponen hasta limosinas, los llevan a los table (dance) y adonde quieran. Por un lado, al que está en el gobierno le gusta esa situación y por otro, tienen las presiones de sus jefes y tienen que ceder”.

Francisco Sandoval Alarcón.

Viven en la cuenca de un arroyo, pegados a la orilla de un cerro y reconocen que tienen el temor de ser arrastrados por la lluvia o ser aplastados por la tierra en caso de registrarse un temblor de mediana intensidad.

María Concepción Sosa, su marido y sus cinco hijos, los dos últimos de 7 y 6 años de edad, construyeron a duras penas su casa de lámina, madera y cartón y desde hace tres años invadieron un terreno de la colonia Camino Verde.

“Claro que tenemos miedo, pero la necesidad nos trajo aquí”, advierte la mujer, quien no pasa de los 40 años de edad.
Los Sosa no son lo únicos que se encuentran en esta situación. Las cifras dicen mucho:

* Estimaciones de Protección Civil revelan que entre un 40 y 50 por ciento de los tijuanenses (entre un millón doscientos y millón y medio de habitantes) se encuentran  en terrenos irregulares y de alto riesgo.

* En la ciudad hay 26 cuencas de arroyo y todas están pobladas.

* Cada año decenas de familias tienen que ser desalojadas de la colonia Arroyo La Mayor, pues construyeron sus viviendas al pie del Río Tecate; mientras que en la colonia Camino Verde existen cientos de personas que viven a la orilla de los cerros o en las cuencas de la zona.

* De 1996 a la fecha 10 personas han muerto, porque literalmente, se les vino el cerro encima. El último caso se registró el 31 de mayo en la colonia Lomas de la Cruz en donde padre e hijo murieron enterrados.

* En el presente año se han registrado al menos 14 derrumbes en la ciudad, pero la valoración de Protección Civil es que al mes se presentan dos derrumbes, es decir 24 al año.

* El desarrollo de Tijuana es tan acelerado, que diariamente la ciudad crece tres hectáreas.

* La tasa de crecimiento población señala que Tijuana crece un 6 por ciento cada año.

* Lo peor para estas familias se presenta durante la temporada de lluvias, pero el peligro está latente los 365 días del año, pues la ciudad se encuentra asentada en una zona sísmica.

El problema se agrava ante la complacencia de funcionarios insensibles, que aprovechándose de la necesidad de las personas que aspiran a una vivienda digna, tal como lo marca la propia Constitución, otorgan, a cambio de “mordidas” o viajes a destinos turísticos, según denunció el vicepresidente de los Arquitectos en Tijuana, Eugenio Velázquez, permisos de regularización a empresas constructoras, aun cuando se trata de terrenos irregulares.

Aparte, la falta de voluntad para integrar un equipo de especialistas que defina un plan de urbanización a largo plazo en Tijuana, con el fin de ponerle orden a la ciudad, ha provocado que los nuevos gobiernos pongan en marcha proyectos sin tomar en cuenta los ya existentes o de plano, dándoles carpetazo a los que han arrojado buenos resultados.

Mientras tanto, miles de familias duermen el sueño de los justos a la espera que las autoridades trabajen, sin intereses de por medio, para ponerle orden a la ciudad y realizar una repartición adecuada de los terrenos propiedad de la Nación, Estado y Municipio, sin que vayan a parar a las manos de empresarios de la construcción, quienes obtienen jugosas ganancias con la venta de viviendas mal cimentadas, hacinadas y con mensualidades (a 25 años) de hasta 3 mil pesos, lo que a la larga arroja, según especialistas, otro tipo de conflictos sociales, como la violencia y la drogadicción.

Oídos sordos

El Atlas de riesgos de Tijuana, elaborado por la Dirección de Protección Civil municipal es claro al señalar la situación que impera en la ciudad en materia urbana.

A manera de introducción indican:

La ciudad está actualmente sometida a un acelerado crecimiento urbano y poblacional, en su mayoría, no planificado, lo que en determinado momento puede provocar un potencial desastre en caso de no aplicarse acciones correctivas adecuadas y de no preverse la actualización de una legislación preventiva acorde a las necesidades de la localidad.

Elaborado en el 2000, el mapa enumera los cinco riesgos que más deben preocupar a las autoridades y los ciudadanos:

1.- Desastres geológicos (sismos y terremotos).
2.- Desastres provocados por las lluvias.
3.- Contingencias químicas.
4.- Emergencias sanitarias.
5.- Problemas socio-organizativos provocados por las invasiones.

De los cinco riesgos que enfrenta la ciudad, dos son los que más preocupan a los encargados de la Protección Civil en Tijuana: Los desastres provocados por las lluvias, los geológicos, por lo que advierten:

“La topografía (regularmente modificada por actividad humana), litología y arreglo estructural de algunas formaciones sedimentarias en Tijuana, han mostrado que aún en condiciones cuasi-estáticas, frecuentemente posterior a períodos prolongados de lluvia, es propensa a deslizamientos”.

Se indica además que cuando un terreno irregular alcanza su mayor grado de saturación, no es necesario que se registre ningún movimiento externo, como los temblores, para que ocurra un deslizamiento de tierra, pues éstos se dan de manera regular por el mismo peso de los materiales.

Según los estudios realizados por Protección Civil, las zonas de la ciudad que presentan estas fallas, “geomorfológicos”, son: Mesa de Otay; Zona Río; Sierras Alargadas; Sierra de la Presa; Sierra de la Gloria; Cerro Colorado y Playas de Rosarito.

Además, explican que el corte de taludes o movimientos de tierra inapropiados, “pueden resultar en caídas importantes de volúmenes de material, del tipo avalancha (como el ocurrido recientemente en el fraccionamiento Lomas de San Martín)”.

Ante la problemática, los impulsores del Atlas sugieren regular y planificar, de manera urgente, el rápido crecimiento de la ciudad ante un potencial desastre.

A siete años del análisis, ni el Gobierno de Eugenio Elorduy, ni las administraciones de Jesús González Reyes y Jorge Hank-Kurt Honold, han retomado los señalamientos, agravando la situación de los tijuanenses y de miles de personas que visitan diariamente la ciudad.

El propio director de Protección Civil y Bomberos de Tijuana, Marco Antonio Sánchez Navarro, reconoció a ZETA que aún cuando la institución a su cargo ha lanzado varias recomendaciones en la actual administración municipal, la autoridad “ni siquiera nos pela”.

Vivir al límite

Hace tres años la familia Sosa optó por instalarse en un terreno de la colonia Camino Verde, zona que desde hace 20 años ha sido invadida por miles de tijuanenses. Según estimaciones de Protección Civil en esta colonia y áreas circunvecinas viven alrededor de 200 mil personas.

Como pudieron, los integrantes de la familia (Padre, Madre y cinco hijos de 19, 15, 12, 7 y 6 años de edad) iniciaron la construcción de una rústica vivienda con los únicos materiales que tenían a la mano: Lámina, madera y cartón.

El problema es que a los Sosa, como dicen por ahí, les tocó bailar con la más fea, pues del grupo que invadió hace tres años, ellos ocuparon el terreno localizado en la cuenca del arroyo, pegado al cerro.

Chaparrita y menudita, María Concepción Sosa, jefa de esta familia, asegura que la necesidad los llevó a invadir el terreno. “Tenemos muchos hijos y encontrar un lugar para rentar es muy difícil porque todo está muy caro”.

Acompañada por sus hijos, la mujer señala que aun cuando viven en la cuenca del arroyo durante las lluvias nunca les ha pasado nada, pero reconoce que a la familia de al lado, durante las pasadas precipitaciones, se los llevaron temporalmente a un albergue.

Denunció que es durante esta temporada (la de lluvias) que algunos funcionarios los visitan y les piden que abandonen los terrenos a cambio de un reacomodo, pero más tarde que temprano se olvidan de ellos “y ya no regresan”.

Aunque se dice temerosa de sufrir un daño, presume que ya les pusieron luz y agua, pero no les han regularizado el terreno.

Blanca Estela Hernández, es vecina del fraccionamiento Lomas de San Martín y hace un par de semanas tuvo que ser desalojada de su casa luego de que un talud, localizado a menos de 15 metros de su vivienda, sufriera un deslave.

Si bien se estableció que los responsables del incidente son los trabajadores de la constructora ATISA (propiedad del empresario Rafael Carrillo Barrón), al rellanar de tierra el cerro sin el permiso correspondiente (según corroboraron peritos de Protección Civil de Tijuana), hasta el momento más de 20 familias afectadas no saben qué va a ocurrir con sus viviendas.

“Ya nos dieron para rentar en un lugarcito, pero no sabemos qué va a pasar. Hay una denuncia (penal) en la Procuraduría de Justicia en contra de la empresa, pero desconocemos cómo van las investigaciones”.

De piel curtida por el sol y el polvo que arroja el cerro, la mujer platica que por las mañanas ella y sus hijos cuidan de la vivienda desalojada.

“Por las noches nos retiramos, sólo se queda mi marido a vigilar la casa porque los rateros andan bien duros por aquí. Tenemos que cuidar lo poquito que tenemos porque qué tal si no nos quiere pagar el dueño de la Constructora”.

Se hacen de la vista gorda

El caso del fraccionamiento Lomas San Martín es un ejemplo de que las autoridades encargadas de otorgar los permisos de construcción “se hacen de la vista gorda” al momento de supervisar las obras que se realizan en la ciudad.

Aun cuando existen leyes y reglamentos que indican que todas las obras tienen que ser vigiladas por la autoridad encargada de emitir los permisos de construcción, la realidad es otra.

Marco Antonio Sánchez, director de Protección Civil de Tijuana, reconoció que existen irregularidades al momento de emitir este tipo de permisos, pues muchas compañías constructoras no cuplen al 100 por ciento los requisitos.

Puso el ejemplo del fraccionamiento Lomas San Martín:
“Cómo es posible que la autoridad no se dé cuenta que se está removiendo tierra, que no es un kilo, ni dos, son miles de toneladas. Estos cuates (ATISA) comienzan a rellenar (el cerro) y el mismo peso de la tierra comienza a afectar los terrenos de abajo”.

Lo curioso es que hasta el momento no hay autoridad que haya asumido la responsabilidad del asunto, denunció.

— ¿Cuál es la explicación para emitir permisos de construcción en terrenos irregulares?
“Son compromisos políticos y sociales que se adquieren y en Protección Civil no estamos de acuerdo con eso, porque tarde que temprano se va a suscitar un incidente con consecuencias fatales, como la pérdida de vidas, y al permitirlo nosotros podríamos incurrir en una falta muy grande”.

Eugenio Velázquez, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana, lamentó que existan “tantos intereses” en el otorgamiento de los permisos para la construcción.

“Si todo se hiciera como lo marca la ley y correctamente, sin intereses de por medio, no habría problemas con la construcción de las viviendas y la conformación de la ciudad.”

Citó el ejemplo de las empresas inmobiliarias.

“En muchas ocasiones las empresas inmobiliarias por alevosía y ventaja hacen de las suyas y el gobierno por presiones es comparsa de esta situación, y entre dos socios provoca un problema a la ciudadanía”.

Velázquez fue tajante al señalar que entre los encargados de las empresas inmobiliarias y funcionarios de gobierno existen métodos de corrupción:
“Las inmobiliarias le pagan viajes a los funcionarios. Los llevan al Distrito Federal, les ponen hasta limosinas, los llevan a los table (dance) y adonde quieran. Por un lado, al que está en el gobierno le gusta esa situación y por otro, tienen las presiones de sus jefes y tienen que ceder”.

Para evitar este tipo de corruptelas, el Arquitecto propuso la conformación de un Comité de Vigilancia Ciudadano que supervise el otorgamiento de los permisos de construcción y su adecuada implementación, además de legislar para sancionar a los funcionarios que permitan y cometan este tipo de conductas.

Sin rumbo fijo. 

Teófilo Aceves Figueroa, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, aseguró que Tijuana requiere urgentemente un plan de desarrollo a largo plazo elaborado por las autoridades de los tres niveles de gobierno, los cuerpos colegiados y la sociedad civil.

Criticó el hecho de que cada administración quiera descubrir el hilo negro en materia urbana al implementar sus propios programas, que en la mayoría de las ocasiones no ayudan al mejoramiento de la ciudad.

“Lógicamente cada nueva administración quiere hacer lo suyo, implementar sus programas, pero la idea es que se ponga en marcha ese plan de desarrollo y que no lo entorpezcan las nuevas administraciones sino que se le dé continuidad a los proyectos”.

Y sentenció:
“Hay que poner muy bien los pies en la tierra y ver la situación de la ciudad, no tenemos que ser como San Diego, sino analizar nuestra realidad y tratar de mejorarla”.

Sobre el tema de las familias que viven en terrenos irregulares y de alto riesgo, el Líder de los Ingenieros Civiles dijo que las autoridades tienen que ofrecer mejores alternativas de vivienda para la ciudadanía.  
“Se tiene que pensar en las zonas que pertenecen al municipio, al Estado y a la Federación para construir los nuevos asentamientos. Esto nos permitiría lograr una estabilidad en los taludes de Tijuana y por consecuencia lograríamos una mejor imagen de la ciudad”.

La falta de un programa de desarrollo a largo plazo y la corrupción que impera en el otorgamiento de contratos de construcción sin ningún tipo supervisión, ha provocado pues, un descontrol desmedido en el crecimiento acelerado de la ciudad, mientras tanto miles de familias tijuanenses viven con el peligro latente de perderlo todo, hasta sus propias vidas.

Casas pequeñas, problemas mayores

Cuarteadas, hundidas, hacinadas y mal cimentadas, así es como se encuentran miles de nuevas viviendas en Tijuana, las cuales han sido construidas por empresas inmobiliarias de la región. El Director de Protección Civil, Marco Antonio Sánchez Navarro, explicó: La mayoría de las fallas que presentan estas casas ubicadas en los nuevos fraccionamientos de la ciudad, resultan por no tener una adecuada compactación de los terrenos.

 “Aunque no nos corresponde atender este tipo de irregularidades las personas acuden a nosotros porque no obtienen respuestas de las autoridades competentes. Nosotros hemos tenido conocimiento directamente de cerca de 30 mil viviendas que se encuentran en esta situación”.

Reconoció que el principal problema es que las personas que detectan este tipo de anomalías no inician un procedimiento penal o administrativo, optando por dejar de pagar las mensualidades y a la larga tienen que desalojar sus casas.

“Se me hace injusto que alguien compre una casa con tantos sacrificios, comience a vivir con este tipo de problemas y que ninguna autoridad pueda parar este problema”.

— ¿Las autoridades están solapando esta situación?
“Aparentemente la autoridad municipal es vigilante de que todo ese tipo de construcciones se realicen siguiendo el reglamento, pero yo no podría decirte con certeza si llevan o no este tipo de vigilancias”.

Vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana, Eugenio Velázquez fue directo al señalar que es obvio que las empresas constructoras o inmobiliarias, aun cuando reciben el apoyo de las autoridades para construir viviendas, no le ayudan a la ciudadanía.

“Ellos lo ven como un negocio y es entendible, pero una cosa es ser un profesional y la otra es irse al extremo de ahorrar en todo para ganar más, sobre todo cuando está en juego la calidad de las viviendas”.

Denunció que un gran número de empresarios de la construcción están elaborando estudios para construir casas más pequeñas, cuando la propia ONU señala que construir viviendas pequeñas provoca otros problemas en el núcleo familiar, como la violencia.

“Si no se construyen espacios deportivos, culturales o áreas verdes al interior de los fraccionamientos los jóvenes van andar en las calles de vagos, con los peligros que ello conlleva como son las drogas y la prostitución”.

Puso como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde se exige a las inmobiliarias construir casas con un 30 por ciento de jardín, “pero aquí (en México) es el cero pr ciento, ni siquiera dejan un espacio para sembrar un árbol”.

Criticó que las autoridades sólo estén interesadas en obtener recursos con la entrega de permisos, porque eso provoca malestar en la ciudadanía. Y Advirtió:

“El Gobierno Federal, Estatal y Municipal hace caso omiso a los reglamentos, mientras a ellos les paguen sus permisos no están viendo que tarde que temprano están provocando una bomba de tiempo”.

Atada de manos la Procuraduría Urbana de Tijuana

Aún cuando fue conformada para investigar los problemas urbanos que se registran en la ciudad, la Procuraduría para la Promoción y Control del Desarrollo Urbano de Tijuana no se encuentra facultada para emitir sanciones en caso que se cometa alguna falta o irregularidad.
Así lo informó el propio Procurador Urbano Municipal, Francisco Javier Cital Camacho, quien de entrada señaló que la dependencia a su cargo “se conformó y los regidores nunca le dieron facultades de sanción, podríamos decir que la dependencia quedó mocha”.

Señaló que ante la urgencia de emitir sanciones contra autoridades, empresas o particulares que no respeten los lineamientos urbanos, recientemente se envió al Cabildo de Tijuana una solicitud de reforma para que esta Procuraduría pueda exigir condenas al término de sus investigaciones.
“Nosotros consideramos que si el Cabildo aprueba esta reforma la próxima administración podría tener facultades para emitir sanciones, porque lo único que podemos hacer nosotros en estos momentos es emitir dictamines y recomendaciones”.

Cital Camacho reveló que la mayoría de las disputas territoriales que se presentan, tanto en Tijuana como en Playas de Rosarito, se encuentran relacionadas con una cuestión agraria-ejidal y citó como ejemplo el litigio entre ejidatarios del Francisco Villa y las constructoras ARA y GEO.
Ambas partes presentan documentos en donde se acreditan como los verdaderos dueños del terreno. 

Aparte, reconoció que existen casos de corrupción que no son nuevos “sino que se vienen arrastrando desde hace años”.

--¿Esto demuestra que hay bastante corrupción?
“Hay una corrupción de todas las partes, cuando te das cuentas dices ¿aquí cómo es posible que esté sucediendo esto?”
Por último, el Procurador Urbano consideró que la anarquía del crecimiento en Tijuana es histórica, ante una necesidad de suelo barato, acompañada de una problemática topográfica de la ciudad.
“Esto ha provocado un crecimiento sin rumbo, por lo que se requiere de un verdadero reordenamiento urbano”.   

Procuraduría Urbana en cifras (2007)

* 667 asesorías.
* 73 dictámenes.
* 205 acuerdos conciliatorios.
* 63 inspecciones en campo.
Asuntos relevantes por resolver en la Procuraduría Urbana.
* Alfa Panamericano: En proceso.
* Pequeños propietarios vs. Ejido Francisco Villas y constructoras ARA y GEO: En espera de la resolución de un Tribunal Unitario Agrario.
* Granjas Familiares División del Norte: En espera de la resolución por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria.
* Invasión en las vías del tren: En espera de un acuerdo entre habitantes y ferrocarriles nacionales.
* Ejido Rojo Gómez, Terrazas del Valle I y II sección: Asesoría con colonos desalojados y en espera de resolución del Tribunal Agrario. (Francisco Sandoval)