Tres años de ineficaz administración.

Millonario déficit financiero de Ensenada

Al termino de la administración del alcalde César Mancillas, el pasivo que dejará como herencia al próximo gobierno podría afectar su arranque, ya que las cifras de la deuda son poco confiables, pues mientras su gobierno afirma por ejemplo que debe 30 millones de pesos al Issstecali, el director de ese organismo afirmó que en realidad el débito asciende a más de 80 millones de pesos.

Javier Cruz Aguirre

Contando con la complicidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y del Congreso del Estado, que se niegan a dar una opinión definitiva y a dictaminar la caótica Cuenta Pública Anual del Ayuntamiento de Ensenada correspondiente al año 2005, la administración de César Mancillas Amador se prepara para dejar de herencia al nuevo gobierno municipal un déficit financiero calculado, hasta julio del presente año, en casi 178 millones de pesos.

Este pasivo, 25.5 millones de pesos superior al registrado en el mismo periodo del año 2006, forma parte de un paquete de asuntos administrativos y financieros que el XVIII Ayuntamiento de Ensenada no pudo resolver, y que tienen que ver con la utilización irregular de fondos federales, deudas multimillonarias con instituciones de gobierno y proveedores así como negligencia en el cobro de adeudos.

Un balance de lo que fue el gobierno encabezado por el panista Mancillas Amador, da cuenta también que durante los tres años no pudo resolver decenas de demandas laborales y administrativas, la incapacidad para tramitar ante los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado una más equitativa asignación y distribución de las participaciones y fondos federales y estatales.

Por si fuera poco, a éstas habrá que agregar los gastos banales y onerosos aprobados unilateralmente por la oficina de la Presidencia Municipal.

De hecho las cifras de la deuda que Mancillas dejará al sucesor son poco confiables ya que mientras que su gobierno afirma, por ejemplo, que debe 30 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali) —23 millones, dijo el coordinador de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Salvador Abarca Macklís— el director de ese organismo, doctor Víctor King, aseguró que en realidad el débito asciende a 85 u 87 millones.

Lo mismo sucede con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), a la cual el ayuntamiento dice deber 11 millones de pesos; pero en declaraciones hechas al Órgano de Fiscalización Superior del Estado la paraestatal afirmó que en realidad el gobierno municipal le debe 21 millones de pesos.

En ambos casos la administración de Mancillas dijo en el pasado reciente que abatiría el pasivo con las instancias gubernamentales cediéndoles terrenos públicos para liquidar esas “deudas históricas”, pero el plan fracasó cuando se detectaron irregularidades en la documentación y avalúo de los predios cedidos.
Ahora, en los últimos días de agosto pasado, el cabildo de Ensenada aprobó nuevamente ceder 26 terrenos al Issstecali para cubrir su déficit, pero en la lista de predios entregados al instituto se ubican propiedades que presuntamente ya habían sido rechazadas por la paraestatal cuando el ex alcalde Jorge Antonio Catalán Sosa se las entregó, en el año 2004, a cambio de una parte de la deuda que tenía al cerrar su gobierno: casi 100 millones de pesos, esto según el ex secretario de Finanzas del XVIII Ayuntamiento, Francisco Tarín.

En una entrevista que Tarín Perinsky sostuvo con ZETA en enero del año 2006, el ex funcionario municipal declaró que al 30 de noviembre de 2005 el ayuntamiento le debía casi 30 millones de pesos al Issstecali, que se había iniciado una negociación para cubrir esa deuda y que el ayuntamiento se comprometió a cubrir puntualmente las cuotas mensuales al organismo a partir de diciembre de 2005, cosa que aparentemente cumplió.

Sin embargo en el Balance General que la Secretaría de Finanzas y Administración del XVIII Ayuntamiento presentó al 31 de julio de 2007, resalta que en el pasivo a corto plazo del gobierno local el rubro de “Impuestos y cuotas retenidas” creció 52 por ciento en tan sólo un año, al aumentar de 84 millones 62 mil 737 pesos a 128 millones 74 mil 107 pesos.

En aquella entrevista el ex secretario de Finanzas del alcalde César Mancillas ubicó la deuda que el gobierno municipal tenía con proveedores en casi 24.5 millones de pesos, en tanto que la de acreedores diversos ascendió a 24.6 millones.

En el Balance General de las finanzas municipales al 31 de julio de este año, estos pasivos se ubicaron de la siguiente forma:
- A proveedores, el ayuntamiento debe 15 millones 313 mil 834 pesos contra 12 millones 635 mil 41 que debía en el mismo periodo del año 2006.
- Con los acreedores diversos la deuda se ubicó en 31 millones 744 mil 564 pesos, cifra que disminuyó con respecto a lo reportado en el mismo periodo del 2006: 47 millones 304 mil 974 pesos.
Asimismo Tarín precisó que, con la banca privada, el ayuntamiento tenía un adeudo de 24 millones de pesos, compromiso que se generó cuando Óscar Sánchez del Palacio fue presidente municipal y Tarín Perinsky tesorero.
El ex tesorero explicó que en aquella época buscó consolidar los pasivos que tenía la administración municipal, principalmente con proveedores y el Issstecali. Se habló entonces con un banco (“Citibank”) y se pidió un crédito de 15 millones de pesos pagaderos a siete años.

Desafortunadamente ningún gobierno posterior al de Sánchez (Manuel Montenegro, Daniel Quintero y Jorge Catalán) se interesó en pagarlo y en el año 2005 la administración de Mancillas estudió el caso para ver en qué condiciones se podía reestructurar la deuda.

Se conoció entonces que la tasa de interés es muy favorable para el ayuntamiento y se tomó la decisión de no pagarlo con recursos del gobierno municipal para no afectar los servicios públicos.

Tarín aseguró entonces que al ritmo de pago mensual que llevaba la actual administración, el adeudo bancario terminaría pagándose por completo en el año 2007, pero en agosto de este año el regidor Salvador Abarca informó que entre los adeudos excesivos que dejaría la actual administración estaban 25 millones de pesos al “Citibank”.

Desviando recursos

El XVIII Ayuntamiento de Ensenada también ocasionará que el próximo gobierno aclare al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, al Poder Legislativo estatal y al gobierno federal por qué utilizó recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, también conocido como “Fondo 33”, para fines diferentes a sus objetivos.

En efecto, durante la revisión de la Cuenta Pública Anual del Ayuntamiento de Ensenada, ejercicio fiscal 2005, que el auditor superior de Fiscalización practicó en los años 2005 y 2006, encontró que el gobierno de César Mancillas incumplió el artículo 33, primer párrafo, del citado fondo, el cual establece que las aportaciones federales que con cargo al Fondo 33 reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentra en condiciones de rezago social y de pobreza extrema.

Fiscalización consideró irregular las siguientes acciones que emprendió el XVIII Ayuntamiento de Ensenada utilizando dinero del citado Fondo:

1.- Inversión de 800 mil pesos destinados a “Proyectos Productivos”, celebrando para tal efecto 40 convenios de concertación entre noviembre y diciembre de 2005, apoyos por otra parte no registrados como cuentas por cobrar al cierre del ejercicio fiscal.

2.- Utilización de cuatro millones de pesos bajo el concepto “estímulos a la Educación Básica” consistente en becas a escuelas primarias y secundarias.
3.- Erogación de 822 mil 500 pesos bajo el concepto “Aportación Hábitat”, el cual fue para la adquisición de cuatro camiones recolectores de basura. Al respecto, el auditor expresó: “Cabe mencionar que las facturas que amparan la adquisición del equipo en comento (sic) se encuentran a nombre del gobierno del estado; consecuentemente no se tiene celebrado un contrato de comodato para la tenencia y resguardo de dichos equipos”.

4.- Uso de 744 mil 500 pesos bajo el concepto “Desarrollo Institucional” por pago al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) por apoyo para la generación del Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada, “erogación que no se justifica dentro del marco del programa de Desarrollo Institucional”.

5.- Inversión de seis millones 404 mil 920 pesos bajo el concepto “Infraestructura Deportiva”, de los cuales tres millones 931 mil 98 pesos corresponden a la construcción de pista y campo de fútbol en la Unidad Deportiva Valle Dorado (pasto sintético), “erogaciones que no se encuentran consignadas” en el artículo 33 del la Ley de Coordinación Fiscal.
Resalta el hecho de que mientas que Mancillas dedicó todo su esfuerzo financiero al campo de fútbol de la unidad deportiva Valle Dorado, las demás canchas deportivas en ese sitio están abandonadas por la administración municipal y al frente del lugar está personal prepotente que obstaculiza con sus vehículos la entrada al predio.

6.- Presentación de recursos por cinco millones 893 mil 869 pesos de los cuales 963 mil 433 corresponden a rehabilitación del Parque Revolución, “erogación que no cumple con lo estipulado” en el mismo artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Además, el Ayuntamiento no cumplió con normas específicas para dar a conocer los montos que reciban las obras y acciones a realizar; su costo, metas y beneficios, así como los resultados alcanzados con respecto a las aportaciones de los Fondos III y IV.

La indolencia

Aparte, el nuevo gobierno municipal de Ensenada deberá encarar la indolencia e ineficiencia del XVIII Ayuntamiento para cobrar adeudos por más de 150 millones de pesos, política que lo mismo benefició a particulares, ejidatarios, comerciantes, prestadores de servicios turísticos, fraccionadores, empresas de gas, pescadores e instancias de gobierno estatal y federal.

Los rezagos están presentes lo mismo en el pago de impuesto predial que en multas de tránsito, uso de la zona federal marítimo terrestre, multas federales no fiscales, convenios generales, multas administrativas municipales y convenios de transmisión de dominio.

Al 31 de diciembre del 2005 —última cifra conocida por ZETA en la instancia fiscalizadora de la cuenta pública del Ayuntamiento de Ensenada— el saldo por recuperar por diversos rezagos de contribuciones municipales ascendía a 150 millones, 69 mil 397 pesos.

En él se observa la falta de gestiones de cobro, así como de seguimiento al Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta su conclusión, por la cantidad de 41 millones 274 mil 123 pesos, existiendo adeudos provenientes de ejercicios anteriores a la fecha.

En el caso del rezago en el cobro de impuesto predial el ayuntamiento aceptó un atraso por la cantidad de 69 millones 968 mil 296 pesos, de los cuales 22 millones 830 mil 417 pesos se integran de 127 deudores, observándose la falta de seguimiento a las gestiones de cobro, así como de aplicación del procedimiento administrativo de ejecución hasta su conclusión.

Un segundo atraso importante lo integran las multas de tránsito por la cantidad de 41 millones 765 mil 423.56 pesos —cifras a mayo de 2006—, de los cuales el importe de 216 mil 891 pesos, se integra de las principales cuentas del padrón de cuentas por cobrar proporcionado por el Recaudador de Rentas Municipal, de las cuales no se proporcionó evidencia documental que se hayan realizado gestiones de cobro.

El Ayuntamiento de Ensenada tampoco dio seguimiento a las gestiones de cobro, así como el procedimiento administrativo de ejecución, por adeudos en la Zona Federal Marítimo Terrestre, o terrenos ganados al mar, por la cantidad de 18 millones 599 mil 984 pesos, existiendo adeudos provenientes desde 1992, a la fecha.

Un cuarto paquete de rezago importante lo integran las multas federales no fiscales, por la cantidad de 13 millones 80 mil 452 pesos.

En este rubro tampoco se proporcionó evidencia documental por el monto de cinco millones 340 mil 98 pesos, referente al seguimiento de las gestiones de cobro, así como el procedimiento administrativo de ejecución.
Asimismo, durante el año 2005 se canceló del padrón de multas federales no fiscales —por la imposibilidad práctica de cobro— la cantidad de siete millones 706 mil 913 pesos, en vista de no contar con la documentación que sustentara el cobro de las multas.

El XVIII Ayuntamiento tampoco dio cumplimiento a convenios generales por la cantidad de tres millones 483 mil 917 pesos, de los cuales en un millón 625 mil 607 pesos no se respetaron las fechas de pago pactadas en los documentos respectivos.

Asimismo el gobierno municipal no proporcionó evidencia documental de que se hayan realizado gestiones de cobro de diversos convenios por un monto cercano al millón 168 mil pesos, y difirió el cobro de multas administrativas por la cantidad de dos millones 837 mil 966 pesos, de las cuales un millón 689 mil 559 pesos no se efectuó el procedimiento administrativo de ejecución hasta su conclusión.

La última omisión del gobierno municipal que preside Mancillas en el cobro de rezagos corresponde a Convenios de Transmisión de Dominio por 388 mil 212 pesos.

De esa cantidad 321 mil 331 pesos no tienen seguimiento a las gestiones de cobro, así como de seguimiento al procedimiento administrativo de ejecución hasta su conclusión establecido en los artículos 112 al 171 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, existiendo adeudos provenientes del Ejercicio Fiscal de 1990 a la fecha.

El celo

Finalmente, por cuestiones de celo político, el alcalde Mancillas abandonó los trámites para recuperar poco más de 321 millones de pesos que Ensenada dejó de percibir en los cuatro últimos años por la inicua distribución de fondos y participaciones federales y estatales que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Baja California hicieron de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

Mancillas había retomado en los primeros días de diciembre del 2005 la propuesta que en septiembre de ese año hizo al cabildo el regidor y ex diputado estatal Gilberto Flores Muñoz, para resarcir los fondos y participaciones que no se entregaron oportunamente a los ensenadenses en los años 2003, 2004 y 2005.

El gobernador Eugenio Elorduy Walther conoció la propuesta del Ayuntamiento de Ensenada durante la lectura del primer informe de gobierno de Mancillas, y los diputados estatales también recibieron, en noviembre y diciembre de 2005, un paquete informativo relativo a la mala distribución de fondos y participaciones al municipio más grande del país, y más pobre de Baja California.

De hecho, desde el 28 de julio del 2005 el diputado estatal Abraham Correa Acevedo presentó al pleno del Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Baja California en  lo relativo a sus artículos 4, 7, y 14.

La propuesta del perredista está “congelada”, misma suerte que tuvo un punto de acuerdo que Flores presentó al cabildo en septiembre de aquel año para: 1.- Que el cabildo de Ensenada se uniera a la iniciativa de Correa; 2.- Pedir al congreso que reclame del Ejecutivo la restitución ante los daños ocasionados a los ciudadanos del municipio de Ensenada, en virtud de la desproporcionada distribución de los recursos “participables” federales y estatales durante los ejercicios fiscales 2004 y 2005.

Sin emitir alguna información del porqué de su decisión, pero políticamente enfrentado a Flores Muñoz en el cabildo, hoy Mancillas abandonó esa lucha dejando sin ese recurso millonario a la nueva administración municipal.