Tras Vera Ayala

Funcionarios de seguridad pública de Tijuana fueron citados como testigos en noviembre de 2006 para proporcionar información con respecto al asesinato del jefe policíaco Felipe Antonio Cabada.

Ahora, casi un año después, decidieron volver a presentar a los jefes policíacos locales, esta vez en calidad de indiciados. Alegando que en su momento no apoyaron la detención del agente municipal Leobardo Parra.

Este hombre es de acuerdo a las investigaciones de la Procuraduría, el policía que ayudó a Jorge Vera Ayala, jefe de escoltas del alcalde con licencia Jorge Hank, a adquirir una camioneta que dicen usaba su comando negro en los operativos implementados extraoficialmente por el joven Vera para acabar con “narco-poquiteros enemigos de sus amigos”, confió una fuente a ZETA. La Procuraduría les acredita a Parra y Vera la posesión de la camioneta localizada cerca de la escena del crimen de Cabada.

De acuerdo a información estatal, Parra ya había sido detectado como agente corrupto, y su detención había sido solicitada de manera informal a los jefes policíacos de Tijuana, el problema fue que el oficio pidiendo su aprehensión es de fecha posterior al homicidio de Cabada, y Parra dejó de asistir a su trabajo el día del crimen. Se les fue por lentos. Ahora lo necesitan para acreditar la responsabilidad del joven Vera.

“CAMILITO”

Dentro del equipo de transición del Gobernador Electo, José Guadalupe Osuna Millán, a Max García López ya le dicen “El Camilito”. Aborrecido por el resto del equipo, dicen que el ex Regidor de gris carrera política, se cree Juan Camilo Mouriño, el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, conocido en el ámbito nacional por acaparar todos los temas para llevarlos al Presidente Felipe Calderón.

Pero a Max García ni le queda ni le va. Su historial es gris tirándole a negro. Fue señalado como uno de los beneficiados por el caso de corrupción conocido como Facturagate, y que sumió al ex alcalde Jesús González Reyes en el desprestigio.

Además, durante sus tres años de edil, no brilló por su capacidad ni eficiencia, más bien nadó de muertito. Por eso hoy llama mucho la atención que el Gobernador Electo le permita a Max “El Camilito” García, repartir cargos en el Gobierno Estatal del siguiente sexenio.

Como agencia de colocaciones y desde un cubículo de una oficina que comparte con los allegados de Osuna Millán, este gris personaje alienta a todo aquel que se le acerca para conformar la próxima estructura de gobierno. Hasta presume Max de ser el único que le habla a “Guadalupe” al oído y lo asesora en todos los rubros, hasta en imagen. Qué pena, Gobernador Electo, qué pena.

Siete años de impunidad

Después de siete años y siete meses de la muerte del ex director de Seguridad Publica Municipal de Tijuana, Alfredo De la Torre Márquez, parece que el crimen ha quedado en el olvido, pues aquellos policías y civiles que fueron señalados como los autores y ejecutores del homicidio y por los que existen órdenes de aprehensión, siguen en la calle gozando de la libertad.

A esa impunidad hay que agregar otra situación que sólo en el sistema de procuración y justicia mexicana existe; aún no se dicta sentencia en contra del grupo de personas que originalmente se arrestó, y que llevó a la Procuraduría General de Justicia del Estado a conocer en detalle los motivos por los que fue ejecutado De la Torre Márquez.

El proceso bajo la causa penal 175/2000 parece dilatar por lo caudaloso del asunto, además que la lejanía de los indiciados hace más lentas las diligencias que se tienen que hacer vía exhorto por estar presos en penal federal de Altiplano, antes La Palma, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Al grupo de detenidos se le bautizó como “el comando de la muerte”, y el temor y la impericia del entonces procurador Juan Manuel Salazar Pimentel, lo llevó a solicitar a las autoridades federales su intervención para que fueran trasladados a ese penal.

El expediente que se encuentra radicado en el juzgado 8vo de lo penal de Tijuana, consta de mil doscientas páginas divididas en tres tomos.

SUELDAZOS A FAMILIARES Y AMIGOS

Tras una revisadita en la nómina del Gobierno del Estado de Baja California se localizaron tres datos curiosos.

Uno, que las necesidades del gobernador son más importantes que las carencias del medio ambiente en Tijuana. Resulta que el secretario particular de Eugenio Elorduy llamado Raúl Alemán Salazar tiene un sueldo de 102 mil 565 pesos al mes, mientras que el secretario de Protección al Medio Ambiente gana 93 mil 035 pesos.

Parece que la agenda del gobernador es muy pesada.
Dos, también se pudo detectar que por razones desconocidas, el hermano del Secretario de Seguridad, Felipe de la Garza Herrada, es el asesor jurídico mejor pagado, gana más de 36 mil pesos mensuales cuando el sueldo de sus similares anda entre los 11 y 20 mil pesos.

Tres, que el ex secretario de seguridad también dejó bien acomodado a su hermano Ronaldo Díaz Lerma, a él, el secretario Bernardo Martínez Luna le paga 43 mil 300 pesos al mes como uno de sus directores administrativos.
En el ayuntamiento de Tijuana también se taren lo suyo. Con un Efrén Solano Borboba, encargado de nómina quien además de recibir base, sin mediar justificación decidió agregar a su sueldo una compensación de 7 mil 500 pesos. 

Ya entrado en gastos, también decidió darle a personal de Oficialía Mayor y de regidores otras compensaciones que van de los mil a los 13 mil pesos, también sin justificación. Los beneficiados fueron: Fausto Arriaga López, Fernando Bejarano Pesqueira, José Agustín Calderón e Irma Valenzuela Andrade. Un repartidero de dinero que francamente no les pertenece.

Lo bueno, dicen, es que tanto funcionarios de Gobierno como de Ayuntamiento, ya se van. El problema es el tiempo que les queda.

Tiradores acorralan a Hugo

Para la Dirección de Seguridad Pública de Rosarito, hay muchos tiradores. El problema para el Alcalde Electo, es que ninguno es de Rosarito y mucho menos de su equipo.

odos corresponden al desvalijado equipo de Jorge Hank Rhon que al igual que él, los sumió en la derrota política y por tanto en el desempleo. Los tijuanenses ya empezaron a levantar la mano.

Los más entusiasmados son José María Lozano, quien firmó como Síndico Municipal y José Luis Anaya Bautista, que estaba escondido en la Academia de Policía. El problema para Hugo Torres Chabert, es que ninguno de los dos personajes le puede hablar de una experiencia de resultados positivos en el tema de la inseguridad que para la mala fortuna de los rosaritenses, cada día está peor. Como Síndico, Lozano fue denunciado públicamente por regidores panistas de violentar las leyes que debía seguir y permitir los malos manejos económicos en la administración hankista.

Anaya Bautista, fue despedido del Gobierno de don Héctor Terán Terán, donde la hacía de Procurador del Estado, luego que retiró la guardia oficial al periodista Jesús Blancornelas justo antes que éste fuera emboscado por diez sicarios del narcotráfico quienes atentaron contra su vida, y cobraron la de Luis Valero, entonces asistente y escolta del Director Fundador de ZETA. Ahora sí que el Alcalde Electo de Rosarito, está entre la espada y la pared. O entre los desempleados hankistas y la incapacidad que los caracteriza. Acorralado Hugo.