Infiltrados en la PEP y la Procuraduría traicionaron al Estado.

Imparables Comandos de “El Teo”

La mafia amenazó a policías, matar a un funcionario y también a líderes sociales y empresariales si los perseguían como revancha por la muerte de dos agentes de la Policía Estatal Preventiva y la balacera a las instalaciones de la Policía Federal Preventiva. En el enfrentamiento entre mafia y policía, inocentes pierden la vida o son heridos de gravedad.

INVESTIGACIONES ZETA

La traición está en la más alta esfera.
La cacería de Policías Estatales Preventivos (PEP) es una amenaza hecha por la gente de Teodoro García Simental “El Teo”. Y consumada.

Las víctimas, policías que a pesar del temor cumplían con su trabajo. Con la obligación de no hacerse los ciegos o los sordos.

En el caso de Ricardo Rosas Alvarado, asesinado el 24 de septiembre en Plaza Monarca, éste había solicitado ser comisionado como escolta ante el embate de los delincuentes, la falta de seguridad al interior de la PEP y temiendo por el futuro de su hija. Días antes de su muerte, le habían concedido el cambio.

Días atrás, el 22 de septiembre, su compañero Carlos Horacio Méndez también fue ejecutado. Le vaciaron las armas. Prácticamente lo despedazaron a balazos luego que lo sacaron de su casa y lo hincaron a un lado de su vecino a quien también dieron muerte.

Seguiría además el 24 de septiembre un ataque frontal a las oficinas de la Policía Federal Preventiva en la Colonia Francisco Villa de Tijuana.

Los tres hechos, se relacionaron cuando llegó la advertencia del crimen organizado: “La revancha oficial le costaría a los bajacalifornianos, la muerte de cinco policías estatales preventivos y un funcionario”, informaron dos fuentes a ZETA de corporaciones policíacas.

Además aprovecharon para advertir al Secretario de Seguridad del Estado, Víctor de la Garza Herrada, al Procurador Antonio Martínez Luna y hasta algunos líderes empresariales. Incluso mencionaron la posibilidad de quitarles la vida.

La molestia de esta célula del cártel de los hermanos Arellano Félix, comandada por Teodoro García Simental, se debió a que recibieron información de sus infiltrados en el Grupo Coordinación, sobre los supuestos planes de crear un grupo especial para combatir al crimen organizado “hasta las últimas consecuencias”. Información que también fue confirmada por ZETA con funcionarios de primer nivel.

La conformación de este equipo especial, se estaba analizando con renuencias por las autoridades oficiales, hasta la noche del 22 de de septiembre cuando un grupo de sicarios sacó de sus casa y asesinó al agente Carlos Horacio Méndez en el fraccionamiento La Morita de Tijuana.
Fue entonces que agentes infiltrados aseguraron a los delincuentes que se había dado luz verde al proyecto. Esto se supone, aclaran los informantes, provocó la cadena de hechos violentos. Sin embargo el Secretario De la Garza aseguró oficialmente que él no tiene información de tales planes, que no hay instrucciones, y la Policía Estatal Preventiva no tiene un grupo elite.

También, contrario al Gobernador Eugenio Elorduy que se declaró en guerra, De la Garza negó las amenazas: “No tenemos denuncia en ese sentido ni en el C4, ni información sustentada de esa amenaza, pero de igual manera  estamos en estado de alerta constante, los policías y los funcionarios que estamos trabajando en el tema”

Se deslindó de un presunto grupo antinarcos: “Lo que corresponde a la PEP, no tiene ningún grupo especial, toda la gente sabe cómo operan, hay una subdirección técnica y una subdirección operativa, ambas tienen muy bien definidas sus funciones y todos conocen el trabajo que estamos realizando. Y no sabemos qué esté haciendo en ese sentido la federación”.
Conociendo los hechos de dos fuentes dentro de las corporaciones, dijeron que es evidente que el principal problema será que los integrantes del crimen organizado le creen más a sus infiltrados que a las declaraciones oficiales.

“La guerra” de Elorduy

Al gobernador Eugenio Elorduy no le tocó amenaza, tal vez por eso decidió salir ante la prensa y sin dar nombres, retó a grito abierto al crimen organizado. No explicó el mandatario si cuenta con una estrategia de combate o ataque a la inseguridad. Tampoco con cuáles elementos enfrentaría la guerra contra el narcotráfico.

Pero llamó la atención que el Secretario de Seguridad comentó que se fortalecerá la seguridad de funcionarios y grupos, además se llevará a cabo una rotación de personal.

También explicó que el fortalecimiento de grupos operativos obedeció a varias cosas:

1.- Seguridad de los ciudadanos.

2.- Autoprotección de los agentes.

3.- Aumentar capacidad de respuesta o reacción ante el fenómeno 

En cuanto al hecho de que el crimen organizado está ejecutando ataques diversos al mismo tiempo en distintas zonas, De la Garza  comentó:

“Se está siendo cuidadoso, ellos se están aprovechando, sobre todo en lo que obedece a llamadas falsas, hay algunos eventos que se conocen públicamente los cuales no se ha corroborado sus existencia, porque cuando acuden los elementos y en el supuesto lugar de los hechos no hay nada que acredite que se haya dado por ejemplo un levantón.

“Estamos trabajando para que no sean distractores que usen para afectar la operatividad. Todo eso se está analizando para tratar de ser más efectivos por la situación que prevalece”.

El pleito

La historia de esta ola criminal inició el 2 de septiembre de 2007, cuando Jacobo Ackerman, presidente en Tijuana de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), fue secuestrado frente a decenas de personas.

El movimiento policíaco, empresarial, mediático y de los infiltrados en el Grupo Antisecuestros, provocó que los plagiarios se dieran cuenta a quién se habían llevado, y lo liberaran dos horas más tarde.

Después continuaron los secuestros y levantones durante nueve días. Líderes empresariales exigieron resultados concretos y orden en Tijuana. Estos antecedentes provocaron que el 11 de septiembre, en la ciudad de México tuvieran una reunión emergente, autoridades estatales, federales, municipales, así como grupos empresariales y ciudadanos implicados en el tema de la seguridad. El motivo oficial: Agradecerle al Presidente Calderón “el combate frontal”  y manifestar:

“… la  profunda preocupación por el tema del secuestro y su presunta relación con el crimen organizado que ha agudizado en las últimas fechas, en particular en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, con relación a los delitos de alto impacto, incluyendo las privaciones ilegales de la libertad aún cuando se presuma que son por “ajustes de cuentas”, se leyó en el boletín informativo difundido.

Ahí la autoridad federal se comprometió a: “Ejecutar acciones emergentes con apoyo de los gobiernos locales; replantear el operativo Baja California;  articular a la comunidad en el combate a la delincuencia. Y ratificó el compromiso de colaborar de una manera más efectiva en el saneamiento de las policías locales”.

15 de septiembre de 2007 anunciaron el despliegue de fuerzas conjuntas de las policías federales, estatales y municipales. Los días previos y posteriores, las cabezas de sector han continuado reuniones en México y Estados Unidos.

El 18 septiembre anunciaron que elementos de la PEP y la Policía Federal Preventiva (PFP)  habían logrado la detención de un grupo de siete secuestradores. Afirmaron que la captura había sido producto de un trabajo de investigación de las fuerzas federales, cuando la realidad había sido un “topón” en el que uno de los delincuentes rebasó una patrulla con prepotencia, no obedeció la instrucción policíaca de detenerse y además les disparó mientras lo persiguieran hasta la casa de seguridad.  

Los delincuentes detenidos en la calle Grandes Lagos, del fraccionamiento Torres del Lago fueron: Alejandro Ojeda Rojas, Jorge Guadalupe Lizalde Rivas, Israel Elizarrarás Carrera, Fernando López, Fernando Rico Ramos, Julio César Navarro Ponce y José Emilio Ramón Barceló.

A las nueve de la mañana del día siguiente fueron enviados a la ciudad de México cuando agentes estadounidenses confirmaron que algunos de los nombres coincidían con “gente” de Teodoro García Simental.

Al análisis de los agentes, la venganza por la detención de los secuestradores, habría sido el asesinato del agente Méndez a quien tenían más o menos ubicado como residente de La Morita, pero también como parte del Grupo de Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva. Sin embargo, Policías Estatales Preventivos coinciden en que pudo ser cualquier otro, ante la venganza de esta célula del crimen organizado.

Los asesinatos

Carlos Horacio Morales Méndez, de 24 años de edad, tenía un año al interior de la corporación. Su tarea: Investigar las denuncias anónimas que se reciben en materia de narcomenudeo, según lo confirmó el propio Secretario de Seguridad Pública del Estado, Víctor de la Garza Herrada.

Como policía encubierto, el agente, padre de dos niños, uno de tres y otro recién nacido, se encargaba de investigar las “tienditas” y “picaderos” que operan en la ciudad. Una vez confirmaba la denuncia, los agentes de la PEP, en coordinación con las fuerzas federales, se encargaban de “reventarlas”.

De acuerdo con denuncias anónimas en poder de la PEP, en Tijuana operan al menos mil tienditas vende-drogas. Policías consultados revelaron que Morales Méndez, originario de Chiapas, era un joven dedicado a su trabajo y que su único error fue “vivir en una de las colonias operadas por El Teo”.

Fue en su domicilio, en la colonia La Morita, Segunda Sección, en la delegación La Presa, que un grupo de al menos 20 sicarios (según testigos) arribaron la madrugada del sábado para acribillarlo.

La versión oficial es que los sicarios, todos encapuchados y vestidos de negro, se equivocaron y tocaron la puerta de su vecino, Micael Rodríguez Hernández de 28 años, también chiapaneco, y por “error” lo ejecutaron a él pensando que era el agente Morales Méndez.

Al percatarse de la equivocación, los encapuchados inmediatamente se fueron a la casa del policía estatal y lo sacaron al patio para ejecutarlo. Según el parte de los hechos, “el agente recibió varios impactos de bala provenientes de un arma al parecer calibre 223 AR-15 y nueve milímetros”. Su muerte fue inmediata.

Aun cuando el joven no participaba en los operativos del Grupo de Coordinación, las investigaciones que realizaba eran de vital importancia para realizar el despliegue policíaco.

El lunes 24 de septiembre, dos días después de la ejecución de Morales Méndez, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Víctor de la Garza Herrada, criticó el hecho que existiendo tantas corporaciones vigilando las calles, ninguna se haya percatado de la presecia del comando armado que ejecutó al policía.

“No es posible que tantas autoridades anden circulando en las calles y esta situación pueda darse así con tanta impunidad, precisamente eso debe versar en la investigación”, señaló el funcionario sin percatarse que la ejecución del agente era el comienzo de otros atentados.

Lo sorprendieron.

En un abrir y cerrar de ojos, el Policía Estatal Preventivo, Ricardo Rosas Alvarado, fue ejecutado de varios balazos en el cuerpo. Al momento de la agresión el agente estaba vestido de civil y sin arma.

Justo a las 21:30 del lunes, el agente llegaba al centro comercial Monarca cuando fue sorprendido por sus agresores. Rosas, quien viajaba a bordo de un vehículo Nissan gris sin placas, se estacionó de reversa en una zona libre de pago.

De 30 años de edad, el agente se desempeñaba como subjefe de grupo de la corporación y tenía bajo su mando a varios policías estatales, quienes trabajan coordinadamente con elementos de la PFP en los temas de narcotráfico y secuestro.

Según testigos de los hechos, en el estacionamiento, que en esos momentos se encontraba a un 50 por ciento de su capacidad, se escucharon al menos 30 ráfagas de bala.

Algunos de los ahí presentes se agacharon al escuchar la balacera y sólo percibieron que los sicarios, en una rápida y certera acción, huían con dirección al bulevar Gato Bronco. De los responsables sólo se sabe que viajaban a bordo de una camioneta color azul y un pick up blanco.

En su momento, la subprocuradora de justicia de Tijuana, María Teresa Valadez, indicó que los sicarios utilizaron armas de grueso calibre del tipo cuerno de chivo.

Lo cierto es que al agente le dispararon de frente y de lado destrozándole uno de sus brazos. En el lugar fueron encontrados más de 30 casquillos percutidos de alto calibre. 

Apenas la semana pasada, Rosas Alvarado había participado en el operativo de captura del grupo de secuestradores que operaba bajo las órdenes de “El Teo”, revelaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El ataque a la PFP

Tras el asesinato de Rosas Alvarado, los agentes de la PEP, apoyados por Policías Federales, montaron un operativo para tratar de capturar a los asesinos de su compañero.

La mayoría de los agentes dejaron la base de operaciones localizada en las instalaciones de la Unidad de Protección Civil del Gobierno del Estado en la colonia Francisco Villa, para implementar el dispositivo.

En el lugar sólo quedó un grupo de policías federales para resguardar el inmueble. Al notar la acción, el grupo de gatilleros se acomodó en hilera frente al cuartel de los agentes federales para disparar libremente.

Aprovechando la oscuridad de la noche, los sicarios dispararon primero contra los vehículos oficiales estacionados frente al lugar. Luego contra el inmueble de Protección Civil. Sorprendidos, los federales trataron de repeler la agresión, sin embargo dispararon a ciegas porque la calle estaba totalmente a oscuras.

Fuentes oficiales señalaron que durante el tiroteo, los agentes solicitaron el apoyo a otras corporaciones a través de la frecuencia policíaca. La balacera se prolongó por varios minutos, según revelaron vecinos del lugar.

A mitad de la calle quedaron desparramadas cientos de ojivas de alto calibre (cerca de 600 asegura la autoridad). Los gatilleros, a bordo de varios vehículos, entre éstos dos autos tipo Malibú y otro sedán, se dieron a la fuga por las calles oscuras de la colonia.

Mientras los agentes se encontraban a la espera de refuerzos, por la misma frecuencia policíaca se escuchó una voz que ordenaba lo siguiente: “Negativo el apoyo. No se acerquen al lugar”.

En las inmediaciones del inmueble, cuatro unidades de la PEP, así como un vehículo perteneciente a un vecino de la zona, fueron alcanzados por la balas.

La pared de concreto de protección civil quedó con boquetes por todos lados. Los vidrios del edificio quedaron destrozados. Las paredes de dos escuelas vecinas también sufrieron daños.

Lo peor es que a pocos metros de la entrada del lugar, quedo tendido el cuerpo sin vida de Alfredo Luna Reyes, de 37 años de edad, un civil que había salido de su casa para hablar por teléfono y quien desafortunadamente fue alcanzando por las ráfagas de bala.

Melí Cordero Olmedo, otra civil que se encontraba cerca del lugar asimismo resultó herida de gravedad.

En tanto, los policías federales Alfredo Cabello Rangel y Jeremías González Guzmán de 23 y 25 años de edad, respectivamente, fueron alcanzados por las balas de los sicarios y trasladados al hospital del ISSSTE.

Aparte fueron capturadas dos personas, Juan Gabriel Montelongo Cortez y Marcos González Díaz, quien se encontraban cerca del lugar de los hechos. Uno de los detenidos, incluso, se encontraba entre los vecinos que observaban la llegada de los policías ministeriales.

Este hombre fue llevado a golpes al perímetro de la balacera y vigilado por efectivos estatales y federales quienes le apuntaban a la cabeza con sus armas de largo alcance.

Después de las indagatorias, ambos sujetos demostraron que nada tenían que ver con la agresión y fueron liberados.

Los vecinos y curiosos de la colonia seguían llegando. Algunos, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quien en cuestión de 10 minutos arribaron al lugar. Antes lo habían hecho los policías estatales y federales que regresaron del operativo implementado para tratar de capturar al asesino de Rosas Alvarado.

Los sicarios huyeron libremente, ninguna autoridad o cámara de vigilancia los observó. Tal y como lo había dicho el propio Víctor de la Garza Herrada en relación al asesinato del policía Carlos Horacio Méndez, “no es posible que tantas autoridades anden circulando en las calles (incluida la PEP y la PFP) y esta situación pueda darse así con tanta impunidad”.

El padre de la Miss Baja California

Primo hermano de Madrazo asesinado

Ser primo del ex candidato a Presidente de la República de México Roberto Madrazo Pintado y padre de la actual “Nuestra Belleza Baja California”, Nadia Karina Ramos Robles, de nada le valió al empresario Miguel Ángel Ramos Pintado para evitar su asesinato.

El 14 de septiembre, Ramos Pintado desapareció cuando se dirigía a unos terrenos de su propiedad localizados a la altura del kilómetro 36 de la carretera libre Tecate – Ensenada, a muy pocos metros del conocido centro vacacional “Rancho Viejo”.

El hombre, incluso, viajaba tres veces a la semana por la misma ruta hasta este lugar, con el fin de promocionar los terrenos que luego vendía a vacacionistas interesados en la adquisición de propiedades en dicha zona.

Sin embargo, el viernes 14, Ramos Pintado no se reportó con su familia, quienes angustiados tuvieron que denunciar su desaparición ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJBC).

Según la versión de las autoridades, luego de recibir el reporte se pusieron en contacto con la familia e implementaron un operativo de búsqueda, en el que también participaron policías municipales de Tecate y Ensenada, así como integrantes del llamado Grupo Beta

Lo primero que localizaron ese día, fue el vehículo en el que viajaba el empresario inmobiliario. Lo encontraron estacionado a la altura del kilómetro 25 de la carretera libre Tecate- Ensenada, a 11 kilómetros de su destino.

Por varios días los operativos de búsqueda se prolongaron por la zona sin resultados positivos, sin embargo el lunes 24 de septiembre policías municipales de Tecate localizaron el cuerpo sin vida del empresario.

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y en un pasaje del poblado Valle de las Palmas, revelaron a ZETA Jefes Policíacos que participaron en el dispositivo de búsqueda.

En un comunicado de prensa emitido por la PGJBC, luego de que la hija de Ramos Pintado revelara, dos días más tarde del hallazgo, que no participaría en el certamen de belleza nacional, por la desaparición y muerte de su padre, las autoridades ministeriales, inmediatamente, descartaron que el móvil del crimen fuera el secuestro.

“Nunca se tuvo conocimiento por parte de esta autordad sobre alguna denuncia de privación ilegal de la libertad, llamadas telefónicas o alguna circunstancia similar hacia la víctima, ya que en su momento sólo se contó con una orden de localización, con la que se iniciaron las investigaciones”.
Agregaron además que tras la localización del cuerpo, “se inició la investigación por el delito de homicidio, advirtiéndose las líneas de investigación que en estos casos se analizan, como lo son: El entorno profesional y personal de la víctima”.

Aun cuando las autoridades descartaron que el móvil del crimen sea el secuestro, la zona en que desapareció el empresario era utilizada por miembros del llamado cártel Arellano Félix para asesinar a sus víctimas, según consta en la averiguación previa 3694/05/208 en poder de la PGJBC y de la PGR.

En noviembre del 2005, tras la captura de Aarón Loeza Espinoza “El Darío”, y Regimino Silva Pereyra “El Regis”, lugartenientes del cártel, confesaron que por órdenes de Diego García Simental o Teodoro García Simental “El Teo”, secuestraban y asesinaban a su víctimas.

Las órdenes las recibían directamente de un sujeto al que sólo conocen con el alias de “Don Luis” o “El Sombrero”, quien a su vez recibía órdenes de “El Teo”, líder de una célula del CAF.

Reconocieron que uno de los métodos para asesinar a sus enemigos era utilizar tambos metálicos en cuyo interior mezclaban una sustancia conocida como sosa cáustica, la cual vertían con agua y ahí introducían los cuerpos hasta que éstos se desintegraban.

Posteriormente, narraron los indiciados, cuando los cuerpos se desintegraban, arrojaban el líquido en los ranchos que se encuentran en las inmediaciones del municipio de Tecate, en la misma zona en la que desapareció el empresario inmobiliario.

Versión extraoficial: Otra vez la Procuraduría y el “narcovideo”

Dejan muerto frente a casa de Elorduy

La madrugada del domingo 23 de septiembre vecinos de la Colonia Nueva reportaron acerca de un vehículo sospechoso. Una camioneta azul Cherokee 1987 con placas de Baja California.

Al revisar el interior, encontraron el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija. Tenía la cara cubierta con una bolsa de plástico negra y –de acuerdo al reporte forense– cerca de tres días de fallecido.

El auto estaba estacionado por la acera norte de la avenida Pino Suárez, con al frente apuntando hacia el Norte, hacia el parque de béisbol infantil “Ángel Macías”. A un lado está la glorieta en la confluencia con la calle “K” y del otro lado de la glorieta se ubica la casa particular del Gobernador Eugenio Elorduy Walther.

Trascendió la identidad del fallecido: Pedro Rubio Castañeda, de 63 años y con domicilio en la colonia rural Abasolo.

Desde la Procuraduría Estatal la información ha sido escueta hasta el momento. No había oficialmente reporte de desaparición.

Ante los nulos reportes oficiales, trascendieron versiones que apuntan, otra vez, al interior de la Procuraduría Estatal. Una de las informadas a ZETA, involucra a un agente de la Policía Ministerial en activo en el suceso, Sergio Alvarado Chong, comisionado actualmente a la Comandancia de la Policía Ministerial.

De acuerdo a los informantes, hace un par de semanas fueron “levantados” el papá del agente, un hermano y un medio hermano. Y suponen que el “levantón” de Pedro Rubio era para hacer un intercambio que no fructificó.

A pesar que esta versión es conocida en la Procuraduría (de donde salió), oficialmente no quieren declarar al respecto.

Pero hay algo más: El nombre del agente Alvarado Chong ha sido mencionado en varios momentos, ligados a la inseguridad.

El primer viernes de mayo de este año, ZETA publicó y subió a www.zetatijuana.com, un  documento videograbado. Era el testimonio del ex Comandante de la Policía Judicial, José Ramón Velásquez quien, amordazado y cautivo, expuso el modus operandi de una célula del Cártel de Sinaloa que según su versión, él mismo encabezaba.

Velásquez se adjudicó en la grabación el asesinato de varios agentes y ex agentes de la Policía Ministerial a quines acusaban de haberles ganado con droga. Expuso datos específicos, minuciosos sobre una serie de asesinatos y “levantones” perpetrados entre enero y abril de 2007.

También dijo que contaban con el apoyo de un “asesor” del Procurador de Justicia del Estado, un abogado tijuanense de nombre Humberto Valdez, apodado “El Pato”.

En otra parte del testimonio, el ex comandante policiaco –quien también fue escolta del ex gobernador Ernesto Ruffo– afirmó:

“Se le mató por andar robando droga. Ya cuando pasaron estos cuatro eventos de estas personas que andaban robando droga, tengo entendido que al ‘Pato’ Valdez, o sea el asesor del Procurador Antonio Martínez Luna, se le acercaron varios elementos que han andado haciendo lo mismo, es un Plascencia Chupón, Morales Bricolina, ¿eh?, un Ricardo Muñoz alias ‘El Choche’, Alvarado Ochoa, Valente (inaudible) y Jaime Arroyo, que tengo entendido son de la Mixta. Todos ellos… tengo entendido que cada uno de ellos le ha dado al ‘Pato’ Valdez 200 mil dólares. ‘El Pato’ Valdez nos mencionó que ese dinero que le dieron los agentes él se lo entregó al Procurador Antonio Martínez Luna en sus propia mano”.

“--¿Para qué?

“Para protegerse, para ya proteger a los agentes y que no les pasara nada. Como esos agentes nos decía ‘El Pato’ Valdez que los tenían en la lista, éste que ya no, nos dijo que ya no, que ya eran amigos porque le habían dado esa plata al procurador Antonio Martínez Luna. Ya después de ese evento, en una ocasión unos días antes de Semana Santa ahí en la colonia…

“--Oye, ¿qué más ministeriales les pagaron?

“Tengo entend…me parece Marcela (inaudible).

“--¿Quién más, quién más?

“Alvarado Ochoa, Valente, Jaime Arroyo, Plascencia, Chupón, Morales Bricolina y Edgardo Muñoz alias ‘El Choche’; ésos son los que pagaron cada uno 200 mil dólares, ¿eh?, cada uno. Cada uno de ellos aportó 200 mil dólares al ‘Pato’ Valdez…”.

Velásquez fue encontrado asesinado, molido a golpes y el cuerpo fue dejado en una camioneta Cherokee, exactamente frente a la casa de la novia del Procurador Antonio Martínez Luna, en la colonia Cuauhtémoc.

Un martes después de lo publicado en ZETA, vía electrónica en el correo de este semanario se recibió una carta. “Más denuncias” se tituló.

Ahí mencionan de nuevo a un grupo de agentes, entre éstos a Alvarado Chong (antes se le ubicó erróneamente como Alvarado Ochoa) a quien lo vinculan con la llamada “chiquimaña”. En el documento, en el que ponen como destinatario al propio Procurador Martínez Luna, exponen:

1.-“Usted (el Procurador) fue el que autorizó directamente el reingreso del ‘Bambam’, de ‘Meny Molina’ y de Roa de Lara. Bien sabía que con ellos trabajaba Ramón Velásquez Molina, puesto que era integrante del grupo que usted formó”.

2.- “Para nadie de la corporación con una antigüedad regular, es secreto que estos sujetos y otros agentes como Hernando Villegas ‘El Nando’, Oswaldo Breceda ‘El Sexo’ y ex agentes trabajaron en su tiempo para los narcotraficantes ‘El Mayel’ y ‘El Gilillo’, quienes se independizaron a la gente de los Arellano y posteriormente se unieron a la gente del ‘Mayo’ Zambada y ‘El Chapo’ Guzmán”.

3.- “¿Es casualidad que los conformó en un solo grupo a sus órdenes directas? ¿En verdad piensa que no se puede comprobar la participación del jefe de Grupo de Homicidios en Mexicali, el agente Montelongo en el disimulo y desviación de las investigaciones de los asesinatos, a cambio de jugosas cantidades de dinero por parte de los sicarios?”.

En otra parte del documento, le anexan:

“Asimismo nadie más que usted, que es la persona que se supone debe saber qué pasa al interior de la corporación policíaca, tiene conocimiento que los elementos Valente Tizoc, Alvarado Chong, el agente Morales ‘La Brincolina’, Ricardo Muñoz ‘El Choche’, ‘El Chispita’, el agente Negrete, el agente Lomelí, el agente Aldaz, entre ellos el ex agente Urías, el cual renunció después de haber recibido amenazas posteriores al intento de secuestro del que fue objeto su padre, quien es propietario de una casa de cambio y varios más, mejor conocidos dentro de la corporación como el grupo de la ‘Chiquimaña’.

 “Incluso los administrativos de la comandancia en Mexicali, están enterados del último trabajito que realizó la ‘Chiquimaña’, en compañía del jefe de grupo de la Agencia Mixta, Jaime Arroyo, consistente en decomisar cocaína a un ex agente de la corporación, al cual extorsionaron con más de cien mil dólares a efecto de no turnarlo supuestamente al Ministerio Público federal y por ser esposo de una secretaria de la misma procuraduría estatal. De este acto, le hicieron partícipe al comandante Macario Nakay y le dieron una parte del dinero, sólo que se quedaron con los kilos de cocaína decomisados, los que posteriormente fueron regresados por consejo del comandante, al haber sido pagada la extorsión”.

Igual que la mayoría de los mencionados en el video, Alvarado Chong ha seguido en las filas de la Policía Ministerial. Aparentemente él viene de una familia de policías. Un hermano y adscrito a la Policía Estatal Preventiva falleció el año pasado en Tijuana a raíz de un incidente donde se le disparó el arma al agente que lo acompañaba.

De acuerdo a reportes periodísticos, existe otro Alvarado Chong pero éste en las filas de la Policía Municipal de Mexicali. (Investigaciones ZETA)

A la caza de la PEP

18 agentes muertos en cinco años

Desde su conformación, en el 2002, un total de 18 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) han muerto, 10 de ellos a manos de gatilleros de la delincuencia organizada, tres más por accidentes, dos fuera de servicio y dos más por suicidio.

Sin embargo, altos mandos de la corporación han sufrido otros atentados, salvando la vida de milagro.

La primera de las ejecuciones se registró el 25 de agosto de 2002, cuando dos elementos de la corporación fueron acribillados frente a la CFE de la Zona Río en Tijuana, luego que quisieron detener a un convoy que resguardaba presuntamente a Javier Arellano Félix.

El 5 de octubre de 2005, Manuel Omar Cruz, subjefe de la PEP, fue herido a balazos al llegar a su domicilio de la colonia Miramar en Tijuana.

Tres semanas más tarde, el subdirector operativo de la corporación, Osiel Hernández García, fue baleado cuando viajaba por la carretera de cuota Tijuana- Mexicali. El jefe policiaco iba acompañado de sus escoltas y el coordinador de la Unidad Canina de la PEP, Fernando Paniagua. Todos salieron ilesos.

El 16 de diciembre del 2005, los policías estatales Jesús Rosas Zúñiga y Juan Hernández Gutiérrez fueron acribillados cuando custodiaban la casa del comandante de la PEP Tijuana, Carlos Alberto Gómez, quien minutos antes había sufrido un atentado en su domicilio.

Tras salvar la vida de milagro, el Comandante salió de su casa para dar alcance a los agresores. Durante la persecución, el policía mató a uno de los supuestos criminales, quien presuntamente era integrante del Barrio Logan de San Diego, California.

La mañana del 15 de junio de 2006, José Guadalupe Barajas Guzmán, agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), fue localizado muerto con múltiples disparos de AK-47 y esposado, sobre un camino vecinal de Pórticos de San Antonio.

El 3 de septiembre de 2006, los policías Carlos Edgar Sánchez Arenas y Edgard Casillas Escoto, fueron “levantados” en plena Zona Río y asesinados por un supuesto comando de gatilleros.

Los agentes, provenientes de Mexicali, había llegado a Tijuana para reforzar la seguridad en esta localidad. A los policías los torturaron y a uno de ellos le atornillaron la credencial de la PEP en la cabeza.

El mismo mes, la noche del día 27, fue acribillado Luis Alberto Espinosa Beltrán, ejecutado en compañía de su esposa, cuando circulaba en su vehículo particular en el poblado de Maneadero, en Ensenada. La hija de ambos, de tres años, resultó gravemente herida. El PEP había sobrevivido junto con otros policías, a la balacera del restaurante Mi Chante en Tijuana suscitada unos días antes.

El 18 de abril del presente año, en medio de una balacera registrada en el Hospital General de Tijuana, el policía estatal Miguel Ángel López Torres, falleció baleado. En esa ocasión, un grupo de sicarios a las órdenes de Teodoro García Simental “El Teo”, entraron al nosocomio para tratar de rescatar a uno de sus compañeros quien había sido herido en un tiroteo ocurrido minutos antes en otro punto de la ciudad.

Tres meses más tarde, el 28 de julio, el policía estatal Jesús Alberto Navarrete Pasos, fue asesinado a balazos luego de que él y su compañero –quien sobrevivió al ataque– detuvieran a unos sujetos que tripulaban una camioneta de modelo reciente en la Vía Rápida Poniente de Tijuana.  Al momento de abordar a los sospechosos, siete vehículos los acorralaron y comenzaron a emitir las detonaciones.