Víctima del delito

Lic. y Mtro. Benigno Licea González

“El hacer bien a villanos es echar agua en el mar” Miguel de Cervantes

Para hablar de “la cifra negra” de la delincuencia es necesario tener un acercamiento muy estrecho con la víctima del delito. Es el rostro oculto, el lado silenciado y silencioso de la víctima y representa el cúmulo de conductas antisociales o delitos que no llegan al conocimiento de las autoridades encargadas de su persecución y esclarecimiento, esto es, el Ministerio Público.

Para una investigación victimológica acerca de “la cifra negra” de la delincuencia debe tomarse en consideración el sexo, edad, origen, clase social, profesión, religión, estado civil, familia, parentesco en algunos casos de la víctima y los motivos que la impulsaron a no denunciar el delito cometido en su agravio. Igualmente, influye de manera determinante el marco sociocultural del cual proviene, la idiosincrasia de la población en el más amplio sentido, el tipo de delito que se ha cometido, los medios empleados para su comisión y desde luego la personalidad del ofendido.

Pocas investigaciones a este respecto se han realizado precisamente por el menosprecio y olvido en que se encuentra sumergida la víctima del delito respecto de las autoridades, los grupos sociales diversos e inclusive, de las investigaciones académicas. Luis Rodríguez Manzanera, realizó una significativa investigación en el Estado de Veracruz con la ayuda de los alumnos de la Escuela de Derecho, y se encuestó a 3,000.00 personas a fin de establecer la victimización oculta, esto es, “la cifra negra” de la delincuencia. Por razones de espacio, sólo les mencionaré que una de cada dos personas aceptó haber sido víctima de un delito pero no lo denunció; el 40% conocía a sus victimarios; el 45% de ellos eran jóvenes menores de 25 años. Solamente el 22.34 de las víctimas denunció el delito, lo que indicaría que cada 4 de 5 delitos quedan en “la cifra negra” y no son conocidos por la autoridad. Pero verán qué interesantes estos otros datos: el 45%  dijo: “no se hace nada”, “es inútil”, “sólo se pierde tiempo”, “te tratan despóticamente en el Ministerio Público”, “cuando eres hombre, los judiciales argumentan no tener para la gasolina y te piden una cooperación”, “si eres mujer,  y te ven bonita, te piden tu teléfono particular y te atienden sólo hasta que ven que no obtendrán ningún otro favor”.

Existe una gran desconfianza en las autoridades que es puesta de manifiesto por las víctimas y esta causa aparece probablemente como el primer motivo de la impunidad. El miedo a la venganza alcanza un 11%; el temor y la vergüenza a la investigación policial llega al 45.8%, siendo más notable en las mujeres, sobre todo, las víctimas de los delitos sexuales. El miedo a la venganza podría considerarse como una falta de fe en las autoridades, al igual que el temor o vergüenza a la investigación, lo que sugeriría capacitación de los agentes ministeriales para el desarrollo de interrogatorios técnicos y no traumatizantes, principalmente de mujeres para interrogar a las víctimas femeninas, cualquiera que haya sido el delito cometido en su agravio.

Con independencia de los factores ya enunciados anteriormente, considero que hay otras razones que inhiben la denuncia del delito como pueden ser el temor de ser victimizado nuevamente, esto es, el miedo al responsable del delito, que puede extenderse a sus familiares y amigos; la desconfianza hacia la justicia; la innegable impunidad; el temor de perjudicar al autor del delito porque es un miembro de la familia; la denuncia se hace pública y causa vergüenza, marginación y humillación fundamentalmente tratándose de fraudes, abuso de confianza y delitos sexuales; el ofendido debe de buscar las propias pruebas para acreditar que ha sido víctima de un delito, esto es, realiza el trabajo de quien debe de perseguir y esclarecer las conductas antisociales; nunca reciben los beneficios de compensaciones económicas o el pago de los gastos ocasionados por el delito como en el daño  en propiedad ajena, el robo, lesiones, etc.

Para ocuparnos del entorno en el que vivimos, esto es, nuestro Estado, nuestros legisladores antes de las disputas inútiles e intranscendentes por razones del partido al que pertenecen y los intereses que persiguen, ¿habrán considerado la posibilidad del establecimiento de una Ley sobre auxilio a las víctimas del delito?
El ofendido, requiere de un organismo que brinde una amplia ayuda, conforme a las posibilidades y necesidades de quienes han sufrido un daño material como consecuencia de un delito; un departamento que en vía sumaria establezca el monto y la necesidad urgente de que el ofendido reciba ayuda económica, en servicios médicos, psicológicos y de otra naturaleza por parte del Estado, que se realizará con la colaboración de dependencias y organismos públicos que estén obligados a prestarlas en la medida  de sus posibilidades.

¿Acaso las cantidades que se recaban por conceptos de cauciones que se hacen efectivas en los casos de incumplimiento inherentes a la libertad provisional bajo caución, la suspensión condicional de la condena, la libertad condicional, las sumas depositadas para garantizar el pago de la reparación del daño, las multas ordenadas a testigos, a personas morales que no asisten a diligencias, las multas impuestas como pena, etc., no podrían ser utilizadas en beneficio de las víctimas?

No quisiera dejar de considerar que el mundo actual es más cruel o violento que en otras épocas. El “Macondo” de Gabriel García Márquez sigue vivo para extraer al hombre de la oscuridad sin precedentes en el que más se hunde dramáticamente la víctima del delito en un imperdonable olvido.
No se piense que sólo evocamos un marco teórico. En Mexicali, una niña fue violada y como resultado de tan terrible y degradante ataque quedó embarazada. Ustedes saben que hablamos de Paulina, la niña que conforme a Derecho solicitó la interrupción  de su embarazo.

Pero el grupo radical como ProVida, de conciencia arcaica y obsoleta, supuestos defensores de la vida con la complicidad de las autoridades ejecutivas del Estado le manipularon para hacerla desistir de su propósito; en reprobable conducta incurrieron igualmente unos médicos sin conciencia que obligaron e impusieron a Paulina el recuerdo imperecedero del ataque sexual del que fue objeto; le impusieron la “obligatoria” maternidad y en ese momento la mataron, porque esa niña evidentemente no deseaba ser madre, ni estaba preparada para ello, ni deseaba el privilegio de la maternidad en tan abominable circunstancia; seguramente había considerado la posibilidad de continuar sus estudios, convertirse en una profesionista y estar preparada para enfrentar los múltiples obstáculos de la vida. De todos esos defensores de marras, ¿quién se desempeñará como padre del citado menor, quién le dará su apellido, su consejo, el calor de padre? ¿Quién habrá de cuidar y sufragar sus gastos, pañales, ropa, alimentos, colegiaturas, cultura, educación, asistencia médica para los casos de enfermedad? Ella es una víctima más de conciencias obsoletas, de actitudes hipócritas, mojigatas; fue víctima de un terrible delito y después, fue víctima de las autoridades que la debieron respaldar y proteger; de aquellos que al tomar el cargo protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen; pudo más la conciencia arcaica  y los detestables compromisos moraloides que el cumplimiento de la Ley, que eso sí, a los que no son de su partido les exigen de manera inexcusable. Una muestra muy clara de que la víctima del delito para nuestras autoridades... no vale nada.

Benigno Licea González, fue Presidente del Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Tijuana y posee el grado académico de Maestría en Ciencias Jurídico Penales. email: liceagb@yahoo.com.mx