Un grupo de fuerzas especiales trabaja contra el crimen organizado.

“Comando Blanco”

“Levantan” a miembros de bandas de secuestradores, de células del narco y otros grupos delictivos con el fin de “limpiar” la ciudad de Tijuana de violencia e inseguridad. Es un ataque frontal del Gobierno hacia la base de la estructura del crimen organizado, aunque de manera encubierta.

Investigaciones ZETA

Aún negado por el Secretario de Seguridad del Estado de Baja California, Víctor de la Garza Herrada, se ha confirmado la presencia de un grupo especial contra el crimen organizado operando por lo menos  en Tijuana.
Un “Comando Blanco”.
Confirmado a ZETA por tres miembros de diferentes corporaciones, e incluso por integrantes del sector empresarial, este grupo especial de ataque contra el crimen organizado, es una copia de estrategias que se han llevado a cabo en otros estados como Sinaloa, donde el anterior gobernador Juan Sigfrido Millán, utilizó equipos especiales y anónimos para bajar a cero la estadística del secuestro.
La participación de este grupo elite de fuerzas especiales también coincide con las intenciones del Gobernador Electo, José Guadalupe Osuna Millán, de echar a andar un proyecto de esta naturaleza para acabar con ejecuciones y secuestros principalmente.
El objetivo principal es limpiar la calle de delincuentes menores que contratados por las mafias pretenden convertirse en secuestradores o sicarios. Desestabilizar la estructura de las células de narcotraficantes y de las bandas de secuestradores.
El “Comando Blanco” lo integra personal traído del interior de la República, sin intereses económicos en la zona, capacitado para controlar situaciones de crisis y repeler agresiones del crimen. No se decidió incluir agentes policíacos locales debido al grado de infiltración y corrupción que se percibe en las corporaciones federales, estatales y municipales en Baja California.
Debido a esto, los elementos de este grupo especial tienen una carencia: No conocen la situación real de Tijuana, tampoco a sus residentes y no saben distinguir entre quienes ostentan por tener un trabajo legal y quienes lo hacen como producto del crimen organizado. Esta condición los ha llevado incluso a detener personas por equivocación.
Sin embargo, prefieren continuar con este actuar ya que no confían en los agentes federales integrados al Grupo Coordinación en la ciudad fronteriza, quienes han sido denunciados por “bajar” dinero a narcomenudistas y otros grupos criminales.
De hecho las policías bajacalifornianas también son tema de investigación.
En la última edición de ZETA se informó de la presencia de este grupo especial, y cómo agentes infiltrados en altas esferas gubernamentales estatales, habrían proporcionado esta información a los miembros del crimen organizado. De ahí se desencadenó la violencia que dejó muertos, balaceras, desaparecidos y muchos secuestrados.
En estos momentos, grupos de elite federales investigan al interior de las corporaciones para encontrar a los agentes que filtraron la información y propiciaron amenazas y muerte.
De acuerdo a funcionarios cercanos al grupo especial, éstos tienen una característica por encima de los comandos de delincuentes: Cubren el rostro de los detenidos y/o “levantados” con una camiseta. Les vendan los ojos. La intención primera no es desaparecerlos, sino consignarlos.
Al igual que el grupo delincuencial, el “Comando Blanco” transita en un convoy de vehículos sin placas y andan fuertemente armados.
Para muchos en el Gobierno, ésta es la salida a tanto conflicto provocado por mafias con entrañas en las policías locales. Fue el grito de auxilio del Gobierno.
Desde la semana del 20 de septiembre, miembros del crimen organizado y agentes policíacos de los tres órdenes de Gobierno en Baja California, incluso quienes no fueron informados con tiempo de los operativos anticrimen, saben que están ejecutando acciones.
Sus operaciones han sido evidenciadas con reportes al Comando de Comunicación, Control y Cómputo (C4) y el Centro de Control y Mando de la Policía de Tijuana donde personajes anónimos han denunciado secuestros y/o levantones.
Los mismos que De la Garza ha mencionado que podrían estarse usando como señuelos o mecanismos para hacer salir a los agentes y exponerlos ante los comandos criminales. Una cacería. Además, llamadas anónimas que según el funcionario tienen amplias posibilidades de ser incluidos como reportes falsos porque se han atendido y no se ha encontrado nada.
También la policía municipal ha respondido a telefonemas anónimos con resultados similares. Llegan a las casas donde se reveló la supuesta privación de libertad, y no hay nada, ni gente, ni señales de violencia. Tampoco testigos. El reporte se inscribe “sin novedad” y no se registra en el parte informativo.
En por lo menos tres asuntos, familiares de los desaparecidos han solicitado apoyo de  las autoridades. Más que hacer una denuncia formal, han pedido información para asegurarse que sus parientes no fueron detenidos por los grupos de federales que están haciendo labor encubierta. “O si les pueden decir qué grupo los tienen para saber con quiénes deben “negociar”. La respuesta oficial, cuando la hay y según explicaron algunas víctimas a ZETA, ha sido que las autoridad federal no los tiene y “la maña” tampoco.
Así sucedió con los integrantes de dos  familias levantadas el 21 de septiembre en La Villa, los cinco miembros de otra familia secuestrados en el libramiento el 25 del mismo mes y  tres hombres privados de su libertad la mañana del 3 de octubre en Playas de Tijuana.
De acuerdo a información extraoficial estas personas no ocupan lugares importantes en la cadena delictiva, pero son retenidas con la finalidad de sacarles información sobre criminales de segundo y tercer nivel en el cártel de los Arellano. Algunos de los cuales están operando en el suroeste de Estados Unidos.
Hay una versión no confirmada de que una de estas acciones realizadas por el “comando blanco”, provocó que el cuartel de la Policía Federal Preventiva (PFP) fuera atacado por un grupo armado.
La versión que circula entre las filas de las corporación es que a mediados de septiembre, este grupo “reventó” una casa de seguridad en un fraccionamiento de la delegación La Mesa, de donde habrían sacado a un indeterminado número de secuestradores pertenecientes a una célula del Cártel Arellano Félix, pero en lugar de llevarlos ante un agente del Ministerio Público, fueron trasladados a otra casa de seguridad donde los sometieron a intensos interrogatorios para allegarse a información importante.
Dicho por los propios agentes, hasta el momento no se sabe el paradero de estos delincuentes y eso pudo provocar el enojo y venganza que causó la balacera al cuartel de la PFP de la colonia Francisco Villa.