Osuna Millán deberá presentar una terna al Congreso del Estado

SE BUSCA PROCURADOR

Especialistas del área propusieron a pregunta expresa, perfiles, características y nombres de personas que podrían ser nombradas para el cargo más delicado de la estructura de gobierno: Procurador General de Justicia del Estado. Honesto, inteligente, con conocimientos de combate a la inseguridad, sabedor de las leyes y sin miedo, son algunos de los requisitos. Los propuestos, van desde un militar en el retiro, hasta abogados, defensores ciudadanos, ex funcionarios e integrantes del poder judicial.

La primera y más difícil decisión que deberá tomar el Gobernador Electo, José Guadalupe Osuna Millán, una vez que tome posesión, será proponer a su Procurador General de Justicia del Estado para que éste sea designado por los diputados en el Congreso de Baja California.
A diferencia del resto del gabinete, en el cual el Mandatario tiene la primera y última palabra para los nombramientos, el Procurador debe ser una nominación consensuada con los legisladores y éstos a su vez con sectores representados y colegiados de Baja California.
De la Procuraduría General de Justicia del Estado depende el tema más sensible y álgido de todos los que concurren en la sociedad bajacaliforniana: La inseguridad. La toma de decisiones en esa área, para bien, incide en los índices de inversión, el empleo, la educación, la cultura y el desarrollo social y económico. En caso contrario, malas decisiones en materia de seguridad, afectan todos los rubros anteriores.
De ahí, la importancia del nombramiento y la calidad profesional, humana y de perfil social de quien encabezará tan delicada institución. No es pues, una decisión que deba tomarse a la ligera, anteponiendo compadrazgos, amiguismo, nepotismo o intereses ajenos al servicio público de la sociedad.
Durante seis años, en el Gobierno que está por concluir y encabezado por Eugenio Elorduy Walther, mucho se ha criticado el actuar de la Procuraduría cuya titularidad la ostenta desde entonces, Antonio Martínez Luna, a quien se le ha acusado, entre otras cosas:
* Tolerar la corrupción al interior de la corporación.
* No concluir las investigaciones de ejecuciones en Baja California.
* Tener ligas —se le mencionó en un narcovideo que aún es investigado— con líderes de cárteles de las drogas.
* No disminuir los índices de inseguridad.
* No atacar el gravísimo problema del secuestro, particularmente de empresarios.
* No coordinarse con las corporaciones policíacas federales y municipales.
* Intereses económicos en negocios particulares aprovechando el cargo.
* Manejos irregulares de los dineros para y de sus colaboradores.
Martínez Luna, como una costumbre en el Gobierno de Elorduy, no aclaró los puntos en su momento. Acaso con declaraciones pretendió dejar en el olvido lo que hoy le es señalado, además claro, las innumerables aclaraciones como parte de una defensa de su trabajo, que más que causar efectos oficiales, fueron para emprender campañas mediáticas.
Con estos tristes antecedentes, el Gobernador Electo, José Guadalupe Osuna Millán, dijo a ZETA en una entrevista concedida días después de ganar la elección estatal el 5 de agosto, que emprendería “un cambio total en la Procuraduría”, iniciando por una limpia de corrupción, un sistema de contrainteligencia, y un grupo elite antisecuestros. También, que su Procurador, no estaría al frente del cargo durante los seis años, sería, dijo Osuna, “Una carrera de relevos”.
En ese sentido, y a semanas de la toma de protesta del Gobernador Constitucional de Baja California, se busca Procurador. Por lo menos, propuestas de la sociedad y de los sectores agrupados.
Un recuento de las virtudes que debe tener el Procurador General de Justicia de Baja California, y los desaciertos de Martínez Luna, crean una lista de requisitos que debe contener en su persona el próximo Fiscal del Estado:
Las características:
* Abogado profesional.
* Honesto.
* Inteligente
* Agudo
* Mano dura.
* Valor.
* Sin miedo.
* Sin compromisos ajenos al gobierno.
* Buena fama pública.
* Sin antecedentes penales o investigaciones oficiales.
* Conocimientos de combate a la inseguridad.
* Capacitación en tácticas de enfrentamiento al crimen organizado.
* Experiencia policíaca o de estrategia contra la inseguridad.
A partir de la toma de posesión, el hoy Gobernador electo, José Guadalupe Osuna Millán, contará con diez días hábiles para conformar una terna de donde saldrá el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
De la lista, luego de un proceso de presentación y cabildeo, los diputados del Congreso del Estado seleccionarán a quien será el primer procurador del siguiente sexenio.
Encontrar al Fiscal del Estado no es, bajo las condiciones de inseguridad en las que se encuentra Baja California, una tarea fácil. Se convertirá esta tarea en el primer reto para el Gobernador Electo. De este nombramiento, dependerá el clima que su gobierno provea en materia de seguridad, acaso el más delicado para los bajacalifornianos.
Osuna Millán deberá tomar todas las precauciones y seleccionar a los mejores hombres o mujeres para llegar al nombramiento final.

Los nombres

Un compendio de las diferentes personas que han sido nombradas para ocupar el cargo de Procurador, quedó integrado así:
Julián Leyzaola Pérez.- Teniente Coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor en el retiro, se le conoció por ser el segundo director de la Policía Estatal Preventiva. Con buenos resultados, abandonó el cargo luego de dos años de servicio, cuando no contó con el apoyo ni del Secretario de Seguridad, ni del Procurador General. El ex militar tiene una amplia carrera en el combate a la inseguridad, desde el Ejército Mexicano al que sirvió en estados como Oaxaca, Puebla, Guerrero, Yucatán y Ciudad de México. Además, fue Director de “El Hongo”, Director de Centros de Readaptación en Baja California y de la Academia Estatal de Policía en Baja California.
Mario Alberto Martínez Castillo.- Licenciado en derecho, con maestría en derecho internacional, ha ocupado varios cargos en los gobiernos locales y federales. Fue Secretario de la Contraloría de Baja California, donde se distinguió por su férrea investigación sobre funcionarios corruptos y manejos irregulares de dineros públicos. También sirvió como Secretario del Ayuntamiento de Tijuana, Visitador de la Procuraduría de Justicia del Estado, Secretario Ejecutivo del Gobernador del Estado, y en fechas recientes Director de Ferrocarriles Nacionales de México.
Raúl Corona Sesma.- Licenciado en derecho, ha litigado desde 1989, conoce bien la Ley, lo cual lo ha llevado a manejar casos como los litigios en “El Monumento” en Tijuana, y defender al Partido Acción Nacional en Tribunales locales y federales. Ligado de manera estrecha al equipo de transición de Jorge Ramos para el Ayuntamiento de Tijuana, cuenta en su hoja de vida con experiencia como responsable del área de amparo en la administración municipal de Héctor Osuna Jaime en Tijuana, Comisario Municipal en la Administración de Francisco Vega Lamadrid, y Secretario Jurídico y de Previsión Social en el Gobierno de Alejandro González Alcocer.
Jesús Alberto Capella Ibarra.- También licenciado en derecho, no ha colaborado directamente en la estructura de Gobierno alguno. Su labor ha sido desde la trinchera ciudadana, y recientemente en el ámbito del combate a la inseguridad vía la propuesta y seguimiento de los programas oficiales. Fue fiscal del consejo ciudadano por la transparencia y el combate a la corrupción, coordinador estatal del mismo consejo, Consejero del Comité de participación ciudadana de la Procuraduría General de la República, y actualmente es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.
Jesús Alberto Sandoval Franco.- Licenciado en derecho, abogado litigante, fue funcionario conciliador de la Procuraduría de Baja California desde 1983. A partir de ese año, inicia una vasta carrera como funcionario en temas de seguridad. Fue Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Penal, y del Tercero de lo Penal. Jefe de Defensoría de Oficio Común en Tijuana y Tecate, Secretario General del XIII Ayuntamiento de Tijuana, Coordinador General del Consejo Consultivo de Seguridad Pública, Subsecretario de Gobierno con Ernesto Ruffo, primer secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, primer coordinador general de Justicia de Baja California, y, subprocurador general de justicia de Tijuana, Tecate y Rosarito.

La designación

De acuerdo a Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), una vez que asuma el poder el próximo gobernador, tendrá diez días hábiles para presentar una terna de candidatos a ocupar la titularidad de la fiscalía estatal ante el Congreso del Estado.
Una vez recibida la propuesta se turnará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la cual revisará los requisitos y pedirá la opinión de agrupaciones de profesionistas. Seguido: La comparecencia pública de los candidatos, la emisión del dictamen respectivo, y finalmente la votación de los diputados.
En octubre de 2001, el Congreso cambió el proceso de designación del Procurador, dejando vacío en cuanto a cómo proceder en caso que, de la terna enviada por el Ejecutivo Estatal, los legisladores no optaran por ninguno de los candidatos.

El perfil

Abogados consultados por ZETA coincidieron en que el próximo fiscal estatal debe estar ajeno a intereses políticos.

El Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Licenciado Enrique Gómez Llanos apuntó que debe ser una persona que no tenga compromisos o sea miembro de algún partido político, “para que pueda tener la apertura y que se mantenga el equilibrio en la procuración de justicia”.

En el mismo sentido opinó el Presidente de la Asociación de Egresados de la Escuela Libre de Derecho, Alfonso Rocha-Albersten, “el Procurador no debe meterse en política, debe ser muy profesional”. 

 
De acuerdo a la Ley Orgánica de la PGJE en su capítulo tercero, sobre los nombramientos, el Artículo Séptimo señala que entre otros requisitos para ocupar el cargo de Procurador de Justicia en el Estado de Baja California:

* Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

* Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de diez años, título profesional de Licenciado en Derecho

* Gozar de buena reputación

* Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la designación
Además de los requisitos que la ley establece los abogados señalan que el perfil del Procurador debe reunir las siguientes características:

* Que conozca de la situación de inseguridad en el Estado

* Sin vínculos familiares o de amistad con el Gobernador

* Experiencia en Derecho Penal 

* Que cuente con el aval de la sociedad

* Trayectoria limpia

* Debe ser un líder, con poder de convocatoria

* Gran determinación

* Honestidad

* Valentía

Mencionaron los abogados consultados, que es importante que tenga muy clara la situación de inseguridad en Baja California, que realice un diagnóstico previo para saber cuáles son las fortalezas y debilidades que le permitan llevar a cabo acciones específicas, como la coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales como prioridad, una reestructuración de la dependencia, la sustitución de funcionarios y algunos cambios normativos.

Sobre la permanencia en el cargo, los consultados afirmaron que debe de renovarse durante el sexenio con periodos de dos o tres años. Estos relevos tendrían como propósito mantener una línea de intensidad, participación y de legitimidad social

Rosendo Cervantes encabeza la Asociación de Criminología del Noroeste y el Colegio de Abogados de Mexicali. Sobre el perfil del nuevo Procurador opinó:

“Primero que nada, un hombre que privilegie la institución, las funciones sustantivas de investigación, que sea una prioridad la investigación de los delitos comunes y de los delitos de alto impacto.

Que haya la certeza de que delito cometido, cualquiera que sea, se va a investigar a fondo y a través de los procedimientos y métodos más avanzados, utilizando inclusive la tecnología.

“La otra parte es el cumplimiento de todas las órdenes de aprehensión que se hubieran librado y que estén vigentes y no prescritas. Por supuesto que el perfil será un hombre que conozca la materia, la materia procesal, la materia penal, que conozca temas que tienen que ver con las garantías individuales y con los derechos humanos y que tenga don de mando sobre los policías, porque los policías no obedecen a nadie. Los Policías Ministeriales están fuera de control, no obedecen a nadie, ahí se requiere una persona que tenga el don de mando.

“Y por supuesto, uno de los aspectos que es paralelo, un hombre honorable, honesto, un hombre con una reputación en la comunidad, intachable”.

Ana María Fuentes es abogada y diputada local postulada por el PRD en el XV Distrito de Ensenada. La legisladora local dice que hasta el momento no hay nombres concretos que surjan como propuesta para ocupar el cargo de Procurador de Justicia del Estado.

Sobre el perfil, comentó que se necesita una persona que tenga un perfil de honestidad, con bastante experiencia y sobre todo, que sea una persona correcta, recta, honrada, que no le tiemble la mano y que tenga mucho valor.

Luis Javier Garavito Elías es abogado, ex rector de la UABC y actual Presidente de la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios.
El ex Rector universitario esbozó un necesario perfil del próximo Procurador:

“Más que nada que tenga un compromiso con la sociedad a toda prueba, de una honradez acrisolada. Ese cargo trae muchas tentaciones por el poder que implica y los intereses que se manejan, necesitamos un ciudadano, un abogado a toda prueba, con antecedentes muy claros, definidos en su vida profesional, que conozca el tema de la seguridad que es el punto lacerante en la procuraduría, no sólo en la investigación y que más que nada tenga compromiso con los bajacalifornianos, no con el Gobernador o el Partido que llevó al Gobernador a la titularidad del Ejecutivo.

“Debe tener una vocación de servicio franciscana, un apostolado. Creo que ya se acabaron aquellos tiempos en que se veía que el titular de la Procuraduría era haber llegado a resolver sus problemas económicos de por vida. Creo que su seguridad personal y de su familia está de por medio, por eso es un cargo de mucha responsabilidad, ya no se vale en llegar pensando en amasar una fortuna”.

Las propuestas de los grupos

Entrevistados por ZETA, representantes de grupos de bajacalifornianos, concedieron algunos nombres de personas que a su juicio, podrían encabezar, con óptimos resultados, la Procuraduría General de Justicia de Baja California.

De entrada, en el Colegio de Abogados Constitucionalistas, proponen para a ocupar la titularidad de la PGJE  a los licenciados Raúl Corona Sesma, José Luis Molina Magaña y Rommel Moreño Manjarrez.

El Licenciado Raúl Corona Sesma, actualmente es el responsable de asuntos jurídicos en el equipo de transición del presidente municipal electo, Jorge Ramos Hernández. En el ámbito de la función pública se desempeñó como Secretario Jurídico y de Previsión Social durante el gobierno sustituto de Alejandro González Alcocer.

Mientras que José Luis Molina Magaña, es Coordinador General del Consejo Ciudadano por la Transparencia y el Combate a la Corrupción. Anteriormente fue Presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa. En 2001 integró la terna de candidatos propuesta por el gobernador, Eugenio Elorduy Walther.   

Rommel Moreño Manjarrez, fue también junto con Antonio Martínez Luna, uno los integrantes de la terna enviada al Congreso del Estado en 2001. Era el favorito de Elorduy Walther, pero no le sirvieron las influencias. Fue Subprocurador de Justicia en el Estado y posteriormente encargado del despacho de la Procuraduría. Nuevamente se apunta como uno de los aspirantes, y su cercanía al equipo de transición de Osuna Millán es evidente.

Para el Colegio de Abogados de Tijuana, los prospectos por su trayectoria “limpia” son los licenciados Carlos Atilano Peña, Alberto Sandoval Franco y Víctor Vázquez Fernández. 

El primero ha participado en la política como candidato a la presidencia municipal de Tijuana en 2001 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2006 como Coordinador de Redes Ciudadanas a favor de Andrés Manuel López Obrador. Como coordinador de la agrupación Fuerza Ciudadana, durante el pasado proceso electoral apoyó a los candidatos de la Alianza por Baja California. Ha sido Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana y empresario deportista.

Alberto Sandoval Franco es Coordinador del Comité de Organismos de la Sociedad Civil Promotores de la Cultura de la Legalidad y Director de Relaciones Públicas y Gubernamentales de Tijuana Renacimiento. Participó en la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Pública de Playas de Rosarito 2005-2025.

En el caso de Víctor Vázquez Fernández, es Magistrado de la Tercera Sala Penal en Mexicali. Es uno de los magistrados reinstalados por el Congreso del Estado en 2003. Fue Presidente del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Baja California.

Más cauteloso fue el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Playas de Rosarito, César Villegas Campoy:

“No quisiera proponer porque en este proceso más que ayudar se puede perjudicar. Estoy convencido de que el gobernador electo, José Guadalupe Osuna Millán, fue muy claro a lo largo de la campaña en sus consideraciones, en sus propuestas y no tengo la menor duda, se habrá que tomar una decisión correcta”.

También reservado, el Presidente de la Asociación de Egresados de la Escuela Libre de Derecho, Alfonso Rocha-Albertsen, dijo que ya se han mencionado los nombres de Alberto Capella Ibarra, Rommel Moreño Manjarrez y Alberto Sandoval Franco, “eso sí sería interesante”.  

De los prospectos que mencionaron, el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, anteriormente estuvo al frente del  Consejo Ciudadano por la Transparencia y el Combate a la Corrupción.

“Ya se están manejando algunos nombres, ya están haciendo algunos cabildeos. Lo óptimo sería que el gobernador propusiera una terna, los organismos otra, y ahí se fuera depurando”.

Los abogados solicitaron se someta a consulta entre diversos organismos de la sociedad y agrupaciones de profesionistas, la terna de candidatos que el Ejecutivo Estatal presentará al Congreso del Estado.

Consideraron que la seguridad de Baja California no debe negociarse con partidos políticos, ni con intereses personales, por lo que el Gobernador del Estado debe proponer un hombre o mujer con la suficiente calidad moral, experiencia jurídico-penal, honorabilidad y sobre todo con el aval de la sociedad.

“Que la decisión no se tome en función de criterios políticos y partidistas, que el criterio que los lleve a su elección no sea la permanencia o no de algún partido político. No debe ser un factor a considerar”, apuntó el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Playas de Rosarito, César Villegas Campoy.  

Por su parte el Licenciado Xicoténcatl Leyva Borja, Presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas, expresó que el proceso que se ha utilizado para elegir el mejor perfil, no ha dado resultados positivos.

“Las formas institucionales bajo las cuales se pretende calificar a una persona, y garantizar esa calificación ante la sociedad, nos ha dado malos resultados por los compromisos que están generando alrededor de las instituciones”.

La propuesta en específico del Colegio de Abogados Constitucionalistas consistió en una reforma legislativa que permitiera la autonomía del Ministerio Público del Ejecutivo Estatal. Varias asociaciones y barras de abogados también le harán llegar al Congreso del Estado sus propuestas para modificar el método de selección del Procurador de Justicia.

Rosendo Cervantes de la Asociación de Criminología del Noroeste y el Colegio de Abogados de Mexicali, propuso al actual Juez Penal, Juan Salvador Morones Pichardo.

La última palabra en el nombramiento del Procurador de Baja California, la tendrán los diputados del Congreso del Estado, cuando analicen la terna que enviará el Gobernador una vez habiendo tomado posesión.

Mientras tanto, José Guadalupe Osuna Millán, deberá, como lo dijo, consensuar el importante nombramiento con la sociedad bajacaliforniana y los grupos organizados. Por el momento, se busca Procurador. (Adela Navarro Bello, con información de Carolina Hernández Tripp, Sergio Haro Cordero y Rosario Mosso Castro)