Creó cinco, una de ellas, denuncian, es para la esposa de un Subprocurador

Notarías: Premios de Elorduy

Abogados y Notarios denuncian favoritismo en entrega de Notarías, particularmente de las cinco de nueva creación, la Número 20 en Tijuana, que acusan será entregada a Martha Lorena Rubio, esposa del funcionario de gobierno, Francisco Javier Alcázar Jiménez.

Javier Cruz Aguirre

El Gobernador del Estado, Eugenio Elorduy Walther, creó cinco Notarías para entregar en Baja California.

Tradicionalmente concedidas como “premio” para aquellos abogados afines al Gobierno en turno, esta vez el Mandatario está siendo acusado. Consejeros de la Judicatura, abogados litigantes y aspirantes a una de esas notarías, denunciaron que Elorduy entregará la Notaría número 20 de Tijuana, a  Martha Lorena Rubio Margain, esposa del subprocurador de Justicia, Zona Ensenada, Francisco Javier Alcázar Jiménez.

Confiaron a ZETA notarios públicos de Tijuana, que la entrega es por presión directa del Procurador Antonio Martínez Luna, quien “quiere para sí esa notaría una vez que reúna los requisitos en aproximadamente un año más”.

Legistas porteños afirmaron que el favoritismo también ocurrirá en la renovación de dos magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuando Elorduy Walther entregue uno de los nombramientos a la subprocuradora de Justicia Estatal en Mexicali, Perla del Socorro Ibarra Leyva.

Pero el secretario del Consejo de Notarios Públicos de Baja California, licenciado Ricardo Delmonte Núñez, afirmó que en los 13 años que lleva en el gremio nunca la titularidad de alguna de las notarías de la entidad (42 en total, más las cinco creadas por Elorduy, que están vacantes) se definió por preferencias políticas.

“Todas se han apegado al protocolo legal. Yo no accedí a mi notaría (la número 8 de Tijuana) por un favor. No pedí ni debo un favor a nadie”, reiteró.

Pagando favores
Abogados y participantes en el pasado examen de aspirantes a la titularidad de la Notaría Pública número 20 con sede en la ciudad de Tijuana se quejaron de la actitud del Gobernador. De la intención de entregar una notaría a la esposa de un funcionario.

Santiago Zapién giró un escrito a ZETA denunciando que Elorduy pretende dar a la esposa de, subprocurador de Justicia del Estado en la ciudad de Ensenada, Francisco Javier Alcázar Jiménez, la notaría pública en la ciudad de Tijuana.
Explicó:
“Para poder ser notario la ley establece claramente los requisitos que hay que cubrir  y uno de ellos es hacer prácticas notariales en una notaría de la elección del Consejo de Notarios. Sin embargo el Gobernador del Estado dispensó a la esposa de este funcionario público —Martha Lorena Rubio Margain— de este requisito”.

Agregó que si bien es cierto que en alguna parte de la Ley del Notariado, y por la falta de interpretación de la misma, se podría entender así, “lo interesante del caso es saber si algún otro bajacaliforniano tendría la misma oportunidad de no hacer prácticas notariales, tres tesinas y dos preexámenes para poder presentar un examen y obtener la patente de aspirante al notariado”.

De acuerdo al informante, Elorduy dispensó de estos requisitos a una mujer que muy pocos conocen en Ensenada y Tijuana, según lo constató ZETA en medios notariales y de profesionales de la abogacía.

“Precisamente el día de ayer (4 de octubre) se llevó a cabo el examen de aspirante y por un motivo inexplicable esta persona pasó dicho examen con la calificación mínima requerida. Lo increíble y bochornoso de las circunstancias es que unos días antes de estos acontecimientos, el gobernador del Estado creó cinco nuevas notarías: Dos para la ciudad de Tijuana, una para Rosarito y otras dos para Mexicali, y la única que fue convocada fue la notaría 20 de Tijuana, la cual al parecer ya tiene dedicatoria”.

Al preguntar a notarios de Tijuana si en verdad existía tal dedicatoria, éstos contestaron, solicitando anonimato por obvias razones, que el procurador Antonio Martínez Luna era quien directamente estaba presionando al Consejo de Notarios para quedarse con dicha notaría a través de terceros, esperando al menos un año para posteriormente asumir la titularidad por renuncia voluntaria o “enfermedad” de la nueva titular, aparentemente Rubio Margain.

La presión del funcionario llegó a ser tan extrema, según narran las fuentes, que el presidente del Consejo de Notarios, licenciado Carlos Gallaga Esparza, prefirió “salir de vacaciones” estos días para evadir el apremio de Martínez Luna.

“Lo impresionante de todo esto —redactó en su escrito Santiago Zapién—, es la aceleración de los trámites. Más si tomamos en cuenta que la última notaría que se concursó en Tijuana para una titularidad le llevó al gobernador (Elorduy) 180 días para concluir con los trámites propios”.

Delmonte Núñez, quien junto con Gallaga y otros notarios de Baja California viajó esta semana a Madrid, España para participar en un congreso notarial internacional, explicó que hasta el jueves 11 de octubre se habían realizado dos exámenes de aspirante en los que participaron alrededor de ocho de los aproximadamente 30 solicitantes que cuentan con su respectiva patente.

Asimismo precisó que hasta el jueves 11 de octubre no se tenía conocimiento oficial de la celebración de concursos de oposición, entre los ganadores de los concursos de aspirantes, para obtener la titularidad de una notaría. De hecho el evento que se realizaría ese día para seleccionar al titular de la notaría pública de San Quintín, una de las cinco actualmente vacantes en el estado, se canceló por motivos desconocidos.

En Baja California actualmente hay 42 notarías en activo: 15 en Mexicali, una en Playas de Rosarito, dos en Tecate, cinco en Ensenada y 19 en Tijuana, más las cinco creadas por Elorduy y que están vacantes.

La próxima semana, dijo Delmonte, se realizará otro examen de aspirantes en la ciudad de Mexicali, evaluación que presiden cinco sinodales: dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dos notarios designados por el Consejo de Notarios, y un representante del gobernador.

El procedimiento se apega estrictamente al protocolo legal, que está abierto al público, en donde inmediatamente después de que termina el examen se hace del conocimiento público la calificación que obtuvo cada uno de los evaluados.

Las quieren desaparecer
Posiciones aún más tajantes que las de Santiago Zapién propusieron algunos abogados ensenadenses consultados por ZETA. Alfonso García Quiñones, ex consejero ciudadano por Ensenada del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, estimó que más que nuevas notarías públicas o la designación de nacientes notarios, lo que Baja California necesita es que este oficio “medieval” desaparezca.

“En realidad lo que hacen (los notarios) es vender la fe pública que a ellos les presta el Estado. Definitivamente ya es hora de revisar las riquezas hechas al amparo de estas concesiones y privilegios que les obsequia el gobernante”.

Afirmó que el trabajo que realizan los notarios bien lo puede hacer el gobierno a través de sus distintas dependencias, tal y como ya lo ejecutan oficinas como el Registro Público de la Propiedad y Comercio, o la secretaría de los juzgados, en donde el Estado recupera su función de dar fe a un bajo costo para la ciudadanía.

“Las notarías en realidad son fraternidades de minorías selectas. Con ellas el gobernante en turno da privilegios exclusivos a sus favoritos. Se trata de un simple favor, de un pago político a quienes se portaron bien y lo ayudaron”.

Acusó asimismo a los notarios de evadir la normatividad que les impide litigar siendo profesionales del ramo fedatario, acción ilegal que hacen utilizando a representantes, a prestanombres que operan a trasmano en los tribunales.

“En verdad son una minoría selecta que hace multimillonarios, pues ejercen un monopolio de fe pública con autorización y beneplácito de la ley”.

La investigación de la CFC

La creación de cinco notarías más en Baja California, se da en momentos en que la Comisión Federal de Competencia  anunció que a partir de septiembre realiza una investigación de oficio para detectar supuestas prácticas monopolísticas en el mercado de los servicios que ofrecen los notarios públicos.

Incluso el Instituto Mexicano de Estudios Patrimoniales (IMEP) manifestó que la falta de escrituración de bienes inmuebles en el país es ocasionada por los altos honorarios de los notarios públicos, lo cual genera incertidumbre jurídica sobre la propiedad de los bienes, disminuye su valor, limita la libre compraventa de los mismos, dificulta su transmisión hereditaria y frena la recaudación de impuestos.

Pese a ello en septiembre del 2007 el IMEP firmó una alianza con Banco Interacciones, propiedad de Carlos Hank Rhon, para el “Programa de Escrituración de Inmuebles”, que otorga créditos para el pago de las escrituras, en un intento por aminorar los 15 millones de inmuebles irregulares en México.

La decisión del Instituto contrasta con la que adoptó la Comisión Federal de Competencia, al abrir una investigación para detectar supuestas prácticas monopolísticas ante la presunción de una colusión del gremio para unificar tarifas al margen o en agravio de las reglas de la competencia, lo cual provoca que los usuarios no tengan la posibilidad de ubicar lo que mejor convenga a sus intereses.

También se habla de un presunto intercambio de información entre agentes de la misma causa hacia el mismo objeto: Cerrar la vía hacia la competencia.

La pesquisa de la Comisión se basa en el artículo 33 de la Ley Federal de Competencia Económica, ordenamiento que faculta al director general de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Intercambio Interestatal de la dependencia, para expedir órdenes de presentación de documentación e información relevante, y aun para citar a declarar a quienes tengan relación con la indagatoria.

El antecedente directo de esta investigación se remonta a diciembre de 2004, época en la que el Congreso aprobó una iniciativa de reforma a la Ley de Correduría Pública, presentada por la diputada priísta Nora Elena Yu Hernández, que limitó al mínimo las facultades de los corredores públicos en el ámbito fedatario.

Concretamente a esos profesionales se les asignaban cinco funciones específicas:

1.- Agentes mediadores para el intercambio de propuestas entre dos o más partes. 2.- Peritos valuadores para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios y cotizaciones a su consideración. 3.- Asesores jurídicos en actos de comercio. 4.- Árbitros frente a controversias, y, 5.- Fedatarios públicos en hechos, actos, convenios y contratos de naturaleza mercantil, excepto inmuebles.

La novedad era que las tarifas de los corredores representaban menos de la mitad de las de los notarios. Así, mientras que éstos cobraban 13 mil pesos por sancionar la constitución de una empresa, los corredores públicos lo hacían por seis mil.

Posteriormente los corredores públicos acudieron al auxilio de la Comisión Federal de Competencia, quien en 1997 expidió una histórica resolución en la que, luego de aplicar una multa, determinó que los notarios realizaban prácticas monopolizadoras al obstaculizar la labor de competencia de los corredores públicos, resolución que aún hoy se litiga en los tribunales federales.

La respuesta de los notarios fue la ley promulgada por el Congreso de la Unión en diciembre del 2004, que hoy es de nuevo atacada por los corredores públicos y la CFC mediante la puesta en marcha de la investigación “de oficio” para detectar supuestas prácticas monopolísticas en el mercado de los servicios que ofrecen los notarios públicos.

“No somos mercaderes”

Pero a estos argumentos, y a los que esgrime la CFC para justificar su indagatoria, el Colegio de Notarios Públicos responde que los profesionales del ramo ofrecen, no venden fe pública, y tampoco transfieren mercancías, por lo cual no son un agente económico sujeto a la Ley Federal de Competencia Económica.

De hecho el grupo alega que tras una investigación realizada por la CFC en la que se planteaba un supuesto desplazamiento indebido contra corredores públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó —en el 2002— que los notarios ejercen una función pública, delegada por el Estado, que no equipara con actos mercantiles o de comercio.

Cabe destacar que para la fecha en que el Poder Judicial determinó la no equiparación con actos mercantiles o comerciales las actividades de los notarios, dos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia habían ocupado la titularidad de notarías públicas.

El primero es Sergio Salvador Aguirre Anguiano, notario asociado en la Notaría número 24 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y la segunda es Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, primera mujer notaria en la historia del Distrito Federal, al ser titular de la número 184 en la capital del país.

“Las tarifas las determina el Estado, vía el Congreso de la Unión o los congresos locales. Y si le seguimos, el número de competidores lo determina el propio Estado con base en la necesidad”, indica un comunicado del Colegio de Notarios Públicos dado a conocer en los primeros días de octubre pasado.

Incluso se alega que en casos especiales, previa autorización del Legislativo, se han bajado “drásticamente” las tarifas para favorecer campañas o causas sociales.

Así, agrega el colegio, se aplican costos especiales para beneficio de los compradores de casas de interés social o medio, vía créditos del Infonavit o del Fovissste, y año con año, a petición de la Secretaría de Gobernación, se promueve en septiembre el “mes del testamento”, planteándose tarifas a la mitad de las habituales: de tres mil o dos mil 250 pesos a mil 100, precio que en Baja California el Registro Público de la Propiedad reduce aún más: 600 pesos por testamento manuscrito.

El comunicado del Colegio de Notarios termina señalando que espera de la CFC “una audiencia justa y equilibrada, estrictamente apegada a derecho, sin sesgos en la investigación”, declarando textualmente que la posibilidad de vender la fe pública al mejor postor “sería una fórmula para corromperla y minar la seguridad jurídica”.