Estatales Preventivos y Municipales son señalados por víctimas y testigos.

POLICÍAS AYUDAN EN LEVANTONES

En por lo menos dos casos recientes de secuestros y “levantones”, testigos y agentes policíacos, han señalado la presencia y participación de policías de distintas corporaciones, pero la procuraduría no investiga. La Secretaría de Seguridad Estatal por su parte, abrió una investigación en Asuntos Internos a tres Policías Estatales Preventivos que son sospechosos de plagiar, robar y después asesinar a un contador público. En el secuestro de Puerto Nuevo, también se reportaron policías colaborando en el crimen.

Investigaciones ZETA

En un hecho pocas veces visto, Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, denunciaron lo que el Procurador Antonio Martínez Luna insiste en ignorar y negar públicamente: Los secuestros continúan y están siendo ejecutados por policías estatales, municipales y federales. Nadie los detiene. Tampoco los interrogan.

El ejemplo más reciente:

Policías Ministeriales informaron de la presunta participación de Policías Estatales Preventivos (PEP) en la privación ilegal de la libertad del ex gerente de “Los Potros de Tijuana”, Pablo Valenzuela Ruvalcaba. Se lo llevaron la noche del 28 de julio, en la zona comercial del río Tijuana. Fue encontrado muerto un mes después en las inmediaciones del Rancho Santa Verónica en Tecate.

Datos oficiales, desde el 21 de agosto, indican que los sospechosos tenían nombre y apellido dentro de una averiguación previa. Todos policías, fueron delatados por sus compañeros. Aun con ello, en la Procuraduría no los habían llamado a declarar. Lo hicieron esta semana, cuando los agentes hicieron pública la información.

En la Secretaría de Seguridad de Baja California iniciaron la indagatoria en Asuntos Internos hasta la tercera semana de octubre. Casi tres meses después del secuestro. Y no les fue fácil. Solicitaron oficialmente datos al Ministerio Público. Ahí les explicaron que en la averiguación previa se requirieron las declaraciones de tres agentes de la PEP. Dos como citados y sólo uno con orden de presentación.

Aun así, deben esperar a que la Procuraduría defina en calidad de qué quedan los agentes dentro de la averiguación, para poder tomar medidas. Dado que se trata de un delito grave, los implicados no podrán continuar laborando.

La participación de Policías Estatales Preventivos se vislumbró desde el día del secuestro. La última comunicación de Valenzuela fue con su esposa. Le informó que un grupo de la Policía Estatal Preventiva lo estaba deteniendo cuando transitaba su vehículo. No supieron más de él. La siguiente noticia les llegó un mes después cuando les informaron, tres días después del hallazgo, del cuerpo encontrado.

Otro hecho destacado: A Valenzuela Ruvalcaba lo encontraron muerto el mismo día que atentaron contra la vida del Comandante de la PEP, Efraín Barrera, en Tijuana. En el Gobierno del Estado presumieron la autoría de policías municipales. El Gobernador Eugenio Elorduy dijo: “Tenemos valiosa información que nos va a llevar a detenciones sobre este tema, y confirmar que lo que estamos haciendo está dando resultados y el efecto es el que quieran asesinar a esta persona”.

Sin embargo, informantes de ZETA señalaron que los Estatales Preventivos involucrados en el “levantón” de Valenzuela, deberían estar incluidos como sospechosos de la balacera contra Barrera. El origen de la sospecha:

El día del plagio, Valenzuela llevaba consigo un maletín con dinero. Los Policías que se lo hurtaron, habrían acudido con Barrera para que los ayudara a salir del problema, pero éste se negó. La situación se tornó más grave cuando localizaron el cuerpo del contador público. La venganza de los Policías contra el Comandante, dijeron, sería inminente.

Este escenario que ahora emerge a la luz pública, fue mantenido en secreto desde agosto cuando fue localizado muerto el gerente del grupo beisbolero. Es decir, los policías desleales trabajaron durante 55 días más después de presuntamente cometer el “levantón” luego el atraco y finalmente la muerte del empresario.

Por eso en esta primera quincena de octubre son investigados. Han sido llamados a declarar, a presentarse, y en la Secretaría de Seguridad Pública, les siguen una investigación por su deslealtad.

Más secuestros

Los ejemplos siguen. Mientras el Procurador Martínez Luna acepta 14 secuestros en lo que va de 2007, Policías Ministeriales declaran extraoficialmente, que tan sólo en octubre van más de 10 personas desaparecidas. El día más trágico, el 17 de octubre, cuando al Centro de Mando C4, se denunciaron las privaciones de la libertad de otros tres hombres. Uno alrededor de la una de la tarde en las inmediaciones de la Unidad Deportiva CREA. Otro en la colonia Orizaba y el tercero en Villa Floresta.  

Del primero no encontraron rastros; en el caso del segundo se trató de un presunto empresario hotelero de Nayarit, la víctima se apellida Canales y circulaba a bordo de una camioneta sin placas; el tercero fue sacado de su casa.

Internacional: El caso Luna

En la privación ilegal de la libertad de Alejandro Luna Haro, cometida en Puerto Nuevo el fin de semana, hay líneas de investigación totalmente opuestas.

1.- Se le considera un hombre de negocios exitoso en el campo de las casas de cambio en México y Estados Unidos, y a pesar del “bajo perfil” del automóvil que conducía el día del secuestro, una camioneta Honda Odyssey 2007, su propio perfil fue identificado como “secuestrable”.

2.- Agentes Estatales revisan la posibilidad de acciones ilícitas en los negocios de Luna Haro.

De confirmarse la hipótesis número uno de los Policías, el caso sería un secuestro, aunque la esposa del empresario, hasta el jueves por la tarde no había recibido llamada de rescate. Pero si se confirma la línea 2, pasaría a ser un “levantón”, y las consecuencias podrían ser negativas.
Extraoficialmente, agentes municipales de Rosarito y Tijuana, mencionaron la posibilidad que Luna haya sido privado de la libertad por policías federales encubiertos. Esto fundamentado en que las primeras llamadas de auxilio reportaron la presencia de un grupo armado pero bien vestidos, tal cual lucen los “comandos blancos”.

En un trabajo de campo realizado por el equipo de ZETA, negociantes que estuvieron en las inmediaciones el día del delito, aseguraron haber visto en la carretera, antes de entrar a la zona de restaurantes, al comando secuestrador “escoltado por agentes municipales y otros con tipo de judiciales”.

Policías de Rosarito comentaron: “…los municipales se abrieron cuando el grupo criminal ingresó a Puerto Nuevo”. Testigos mencionaron que los hombres con aspecto de “judiciales” estuvieron en la zona, antes, durante y después de la balacera y las privaciones de la libertad de Alejandro Luna y el español José María Sánchez.

Con estos elementos, los agentes consideraron que la privación fue producto de un plan cuidadosamente elaborado:
* La víctima fue estudiada.

* Los secuestradores tuvieron acceso a información de traslados.

* Eligieron para actuar, un punto alejado de cualquier instalación policíaca más de 10 minutos.

* La zona del plagio es de libre acceso. Las rutas de escape abundan hacia Tijuana o Ensenada.

* En las inmediaciones se han descubierto muchas casas de seguridad. Pudieron utilizar una rápidamente.

* También es una zona hotelera con habitaciones disponible.

Aun así, cuando la víctima se vio acorralada, se bajó del auto y huyó. Dejando a su esposa e hija a merced de los secuestradores, que fueron tras él hasta un comercio de cuadros.
El caso cobró relevancia internacional, dado que también fue plagiado en el acto José María Sánchez, de origen español. Hombre que después fue liberado ileso.

Operativo del crimen

Las  familias Luna y Sánchez llegaron a Puerto Nuevo alrededor de las dos de la tarde. Sus perseguidores arribaron después. Cuando se retiraban del lugar, les bloquearon la salida con otra camioneta. Hombres a pie dispararon contra las llantas para inmovilizar el vehículo. Algunas balas entraron por la parte trasera de la carrocería.

Mientras Luna intentaba huir, las personas en el auto fueron despojadas de sus equipos de comunicación, y el señor José María sacado con violencia y subido a una camioneta guinda.

Oficialmente, los comerciantes de la zona empezaron a hacer llamadas de auxilio a las tres con 20 minutos de la tarde. Denunciaron la presencia de autos sospechosos. Cuatro: Una Durango guinda, una Suburban blanca, un Jeep Patriot café y otro Jeep verde, todos sin placas.

Describieron la apariencia de los presuntos delincuentes como jóvenes, “delgados, bien vestidos, limpios y bien peinados”, que encima de sus camisas de vestir bien planchadas, portaban una pechera al parecer antibalas. Que antes de los hechos “cuidaban o vigilaban a una familia dentro de un restaurante”.

Los primeros en tener conocimiento de los hechos, fueron miembros de la Policía Federal de Caminos. Ignoraron el llamado de auxilio. Cinco minutos después, una segunda comunicación. Esta vez dijeron que había heridos. Que personas “vestidas de judiciales” dispararon sobre una camioneta gris marca Odyssey y que los atacantes habían huido en una camioneta guinda.

A las tres y media, el reporte llegó a la delegación Primo Tapia. Oficialmente los municipales empezaron a llegar a la zona 10 minutos después, y faltando quince minutos para las cuatro de la tarde instauraron el “Operativo Alfa”, consiste en instalación de filtros en las principales salidas de Rosarito. Sin embargo, habían pasado 15 minutos de los secuestros, tiempo suficiente para la huída de los criminales.

La historia, reconstruida a partir de las declaraciones de testigos y policías, fue desechada, a pesar de la evidencia, por el Gobernador del Estado y el Procurador. Ambos dijeron que el secuestro había sido un asalto “que se les fue de las manos”. Además, limitaron la actuación de la Procuraduría argumentando que Luna Haro, es ciudadano de Estados Unidos.

Lo que sí está investigando el procurador Antonio Martínez Luna, es a los policías municipales de Tijuana que atendieron el llamado de la liberación del español José María Sánchez Osés en un lote baldío a unos metros de la delegación de la Gloria.

De la participación de policías en los plagios, no hay nada. A pesar de los testigos y las denuncias de elementos de distintas corporaciones policíacas.

Ligan a ex Ministerial detenido con Comando Negro.

A Julio César Dueñas Moreno, capturado el viernes 12 de octubre en un domicilio del fraccionamiento Lomas Virreyes de Tijuana, lo vinculan con el llamado “Comando Negro”, el cual presuntamente recibía protección de policías municipales de Ensenada.
Fueron los propios agentes, encarcelados actualmente en el CERESO del Puerto, quienes acusaron al ex Ministerial de ser uno de los integrantes del Comando, que de acuerdo con un comunicado de prensa de la PGR, emitido en noviembre de 2005, recibía órdenes del Cártel Arellano Félix.

De tal suerte, un Juez de Distrito con sede en Ensenada giró una Orden de Aprehensión en contra del ex Funcionario, por lo que 200 militares y policías federales cumplimentaron, en medio de un aparatoso operativo, la resolución del Representante Judicial.

En Noviembre de 2005, Dueñas Moreno fue acusado de robo de vehículo y a pesar que el delito no se comprobó, fue destituido de la Corporación por pérdida de confianza.

Posteriormente, relatan, tras el pago de ocho mil dólares a un Funcionario del Ayuntamiento de Tijuana, se incorporó, junto con otros tres ex agentes ministeriales, a la Policía Municipal.

Según el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Luis Javier Algorri Franco, el nombre del detenido coincide con el de un Policía Municipal que después de haber salido de la Procuraduría en el 2006 ingresó a la dependencia a su cargo y que a su vez,  10 días antes de la detención, renunció al cargo.

Se presume que el ex Ministerial se desempeñaba como escolta del ex Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia en el Estado, Gabriel Tapia del Río, asesinado el 27 de julio del 2006 en la colonia Moderna de Guadalajara, sin embargo tal versión no ha sido confirmada ni desmentida por la dependencia.

Fuentes consultadas por ZETA confirmaron que tras la captura del ex Funcionario, un grupo de inteligencia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) arribó a Tijuana y hasta el momento han llevado a cabo varios cateos domiciliarios sin mucho éxito.

Incluso, parte de una investigación de la PGR revela que tras la detención de un grupo de secuestradores de Tijuana, éstos confesaron que un Policía Ministerial, al que sólo conocen como “Dueñas”, les brindaba protección, por lo que investigan si se trata de la misma persona.

Dueñas Moreno fue puesto a disposición del Juez de Ensenada y se espera que en las próximas tres semanas sostenga un careo con los policías que lo acusan, por lo que en caso de que no haber suficientes pruebas obtendría su libertad.

Desesperación por inseguridad: Capella Ibarra

Los crímenes de alto impacto no sólo han aumentado en el presente año, también han sido más sádicos y han afectado a personas sin ningún vínculo con la delincuencia, denunció el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE), Jesús Alberto Capella Ibarra.

En reunión con líderes sociales y del sector empresarial de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en Baja California, Capella Ibarra hizo el anuncio de la ejecución de una serie de eventos para conmemorar el primer aniversario de la “Marcha por las Víctimas de la Inseguridad”, en la que miles de personas recorrieron toda la región.

Aunque el Presidente Municipal sustituto, Kurt Honold Morales, se mostró en desacuerdo con la realización de más protestas para exigir seguridad, la población ha expresado su empatía con la convocatoria de Capella Ibarra.

Las acciones darán inicio el próximo miércoles 24, culminando el 29 de octubre, con el propósito de generar más conciencia de participación entre la ciudadanía y demostrar a las autoridades que la situación de inseguridad que impera en el Estado ha empeorado en comparación con lo sucedido en 2006.

Primero se llevarán a cabo las “Jornadas por la Justicia”, en las que un grupo de profesionales ofrecerán, de manera gratuita, asesoría jurídica y psicológica a la ciudadanía que haya sido víctima de un acto criminal.

Las jornadas llegarán el miércoles 24 octubre a los poblados de San Quintín y San Vicente, así como al puerto de Ensenada; el jueves 25 visitarán Playas de Rosarito y Tijuana; el viernes 26 estarán en Tecate y en La Rumorosa; finalmente, el sábado 27 arribarán a Mexicali.

El segundo evento será en Tijuana. Se trata de una “Marcha Ciudadana” en la que se espera una amplia participación que permita una expresión solidaria por la demanda del reestablecimiento de condiciones de seguridad personal, familiar y social.

La caminata partirá a las nueve de la mañana, el domingo 28, del Parque Teniente Guerrero, para finalizar en la sede de los gobiernos municipal y estatal.

Para unirse a este movimiento, la comunidad católica, a través del Arzobispo, Rafael Romo Muñoz, anunció que las campanas de todas las iglesias redoblarán durante cinco minutos, desde las doce hasta las doce horas con cinco minutos.

De la misma manera el sector empresarial detendrá sus actividades de carácter económico por espacio de diez minutos, desde las doce horas con cinco minutos hasta las doce horas con quince.

Agrupaciones como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) se sumarán a este proyecto.

La “Caravana por la Seguridad” será el tercer acontecimiento, con verificativo el lunes 29 y la meta de reunir a 500 vehículos para recorrer en nueve horas desde San Quintín, pasando por Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate, hasta el Valle de Mexicali.

“Lo que se pretende es hacer un llamado, una expresión de desesperación, hartazgo y molestia por todo lo que está sucediendo”, argumentó Capella Ibarra. (Tania Navarro Camacho).