La mala administración de Jorge Hank Rhon y el seguimiento de Kurt Honold.

Gobierno en ruinas

En tres años consecutivos, en el Ayuntamiento de Tijuana gastaron más de lo que recaudaron. Le dieron al traste al cobro del Impuesto Predial al disminuirlo, y se endeudaron de manera delicada. Hoy Honold acepta una deuda de 300 millones que se suma a los 700 que se deben a HSBC. La administración está en ruinas. La siguiente Presidencia Municipal investigará a tesoreros, secretarios de finanzas y Síndico.

Rosario Mosso Castro

Si fuera una empresa, el XVIII Ayuntamiento de Tijuana estaría obligado a rematar sus pertenencias. Simplemente, no hay liquidez. De manera irregular se gastaron más de lo que recaudaron.

La administración entrante, estará obligada a deslindar o fincar responsabilidad a los tesoreros, secretarios de finanzas, alcaldes y síndicos que administraron el municipio de Tijuana de diciembre de 2004 a noviembre de 2007.

Las acciones oficiales de los ex tesoreros Sergio Soto García, Juan Osorio Ruiz, Patricia Corrales Castilla; los ex secretarios de Finanzas Héctor López Limón, Pedro de Verona Panamá; los síndicos José María Lozano, Ramón Castorena, y los ex alcaldes Jorge Hank y Kurt Honold, garantes del gasto público, deberán ser revisadas con lupa a partir del 1 de diciembre de 2007, cuando tome posesión la nueva administración a cargo de Jorge Ramos Hernández.

Ley de Responsabilidades, señala que dependiendo de la afectación económica al erario público, y de las pruebas sobre si los funcionarios se beneficiaron o no con el dinero oficial, desviado o mal administrado, las sanciones van desde la llamada de atención privada, pública, la suspensión o la inhabilitación.
En caso que encuentren elementos para presumir desfalcos o malversación de fondos, la Sindicatura está obligada a presentar una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común para que inicie una investigación por posible peculado. 

Por lo pronto, el comportamiento financiero de la administración municipal revela que al cerrar la gestión, deberán lo doble de lo que habrá en las arcas municipales. Esto obligará a los panistas entrantes a conseguir por otras vías, mínimo 50 centavos por cada peso que se tenga.

De antemano se preparan para, entrando la administración, solicitar otro préstamo bancario.

Aunque otra salida, para afrontar los gastos, podría ser solicitar un adelanto de las participaciones, que serían utilizadas para pagar deudas pendientes con plazos menores a tres meses, a partir de que reciban la administración tijuanense.

Serán 300 millones de pesos de deuda, como ya reconoció esta semana el alcalde sustituto Kurt  Honold. Dinero que se gastaron de más en contrataciones de personal, gasto corriente y festejos.

A punto de abandonar la administración, la deuda dejada por los priístas corresponderá a los ciudadanos pagarla.

Aparte, con sus acciones de finales de trienio, los priístas están limitando la capacidad de acción de la siguiente administración. Por ejemplo, al basificar a empleados de la nómina, la posibilidad de obtener recursos de la reingeniería o el despido de personal será complicada.

De esta manera, Jorge Ramos deberá elegir, para sacar adelante la administración municipal, entre aumentar impuestos, limitar el cumplimiento de sus obligaciones básicas como el otorgamiento de servicios de alumbrado público, seguridad preventiva, limpia y mantenimiento de vialidades. O definitivamente, endeudar aún más al gobierno de la ciudad.

Justificaciones
A pesar del reconocimiento de la deuda hecho por Honold, el Secretario de Gobierno, Andrés Garza Chávez, insiste en desinformar a la población. Ha dicho que entregarán números claros y limpios porque el Congreso del Estado y el Órgano Superior de Hacienda les aprobaron las cuentas. Pero olvida el priísta mencionar que las mismas instituciones, detectaron que se gastaron recursos de manera indebida.

Incluso, en casos donde no explicaron de dónde salió o cómo se erogó el dinero, se giró instrucciones para que la sindicatura municipal a cargo de Ramón Castorena aclare el tema y sancione a los funcionarios, lo que no ha sucedido.

En la búsqueda de justificaciones, el secretario de gobierno ha asegurado que los 300 millones que se adeudan son los recursos que se han utilizado para pagar a los mil policías más que se contrataron en este trienio. Dinero que, según él, no se presupuestó.

Olvidó el funcionario que en la sesión donde se anunciaron las contrataciones, se presentó públicamente y entregó copias a la prensa de la aprobación del presupuesto.

Más tarde, Regidores panistas denunciaron que se habían realizado transferencias sospechosas para pagar el sueldo de estos agentes con recursos federales enviados en el ramo 33 bajo el fondo de Hábitat.
Así, en la medida que Garza Chávez cambia de justificación para los 300 millones de deuda, aparece la oposición probando lo contrario.

La historia

El primer año de la administración priísta, en 2005 y a pesar de haber sido obligados a trabajar con el presupuesto de egresos dejado por la administración de Jesús González Reyes, no respetaron el papel. Entrando abrieron plazas y contrataron personal. Para pagarles, tomaron el dinero del siguiente presupuesto y en los libros contables lo etiquetaron como pagos retroactivos.

La realidad fue que gastaron dinero que no estaba contemplado y que no tenían conforme al programa de recaudación.

Ellos recibieron un ayuntamiento con 17 millones de pesos en cajas, cinco de los cuales estaban clasificados como excedente. Al final del 2005 se habían gastado 165 millones de pesos y sólo habían recaudado 148. Estos números constan en documentos oficiales.

Para 2006, inmersos en una campaña electoral trataron de obtener el favor ciudadano y redujeron el costo del impuesto predial en terrenos habitacionales en zonas poco o medianamente favorecidas, y lo aumentaron en terrenos comerciales o zonas privilegiadas. Además ampliaron las fechas límites.

Aseguraron que eso les permitiría obtener más recursos y no afectaría las finanzas. A sabiendas de que las tasas catastrales de Tijuana están por debajo de su valor real, decidieron reducir de 1.30 por ciento a uno por ciento. Y terminaron recaudando 20 millones de pesos menos de lo estimado, lo que significaba 20 millones del presupuesto de egresos que ya no debían gastarse, pero lo hicieron.

Esta ineficiencia recaudatoria y la reducción del impuesto, afectaron la cantidad de recursos que recibieron de la federación, porque ambos números son considerados en la fórmula para determinar las participaciones, la cuales cayeron del 6.67 por ciento en 2005 a 1.64 por ciento en el 2006. Al final de ese año, se habían gastado 165 millones de pesos y habían recaudado 151 millones, otra vez se quedaron cortos.

Esto fue independiente del manejo del crédito bancario de los 400 millones de pesos, heredado de la anterior administración, y que fue utilizado en una tercera parte para mantenimiento de vialidades que el Colegio de Ingenieros criticó severamente por tratarse de parches de mala calidad que en varios de los casos, al poco tiempo de su inauguración  estaban en mal estado.

Fueron casi 300 millones de pesos en contratos que el ex Secretario de Desarrollo Urbano, Fernando Zamora entregó en adjudicación directa. Las dudas surgieron porque para evitar la responsabilidad y transparencia de las licitaciones el funcionario dividió las obras en pedazos e importes menores, de tal suerte que una misma constructora recibió dos o más proyectos, cuyo importe junto era oneroso y requería licitación. Pero él las separó para decidir libremente a quién favorecer.

Adicional, en el 2006, debieron solicitar un préstamo de 100 millones de pesos para cumplir pagos de acreedores incluyendo la comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPT).

Administración deficiente
Parte del problema del XVIII Ayuntamiento es que ha sido ineficiente en la aplicación de recursos, como ejemplo vale un resumen comparativo de aplicación del préstamo bancario de 800 millones de pesos.

Con 400 millones de pesos, la administración de González Reyes que tampoco entregó cuentas claras, construyó el puente de la “5 y 10”, el puente Benítez, el distribuidor vial Centenario, la gaza de incorporación de la Garita de San Ysidro a la carretera a Playas y la gaza de incorporación de la carreta a Playas con el Libramiento (debió ser reparado) así como la compra el terreno del relleno sanitario, y 14 camiones de basura nuevos.

Los mismos 400 millones le sirvieron a Hank y a Honold sólo para construir el paso a desnivel Alba Roja, la ampliación del Puente Obrera, un tramo del carril lento de la vía rápida poniente y la primera parte del segundo acceso a Playas. La mayoría se usó en bacheo y repavimentación. 

La deuda
Adicional a los 300 millones de pesos de deuda admitidos por Honold, están los casi 700 millones que se deben al crédito del banco HSBC.

Días atrás, el alcalde suplente anunció que había propuesto y le habían aprobado en el Congreso del Estado la renegociación de la deuda a 20 años, lo cual aumentará el pago de intereses que pagarán los tijuanenses.
Además consiguieron tres años de gracia, lo que significa que de 2007 al 2010 el Ayuntamiento no deberá hacer abonos, ahorrándose pagos por aproximadamente 300 millones de pesos.

Dinero que no podrá ser usado para construir caminos debido a que al mismo tiempo, el presidente municipal suplente, dejará  deudas a corto y mediano plazo por el mismo importe. Compromisos económicos que podrán ser mayores, dado que la nómina que dejan, costará entre 320 y 350 millones de pesos el próximo mes de diciembre y a los integrantes de la Comisión de Transición del alcalde electo, Jorge Ramos les han negado el acceso a la información oficial.

Pese a que el proceso oficial de traspaso de gobierno inició oficialmente el 2 de octubre y que el personal nombrado por Ramos ha solicitado información específica a 37 oficinas distintas, la respuesta del secretario Andrés Garza ha sido que lo harán cuando se defina la situación.

Ante los hechos, el 17 de octubre de 2007, el síndico electo, Héctor Magaña envió un oficio al síndico actual Ramón Castorena, recordándole que la personalidad de la siguiente administración ya fue reconocida legalmente y que todos los funcionarios están obligados a iniciar el proceso de entrega.

Sin embargo, la legislación local no señala plazos para la mencionada entrega-recepción, así que los priístas salientes, podrán esperar hasta el último momento para entregar los datos a los panistas entrantes.

Mientras, afloran las pruebas de la deficiente administración de Jorge Hank y Kurt Honold.