Martínez Luna deja una Procuraduría bajo sospecha, con muchas bajas y casos sin resolver.

Negra herencia

Pasará a la historia como el Procurador que duró seis años en el cargo pero obtuvo los menores resultados en el combate a la inseguridad pública en Baja California. Siempre bajo sospecha de corrupción, no cumplió con limpiar la corporación como lo prometió. Agentes han sido asesinados y otros huyen de la justicia y el crimen organizado. El propio Procurador fue señalado en un video como liga con el Cártel del Golfo. Aun así, el Gobernador Elorduy considera que cumplió en su cargo.

Sergio Haro Cordero

El preámbulo era de creerse.
Hace seis años, el mediodía del lunes 19 de Noviembre de 2001, Antonio Martínez Luna era designado Procurador General de Justicia de Baja California. Su consigna: “Combatir la corrupción, brindar seguridad y justicia. Es tiempo de resultados”.

Pasaron seis años y de las palabras no transitó a los hechos.

Cuatro días después de la toma de posesión de Eugenio Elorduy Walther como Gobernador de Baja California, Martínez Luna se presentó ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado. Ellos seleccionarían, de una terna, al Procurador.

Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Derecho y nacido en Tijuana en 1960, Antonio Martínez Luna propuso a los diputados en un documento elaborado para la ocasión:

* “La profesionalización y capacitación debe ser permanente”.

* “Un aspecto que irrita a la sociedad es la impunidad, es necesario que los integrantes de la institución tengan la certeza de que cualquier acto que cometan será castigado, sin excepción”.

* “Lograr una Procuraduría profesional, inflexible en el combate a la delincuencia”.

* “Enfocar la labor del Ministerio Público a la investigación”.

* Acercamiento a la comunidad, campaña de difusión, coordinación, instalación de cámaras de vídeo-grabación en lugares como celdas y espacios de atención al público”.

Dos semanas después, el Congreso del Estado votó —17 a favor— por Martínez Luna. Atrás dejó a Rommel Moreño y José Luis Molina.

Seis años después, a menos de una semana de que termine la administración, el “Programa Integral” presentado por Martínez Luna quedó muy alejado de la realidad. Durante el tiempo que el abogado “sirvió” en la Procuraduría, se distinguió por:

1.- Asesinatos sin resolver.
2.- Corrupción en las filas policíacas.
3.- Colusión de agentes con grupos de delincuentes.
4.- Abiertos y concretos señalamientos a agentes de la policía ministerial acusados de secuestros, “levantones” y asesinatos, incluso de algunos de sus propios compañeros.

Todo ante la abierta pasividad de quien prometió a la sociedad bajacaliforniana dar resultados.

Martínez Luna, siempre contó con el arropo del Gobernador del Estado, Eugenio Elorduy Walther, que se negó a removerlo del cargo, aun cuando sectores específicos de la sociedad bajacaliforniana así se lo pidieron.

A punto de terminar su administración, a Elorduy le preguntaron los motivos que tuvo para permitir que Martínez Luna terminara el sexenio con él. La respuesta del mandatario fue, igual que la actuación del Procurador, alejada de la realidad:

“Su responsabilidad la fue cumpliendo, en atención de lo que yo apreciaba y por eso se le respetó en la posición de Procurador. El trabajo es lo que lo mantuvo y la forma en que lo desempeñó, hay muchas opiniones al respecto, en lo que toca a mi responsabilidad, que al final de cuentas es donde recae, lo vi como para que permaneciera, por eso si Dios quiere terminará con nosotros el día último de octubre”.

Y pese a los escasos logros, Martínez Luna pasará a la historia como el segundo Procurador, después de Alejandro Rosas Romandía, en haber concluido los seis años de la administración estatal.

Botones de muestra
El 20 de octubre del 2002, fue encontrado en las inmediaciones de la colonia Mezquital, en Mexicali el cuerpo de un joven no sólo asesinado, sino quemado, atado a un poste.

Los ministeriales que acudieron al lugar de inmediato reconocieron al joven Pablo Miranda González, de apenas 19 años de edad. El padre del menor, Francisco Javier Miranda, puso el dedo en la llaga. Su hijo era “madrina” en la Policía Ministerial. Participaba con un grupo de agentes en operativos no oficiales en diversas colonias de la ciudad, incluso era el primero que entraba a los domicilios, les habría la puerta a los agentes para los cateos ilegales, llegaban, levantaban y al joven le “pagaban” con los objetos que saqueaba. También con droga.

“Sé que mi muchacho andaba mal, pero eso no justifica lo que le hicieron”,  expuso el padre del joven salvajemente asesinado.

Los familiares de Pablo afirmaron que su hijo hacía equipo con policías ministeriales, señalaron a dos de ellos de apellidos Urías y Ahumada adscritos en ese tiempo al Grupo de Robo de Vehículos, en la colonia Orizaba. Hasta dieron santo y seña de los autos que guiaban, en los que iban por Pablo Miranda a su domicilio.

El padre se quejó que ni en el expediente querían asentar la parte de su declaración que involucraba a agentes ministeriales, ni que él aseguraba que era “madrina” en esa corporación. En investigación propia, el progenitor aportó datos, una copia de una suerte de agenda —decenas de números de agentes estatales y federales que participaban en operativos— y finalmente, después de mucho insistir, en febrero del 2006 agentes de la Procuraduría detuvieron a Jesús Orlando Orozco Morales, a quien acusaron y fue confeso del crimen.

En su declaración involucró a un grupo de agentes ministeriales que participaron de los hechos.

Orozco Morales, narcomenudista, dijo que había sido extorsionado por unos ministeriales —uno de apellido Carmona y su pareja, un chaparrito— con los que Pablo también anduvo de “dedo”, pero éste les robó una droga.

Los mismos ministeriales —así se asienta en el expediente— se llevaron al joven Miranda, lo trasladaron hasta una cuartito en la colonia Mezquital, donde otro de los participantes le dio un cuchillo para que lo apuñalara, todo delante de los dos agentes policíacos.

Curiosamente, dos días después de la captura, Orozco Morales fue liberado por el Juez Penal debido a lo que consideró “anomalías en la detención”.

Después de varios meses en que se involucró el padre del menor, quien insistía que el asesino estaba en Acapulco, Orozco Morales fue capturado nuevamente.

El padre del joven asesinado ha insistido en que el caso no está concluso, que faltan otros participantes que se mencionan en el propio expediente, que hay ministeriales y otros civiles, pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta de la Procuraduría.

El largo brazo de la justicia
El 13 de octubre de 2007, a casi dos semanas del final de esta administración, en el diario La Crónica apareció un desplegado firmado por un grupo de residentes del fraccionamiento Jardines del Valle. Firmaron el documento connotados cachanillas, entre ellos el ex gobernador Milton Castellanos Everardo, el ex alcalde y ex precandidato del PRI a la Gubernatura, Eduardo Martínez Palomera, el ganadero Baraquiel Fimbres y el ex diputado Jorge Núñez, entre otros.

La veintena de firmantes piden al Gobernador Eugenio Elorduy que el Procurador Martínez Luna regrese la llamada Cueva de los Leones al patrimonio público.

“Encarecidamente le pedimos que antes de dejar el cargo haga que el procurador Martínez Luna devuelva al patrimonio público ese inmueble para que sea convertido en área verde en beneficio de la comunidad mexicalense y así no se deje al próximo gobernador ese penoso asunto.”

El escrito se refiere al local del Club de Leones, enclavado en la parte oriente del parque público en Jardines del Valle, uno de los fraccionamientos exclusivos en Mexicali. El espacio, donado por el Gobierno del Estado en 1971 para beneficio de la ciudad, fue licitado tras una mañosa trampa después de un juicio laboral a una ex empleada del Club de Leones.

El inmueble fue rematado y el primer postor lo fue el Procurador Antonio Martínez Luna.

En la parte 2 del escrito, señalaron:

“Ante la falta de respuesta a nuestra solicitud, nos hemos precisado promover un juicio de amparo (186/07) cuya sentencia ordeno que usted personalmente conteste nuestra solicitud, pero hasta la fecha la sentencia no ha sido cumplida.

“Como usted bien lo sabe, el predio fue comprado a un precio ridículo (en remate judicial) por el señor Martínez Luna, procurador general de justicia del Gobierno que usted encabeza. Ésta es una irregularidad mayúscula porque es precisamente a ese funcionario a quien por Ley corresponde respetar el estado y recuperar los bienes públicos...”

El documento no tuvo respuesta y ese día, en el marco del desayuno del Gobernador Elorduy con panistas, el Procurador se desmarcó del tema bajo el argumento de que él ya había traspasado el inmueble.

Cereza sobre el pastel
Otra de las negras marcas que deja la Procuraduría encabezada por Martínez Luna tiene que ver con una serie de asesinatos y desapariciones de agentes y ex agentes de la Policía Ministerial, donde ha trascendido que algunos de los involucrados son agentes en activo o ex agentes de esa corporación.

El Talón de Aquiles del procurador resultó ser la misma Procuraduría, al interior, los agentes a su mando.

Durante los primeros meses de este año inició una serie de asesinatos y desapariciones de agentes ministeriales.

El jueves 11 de enero fue “levantado” en la colonia Hidalgo el joven ex agente Diego Hernández Leyva. Luego, en un paraje aislado, cercano al Parque Industrial, fue encontrado el cuerpo de un hombre. Tenía huellas de tortura, estaba envuelto en una cobija y el rostro desfigurado a balazos. Era el agente Carlos Aboytes.

Jaime Ruelas, otro agente, fue asesinado en un bar de Mexicali en agosto del 2006.  Santiago Barrón, acribillado a bordo de una lujosa Escalade blanca, después de haber sido desligado de la corporación. El también agente Javier Perea fue baleado en febrero saliendo de una universidad privada y Aboytes apareció salvajemente golpeado.

A fines de abril, fue “levantado” un ex comandante de la Policia Judicial, José Ramón Velásquez Molina, quien había sido parte de la escolta de Ernesto Ruffo en sus tiempos de Gobernador y Comandante en Tijuana.

El cuerpo de Velásquez fue localizado tres días después. Fue dejado en un vehículo tipo Cherokee la madrugada del sábado 28 de abril en la calle Panamá, frente a la casa de la novia en turno del Procurador Martínez Luna, quien no tiene domicilio particular sino que ocupa un área en el cuarto piso del edificio de la dependencia que encabeza, en Mexicali.

Se trató de ocultar lo sucedido y de acuerdo a versiones el vehículo se localizó en la colonia Hidalgo.

Pero a la semana siguiente trascendió un video —ZETA lo hizo público el 4 de mayo— donde el ex jefe policiaco había sido vídeo-grabado en una especie de testimonio bajo captura. Con las manos atadas y presionado por sus captores, Velásquez dijo encabezar en Mexicali la célula del Cártel de Sinaloa.

Lideraba un grupo de sicarios entre los que participaban agentes de la Policía Ministerial en activo y ex agentes. Dijo que recibían órdenes de un “asesor” del procurador, Humberto “El Pato” Valdez, y que estos operativos habían tenido que ver con una serie de ajustes a policías.

Con suma acuciosidad, mencionó los casos de Diego Hernández a quien su grupo —así se lo adjudicó— había torturado, asesinado y desaparecido. Hasta dijo que lo habían enterrado en una zona de la colonia Ahumadita, cerca del rancho de un ministerial de apellidos Roa Lara que participaba con ellos.

Proporcionó detalles de otros asesinatos de agentes que se negaban a pagar una cuota exigida por Valdez, quien —según esa versión— era apoyado por el Procurador Martínez Luna, a quien de paso le endilgó un apodo, “El Blindado”.

Aportó numerosos nombres de involucrados, de agentes en activo, de sicarios que lo acompañaban.

El Procurador Martínez Luna negó todas las acusaciones, todos los señalamientos y sobre su relación con el abogado Valdez dijo conocerlo como a otros profesionales del derecho en Tijuana.

Pero a las dos semanas ZETA publicó un nuevo video. En éste —grabado en instalaciones de la Procuraduría— se aprecia a Valdez en profunda plática con el secretario particular del Procurador, Julio Lamas, y el entonces titular de la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada (UECO), Víctor de la Garza, quien ahora funge como Secretario de Seguridad Pública tras el atentado contra Manuel Díaz Lerma.

En el nuevo video, Valdez les explica una estrategia para atrapar a un delincuente vinculado con el Cártel Arellano Félix, y hasta exige viáticos a Lamas para su desempeño.

A cinco meses de aparecido el video, algunos de los agentes mencionados han sido asesinados, agredidos o de plano, salieron en fuga:

* Ruiz Chaparro, asesinado en Tijuana
* Un agente de apellido Aguirre, se dio a la fuga
* Roa Lara, a la fuga
* Negrete, baleado en Mexicali el 1 de octubre, herido, se escapó del hospital Almater
* Plascencia, “El Chupón”, amenazado y puesto a disposición de la Comandancia
* Urías se dio a la fuga; hay una versión de que le secuestraron a sus padres
* Hernando Villegas, múltiplemente citado en el video, aún en activo y a disposición de la Comandancia
* Humberto Valdez, “El Pato”, se dice que aún tiene dos vehículos “calientes” en el estacionamiento del edificio de la  Procuraduría en Mexicali.

Hasta el momento y a unos días de dejar el cargo, el Gobernador no ha explicado a los bajacalifornianos toda esta parte oscura que tiene que ver con la aplicación de la justicia. Será finalmente parte de la herencia que deje a su sucesor.
Lejos quedaron las palabras del Procurador Martínez Luna aquel lunes 19 de noviembre al tomar posesión. “Es tiempo de resultados —dijo el novel funcionario—, el compromiso es brindar seguridad y justicia...”