Expectativa

La semana pasada y en este mismo espacio, se dijo que los bajacalifornianos tenían en el nuevo gobernador, la esperanza de que al iniciar su mandato, los delitos de alto impacto como las ejecuciones, secuestros y “levantones”, comenzaran a ser parte de la historia criminal del Estado.

Aquellos que le extendieron su confianza depositada en el voto del 5 de agosto pasado, seguramente lo hicieron porque creyeron en la oferta que hizo Guadalupe Osuna como candidato del PAN-PES-PANAL, de hacer un frente contra la delincuencia que ha mantenido a los bajacalifornianos como rehén en los últimos años.

Se comprometió a que una vez que los sufragios le favorecieran, de inmediato iniciaría una batida contra aquellos que gustan burlarse de las leyes, cometiendo delitos a plena luz del día y actuando impunemente ante los ojos de los ciudadanos y hasta de la misma policía.

Ya como gobernador electo, repitió y remachó que el tema de la inseguridad sería la prioridad de su gobierno, aun por encima de otros de importancia como la educación y obra pública. En términos llanos, Osuna se comprometió a que una vez en el poder, la inseguridad ya no haría presa de los bajacalifornianos, y el temor a ser víctima de la delincuencia se diluiría a la par.

Pero la expectativa acabó pronto.
Los mexicalenses volvieron a sentir esa inquietud que da al escucharse el traqueteo de los rifles de asalto, luego del asesinato de un policía estatal que llegaba a su casa en una colonia popular, o de la balacera entre un ex policía y un civil que acabó con la vida del primero en la pudiente zona de Los Pinos, donde viven funcionarios, empresarios, ex alcaldes y ex gobernadores.

El nuevo gobernador fue recibido así, cual mensaje de los delincuentes en la sede de los tres poderes del Estado.

La mano firme que tanto presumió Guadalupe Osuna no se ha visto. La efectividad policíaca tampoco. De hecho no se ha nombrado a quien vaya a dirigir la Policía Estatal Preventiva (PEP); ni a quien encabece la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Esta situación debe servir como ejemplo de lo que no deben hacer los futuros cinco alcaldes.

Desde su ámbito de competencia en el rubro de la seguridad, que es la prevención y vigilancia, los presidentes municipales deben cumplirle a sus gobernados, sobre todo a los tijuanenses y mexicalenses.

Abatir el creciente índice delictivo es tarea de todos; sociedad y gobierno, pero la responsabilidad es de quienes dirigirán los destinos de los ayuntamientos por los siguientes tres años.

Que el fracaso en múltiples  proyectos y programas gubernamentales que se han presentado para brindar seguridad a la ciudadanía, también sea cosa del pasado a partir del 1 de siembre y que se note el cambio.