Documento oficial señala a 31 oficiales de sospecha de colaborar con el crimen organizado.

Policías “infiltrados” en BC

Las investigaciones de autoridades federales y estatales, han determinado que policías municipales en Tijuana y ministeriales, sirven a las mafias de la localidad. Han sido señalados por testigos, detenidos e informantes protegidos, e incluso se les conoce los alias, a qué se dedican dentro de la organización criminal, pero pocos han sido retirados de la corporación para investigarlos. En contraparte, muchos han sido ejecutados.

INVESTIGACIONES ZETA

Un consistente expediente en manos de las corporaciones policíacas federales y estatales que dan seguimiento al crimen organizado en Tijuana, contiene por lo menos 30 nombres de policías municipales de Tijuana y ministeriales de Baja California, involucrados con el narcotráfico y las diferentes células del crimen organizado en la ciudad.

Algunos permanecen activos.
El documento impreso desde un programa estadístico de computadora, los señala por su nombre, su alias, su identificación en radiocomunicación y el área de apoyo en la que sirven al crimen organizado. Los tienen bien identificados.

La investigación no ha avanzado hacia la detención de estos elementos, principalmente por tres factores:

1.- La falta de coordinación entre las autoridades de investigación federales y estatales.

2.- La ausencia de elementos contundentes de prueba en la investigación que la Procuraduría General de la República tiene de manera inconclusa.

3.- Los intereses de miembros de otras corporaciones con el crimen organizado en Baja California.

Algunos de los Policías mencionados en el expediente, incluso han sido asesinados. Otros encarcelados. El resto, permanece en la corporación.

De los agentes que han sido asesinados y continúan inscritos como parte de las investigaciones, se tiene por ejemplo el caso del ex agente de la Policía Ministerial, Luis Alberto Lara Verdugo “El Pollo”, cuyo cuerpo fue localizado el 27 de septiembre de 2006 en el Bulevar 2000 en Tijuana. La investigación sobre este crimen, como en el caso de muchos otros relacionados con las mafias, no ha sido concluida. Ni siquiera los compañeros de Lara colaboraron con interés para saber las causas y los autores de la muerte del agente.

En el documento elaborado por la policía federal donde se registra a los agentes que laboran para el crimen organizado, identificaron a Lara como “miembro de la banda delictiva y chofer de El Cholo”, Jorge Briceño, lugarteniente del CAF. En la más reciente actualización del documento en poder de ZETA, ni siquiera adicionaron el dato de su homicidio.

Otro que aparece en el informe de los policías infiltrados, es José Luis Chávez García, quien abandonó la corporación policíaca de Tijuana en 1998. Fue arrestado en 2003 por homicidio y secuestro, pero en abril de 2004 se fugó del Centro de Readaptación Social de La Mesa en Tijuana. También fue acusado de asesinar al Padre Luis Velásquez Romero, la madrugada del 24 de octubre de 2005 en Plaza Fiesta, y se le adjudican otros homicidios y secuestros antes de ser muerto por un grupo rival el 4 de junio de 2007.

Capturados y liberados
Un ejemplo más delicado, es el que implicó a los ex agentes municipales de Tijuana, Francisco Salazar Arámbula, quien era subjefe de policía en la delegación Sánchez Taboada, y a Eduardo Chagolla Carrillo, policía activo en la misma circunscripción.  Ambos elementos fueron detenidos el 13 de octubre de 2005, como parte de la célula criminal de “Los Cosmes”, un comando que las autoridades federales identifican como encabezados por dos ex ministeriales, de nombres Carlos y Luis Arturo Cosme.

La detención de los ex agentes, no se dio gracias a una investigación de la autoridad, sino a una denuncia ciudadana. Los sorprendieron a bordo de tres vehículos con reporte de robo en la colonia Chula Vista, Tijuana. Portaban armas de uso exclusivo del Ejército y traían identificaciones falsas de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Más tarde serían acusados de varios homicidios y secuestro.

Sin embargo, en julio de 2006, se reportó que los ex municipales Salazar y Chagolla, habían sido liberados. Este dato generó que las mismas autoridades los incluyeran como sospechosos en el homicidio del ex comandante Arturo Rivas Vaca en septiembre de 2006, cometido dos meses después de su liberación.

Los nombres de los ex agentes detenidos, acusados y después liberados, Salazar y Chagolla, forman parte aún del expediente de miembros o ex miembros policíacos infiltrados, en manos de la autoridad federal, mientras los dos hombres continúan libres.

30 agentes mencionados
El material proporcionado a ZETA por un mando superior en Baja California, y que fue confirmado con autoridades locales y municipales, contiene nombres de ex agentes ministeriales que ya renunciaron a la Procuraduría del Estado. Algunos de ellos, sin embargo, continúan llevando procesos contra agentes del Grupo Antisecuestros.

En este caso se menciona a ex agentes de apellidos Núñez Cayetano, Canela Chiprés, Lara Verdugo, Márquez Morales, Medina Robles, Vázquez Hidalgo, Pérez Hernández y Barranco Mora.

El equipo de INVESTIGACIONES ZETA verificó a través de directores que fueron agentes en la corporación, y a través de la nómina oficial se pudo corroborar que los mencionados ya no trabajan para el estado. También, hace más de 30 días se solicitó a la información a la Procuraduría General de Justicia del Estado, sobre las condiciones en que dejaron la corporación, ya sea renunciados o despedidos, pero a pesar que acordaron proporcionar los datos, éstos no fueron remitidos al Semanario.

El texto oficial en poder de las autoridades investigadoras federales, también plasma los nombres de otros agentes que trabajaron en las multitudinarias escoltas en tiempos del ex director de Periciales y ex director de la  Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos, Francisco Castro Trenti, jóvenes que después renunciaron y que hoy, en algunos de los casos, son requeridos mediante orden de aprehensión o presentación.
En total, los policías que forman parte de este expediente policiaco que incluye a supuestos miembros del Cártel Arellano Félix son:

19 agentes ministeriales:
* Uno de ellos muerto.
* Siete renunciaron.
* Otro fue identificado como ex agente.
* Tres están detenidos desde junio de 2005.
* Siete están referidos sólo por apodos como: Dueñas, González, Gutiérrez, Molina, “El Indio”, “El Alacrán” y “El Coco”.

El apodo o apellido de “Molina” ha sido mencionado también en dos ocasiones anteriores. Primero en el narcovideo presentado por ZETA donde el ex comandante José Ramón Velásquez Molina acusa a Manuel “El Meni” Molina, como un ministerial en activo que participa en levantones. Después, en los audio dados a conocer por la Procuraduría General de la República, de policías tijuanenses y bajacalifornianos que colaboraban con secuestros, levantones y ejecuciones.

21 Policías municipales
* Dos están muertos: Mónica Radilla, detenida por asuntos ligados al narcotráfico, fue jefa en tiempos de Ernesto Santillana. Murió de cáncer en el CERESO de El Hongo. Y  José Luis Chávez.

* Un desaparecido. José Luis Monroy, jefe policiaco y yerno de la regidora Martha Montejano. Antes de su desaparición, había sido ligado al contrabando de personas. El auto de su suegra en el que viajaba fue localizado el 1 de abril de 2007, con rastros de sangre.

* Un prófugo. Gabriel López Beto, acusado de detener a ciudadanos para que sus cómplices los secuestraran. En la lista aparece como miembro de la banda e incluso le atribuyen un tipo de parentesco con el lugarteniente Teodoro García Simental.

* Seis hombres identificados como ex agentes. Entre ellos destaca David Bobadilla, quien según policías municipales renunció para unirse al equipo del hoy detenido Víctor Magno Escobar. Y Rogelio Arredondo Guillén, a quien señalan como padrino de Cristopher Armando Martínez Cruz “Ángel”, y encargado de cuidar casas de seguridad. Arredondo dejó la corporación después de ganar un juicio luego que había sido destituido y turnado al ministerio público. Cuando fue exculpado regresó a renunciar.

* 11 elementos activos en las diferentes delegaciones. Los agentes de apellidos Martínez Casillas,  Carrillo Varguez, Escobedo Vargas, Ceniceros González, Domínguez García y Carrillo Grande, a quienes sus compañeros no ubican como parte del crimen organizado. Y a Ezequiel Valle Rangel y Omar Cabrera Bengochea, de quienes, saben, forman parte de algunas investigaciones realizadas por la PGE y la PGR.

ZETA consultó la nómina del Ayuntamiento de Tijuana y los 11 agentes mencionados aparecen como policías activos.

La investigación federal destaca el nombre del ex jefe de delegación municipal y dueño de agencia privada, Julio César Abasolo Pierce, quien fue detenido el 25 de agosto de 2006 por la PGR, bajo sospecha de brindar protección al crimen organizado. Esto después de ser detenido en Estados Unidos en posesión de 85 mil 480 dólares y diversas piezas de joyería.

Finalmente se le arraigó 90 días, fue liberado y regresó a Tijuana puntos fijos. Renunció meses después. Hizo una conferencia para limpiar su nombre, el cual continúa en la lista.

* La inclusión de agentes concluye con tres municipales mencionados por su alias: Arturo apodado “El Cesarín”. “La Prima” que “colabora con la Célula de El Sami” y “Cano”, ex policía acusado de dar protección a diversas células.

Deben ser investigados;
también Antisecuestros
El archivo producto de una investigación federal, contiene también decenas de nombres de personas que ya fueron detenidas y actualmente purgan condenas por porte de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión o tráfico de enervantes y secuestro. En la mayoría de los casos fueron capturados en casas de seguridad y en posesión de una o más de sus víctimas.

De acuerdo al documento, se informa que los generales y los alias de los mencionados, fueron obtenidos de declaraciones de detenidos, inculpados y otros testigos de las operaciones de las células del Cártel Arellano Félix.
Policías consultados por ZETA, quienes revisaron la lista de agentes implicados comentaron que entre los mencionados “hay de todo, gente que al interior de las corporaciones se sabe que andan en malos pasos, otros que son demasiado cobardes para entrarle y nombres de policías estatales y municipales que han tenido enfrentamientos de poder con miembros del Grupo Antisecuestros”.

Acusan probable acción contraria desde el Grupo Antisecuestros, ya que son éstos quienes interrogan a los detenidos en primera instancia.

“No estoy diciendo que sean honestos, pero sí puedo comentar que en algunos casos  se trata de agentes de grupos contrarios. Incluso en esos asuntos, se están llevando procedimientos legales, porque los supuestos testigos que acusaron a los ministeriales en su primera declaración, cuando vieron a los agentes en las cuerdas de identificación, no pudieron siquiera decir quiénes eran.

“En segundas declaraciones, estos mismos testigos han informado a los jueces que fueron severamente golpeados o presionados por los investigadores del grupo antisecuestros y temiendo por sus seguridad terminaron declarando lo que los agentes les obligaron a declarar, incluso han comentado que les han enseñado las fotos de los agentes a los que deben acusar. Algunos de esos asuntos se están revisando”.

En este punto, uno de los informantes de ZETA recordó los álbumes fotográficos que han sido localizados en las casas de seguridad de los secuestradores que han sido intervenidas por los agentes. “Han sido fotos de agentes policíacos de diversas corporaciones, lo cual deja claro que metidos o no, los criminales tiene los datos y conocen las caras de los funcionarios de seguridad y eso deja a los oficiales en estado de indefensión total”.

Los funcionarios consultados dijeron que para aclarar dudas y evitar consecuencias posteriores, los policías enlistados deben ser investigados para deslindar responsabilidades.

También pidieron que se tomara en cuenta y se investigara a los elementos del Grupo Antisecuestros que recabaron esa información, cuyo ritmo de vida no corresponde al sueldo que tienen. 

Además, porque han sido denunciados incluso de proteger cargamentos de droga para el narcotráfico en la zona de Playas de Tijuana y sus superiores no han tomado medidas correctivas.

En su defensa, en la corporación estatal, donde está inserto el Grupo Antisecuestros, comentaron que éstos, además de agentes del Ministerio Público y ministeriales, muchas veces son recompensados por los familiares de las víctimas a quienes rescataron. Explicaron:

“Hasta el Procurador sabe que estos agentes reciben recompensas por sus resultados. Que ciudadanos honestos y criminales levantados, al ser liberados han llegado a entregar hasta 10 mil o 15 mil dólares a cada elemento que colaboró en su liberación”.

Detallaron que los delincuentes rescatados suelen ser más generosos. “Han llegado a entregar hasta terrenos y casas”. Pero insistieron, esa información la conocía el ex Procurador Antonio Martínez Luna, y los anteriores fiscales.

Justificaron los estatales: “Visto de esa manera no necesitan mezclarse con el crimen organizado porque de suyo ganan extra, mucho dinero frío”, detallaron. 

Aun así, el documento de investigación sobre la participación de elementos de las corporaciones policíacas en Baja California, dentro del crimen organizado, existe, aun cuando los agentes mencionados, siguen laborando.