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Los amigos de Eligio

Después de 11 años, la Junta Local Número 3 de Conciliación y Arbitraje, desechó una demanda laboral por despido injustificado, interpuesta por cinco ex empleados de El Mexicano en 1996.

Fue hasta el 26 de octubre de 2007 que en la Junta se dieron cuenta que, según la interpretación de dos, los trabajadores reclamaron sus derechos fuera de tiempo.

En el resolutivo se indica que los afectados  fueron despedidos el 26 de septiembre de 1997 y los abogados del gobierno aseguraron que iniciaron el procedimiento el 6 de marzo del año siguiente, “pasaron en total 526 días, por lo tanto transcurrió en exceso el tiempo de los dos meses para ejercitar la acción de despido injustificado”.

Con ese argumento, los licenciados Francisco Erick Landagaray Macías y Rafael Trujillo Altamirano, representantes del Gobierno y del Capital-Empresa, decidieron, cuatro mil días después, desechar el reclamo de los trabajadores, con el voto en contra del representante obrero de la junta, Licenciado Pedro Sepúlveda Palacios.

Landagaray y Trujillo optaron por ignorar que los ex empleados habían presentado la demanda desde el 19 de noviembre del mismo 1997 (tienen copia del documento) contra Editorial Kino, El Mexicano, Eligio Valencia y quien resultara responsable. Y lo que recibió la Junta el 6 de marzo de 1998 sólo fue una reorientación donde se especificó al patrón: “Pero los demandamos desde el principio y ahora salen con eso”, reclamó uno de los ex empleados afectados.

También decidieron ignorar que aunque el ex diputado, próximo regidor y dueño de la empresa, Eligio Valencia siempre ha negado la relación laboral en ese juicio, ya la reconoció en otras indagatorias.

En la averiguación previa número 15/2004 relacionada con un asunto de impuestos, declaró ante el agente del Ministerio Publico del Fuero Federal de San Felipe, B.C.

“MANIFIESTA: Que el declarante considera que las presentes denuncias son sólo un problema que quisieron ocasionar al declarante ambos denunciantes: Kathleen Patricia Girard y Sergio Rafael Lisizin Codina, ya que ambos trabajaban para la empresa que el de la voz representa, ya que fueron liquidados aproximadamente en el año mil novecientos noventa y cinco, por pérdida de la confianza, situación que no fue de su agrado y que los llevó ante los tribunales laborales y que después de un litigio largo, su representada ganó y no tuvo problema con tal liquidacion (sic)”.

Ante este panorama, los empleados decidieron recurrir al último recurso y solicitaron el amparo de la justicia federal. Pidieron al Tribunal Colegiado que se deseche el laudo emitido por la Junta  porque viola sus garantías individuales.

Buscan a través de copias del expediente, demostrar que los abogados de la junta violaron sus garantías individuales, al ignorar documentos y desechar pruebas de forma parcial e ilegal.

 

 

Ojo

Cabildeando entre los empresarios rosaritenses, se ha visto al licenciado Francisco Castro Trenti. Quiere el apoyo para ser el próximo director de Seguridad Pública de Rosarito. Es evidente que muy dentro de su conciencia espera que a los del quinto municipio no les interese mucho el tema, y que sobre todo, posean una mala memoria. De otra manera no se explica cómo los colaboradores de don Hugo Torres Chabert y los hombres de negocios, podrían ignorar los paupérrimos resultados que Castro Trenti tuvo cuando trabajó en la Procuraduría General de Justicia de Baja California. O la deprimente labor al frente de la dirección de policía y tránsito municipal en Tijuana. Baste recordar un dato, incluso revisando la información en medios electrónicos, podrán detectar que una semana antes del 19 de mayo de 2006, cuando Castro presentó su renuncia “…por motivos personales…” se dio un hecho extraño. A la altura del Grand Hotel fue detectado lo que originalmente se denunció como un comando negro, personas de civil en autos de reciente modelo. La policía municipal los detuvo pero el entonces director llegó y se hizo cargo personalmente del asunto. Pero los superiores se dieron cuenta que el “comando” jamás llegó ante los jueces municipales ni otra autoridad. Cuando le pidieron cuentas al entonces director Castro Trenti, aseguró que los dejó libres porque eran ministeriales. Sin embargo en investigación interna determinaron que eran personas vinculadas al Cártel de los hermanos Arellano Félix (CAF). Ante tan contundente información, a las autoridades municipales no les quedó otra que pedirle a Castro Trenti su renuncia al cargo de Director de la Policía Municipal de Tijuana. Fuera de eso, no investigaron más y el hombre pudo irse supuestamente “por motivos personales”. El equipo de transición de Hugo Torres podrá revisar esta información en la propia Policía Municipal de Tijuana, donde fue comentada y corroborada con imágenes a DICHOZ. Para que no se vayan con la finta, pues… sobre aviso no hay engaño. Otro hecho extraño: Cuando le explicaron a Francisco Castro Trenti el bajo sueldo que ganaría en caso de ser nombrado director de la policía, dicen que comentó que eso no le importaba… raro, ¿no?
Para descanso de los rosaritenses, hay otros nombres que se barajan desde ya, para ocupar la Dirección de Policía y Tránsito del quinto municipio. Entre ellos, el actual Alfredo Pérez Hernández, el ex Procurador del Estado, José Luis Anaya Bautista, el agente ministerial Antonio Rodríguez “El Charro”, el ex Síndico de Tijuana José María Lozano, un coronel retirado que es impulsado por Javier Hernández Tovalin, futuro secretario del Ayuntamiento. Además, a la lista se ha agregado el nombre de director de la policía en Tijuana, Víctor Manuel Zatarain.

 

NEGRA  MADRUGADA

En la oscuridad de la noche, un comando negro conocido entre las corporaciones policíacas de Baja California como “La Gente”, se mueve como pez en el agua. Las calles de Rosarito y Tijuana les pertenecen pasadas las diez de la noche y hasta el alba. La madrugada es de ellos, con el apoyo de los policías municipales de los dos ayuntamientos. Nada más como muestra, la madrugada del sábado 10 de noviembre, fueron desde Tijuana y hasta Rosarito a secuestrar a una persona. Lo encontraron y de manera violenta lo arrebataron de su tranquilidad para traerlo directito a Tijuana por la vía libre. Utilizaron dos pick up Ford. Uno blanco y uno negro. Sobre su presencia, algunos ciudadanos alertaron a la policía. Llamaron al 066 para dar parte de un comando armado que transitaba de Rosarito a Tijuana. Desde la central de radio, los policías fueron alertados. Todos los que se encontraban cerca del paso del comando, respondieron con un tranquilo “10/4” para declararse enterados. Pero de ahí no pasó. No hicieron nada por detenerlos. De hecho, dijo uno de ellos, “mejor nos abrimos para dar paso”. Unos por temor, otros por complicidad, pero nadie detuvo a los secuestradores. Los dejaron libres como sucede todas las noches cuando entran en acción sabiendo que no serán molestados por las autoridades. La sociedad, la de Rosarito y la de Tijuana, es la que corre peligro ante la actuación de estos criminales y de los policías. Los otros, están protegidos por la oscuridad de la madrugada y la complicidad de los guardianes de la seguridad.

 

SECRETARIO DEL TRABAJO
Al recién nombrado Secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora, no le alcanzaron los cargos dentro de la estructura del Gobierno del Estado para repartirlos entre sus amigos, conocidos y compañeros panistas. 
Pero los “blakeistas”  huérfanos del osunismo no quedarán desamparados, los allegados al Secretario General aseguraron que el “poder” le alcanzará para acomodar a sus más cercanos colaboradores electorales, en delegaciones federales.
De entrada dijeron, ya le echó el ojo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), delegación Tijuana, donde actualmente despacha Gabriela Hernández Arteaga. El relevo sería uno de sus más fieles discípulos, Mario Osuna Jiménez, un joven panista que ha permanecido bajo la sombra de este personaje.
Otro puesto federal que anda negociando para su gente es la gerencia regional de Liconsa — ¿existe? —. Así que Blake Mora no solamente funge como Secretario de Gobierno, también la hace de reclutador de empleos federales.


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