Ausencia

Los hechos sangrientos siguen siendo en Baja California el pan de cada día. Tijuana ya no es la excepción y los crímenes ahora se dan cada vez con más frecuencia en Mexicali o Ensenada.

El arribo de las nuevas autoridades estatales parece coincidir con el recrudecimiento de las ejecuciones y secuestros. No se diga de las privaciones ilegales de la libertad conocidas en el argot policiaco como “levantones”.

Se dispararon y no hay nadie quien los pare.
Como si fuera una advertencia hacia el gobernador, a 72 horas de rendir protesta como jefe del Poder Ejecutivo, le matan a un agente de la Policía Ministerial en la capital del Estado. Aún festejaba su envestidura cuando rafaguearon al investigador estatal.

Tan sólo en Tijuana y desde que Guadalupe Osuna tomó las riendas del gobierno, 14 ejecuciones han cimbrado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que entre paréntesis aún permanece sin cabeza y el personal no se mueve hasta que nombren al sustituto. Privaciones de la libertad otras tantas y secuestros a la par.

La ausencia del gobierno en la prevención y persecución de los delitos se está convirtiendo en algo común, con la posibilidad que se agrave si las autoridades no le entran al tema con mano dura como se prometió en el pasado proceso electoral.

Hasta aquel compromiso que se echó a cuestas Guadalupe Osuna de encumbrar a un militar en alguna área de seguridad pública, como paliativo para hacerle frente a la delincuencia, parece que ya se le escapó de las manos, pues los aspirantes a ocupar la procuraduría estatal han coincidido en descartarlo.

Para muchos Baja California es una región sin ley, sin autoridad que ponga orden pues los hechos violentos hablan pos sí solos. Hay ausencia de gobernantes que brinden el mínimo de seguridad de los bajacalifornianos, que en su mayoría tienen una forma honesta de vivir.

Y es que la prueba más fehaciente fue el rescate de un miembro del crimen organizado fallecido por la caída de un helicóptero al sur de Ensenada. Todo un ejército de policías estatales, federales y municipales no pudo contener al grupo armado que se llevó el cadáver.

Es poco creíble que no haya nadie que pueda más que los delincuentes. El desafío que ha mostrado el crimen organizado hacia el gobierno es muy claro.
Es una muestra del grado de impunidad que se vive en las calles y una señal inequívoca es que ninguna autoridad tiene ojos para ver el libre tránsito de los comandos armados que circulan a cualquier hora del día o de la noche.

La ciudadanía se sigue preguntando para qué sirve que el gobierno federal haya enviado al estado a cientos de agentes al Operativo Baja California, si no han detenido a ninguna persona importante dentro de la estructura de las bandas de narcotraficantes que operan en la entidad.

Casi se cumple el año y los índices delictivos siguen a la alza, cuando por lo menos debieron mantenerse equilibrados pues ése era el objetivo: inhibir los delitos y trabajo de inteligencia para cumplimentar órdenes de aprehensión.

No más engaño a los bajacalifornianos.