Denunciados como protectores del crimen organizado

Investigan infiltrados

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Javier Algorri Franco, reveló que se ha ordenado a la Unidad Anticorrupción, realice todas las pruebas de confianza como son las psicométricas, psicológicas, antidopaje, polígrafo, así como una revisión de su forma de vida y finanzas. Un proceso que será largo, donde tan sólo la prueba del detector de mentiras lleva seis horas.

Investigaciones ZETA
Luis Javier Algorri Franco, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, ordenó investigar a 11 policías locales que laboran en este ayuntamiento y han sido denunciados como presuntos protectores de personas vinculadas al Cártel de los Arellano Félix (CAF).
ZETA publicó el pasado 9 de noviembre, una lista de agentes municipales que forman parte de un expediente de la Procuraduría General de la República (PGR), que concentra los nombres de policías, distribuidores de droga y secuestradores, así como gente que trabaja para ellos en Tijuana.
Los nombres de estas personas, forman parte de las declaraciones hechas por criminales detenidos dentro de grupos delincuenciales que han sido consignados ante la autoridad federal. Se trata de asuntos llevados desde finales de los noventas hasta este año 2007.
Todos los declarantes han sido integrantes de comandos negros sorprendidos en plena circulación, hombres que han sido aprehendidos acompañando a reconocidos lugartenientes del CAF, en posesión de armas de uso exclusivo del ejército involucradas en ejecuciones. Pero mayormente se trató de secuestradores capturados teniendo víctimas en su poder.
El documento no detalla quién fue la persona que los denunció, sin embargo en un análisis de los nombres, ZETA pudo constatar que hubo testigos protegidos, porque en el material se omitieron nombres de malhechores que también fueron detenidos en los mismos hechos.
En la PGR, responsable de investigar a los servidores públicos que operen con el crimen organizado siguen sin hacer nada. Porque no han requerido a los oficiales.
Algorri Franco, señaló que se giraron instrucciones para que la Unidad Anticorrupción realice todas las pruebas de confianza: psicométricas, psicológicas, de antidopaje, de polígrafo, así como una revisión de su forma de vida y finanzas. Un proceso que será largo, porque sólo la prueba del detector de mentiras lleva seis horas.
“Eso es lo que podemos hacer dentro de nuestras facultades, pero es evidente que si se habla de ligas con el crimen organizado le corresponde a la PGR. Y en ese sentido puedo decir que todos los mencionados en la lista ya fueron declarados en principios de año cuando se dio el proceso de despistolización.
“Les tomaron huellas, grabaron voz, algunos los tuvieron declarando más de tres horas y les preguntaron sobre distintos temas. Incluso a algunos los llamaron dos veces y después los dejaron en libertad sin problemas, en esas circunstancias la Secretaría no tiene elementos para retirarlos del servicio”.
“Hay experiencias anteriores en que se ha dado de baja a personas por pérdida de confianza, debido a que se tienen antecedentes de presuntas ligas criminales. Pero después ganan pelitos legales y debemos reinstalarlos pagando salarios caídos. Y regresan con ese halo de impunidad comportándose incluso más cínicos, y así no sirve de nada removerlos.
“Ahí está el ejemplo Julio César Abasolo Pierce, lo detuvieron supuestamente con dinero en Estado Unidos, lo cruzaron, los detuvo la PGR, lo arraigaron, lo investigaron, lo liberaron. Y un juzgado nos obligó a reinstalarlo”, comentó Algorri.
El alcance de la mencionada investigación será limitado porque los expedientes con antecedentes de los municipales fueron rasurados. Y no van más allá de dos años atrás. A pesar de que se trata de policías hasta con 20 años de antigüedad, identificados extraoficialmente con actos de corrupción, como el caso, del ex coordinador de la zona turística, Rogelio Arredondo Guillén.
Conforme a los datos recabados por ZETA, sólo ocho de los 11 policías municipales que aparecen en el expediente de la PGR, han sido o son investigados por la Sindicatura de Tijuana y la Unidad Anticorrupción de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.                                                                         

Antecedentes administrativos
En el caso de la Sindicatura, la dependencia abrió expedientes a los agentes Galo Hernán Carrillo Varguez, Rogelio Arredondo Guillén, Raúl Cruz Barba y otro del que no aceptaron informar el nombre, pero actualmente se encuentra sujeto a un proceso de remoción del cargo.
A Carrillo Varguez, el órgano a cargo de Ramón Castorena Morales, lo investigó por una queja ciudadana interpuesta en su contra, pero se determinó que no existían elementos para destituirlo, por lo que actualmente se encuentra activo.
Además, de acuerdo a sus compañeros, este agente es cuidadoso en “extremo”, llegaron al punto de señalarlo como cobarde: “ni multas levanta por no meterse en problemas”.
De acuerdo con el expediente publicado en el número 1751 de ZETA, el agente aparece denunciado por un delincuente, como protector del CAF en investigaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia del Estado y la PGR, y a pesar de ello ni siquiera fue llamado por las autoridades federales.
Al policía Rogelio Arredondo Guillén, la Sindicatura Municipal lo destituyó el primero de junio de 2007 por faltar injustificadamente a sus labores, informaron funcionarios allegados a las indagatorias. Ausencias ocurridas después de que fue instalado en puntos fijos, a raíz de que un juez ordenó su reinstalación. Lo habían retirado del servicio porque presuntamente ordenó la irregular liberación de unos polleros en la zona centro de Tijuana.
A este ex agente se le vincula con Cristopher Armando Martínez Cruz, “Ángel”, lugarteniente del CAF, además de ser uno de los encargados de cuidar las casas de seguridad de la organización criminal.
Sindicatura Municipal también investiga a otros dos policías municipales en activo que aparecen en el citado expediente, entre ellos el agente Raúl Cruz Barba, quien hace tres años y medio fue acusado por delitos contra la salud y secuestro. Liberado posteriormente por falta de pruebas.
En el caso de este policía, el procedimiento sigue abierto por lo que ya ha sido llamado a comparecer en la Sindicatura. En caso de encontrársele alguna  responsabilidad, el  agente podría ser destituido de su cargo. Sin embargo sus compañeros aseguraron a este semanario que sí tiene ligas y relación con conocidos criminales en la delegación La Presa.
En abril de 2004, Cruz Barba fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, en la ciudad de México, por el delito de secuestro.
El agente fue denunciado junto con Ricardo Domínguez García, otro de los policías que aparece en el expediente, por la desaparición de los hermanos Gallego Verdugo, quienes en su momento lograron ser liberados por las autoridades estatales.
El entonces Síndico Procurador Municipal, Martín Domínguez Chiú, reconoció que los agentes no sólo habían incurrido en una falta administrativa, sino que presuntamente cometieron los delitos de secuestro, allanamiento de morada y abuso de autoridad.
Junto con estos elementos fue detenido Luis Alberto Hurtado, “El Bocho”, quien además de ser operador del CAF se dedicaba a la elaboración de drogas sintéticas en la ciudad.  
Aun cuando la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) investigaba a estos policías y las autoridades estatales dieron a conocer sobre su captura, ambas dependencias nunca dieron a conocer la situación jurídica de los agentes.
Tanto Cruz Barba como Domínguez García siguen en activo al interior de la corporación, según corroboró ZETA en la página de Internet del Ayuntamiento de Tijuana.

Anticorrupción
En la Dirección Anticorrupción de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, que encabeza Olga Jiménez, también se han iniciado investigaciones en contra de policías municipales que aparecen en la lista de las corporaciones federales y estatales.
Pero por ejemplo, a Raúl Cruz Barba, tan sólo le ha correspondido ser amonestado verbalmente por los encargados de esta dependencia.
También aparece el nombre del policía Ángel Tarazón Madrigal, quien ha sido amonestado por la Dirección.
Sólo en el caso del policía Marco Tulio Carrillo Grande se inició una investigación y se le dio parte a la Sindicatura Municipal, dependencia que analiza su posible remoción del cargo, confirmaron autoridades de la Dirección Anticorrupción que tuvieron acceso al expediente.
También revelaron que el policía Pablo César o Roberto Hernández Zamora, quien no aparecía en un principio en el padrón de la Policía Municipal, pero sí en la lista de la PGR, sí está en activo en la Delegación La Presa.
La misma demarcación en que laboraba el policía Luis Gilberto Sánchez Guerrero, quien el 30 de octubre escoltó y acompañó en su huida, al sicario del CAF, Luis Alfonso Velarde Solís, “El Muletas”, en el operativo de los Mariscos Godoy, en Tijuana.
De manera extraoficial, miembros de la corporación tijuanenses informaron también que las versiones internas revelan que de los agentes mencionados, sólo cuatro tienen mala fama interna. Y deberían ser investigados seriamente.
 Domínguez García, Valle Rangel, Cruz Barba, Cabrera Bengochea y agregaron un quinto nombre, el agente Soky Martínez, quien, mencionaron, mantiene una relación muy cercana con Cabrera.
También se consultó a la Procuraduría de los Derechos Humanos pero ninguno tenía antecedentes.

RECAUDRO
Fuga de información
A manera de apoyo, agentes municipales se contactaron con reporteros de este semanario para informar que la tropa de la policía municipal fue advertida desde mediados de la semana que concluye, que ZETA publicaría una lista de agentes ligados al crimen organizado.
Y que los agentes implicados habían sido puestos sobre aviso por la Dirección Anticorrupción. Lo cual explicaría el porqué de que nunca les puedan fincar responsabilidad a los agentes relacionados con el crimen organizado.

RECUADRO
Policías Municipales en la mira de la PDHBC.
Las policías municipales del estado son las corporaciones con mayor número de quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDHBC).
Del total de quejas recibidas durante el 1 de noviembre de 2006 al 31 de octubre de 2007, el 86.8 por ciento de las mismas fueron dirigidas a estas corporaciones policíacas, reveló Francisco Sánchez Corona, titular de este organismo.
Las policías de Tijuana y Mexicali encabezan el primer y segundo lugar con 139 y 52 quejas, respectivamente, seguidas por Ensenada con 27, Tecate con 21, Rosarito con 14 y San Quintín con 10.
Las principales demandas contra las corporaciones locales son: Detenciones arbitrarias; uso de la fuerza excesiva; incomunicación; trato indigno; allanamiento de morada; privación ilegal de la libertad; tortura; robo; extorsión; amenazas; lesiones; dilación o irregularidades en la integración de los procedimientos; negativa o deficiente atención de los servidores públicos.
De acuerdo con el segundo informe de labores del Ombudsman Estatal, además de las omisiones de los funcionarios encargados de la seguridad pública, también se presentan conductas delictivas al momento de detener a los ciudadanos.
Se han presentado “casos en los que se golpea, amenaza y se retiene a la persona por largo tiempo”.
El informe también evidenció las pésimas condiciones en que se encuentran las celdas de las policías municipales, estatales y ministeriales cuando se detiene a una persona. “Lo cotidiano es encontrarlas sucias. Además el reclamo de los detenidos es la falta de agua para el consumo humano durante el tiempo de arresto o detención ministerial”.