Heredan al gobernador rezago en la readaptación social

Derechos humanos; la asignatura pendiente de Osuna

Mientras el sistema judicial en el ámbito penal se ha esforzado por cumplir los términos constitucionales de los tiempos procesales, la readaptación social contrae un rezago heredado al Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, no sólo por la sobrepoblación penitenciaria sino por el mal funcionamiento de los penales y la deficiencia de sus programas de reeducación.

Francisco Sandoval Alarcón

La readaptación social es el "talón de Aquiles" del Sistema Estatal Penitenciario, acusó  Francisco Sánchez Corona, procurador de los Derechos Humanos en Baja California.
De acuerdo con el informe de 80 cuartillas que presentó ante el Congreso del Estado, el Ombudsman Local señala, mientras el sistema judicial en el ámbito penal se ha esforzado por cumplir los términos constitucionales de los tiempos procesales, la readaptación social es un "grave rezago" heredado al Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, no sólo por la sobrepoblación penitenciaria sino por el mal funcionamiento de los CERESO’s  (Centros de Readaptación Social) y la deficiencia de sus programas de reeducación.
"Por las condiciones en las que se vive en estos centros de internamiento, son un espacio proclive para las arbitrariedades contra los reclusos, convirtiéndolos en una población vulnerable y marginada".
Más: De las 189 visitas que se realizaron a las diferentes cárceles del Estado y a los Centros de Diagnóstico para Adolescentes, las quejas más recurrentes de los reos son:

• Falta de atención médica
• Castigos indebidos
• Lesiones
• Hacinamiento
• Mala alimentación
• Falta de solicitudes de intervención para obtener los beneficios de libertad anticipada
• Falta de audiencias con abogados de Defensoría de Oficio y Departamento Jurídico del Centro Penitenciario

En su informe, Sánchez Corona confirmó lo que antes denunciaron los internos a través de ZETA: cuando los reclusos requieren atención médica es frecuente que el personal del sector salud no haga caso, además de que no realizan los recorridos médicos correspondientes.  
En el mejor de los casos, las peticiones se atienden con el suministro de un mismo medicamento para diversos padecimientos; mientras que a los reos que padecen una enfermedad crónica o degenerativa no se les da un seguimiento y no se actualiza su expediente.
Las mujeres internas denunciaron:

• Deficiencia en la atención médica
• Carencia de exámenes de laboratorio
• Cobro indebido de los exámenes cuando se les llega a practicar

La presentación dejó en evidencia que existen internos que aun cuando tienen el beneficio de la liberación anticipada, no se les aplica por la negligencia de los funcionarios estatales.
"En la práctica es común que las autoridades penitenciarias no tengan ordenada y disponible la información sobre estudios de beneficios de libertad anticipada o traslados. Esta omisión posterga por meses el beneficio de la liberación anticipada, provocando que los internos no gocen de los beneficios que les otorga la ley".

Como de película
Aparte, dejó en evidencia que varios reclusos han sido remitidos a celdas de castigo existentes al interior de los CERESO’s, lo cual está prohibido por la legislación internacional.
“Los reclusos desconocen la reglamentación para la aplicación de castigos y cuando es necesario la intervención de la Comisión Disciplinaria se dan castigos excesivos pues los únicos presentes durante el proceso son el director o subdirector y comandantes y no así los representantes de las áreas médica, la sicológica, la criminológica y de trabajo social para que las sanciones sean congruentes a la conducta imputable al interno".
Y advirtió: "La existencia de celdas de castigo, son queja constante de trato inhumano. Este tipo de lugares carecen de iluminación, ventilación y permanecen en aislamiento total".
Por si fuera poco, la alimentación que se ofrece a los reos es deficiente, pues incluso han detectado que las autoridades penitenciarias le han dado agua contaminada y alimentos en mal estado.
“En el caso de Mexicali, por las altas temperaturas, se carece de un manejo adecuado de los alimentos para su conservación. Y en Ensenada se gestionó un estudio de laboratorio del agua, en el que se obtuvo como resultado un exceso en los parámetros de contaminantes, poniendo en riesgo la salud de los reclusos”.
Uno de los mayores problemas detectados por la PDHBC, es el hacinamiento existente en las cárceles del Estado. El caso más extremo es el del CERESO de Mexicali, donde existe una sobrepoblación del 255 por ciento.
En el caso del Penal La Mesa, existe una sobrepoblación de 217 por ciento, en Ensenada es de 147 por ciento, mientras que el penal de mediana seguridad de El Hongo, en Tecate, es el único que se salva pues no cuenta con sobrepoblación.
Según el defensor de los Derechos Humanos, el hacinamiento existente en los diferentes penales del Estado en nada “contribuye a la readaptación de los detenidos”.
Además, familiares de los internos aseguran ser objeto de revisiones indignas al ingresar a los centros penitenciarios: “Obligan a las mujeres a desnudarse y a realizar posiciones y movimientos degradantes”.
Para colmo, la PDHBC detectó que a pesar de que un 90 por ciento de los internos tienen defensores de oficio, el trabajo que realizan los abogados es deficiente, lo que provoca una defensa inadecuada.
“Como consecuencia los reos reciben sentencias injustas y tardías. En este aspecto podemos señalar que dentro del procedimiento penal existen condiciones de inequidad procesal en perjuicio de los inculpados”.

Grupos vulnerables
La PDHBC también atendió a grupos vulnerables del estado, entre los que se encuentran: Niñas, niños, jóvenes, mujeres, emigrantes, personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena, enfermos de VIH-sida y personas con preferencia sexual diversa a la heterosexual, quienes viven en situación de riesgo.
Entre las actividades más apremiantes, el Procurador urgió en la necesidad de implementar políticas internas para atender las circunstancias que rodean a los cientos de emigrantes que arriban diariamente a Baja California.
Dijo que tan sólo en el año 2006 se reportaron 183 mil 934 deportaciones por las Garitas de Tijuana y Mexicali, donde los niños y las mujeres emigrantes fueron los más propensos a correr riesgos de abuso y violencia de todo tipo.
“Están más expuestos a la violación de sus derechos humanos, situación que se agrava por la falta de recursos económicos y omisión de protección oficial. Las violaciones se tornan reiteradas y sistemáticas tanto por autoridades extranjeras como mexicanas en el proceso de cruce y deportación”.
También se gestionaron demandas de indígenas de Ensenada, como la que planteó un grupo de origen náhuatl de la colonia 1989, quienes fueron despojados por las autoridades educativas de un predio donde se localizaba un centro ceremonial que forma parte de sus tradiciones y que tenían en posesión alrededor de diez años. De tal suerte se proporcionó orientación legal para su restitución.
En el tema de los niños, el informe reveló que se han presentado casos donde la Procuraduría para la Defensa del Menor ha violado los derechos humanos de los menores.
“Todos los casos se tratan de niños a los que a sus padres se les ha quitado la custodia y tutela de manera injustificada. En estas quejas los servicios proporcionados por la Procuraduría de la Defensa del Menor se realizaron sin apego a los fines de dicha institución mediante actuaciones que propician la desintegración familiar, al no proporcionar el apoyo y orientación necesaria para la recuperación de los niños a sus padres, promoviéndose juicio de pérdida de patria potestad para darlos en adopción a terceras personas”.

Educación quebrantada
Otro problema registrado en el informe de Sánchez Corona, es el relacionado con la gratuidad de la educación. En el informe se acusó a las autoridades educativas de vulnerar los derechos de los niños, al condicionar sus inscripciones escolares a cambio de un pago ilegal.
Aun cuando la gratuita de la educación es un derecho constitucional, ante la PDHBC se atendieron 441 asuntos, de los cuales en 367 casos se iniciaron procedimientos de quejas.
Entre ellos se destacan: La negativa de inscripción a 70 jóvenes de escasos recursos por no cubrir a tiempo la cuota solicitada en una preparatoria de Ensenada; el caso de un menor de Mexicali quien perdió el ciclo escolar por calzar tenis en lugar de zapatos negros, esto por no contar con las condiciones económicas para adquirirlos.
El organismo además atendió a 54 personas con problemas de VIH-sida, quienes no recibieron la atención médica correspondiente por parte de las autoridades del sector salud.
Entre las principales quejas destacan: Trato indigno, falta de atención médica oportuna y negligencia médica grave que ha generado la muerte en pacientes, desabastecimiento de medicamentos y hostigamiento laboral a portadores de VIH.
“De acuerdo a la experiencia obtenida en el área se detectó la escasa preparación técnica, profesional y humana de personal del sector salud, carencia de abasto oportuno de medicamentos, falta de estructura hospitalaria suficiente para enfermos terminales que deben ser atendidos en albergues atendidos por asociaciones civiles”.

Las quejas
En su informe, el Ombudsman indicó que del 1 de noviembre de 2006 al 31 de octubre de 2007, se emitieron un total de 13 recomendaciones, cuatro de ellas dirigidas a Kurt Honold Morales, presidente municipal de Tijuana; tres más al ex procurador de Justicia, Antonio Martínez Luna; una a Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana; otra a Eugenio Elorduy Walter, ex gobernador del estado y una más al actual gobernador José Guadalupe Osuna Millán, entre otras.
De las trece recomendaciones, sólo una fue aceptada en su totalidad y es la que interpuso Erasmo Anchondo Ibarra, funcionario municipal, en contra de Kurt Honold Morales por violación al derecho de descanso y actividades recreativas.
El resto de las observaciones fueron aceptadas parcialmente, en el mejor de los casos, o fueron impugnadas, en el peor; mientras que en tres casos más no hay respuesta y en dos asuntos se espera la respuesta por parte de las autoridades correspondientes.
Entre las dependencias federales, estatales y municipales que destacan por concentrar el mayor número de quejas ante la PDHBC destacan:

• Secretaría de Educación y Bienestar Social: 441
• Las policías municipales: 263
• CERESO’s: 223
• Sistema Estatal Penitenciario: 157    
• PGJBC: 87
• Ministerio Público Estatal: 82
• Servicio de Inmigración de Estados Unidos:72
• IMSS: 27
• PEP: 57
• Ayuntamientos: 30
• DIF Estatal:26

En una de sus conclusiones, Sánchez Corona recomendó que ante la resistencia que existe entre los servidores públicos para acatar las resoluciones de la PDHBC, es necesario realizar reformas legislativas a la Ley de Responsabilidades y la de este organismo para hacer vigentes los derechos humanos de los bajacalifornianos.

Numeralia.
La PDHBC en números.
6 mil 352 asuntos en todo el Estado
1 mil 969 asuntos en Tijuana
1 mil 452 asuntos en Mexicali
Mil 60 asuntos en Ensenada
Mil 30 asuntos en Tecate
539 asuntos en San Quintín
302 asuntos en Playas de Rosarito
De las cuales:
644 quejas, orientaciones y gestiones interpuestas por niños
Mil 829 quejas, orientaciones y gestiones interpuestas por internos
146 quejas, orientaciones y gestiones interpuestas por emigrantes
232 quejas, orientaciones y gestiones interpuestas por personas de la tercera edad
206 quejas, orientaciones y gestiones interpuestas
Cuatro recomendaciones a Kurt Honold Morales 
Tres recomendaciones al ex procurador Antonio Martínez Luna