Obtienen permisos de operación en lugares inadecuados
Peligro por gaseras y gasolineras
Están ubicadas en zonas densamente pobladas de la ciudad de Ensenada y sus alrededores, y a menor distancia de casas-habitación a la oficialmente recomendada por la normatividad federal. El gobierno municipal dio su anuencia desde el año 2003, sin contar previamente con un dictamen de factibilidad y uso de suelo.
Javier Cruz Aguirre
La evacuación de 400 ensenadenses la noche del viernes 12 de octubre pasado para evitar ser víctimas de la fuga de gas licuado en una de las instalaciones urbanas de la compañía Gas Silza, es el colofón a otra historia de corrupción e impunidad que inició el gobierno de Ensenada en el año 2003.
En ese año el XVII Ayuntamiento de Ensenada autorizó a las empresas Gas Silza y Gas de Ensenada, la instalación y operación de al menos 12 estaciones de servicio de gas licuado propano (LP) y gasolineras en lugares urbanamente inadecuados porque:
-Están ubicadas en zonas densamente pobladas de la ciudad de Ensenada y sus alrededores, y a menor distancia de casas-habitación a la oficialmente recomendada por la normatividad federal.
-No contaban con dictamen de factibilidad (estatal) o de uso de suelo (municipal).
-Se construyeron edificios e instalaron bombas surtidoras de los energéticos sin contar con licencias de construcción.
-Invadieron y se posesionaron de terrenos y calles que pertenecían a la ciudad.
-No tenían licencia o resolución de impacto ambiental al momento de iniciar operaciones de venta al público.
Y en el caso de la fuga en la estación de servicio de carburación de gas LP de Gas Silza, los vecinos afectados en un rango de 10 cuadras a la redonda de la instalación dañada denunciaron que en el transcurso de su operación la empresa violó diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana, la cual regula el trabajo de ese tipo de instalaciones.
Pero ni la Secretaría de Energía federal ni la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profeco), ni Ecología municipal o del Estado han asumido su obligación de penalizar a la gasera y, en privado, se han reunido con los dueños de la estación para concretar lo que parece un nuevo fraude a los vecinos.
En respuesta, los colonos de cinco áreas residenciales ubicadas en los fraccionamientos Mediterráneo, Las Arboledas y Popular I, así como las privadas Cariaga y Mediterráneo, anunciaron su decisión de no permitir la operación de la estación siniestrada —localizada en la avenida Ámbar, entre Gastélum y Riverol— en tanto no sea reubicada, junto con otras dos estaciones situadas a no más de 500 metros del lugar del accidente, a un lugar seguro fuera de la ciudad.
Esto porque, aseguraron presentando un estudio de impacto en caso de explosión hecho por expertos, un estallido afectaría por rebote a la población asentada en un radio de por lo menos kilómetro y medio.
EL NEGOCIO
Según documentación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado en poder de ZETA, en el año 2003 el ayuntamiento que presidió Jorge Antonio Catalán Sosa, actual aspirante a ocupar la delegación Ensenada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados de Baja California (Issstecali), se dio vuelo aprobando la instalación de gasolineras y estaciones de gas LP en diferentes rumbos de la ciudad puerto y sus alrededores.
Uno de los casos más escandalosos, que de hecho sirvió como base para que la Sindicatura retirara del cargo al entonces director municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, Rubén Ayub Martínez, fue el de la planta de almacenamiento de gas licuado de la empresa Kino Gas del Pacífico, S. A. de C. V., en la delegación municipal de Guadalupe.
En ese lugar, el ayuntamiento concedió la licencia ambiental, dictamen de uso de suelo y licencia de construcción (001/2003) para la construcción de la planta sin haber obtenido antes el dictamen de factibilidad y congruencia con los planes y programas de desarrollo estatales.
Esto era una obligación que el gobierno municipal debió considerar por encontrarse el predio fuera del Programa de Desarrollo del Municipio de Ensenada, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Desarrollo Urbano y 60 de la Ley de Edificaciones, ambos del Estado de Baja California.
Cuando vecinos del rancho Mil Amores protestaron por la construcción ilegal, Kino Gas y el ayuntamiento solicitaron al gobierno estatal, con fecha 30 de enero de 2003, el dictamen de factibilidad y congruencia, es decir casi 20 días después de haber iniciado la construcción de la planta por orden de Ayub y Catalán.
Pero ya era tarde porque la inconformidad social unió a industriales del ramo vitivinícola con prestadores de servicios turísticos y comerciales, agricultores, ganaderos y residentes de los valles de Guadalupe y San Antonio de las Minas, obligando al gobierno del estado a negar el dictamen y la gasera finalmente no se instaló.
Una suerte muy diferente tuvieron tres casos análogos en donde el ayuntamiento, violando los artículos 167 y 200 de la Ley de Desarrollo Urbano, y 60 de la Ley de Edificaciones, otorgó factibilidad de uso de suelo para predios que se encuentran fuera del Programa de Desarrollo Urbano de Ensenada.
Ello sin haber solicitado previamente de autoridad estatal, el Dictamen de Congruencia respecto del Plan Estatal de Desarrollo. Se trata de las siguientes obras:
-La número 007, clave RC-031-002 relativa a construcción y operación de estación de servicio de gasolinera en la avenida Vázquez sin número, esquina con avenida Ambrosio del Castillo del ex ejido Real del Castillo.
-La número 133, clave RI-V00-091, referente a la construcción y operación de una estación de servicio (gasolinera) en la carretera federal Ensenada-San Felipe, esquina con el camino de Los Álamos.
-La número 204, clave RI-J00-511, respectiva a la construcción y operación de una gasolinera en la carretera federal a San Felipe número 3986 del ejido Real del Castillo.
MONUMENTO A LA CORRUPCION
Es precisamente en el ramo de las gasolineras aprobadas por Catalán y compañía donde se da uno de los casos más emblemáticos de corrupción e impunidad del Ayuntamiento de Ensenada: el de la Gasolinera Reforma.
Al respecto los documentos develan que el Ayuntamiento de Ensenada expidió la licencia de construcción número 427, de fecha 5 de agosto del 2003, para la ampliación de una gasolinera ubicada en el triángulo en donde convergen las calles Reforma, Aldama y Séptima, sin haber obtenido previamente la factibilidad de uso de suelo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Edificaciones del Estado.
“Adicionalmente —agrega textual el documento en poder de ZETA—, el predio donde se ubica la gasolinera Reforma, afecta a las vialidades circundantes por una superficie mínima de 14.00 metros cuadrados, de acuerdo a un deslinde levantado por el Departamento de Catastro Municipal, sin que a la fecha (octubre de 2007) la autoridad municipal haya requerido al propietario a fin de recuperar dicha superficie”.
Menciona también que mediante un acuerdo de cabildo de fecha 8 de enero de 2003, se aprobó la desincorporación de una superficie de terreno de 533.47 metros cuadrados propiedad del municipio de Ensenada, ubicada en el área en que convergen las avenidas Reforma, Aldama y calle Séptima.
Esto sustentado en una justificación técnica emitida por el Departamento de Ingeniería de Tránsito de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en el cual se justifica únicamente el área de la esquina correspondiente a la calle Aldama y Reforma, “no encontrándose evidencia de haber justificado el área correspondiente a la esquina de la calle Séptima y Reforma, antes monumento a Cuauhtémoc”.
Pero para Catalán, Ayub y socios eso no fue suficiente. En la calle Ámbar número 1006 de la colonia porteña Carlos Pacheco, presuntamente pagaron otro favor.
De acuerdo con la documentación entregada al semanario, en ese lugar el ayuntamiento no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California y 35 del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California en materia de impacto ambiental.
Esto porque otorgó, por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Ensenada, aún bajo responsabilidad de Ayub, la autorización del dictamen de uso de suelo número 307/2003 para la construcción y operación de una gasolinera, tienda de conveniencia y lavado de autos, sin contar con la resolución de impacto ambiental.
HUELE A GAS
Sin embargo es en la ilegal autorización de permisos para la instalación, construcción y operación de estaciones de carburación con gas LP, donde el problema de corrupción, impunidad y autoritarismo casi estalla en manos del actual gobierno municipal.
De hecho, el caso de la gasera de la calle Ámbar es apenas un ejemplo de lo que ocurrió en la zona Norte de la ciudad de Ensenada durante la administración de Catalán.
Ahí, el fiscalizador superior del estado encontró que el ayuntamiento no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 fracciones II y IV de la Ley de Edificaciones del Estado, toda vez que detectó construcciones terminadas y operando sin contar con licencia ambiental, dictamen de uso de suelo y licencia de construcción de los siguientes negocios:
-Expediente 089, estación de carburación gas LP en una fracción del predio Cañada El Choyal, El Aguajito, de la empresa Gas Silza, S. A. de C. V.
-Expediente 225, estación de carburación gas LP, en la avenida Alisos número 1278 de la colonia Tercer Ayuntamiento, de la empresa Gas de Ensenada, S. A. de C. V.
-Expediente 256, estación de gas LP en El Aguajito, de la empresa Gas de Ensenada.
Para cerrar la cascada de anomalías detectadas en los expedientes de las gaseras autorizadas por el gobierno de Catalán, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado reporta que el ayuntamiento no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 fracciones II y IV de la Ley de Edificaciones del Estado, toda vez que se detectaron construcciones terminadas y operando sin contar con licencia de construcción, siendo las siguientes:
-Obra número 212, expendio de gas LP en la carretera Transpeninsular kilómetro 30.9, poblado Maneadero, actualmente en operación.
-Obra 257, estación de gas LP ubicada en la carretera Tijuana-Ensenada número 4462 de El Sauzal de Rodríguez, hoy en operación.
-Obra 281, instalación de un tanque de hidrógeno en el kilómetro 104 de la carretera Tecate-Ensenada, delegación El Sauzal, actualmente instalado.
En esta misma situación ilegal esta la obra 390, consistente en una planta de elaboración de mezcla asfáltica en el paraje conocido como El Paredón, de Lomas de San Fernando, la cual también trabaja impunemente.
LOS “PILATOS”
Cuando la noche del viernes 12 de octubre pasado la fuga de un tanque de gas LP de mil 500 litros de capacidad, propiedad de la empresa Gas Silza, provocó la precipitada evacuación de aproximadamente 400 ensenadenses, el ex alcalde Jorge Antonio Catalán Sosa de inmediato se lavó las manos como uno de los responsables del incidente.
En una entrevista con un diario local, el ex edil afirmó que “fuimos rigurosos y puntuales durante mi trienio, con los empresarios que solicitaron permiso para instalar gaseras o gasolineras dentro de la ciudad de Ensenada”.
De manera sorprendente aseguró que cuando fue alcalde su gobierno “únicamente autorizó la estación de Zeta Gas durante mi último año de gestión” (2004), olvidando olímpicamente todo lo hecho por su administración con respecto al tema un año antes.
Más extraordinaria fue su aseveración en el sentido de que su gobierno insistió “en que deberían cumplirse las medidas de seguridad que marca la ley con el objeto de que no se presentaran problemas que pusieran en riesgo a los ciudadanos que vivían cerca de este lugar” (la calle Ámbar).
Luego, quitado de la pena, espetó: "Pueden retirar el permiso del negocio en caso de que no se cumpla con la normatividad”.
Y respecto de las gasolineras apuntó que durante su mandato no era una constante entregar permisos a este tipo de negocios, y que él autorizó únicamente la instalación de cuatro de ellas en sitios donde “no presentaban problemas de circulación”, y construidas "a determinada distancia una de otra”, pensando en la seguridad de la comunidad.
Similar actitud bíblica asumió la Secretaría federal de Energía cuando los vecinos afectados presentaron documentos que avalan la ilegal operación de tres estaciones de gas LP que el Ayuntamiento de Ensenada aceptó se construyeran cerca de sus hogares.
Manifestaron que la dependencia dijo no poder intervenir en el asunto, ya que corresponde al ayuntamiento realizar las inspecciones a las estaciones de gas y gasolina, y este orden de gobierno no ha reportado nada malo en la revisión que practica en las instalaciones.
Por su parte, el ayuntamiento que preside César Mancillas Amador respondió con evasivas y retrasando la solución del problema. A casi un mes de que se dio la fuga de gas, no adopta una solución definitiva y sigue reuniéndose en privado con representantes de las compañías gaseras —Silza y Gas de Ensenada—, y funcionarios menores de la Secretaría de Energía y la Profeco.
El secretario de Desarrollo Urbano, César Cuevas Ceseña, justificó la privacidad de las juntas porque en ellas “participan especialistas en el área, los que discuten los términos de las normas oficiales mexicanas y hacen las verificaciones hasta que llegan los acuerdos”, los cuales aparentemente sí serán dados a conocer públicamente.
En ningún momento el XVIII Ayuntamiento de Ensenada se comprometió a investigar, corregir y sancionar las anomalías que su antecesor cometió en el tema de la instalación, construcción y operación de las estaciones de gas LP y gasolineras, bombas de tiempo en espera de provocar nuevos incidentes que afecten a la población.
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