Piloto de helicóptero protegido por PGR

Aún sin identificar cadáver robado

Versiones recabadas por ZETA revelan que la PGR tuvo conocimiento de un operativo para asesinar al piloto de la aeronave donde se presume murió el sobrino de los hermanos Arellano Félix y un lugarteniente de éstos, perteneciente a la generación de los “narcojuniors” que seguían la carrera internacional Baja 1000.

Javier Cruz Aguirre

Cuando Isaac Sarabia Tucker fue aparentemente trasladado al Centro Nacional de Arraigos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, el pasado 21 de noviembre, en realidad se le estaba protegiendo de un posible atentado en su contra, perpetrado por sicarios del Cartel de los hermanos Arellano Félix.

De acuerdo con versiones recabadas por ZETA, el operativo asesino contra Sarabia estaba por ser puesto en marcha, luego de que el titular del XI Juzgado de Distrito con sede en la ciudad de Ensenada, determinó el arraigo de Sarabia y el camarógrafo aficionado Rodolfo Calvillo Ibarra, el domingo 18 de noviembre.

Y es que el piloto del helicóptero que se desplomó cuando sobrevolaba la ruta de la carrera Baja 1000, es considerado por la PGR como un testigo de primer orden que ayudará a esclarecer la verdadera identidad de las dos personas muertas en el accidente ocurrido el martes 13 de noviembre, durante la celebración de la carrera automovilística fuera de camino.

Dueño de la empresa ensenadense Del Río Helicopters, S. A. de C. V., Sarabia Tucker supuestamente había comerciado con los hoy occisos en otras carreras de autos de la serie Score.

“Pero siempre lo hizo de manera profesional, es decir, no tenía ninguna liga con esa gente más que la de un contrato de trabajo normal, sólo para darles servicio en las carreras, y nada más”, apuntaron conocidos del piloto protegido por la PGR.

Otras personas que lo conocen desde hace varios años, así como vecinos de la familia, confirmaron que Sarabia Tucker es ajeno a los grupos de narcotraficantes que operan en Baja California o el resto del país.

“Él, como cualquier otro empresario, te daba un servicio si lo contratabas; nada más”, reiteraron.

La misma opinión se tiene del otro ensenadense arraigado por la Procuraduría General de la República a raíz de los resultados obtenidos en la averiguación previa número PGR/BC/ENS/843/07-III, consignada por el Ministerio Público Federal al Juzgado XI de Distrito.

Familiares, amigos y conocidos de Rodolfo Calvillo Ibarra afirmaron que éste, para empezar, no tiene ninguna relación con la empresa de Sarabia Tucker, ya que no cuenta con ninguna capacitación como piloto o copiloto de aeronaves.

Asimismo, que aparte de su trabajo, hace filmaciones y toma fotografías de eventos sociales para obtener ingresos adicionales lícitos.

De hecho, ZETA tuvo conocimiento de que herido de gravedad en la columna vertebral tras el accidente, Calvillo Ibarra inicialmente no abordaría el helicóptero el día de la carrera, pero cambios de último minuto por parte de quienes lo contrataron para videograbar y fotografiar a los tripulantes del automóvil marcado con el número 133 de la Clase I, trocaron su destino.

Tanto la familia de Calvillo como la de Sarabia expresaron su malestar por las versiones periodísticas que identifican a sus seres queridos como presuntos integrantes del Cartel de los hermanos Arellano Félix, pero externaron su confianza en que saldrán exonerados, aun cuando temen por su seguridad, dado la peligrosidad y sed de venganza de quienes los contrataron.

Fue precisamente el temor a la venganza de los sicarios del narcotráfico la que motivó, el pasado miércoles 21 de noviembre al mediodía, que la PGR determinara trasladar a Sarabia Tucker a un lugar no identificado, aun cuando extraoficialmente trascendió que se le reubicó en las instalaciones del Centro Nacional de Arraigos de la misma Procuraduría federal en la Ciudad de México.

El cambio del testigo se dio inmediatamente después de que los médicos que lo atendieron en el hospital Velmar de la ciudad de Ensenada, lograron estabilizar su crítico estado de salud, producto de las fracturas, excoriaciones y golpes que sufrió durante el accidente.

De hecho la dirección del hospital privado ya había solicitado un día antes a la PGR que trasladara a los arraigados al sanatorio militar de El Ciprés, pues la presencia de decenas de policías y miembros del Ejército obstaculizaba e intimidaba al personal administrativo, médico, enfermeros y pacientes del nosocomio.

Cuando -a decir de fuentes consultadas por ZETA- se tuvo información precisa de que se estaba preparando un ataque de los narcotraficantes a las instalaciones del hospital, la PGR actuó, trasladando al piloto herido al aeropuerto militar de El Ciprés en menos de 45 minutos, para de ahí llevarlo, en un avión jet de la institución, a un sitio desconocido.