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    Afirman no ser oficiales corruptos

    Policías exigen ser investigados

     Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que aparecen en un expediente oficial que los relaciona con personas vinculadas al crimen organizado, piden a las autoridades ser sometidos a una investigación “seria”. Para ello dicen estar dispuestos a que se les aplique todo tipo pruebas de confianza, como el polígrafo, conocido popularmente como detector de mentiras.

     Investigaciones ZETA

    Policías municipales están dispuestos a someterse a una investigación federal, municipal, o de ambos órdenes. Pero exigieron que sea “seria”.
    Por separado, David Rizo Bobadilla, Galo Hernán Carrillo Varguez y Héctor Soky Martínez se presentaron en las instalaciones de ZETA para asegurar que ni tienen ni han tenido ligas con gente del crimen organizado. Por lo que están dispuestos a someterse a cualquier tipo de prueba para que su nombre permanezca limpio.
    El agente Daniel Martínez Casillas hizo lo propio por escrito.
    En las ediciones 1754 y 1755, este semanario publicó información referente a una serie de investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas. Un expediente federal que contiene nombres de delincuentes y supuestos policías estatales y municipales, presuntamente ligados con actividades del crimen organizado.
    Nombres dados a las autoridades federales por secuestradores capturados. Algunos de los cuales al ser careados con los agentes que habían señalado en las declaraciones primarias, cambiaron su versión asegurando que los agentes que realizaron las primeras indagatorias en la Procuraduría del Estado los habían obligado a involucrar a los otros policías, como reveló la primera parte de la investigación periodística.
    Son 23 nombres de sujetos identificados como agentes municipales, de los cuales, 11 corresponden a policías en activo en la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. Las indagatorias de ZETA dejaron ver que los policías locales mencionados, sólo habían sido llamados a declarar en la PGR como parte de la investigación general que se realizó a toda la corporación en enero de 2007 cuando incluso les fueron retiradas las armas de cargo.
    La PGR continúa sin realizar una investigación seria que les permita eliminarlos de la lista de sospechosos o fincarles responsabilidad y detenerlos.
    A manera de prevención, para darle claridad al tema en el ámbito administrativo, la Secretaría de Seguridad Municipal de Tijuana ordenó que los agentes fueran sometidos a las pruebas de confianza que realiza la Unidad Anticorrupción, lo cual no ha ocurrido.
    El agente Carrillo Varguez dijo que el viernes 16 de noviembre, se presentó a la Dirección Anticorrupción para que iniciaran los exámenes con él, sin embargo le respondieron que oficialmente esa investigación no ha iniciado.

    Los agentes
    David Rizo Bobadilla se presentó en las oficinas y mencionó lo que en ZETA ya se conocía: Desde “Anticorrupción” habían filtrado la información de que se publicaría una lista de agentes presuntamente corruptos.
    “Al salir del turno, uno de mis compañeros me comentó que se iba a publicar una lista de policías supuestamente corruptos y que venía mi nombre y yo sólo quiero aclarar que no tengo nada que ver. Mi modo de vida corresponde a mi sueldo, sólo hago mi trabajo y si quieren investigar, que le busquen, no van a encontrar nada porque estoy limpio, pero que indaguen bien para que no haya lugar a dudas”.
    El 20 de noviembre, Rizo entregó una carta en la que solicitó una aclaración. Explicó que de acuerdo a la edición de ZETA del 9 al 16 de noviembre el agente deshonesto denunciado fue David Bobadilla, a quien se relaciona con el grupo delictivo de Víctor Magno Escobar “El Mata policías”, una persona totalmente distinta a él.
    Efectivamente, ZETA no ha mencionado a Rizo en las publicaciones
    Lo que se hizo fue solicitar información de su expediente a la Unidad Anticorrupción. 
    En condiciones similares está el asunto de Héctor Soky Martínez de cuya carrera se requirió información en Sindicatura y Anticorrupción. Porque investigaciones internas lo ligan a otro policía mencionado en el expediente de la PGR.
    El agente señaló tener la conciencia tranquila y estar disponible para las indagatorias y agregó: “Como policía que soy, mis amigos son policías, los conozco en la dinámica interna de la policía, yo no estoy enterado ni sospecho de que alguno tenga algún nexo criminal. Pero tampoco puedo andar cuidando ni garantizando lo que hagan fuera”.
    Molesto, el agente Galo Carrillo coincidió con el planteamiento de Soky: “Creo que donde me involucran es que cuando estuve de jefe en la delegación de Los Pinos, dos elementos fueron detenidos por un supuesto secuestro que nunca se dio, fueron traslados a la ciudad de México, demostraron su inocencia y salieron absueltos, creo porque no pregunté, pero quedaron libres.
    “Ahí se me mencionó como jefe de los detenidos, pero ni antes ni ahora me han llamado a declarar. He sido jefe de muchos pero eso tampoco implica que sea niñera de ellos cuidando qué están haciendo en la calle.
    “Quiero aclarar que yo nunca he estado metido con el crimen organizado, no tengo contacto con ellos, siempre mi trabajo ha sido, no soy una persona cobarde, me gusta hacer mi trabajo como es y no me gusta andar metido en problemas, he vivido mi vida tranquila y sin ninguna preocupación”.
    También refutó la información proporcionada por sindicatura donde informaron que había tenido un antecedente en su expediente. Los documentos detallan que hubo una acusación en su contra, la cual se desechó porque pudo comprobar que no estaba de servicio cuando se suscitaron los hechos que se le imputaban.
    Ante la disponibilidad de los tres agentes, que además, aseguraron, no se van a ir de la ciudad, se pone de manifiesto que lo único que falta es que la PGR haga su trabajo, que cumpla con su función de investigar, para que cierre las indagatorias y con elementos suficientes, determine la detención o exoneración de los mismos, por sus familias y la ciudadanía.
    Las acusaciones de corrupción a la policía municipal y las amenazas de una purga general hechas por funcionarios de la PGR en contra de los agentes locales llevan más de 10 meses… y nada.

 

 


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