Las negociaciones del PRI con el PAN y el Gobierno para aprobar al titular.

Procurador sale caro

Entrada la noche del jueves 22 de noviembre, no lograban ponerse de acuerdo los legisladores para hacer oficial los deseos del Gobernador del Estado: Que Rommel Moreño se convierta en el primer Procurador de Justicia de su gobierno. El desencuentro entre los diputados, fue el pago por el voto tricolor.

Luis Arellano Sarmiento

La sesión ordinaria donde designarían procurador estaba programada para las once de la mañana del jueves 22 de noviembre pero se pospuso para las cinco de la tarde. Se llegó esa hora y de los diputados ni sus luces. A las nueve de la noche, nada.

El nombramiento del Licenciado Rommel Moreño, como Procurador General de Justicia de Baja California, no se concretaba a esas horas de la noche del jueves.

Los diputados priístas, conocedores de la debilidad del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán sobre Rommel para ocupar tal cargo, quisieron sacar provecho ante la inminente aprobación.

Aunque desde temprano la mayoría de los diputados estaban en el edificio del Poder Legislativo y uno que otro priísta en el del Poder Ejecutivo negociando, la sesión inició hasta entrada la noche.

Cerca de las doce del mediodía el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Alcides Beltrones Rivera, regresó al edificio proveniente del Poder Ejecutivo.

En los pasillos del Congreso, se corrió el rumor que los diputados del PRI pedían a cambio de su voto a favor del candidato oficial a la Procuraduría de Justicia del Estado:

* 25 agentes del Ministerio Público.
* Una subprocuraduría.
* Un órgano técnico del Poder Legislativo.
* Y la Oficialía Mayor, también del Congreso.

Estos dos últimos cargos están dentro de las próximas decisiones de los diputados y comúnmente se convierten en un reparto de posiciones partidistas.

Los priístas pretendieron irse largo: Aprovecharon para intentar negociar algunas presidencias del Congreso del Estado. Cuidando sus intereses partidistas, más que ciudadanos, estaban dispuestos a votar por el favorito del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, aunque éste no necesariamente representara las mejores cartas para la seguridad de los bajacalifornianos si con ello ganaban posiciones en el gobierno.

Pero los panistas tenían un as bajo la manga en caso que los diputados del PRI no bajaran a la sesión del jueves 22: Nombrarían a Moreño Manjarrez como subprocurador o encargado del despacho para que empezara a trabajar inmediatamente dentro de la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE).

Si esto ocurriese se “enviaría una señal de gobernador débil”, dijo Acosta Fregoso, que a las seis de la tarde expresó que su partido votaría por Rommel Moreño Manjarrez o por Rosendo Cervantes García, dejando fuera de su elección a Juan Manuel García Montaño.

La terna fue enviada por el gobernador José Guadalupe Osuna Millán desde el 8 de noviembre y la presión para que hubiera nuevo abogado del estado se incrementaba con los señalamientos del clero, empresarios y demás organizaciones civiles. La ola de violencia de inicio de sexenio era un factor importante para la urgencia.

Para los priístas no había por qué apresurarse para no cometer el mismo error que cuando nombraron a Antonio Martínez Luna hace seis años, dijo el diputado Enrique Acosta Fregoso.

Para designar procurador eran necesarios 17 votos de los 25 diputados posibles. La alianza del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Encuentro Social (PES) y Partido Nueva Alianza  (PANAL) sumaban 15 votos, más el de la representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que desde la mañana ocupó su lugar en la curul, pero esperó en vano que llegaran sus compañeros a la sesión.

Sólo hacía falta un voto para designar a Moreño Manjarrez. Los nueve diputados del PRI, se sostuvieron en votar todos en el mismo sentido.

Antes, el miércoles 21 a las cinco de la tarde se realizó la reunión de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde los legisladores integrantes votaron a favor un dictamen que avalaba el cumplimiento de los requisitos para ser procurador de los tres aspirantes.

Con los votos a favor de la comisión integrada por Juan Manuel Gastélum Buenrostro como presidente, Juan Manuel Molina García como secretario, además de Enrique Méndez Juárez y Adriana Guadalupe Sánchez Martínez, todos panistas, el dictamen se aprobó en comisión.

En contra votaron los priístas Juan Macklis Anaya y Enrique Acosta Fregoso, con el argumento que no se había obtenido la opinión de los colegios de abogados correctamente, y también tenían dudas si Moreño Manjarrez cumplía con el requisito de la residencia.

El diputado Acosta Fregoso explicó la postura de los nueve legisladores y mencionó la posibilidad de alargar la designación de procurador.

Las opiniones de los colegios de abogados “no fueron en los términos que establece la Ley porque simple y sencillamente los colegios de abogados señalan mayoritariamente un apoyo a Rommel Moreño Manjarrez, que son simples oficios firmados por los presidentes y secretarios de los colegios. Nosotros manifestamos que la ley habla de una opinión colegiada, es decir que deberían de haber exhibido el acta de sesión de los colegios de abogados para poder establecer si efectivamente hubo una reunión de esos cuerpos colegiados y así se expresaron”, sostuvo el diputado priísta.

“El otro tópico es que sí encontramos algunos detalles en la carta de residencia y pedimos una ampliación para que la Dirección Jurídica del Congreso hiciera un dictamen minucioso respecto de cumplimiento estricto de ese requisito, entonces estamos a la espera de esos dos detalles, de ver cómo subsanamos lo de los colegios y cómo garantizamos debidamente que uno de los comparecientes sí cumple con los  requisitos de residencia, queremos cerciorarnos, no queremos volvernos a equivocar como nos equivocamos hace seis años con Antonio Martínez Luna”.

El diputado priísta sostuvo su afirmación en pedir más tiempo para designar procurador, basado en el artículo octavo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Justicia del Estado.

Dicho artículo señala que una vez con el dictamen de la Comisión de Legislación elaborado, hay un plazo de cinco días para bajarlo a Pleno del Congreso para someterlo a votación.

El dictamen fue elaborado el miércoles 21 de noviembre.

El diputado Manuel Gastélum Buenrostro informó que Moreño Manjarrez era el aspirante que tuvo mayor apoyo de las barras y colegios de abogados, incluido el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), quien después de escuchar a los integrantes de la terna el jueves 15 de noviembre, se manifestó públicamente a favor del ex asesor de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Con esta propuesta de ellos, tentativamente en ese sentido habrá de votar el Congreso”, informó el Presidente de la Comisión de Legislación el miércoles 21.

Sólo era cuestión de esperar.