La impunidad avalada por la Suprema Corte de Justicia

Las pruebas de la regresión que vive el país

Héctor Ramón González Cuellar

Esta historia es una evidencia mayor de que el estado de derecho no converge con la justicia. A 36 horas después de que la Suprema Corte fallara a favor del gobernador Mario Marín, Lydia Cacho recibió la llamada de una niña aterrada. Se trataba de una de las víctimas de Succar Kuri y una testigo clave en el juicio que se sigue en contra del pederasta. “Nos van a matar”, dijo al teléfono entre balbuceos. Y razones de preocupación no le faltaban. Durante meses personeros de Succar han presionado a la niña y a su madre con amenazas de toda índole para que se retracte del testimonio en el que describe las maneras en que fue abusada. Ha resistido el acoso porque abogados y defensores de derechos humanos le habían pedido confianza en la posibilidad de que se hiciera justicia. El viernes le dijo a Lydia, entre sollozos que le cortaban el aliento, que el perdón a Marín confirmaba que Succar tenía razón: tienen comprados a los jueces y al gobierno protector del delito  más criminal.

Resulta indignante escuchar a los seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificar su negativa sobre el caso de la violación de derechos a la periodista Lydia Cacho. Con la distinción entre una simple violación y una violación grave con mayúsculas, una mayoría de seis ministros se burló de todos los que esperábamos justicia, no que se consumara la impunidad. Resulta terrible que esos seis ministros también se negaron a entrarle al fondo del asunto, a los crímenes de abuso sexual de menores, y se salieron por la puerta trasera, en una resolución que permanecerá como una de las páginas más negras en la maltrecha historia de la justicia mexicana.

Pueden estar de fiesta los pederastas como Succar Kuri y su amigo, Kamel Nacif; también podrán brindar, por supuesto con coñac, Mario Marín y su séquito de colaboradores que usaron el poder para violar todas las garantías individuales de una  extraordinaria mujer que se atrevió a desenmascarar redes de pornografía y pederastia. Ya sabemos quién ganó en este pleito. Pero los perdedores somos muchos: los niños y niñas que han sido abusados sexualmente; los periodistas que se atreven a investigar y denunciar criminales; los ciudadanos que quedamos indefensos frente a la arbitrariedad e impunidad de quien debería de defender la justicia a secas: las autoridades desautorizadas y sin calidad moral alguna.

La sesión de la SCJN del jueves 29 de noviembre de 2007 mostró los obstáculos que tiene la justicia en México: rigorismo ineficiente y desempeños interesados políticamente. ¿Para qué hacer el esfuerzo de una investigación amplia, crear la expectativa de la justicia y luego negar los hechos y tirar todo a la basura? Para los que hemos escuchado las emblemáticas grabaciones telefónicas entre Marín y Nacif, y que hemos leído los testimonios de Lydia Cacho, tiene sentido la conclusión a la que se llegó en el caso.

El expediente que presentó el ministro Juan Silva Meza ubicó con impecable lógica jurídica la argumentación: “Sí existió concierto de las autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar los derechos fundamentales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro (…) Sí existió violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad”.

Resulta extraño que la minoría de ministros del martes 27 de noviembre se transformó, dos días después, en mayoría de seis. En este país todo puede suceder; no es improbable que haya habido negociaciones y línea de cómo votar. Esos seis votos por la impunidad fueron de: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela, Salvador Aguirre, Sergio Valls, y dos magistradas, Margarita Luna y Olga Sánchez Cordero.

Los argumentos para descalificar el trabajo de Silva Meza fueron burdos. Un ejemplo fue el de la ministra Sánchez Cordero con el clásico argumento barroco de que sí hubo tortura sicológica y violación de derechos, pero “no fue grave”. Ojalá esos ministros nunca tengan que vivir una violación de garantías como la que enfrentó Lydia Cacho, para que aprendan a distinguir entre una simple violación y una grave; para saber la distinción entre la teoría y la realidad en materia de violación de derechos humanos.

De ahora en adelante va a ser difícil salvarle la cara al máximo tribunal de justicia del país. Con todo el respeto que aún merecen los ministros Juan Silva Meza, Genaro Góngora, José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño, que le entraron de frente al litigio y fijaron un voto de acuerdo a lógica y las pruebas de un voluminoso expediente con cientos de pruebas. No cabe duda que la incongruencia y bandazos de la Corte son constantes. Son prueba viva de la regresión que se vive en todo el país en el respeto a los derechos humanos.

Sólo recordemos un fragmento del libro de Lydia Cacho, Memorias de una infamia, en la que narra el traslado de Cancún a Puebla, a ver qué opinan los ministros sobre la “simple violación” que según ellos no tuvo la contundencia que consagra el artículo 97 de la Constitución:

“Al entrar en el pequeño baño, él se pega a mi espalda, rozando su vientre a mis nalgas. Intento quitarme, pero él me toca el cuello y me dice bajito al oído, pegándose a mi cuerpo: ‘Tan buena y tan pendeja. ¿Pa’ qué te metes con el jefe? ¿Quieres?’, pregunta, apretándose más a mis nalgas para que sienta que está excitado. Pone su mano en mi seno izquierdo y me aprieta hacia sí; siento en el omóplato su arma, me lastima y se lo digo. ‘¿Te gusta la pistola, periodista?’, pregunta pegando su boca a mi mejilla. Siento su aliento ácido en mi nariz; las ganas de vomitar se apoderan de mí. ‘Por favor, déjeme entrar’, le digo, mirándolo con una mezcla de rabia y miedo. ‘¿Qué me das?’, pregunta, apretando más sus genitales a mí” (pág. 103).

“El sujeto, robusto, barrigón y con aliento a cebolla, se pega a mí. Me muevo y se acerca otra vez. Una vez pegado, me ordena que ponga las manos atrás. Obedezco. Saca su arma de la sobaquera y me dice: ‘¿Te gusta meterte con hombres, verdad?’. No respondo, sino que apenas respiro. Toma su arma, una escuadra, y me la pone en los labios. ‘Abre la boquita’ (…) Haciendo movimientos semicirculares mete más el arma. ‘Si toses se dispara’, me dice” (pág. 106-107).

Este relato es una mínima parte de un traslado que para algunos ministros pudo, tal vez, resultar “incómodo”. Un relato de una infamia cuya impunidad tiene autorización legal. Lo que nos queda a los ciudadanos es la reprobación pública, la indignación y seguir con la exigencia de que algún día se imparta justicia en este país.

Héctor Ramón González Cuellar es profesor e investigador del Instituto
Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: hrgcuellar@yahoo.com