No intervino el Gobernador en nombramientos de primer nivel en la Procuraduría.

Los amigos y alumnos de Rommel Moreño

20 días después de su designación como Fiscal del Estado, el Licenciado Moreno Manjarrez dio a conocer a quienes serán sus principales colaboradores en la lucha contra el crimen. Todos son personas cercanas a él y, según sus propias palabras, pasaron satisfactoriamente los filtros de control y confianza aplicados por elementos de la Policía Federal Preventiva.

Rosario Mosso Castro

El Procurador General de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, se armó de amigos y alumnos en la persecución del delito. Asumió la responsabilidad de los nombramientos, apoyado en el Sistema Nacional de Control de Confianza.

Electo el 22 de noviembre como Procurador, Moreno Manjarrez dio señales de esfuerzo hasta el 11 de diciembre, cuando presentó la primera parte de su equipo de colaboradores en Mexicali. La tardanza se debió, argumentan, a las distintas pruebas de confianza que les fueron aplicadas a los hoy hombres y mujeres del Procurador.

Por los nombramientos, las personalidades y el currículum, es evidente que en la designación de los mismos no participaron ni el Gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, ni su Secretario de Gobierno, Francisco Blake. Prácticamente dejaron sobre  Moreño toda la responsabilidad de la buena o mala selección, y por ende, los resultados en los siguientes meses.

Es un hecho que el Procurador decidió trabajar con gente de su confianza. Ex compañeros y amigos que laboraron en su equipo bajo el mando del ex Procurador Juan Manuel Salazar Pimentel, o alumnos a quienes les dio tutela académica en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) o en el Centro Universitario de Tijuana (CUT).

Se entrevistó con ellos y después los envió a la Dirección de Control de Confianza de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la Ciudad de México, donde fueron sometidos a evaluaciones psicológicas, poligráficas y exámenes médicos.

No se mencionó que hubieran sido sometidos a la investigación socioeconómica, porque en ese caso, los investigadores especialmente capacitados y actualizados debían trasladarse a Baja California sólo para atestiguar cómo viven los funcionarios. Sin embargo, oficialmente estos jefes aprobaron los exámenes de confianza.

En la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada quedó Jesús Nelson Rodríguez, Licenciado en Derecho que se ha desempeñado como canalizador, secretario de acuerdos y asesor del Ministerio Público. Tiene estudios especializados en secuestro.

Además fue coordinador de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada en Tijuana, teniendo como jefe al fallido ex Secretario de Seguridad, Víctor de la Garza Herrada. Fue precisamente Nelson Rodríguez quien no investigó el asesinato de los tres policías decapitados en Rosarito, el 20 de junio de 2006.

De acuerdo a informes policíacos, Nelson no respondió al llamado de policías estatales preventivos que tras haber detenido a seis delincuentes en una casa de ese municipio, en posesión de las armas, radios y teléfonos de los agentes asesinados, tuvieron que esperar seis horas en el lugar del crimen y los colaboradores de Nelson nunca llegaron.

También fue señalado de no recibir a los detenidos cuando miembros de la PEP fueron remitidos a Tijuana. En aquel entonces, Nelson Rodríguez dijo que no los había recibido porque así se lo ordenó Víctor de la Garza Herrada.

Sin embargo, su omisión fue catalogada por los agentes con uno de dos orígenes: Miedo o colusión.

Esta actitud no sacó a Nelson Rodríguez de la jugada. Después fue nombrado titular de la Unidad Antisecuestros en Tijuana.

En la Comandancia  del Grupo contra la Delincuencia Organizada, Rommel Moreño Manjarrez nombró a José Heredia González, Licenciado en Derechos y egresado del CUT, especializado en investigación de secuestros.

Versiones de policías ubicaron a este agente como parte del equipo del ex Comandante  Jaime Niebla González, detenido en abril de 2002 por supuestos nexos con el crimen organizado. Niebla fue liberado y regresó a trabajar a la Procuraduría, mientras que a Heredia no le encontraron elementos siquiera para detenerlo.

Por ser el secuestro el principal delito a combatir, la lógica indica que Rommel Moreno se decidió por estos dos amigos que trabajaron en mancuerna en la Unidad Antisecuestros en Tijuana, la ciudad más afectada en el tema.

Sin embargo, ambos hombres fueron responsables de investigar el delito en tiempos de Antonio Martínez Luna y los resultados no fueron alentadores.

El Instituto de Capacitación quedó a cargo de María Cecilia Navarro Espinoza, Licenciada en Comunicación con Maestría en Desarrollo Organizacional, especializada en el campo laboral en la coordinación académica. Fue Directora del CUT, jefe del Departamento de Bibliotecas, coordinadora académica de la Licenciatura de Comunicación en la UABC, Directora del Instituto de las Américas, gerente de proyectos especiales en la empresa Kenworth y Secretaria Técnica del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal con Alberto Capella.

Olga Manuela Holguín Alarid será la Directora de Asuntos Internos y trabajó en la misma área en tiempos del ex Procurador Manuel Salazar Pimentel, con los resultados ya conocidos. Ha sido maestra de Derecho en la Facultad de Ingeniería de la UABC, asesora jurídica de la empresa Químicos del Valle, además de abogada en materia civil, laboral y mercantil. En el área de seguridad se ha desempeñado como defensora de oficio en lo civil, secretaria actuaria y secretaria de acuerdos. También como abogada de asuntos internos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y como visitadora de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

En la Dirección de Servicios Periciales nombraron a la Doctora María Guadalupe Licea, con especialidad en medicina legal, diversos cursos en criminalística y especialidad en docencia. En la Procuraduría se ha desempeñado como perito y coordinadora médico-legista, así como perito en criminalística. Además ha sido docente en la UABC, el CUT, la Universidad de las Californias (UDC) y el Instituto de Capacitación y Profesionalización (ICAP) de la Policía Estatal. Es la funcionaria con más experiencia en el área que le fue asignada por Moreno. “Si el Procurador le ordena resolver los asuntos en los que ella está capacitada lo puede hacer. Habrá que ver cuál será la instrucción”, mencionaron algunos de sus alumnos.

El nombramiento que despertó inquietud fue el de Francisco Méndez Manuell-Gómez como Administrador, pues es hijo de la Diputada Dolores de Méndez. En el pasado, Francisco Méndez se desempeñó como Recaudador de Rentas del Estado; Subdelegado federal de la Secretaría de Economía y coordinador en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), dirigida por Héctor Osuna Jaime, líder del grupo conocidos como los “rojos” en Acción Nacional, al cual pertenece el Secretario General, Francisco Blake.

Sin embargo, Rommel Moreño aseguró que no se lo impusieron, que lo conoce y es Licenciado en Administración de Empresas con Maestría en Finanzas, Diplomado en Mercadotecnia Internacional, especialización en banca y servicios financieros; justo lo que necesitan las finanzas de la Procuraduría, argumentaría.

Finalmente, las subprocuradurías. La de Tijuana fue entregada a Salvador Juan Ortiz Morales, abogado con Maestría en Derecho Corporativo Internacional y Diplomado en Función Judicial, Constitucional, Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos.

Ha sido catedrático de la UDC y el CUT. En el tema de seguridad ha sido actuario, secretario de acuerdos, proyectista y juez mixto de Primera Instancia en Playas de Rosarito, donde su gestión le valió el respeto de la comunidad  y de representantes de las diversas instancias de seguridad en el Estado, Tijuana y Rosarito. Agentes consultados lo identificaron como una persona de honorabilidad probada, “pero eso no es suficiente, tiene mucho trabajo por delante, habrá que esperar a ver si tiene de verdad el apoyo del Gobernador y el Procurador para hacer su trabajo”.

Aunque finalmente el Gobierno de Osuna Millán deberá definir el plan de seguridad de la Procuraduría con estos elementos, por lo pronto y para muchos oficiales, el panorama sigue siendo confuso. Con todo y que el Procurador ha dicho que sus principales acciones serán el combate al secuestro y al robo con el contexto que le dejaron en la institución, pues también declaró que encontró una Procuraduría deficiente, sin estrategias de trabajo, sin personal capacitado y nula relación con las autoridades de los Estados Unidos.