En cuatro años: 191 mujeres fueron asesinadas tan sólo en Tijuana

Feminicidios impunes en B. C.

En más del 35 por ciento de los casos las autoridades ignoran cuál fue el arma homicida. En tiempos de Antonio Martínez Luna el problema fue reducido a una consecuencia del crimen organizado y el narcotráfico. En contraparte y de acuerdo al INEGI, el 34 por ciento de las mujeres bajacalifornianas ha sufrido violencia doméstica y el 33 por ciento la ha padecido en su lugar de trabajo.

Francisco Sandoval Alarcón

Mientras en los últimos 16 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, 32 mujeres han sido asesinadas cada año, en Baja California, de 2003 a la fecha la cifra es todavía más alarmante.

En esta entidad cada 12 meses 47 mujeres pierden la vida en manos de sus agresores.

Es decir que al tiempo en que en Ciudad Juárez, de 1993 a 2006, se tuvo un total de 380 feminicidios, de 2000 a 2004 en Baja California se reportaron 191 (120 tan sólo en Tijuana).

Ante tal panorama, la Procuraduría de Justicia, bajo la administración de Antonio Martínez Luna, falló en su oportunidad para investigar los delitos. Actualmente se anticipa la llegada a esta entidad, de María López Urbina, quien fuera la primera Fiscal Especial para Homicidios de Mujeres, en Ciudad Juárez, para incorporarse a las filas de Rommel Moreño, tal vez en un segmento dedicado sólo a este tipo de homicidios.

Entre tanto, los casos más recientes se acumulan de la siguiente manera:
El miércoles 12 de diciembre, a las 8 de la mañana, se reportó que sobre la calle San Pedro Mártir de la colonia Laderas de Otay, se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer de entre 25 y 30 años de edad.

El cadáver estaba “enteipado” de pies y manos con cinta adhesiva color café y envuelto en una cobija color violeta.

La media filiación del cuerpo corresponde al de una mujer con una estatura de 1.50 metros, complexión delgada, cabello teñido, además presentaba tatuaje en mano derecha de tres puntos y en la izquierda con la letra y una cicatriz quirúrgica en el abdomen de cesárea. Como huellas de violencia se le apreciaban marcas de sujeción en ambas muñecas.

El 20 de noviembre, en la habitación 109 del Hotel del Prado, localizado sobre la calle Quinta, en pleno corazón del centro de la ciudad, policías municipales hallaron el cuerpo sin vida de una mujer de entre 25 y 30 años de edad.

Según el encargado del establecimiento, la fallecida llegó acompañada de dos estadounidenses, quienes se registraron con los nombres de Bárbara Parrish y Bobby Parrish, aún prófugos de la justicia.

El cuerpo de la joven presentaba hematomas en la espalda y cuello, toda vez que alrededor del cuello tenía amarrado un cinto color café con el que se presume fue estrangulada.

Nueve días más tarde, en la habitación ocho del Hotel Lafayette, ubicado en la avenida Revolución, también en el Centro, fue localizada sin vida otra mujer de aproximadamente 25 años de edad.

La encargada del hotel reconoció que la occisa había llegado acompañada de un estadounidense de tez negra de nombre Kale Michel. El cuerpo de la chica presentaba  huellas de violencia y estrangulación; tenía un cable de teléfono en el cuello. En ambos casos no hay detenidos.

El pasado 13 de octubre, una niña de cinco años de edad, de nombre Patricia, fue asesinada por el taxista Juan Carlos Domínguez Zamora, de 28 años de edad.

Según la PGJBC, este sujeto secuestró a la menor para abusar sexualmente de ella y después privarla de su vida. Tras el crimen, cavó una zanja en el patio de su domicilio, con el fin de ocultar el cuerpo de la menor, el cual cubrió con cemento.

El 24 de octubre, Antonia Álvarez Carmolinga, de 42 años de edad, asesinó de cinco balazos a Yesenia Hernández  Bravo. Según la PGJBC, el móvil del crimen fue pasional.

Después de asesinarla en Tijuana, Antonia trasladó el vehículo y el cadáver de Yesenia al poblado de La Rumorosa y tras prenderle fuego arrojó el auto, en donde ocultaba el cadáver, a un barranco de la zona.

Álvarez Carmolinga, podría alcanzar una pena de 50 años de prisión en caso de que el Juez de la causa la encuentre responsable del crimen.

Si la lista se extiende a principios de 2007, hay que recordar dos sucesos particulares que datan de febrero pasado:

Claudia Yadira Pichardo Valenzuela tenía apenas 18 años de edad. De un balazo en la cabeza terminaron con su vida. Para deshacerse de sus restos la ataron con cinta adhesiva y la envolvieron en una cobija. Después abandonaron el cuerpo en un camino de terracería del Fraccionamiento Jardín Dorado.

Una hora más tarde, en unos matorrales de la delegación La Presa, fue localizado el cadáver de otra joven mujer no mayor de 25 años. En el cuello tenía colgada una bufanda rosa con la que presuntamente fue ahorcada. Además, el cuerpo presentaba varias excoriaciones en la espalda; señal de que fue arrastrada antes o después de su deceso.

Los dos asesinatos se registraron el miércoles 28 de dicho mes y hasta el momento sólo el crimen de Claudia Yadira ha sido resuelto. La segunda muerte permanece en el olvido, hecho que ocurre en demasía, tal como demuestran las cifras:

En este año que está por concluir, en Tijuana se ha registrado un total de 24 de los llamados feminicidios. Sólo se ha consignado a los responsables en 11 casos. En 13 no ha habido detenidos.

En el 2006, 37 mujeres fueron asesinadas y 17 asuntos siguen sin respuesta.

Un estudio de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana del Congreso de la Unión, reveló que Baja California ocupa uno de los primeros lugares en el tema.

En concreto, se tiene un promedio anual de 32 asesinatos en el estado más grande del país (Chihuahua) ante 47 en esta entidad fronteriza.

De los 191 asesinatos en el estado, sólo en 92 hubo consignaciones por parte de la Procuraduría de Justicia, lo que representa el 48 por ciento de las indagatorias. Más: De este total de crímenes, en 128 casos la Procuraduría ignoraba el móvil. 

El mayor número le corresponde a Tijuana con 76 expedientes en los que se desconocía el móvil de los homicidas.

Aun cuando en reiteradas ocasiones el ex Procurador del Estado, Antonio Martínez Luna, y el propio ex Gobernador Eugenio Elorduy Walther, declararon que en Baja California no se estaban cometiendo feminicidios, la investigación realizada en 10 estados del país, demostró lo contrario:

“El feminicidio se consuma porque las autoridades omisas, negligentes, o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad.

“Conlleva a la ruptura del Estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, y prevenir y erradicar la violencia que ocasiona. El feminicidio es crimen de Estado”.  

A esto se suma otro tipo de violencia que sufren las mujeres en la entidad, pues si bien las agresiones en los hogares disminuyeron en un 15 por ciento comparado con el último análisis de 2003, los ataques en el área laboral tuvieron un repunte ubicándose por arriba de la media nacional con un 33 por ciento. En otras palabras, tres de cada 10 mujeres bajacalifornianas han sufrido algún tipo de agresión en su lugar de trabajo.
El panorama empeora ante la falta de una Ley Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que aun cuando fue aprobada a nivel federal, los diputados locales de la actual y pasada legislatura no la han tomado en cuenta como tema relevante a discutir en el pleno del Congreso. Esto, pese a que las mujeres siguen siendo asesinadas, mientras los responsables, en un gran número de casos, gozan de la libertad que les brindan las autoridades ministeriales al no ser capturados.

Crímenes impunes
Para Elsa Jiménez Larios, directora de la organización Yeuani y quien participó en el estudio de feminicidios del Congreso de la Unión, el hecho de que la Procuraduría de Justicia no tenga consignaciones en un 50 por ciento de los expedientes, habla de una situación de impunidad generada por las propias autoridades estatales.

“Se tiene el caso de mujeres asesinadas en el 2000 y hasta el momento las autoridades no saben por qué las mataron. En un gran número de casos se desconoce con qué tipo de arma las asesinaron y por consecuencia los casos no son consignados. Si esto está ocurriendo seguramente la autoridad no va a tener la posibilidad de encontrar a los responsables”.

La activista comentó que a raíz del estudio de feminicidios, percibieron que no existe un criterio unificado por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado para clasificar los homicidios de mujeres, desde establecer los móviles y las armas con las que fueron asesinadas.

“Si bien hay clasificaciones que nos llamaron la atención porque demostraban que cierto número de mujeres han sido asesinadas por sus parejas sentimentales, también observamos que en la mayoría de los casos el Ministerio Público ignoraba el móvil de los crímenes”.

Dijo que de los 191 casos analizados, en 128 la autoridad ignoraba el móvil de los asesinatos, en donde el mayor número lo tenía Tijuana con 76 casos. Sin embargo, indicó que al seguir profundizando con las cifras observaron que en 38 casos, es decir el 19.8 por ciento, el Ministerio Público ignoraba el tipo de arma con que fueran asesinadas estas mujeres.
Pero eso no es todo, agregó, porque el estudio además evidenció que la Secretaría de Salud en el Estado no tenía un registro de cómo mueren las mujeres en Baja California, lo que a su parecer ha provocado que las autoridades no puedan solicitar presupuestos adecuados para tratar de prevenir este grave problema, generando mayor impunidad.

“Esto tiene que ver más con una política de contención del problema, de no querer admitir que existe el problema y por lo tanto no estar en camino de resolverlo”.

Incluso, en una de sus páginas, el estudio señala que cuando se desarrollaba el trabajo de investigación, el ex procurador del Estado, Antonio Martínez Luna, “anticipadamente atribuyó los homicidios de mujeres a la delincuencia organizada y al narcotráfico”, para no reconocer el problema.

Sobre la posibilidad de que en Baja California se estén registrando feminicidios, Elsa Jiménez Larios aseguró que al desconocerse el móvil de los crímenes, el tipo de armas utilizadas y al no existir consignaciones, se habla de una situación de impunidad y de violencia feminicida solapada por las propias autoridades.

Violencia en hogares y sitios de empleo
Además de la violencia extrema que viven las mujeres en el Estado, existen otras formas de agresión que no se suscitan en las calles, sino en hogares, trabajos y en las propias escuelas.
Así lo demuestra la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, elaborada por el INEGI y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
De acuerdo con los resultados, en Baja California un 34.2 por ciento (tres de cada 10) de las mujeres, han sufrido violencia en sus casas en el transcurso de su última relación sentimental, lo que significa una disminución del 15 por ciento comparado con la encuesta de 2003.
Aparte, los datos revelan que un 29.5 por ciento de las mujeres en el Estado han padecido violencia emocional en los últimos 12 meses; 15.9 por ciento ha vivido violencia económica; un 14.9 por ciento violencia física; mientras un 6.8 por ciento ha soportado la violencia sexual en sus propias casas.
En cuanto a la violencia que se vive en los centros laborales y escolares, las cifras son más reveladoras; incluso se ubican por encima de la media nacional.
Según la encuesta, un 13.2 por ciento de las mujeres, han vivido violencia en sus escuelas, a la par que un 33 por ciento ha tenido este tipo de experiencias en sus lugares de trabajo.
Esta última cifra ubicó a Baja California en el nada honroso sexto lugar nacional, por debajo de Querétaro, Puebla, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, y por arriba de la media nacional que es de 29.9 por ciento.

Mujeres jóvenes y productivas
Aun cuando las autoridades estatales han minimizado las muertes al argumentar que son producto del narcotráfico o de la delincuencia organizada, la realidad es que decenas de damas han sido asesinadas en la mejor etapa productiva de sus vidas. Prueba de ello es que en este 2007, al menos seis víctimas, con un promedio de 27 años de edad, fueron asesinadas en diferentes puntos de la ciudad.

Como ya se describió, el 28 de febrero se cobró la vida de dos jóvenes tijuanenses. Pero este fue sólo el principio. Dos meses y medio después, el 11 de mayo, en la calle Guanajuato de la colonia El Pípila, Primera Sección, fue localizada, aún con vida, una mujer de entre 50 y 55 años de edad.
El cuerpo presentaba lesiones de bala a la altura de la espalda con salida en el pecho.

Pese a que la mujer fue trasladada a la Cruz Roja, falleció en el Hospital a consecuencia de las heridas producidas por el arma.

El 11 de agosto, las autoridades policíacas encontraron sobre la Vía Rápida poniente a la altura de la glorieta de la Clínica Uno del Seguro Social en la Tercera Etapa del Río, el cuerpo de una mujer en el interior de un vehículo Nissan Máxima.

El cadáver de la dama, de entre 30 y 35 años de edad, estaba envuelto en una cobija azul en el asiento trasero del carro y en avanzado estado de descomposición.

Tres días más tarde, el 14 de agosto, en la calle Carrizo y Camino Vecinal de la Colonia Lomas de la Presa, se localizó el cuerpo sin vida de una mujer de entre 25 y 30 años de edad. De complexión delgada, tez morena y 1.69 metros de estatura, el cuerpo presentaba varios disparos por arma de fuego en la cabeza y tórax.

El 31 de agosto, en la calle Michoacán y Cecilia Sierra de la colonia Campos, se encontró el cuerpo sin vida de Jennifer Sujey Segura López de 18 años de edad, quien presentaba un impacto de bala a la altura del ojo derecho y en la frente.

El martes 13 de noviembre Eric Samuel Suárez López, de apenas 19 años de edad, fue capturado por la Policía Municipal, luego de que mató a su novia, Karla Peraza Miranda. El motivo: la muchacha era muy celosa.

Suárez López confesó que el 4 de noviembre citó a la joven en una plaza comercial de la delegación La Mesa. Karla llegó en un Chrysler Sebring, que era de su propiedad. La pareja decidió definir su situación a bordo del automóvil.

Pero las cosas no salieron bien. Según el homicida, fue ella quien primero lo agredió, luego se desnudó para exigir que tuvieran relaciones sexuales. Al negarse, el chico nuevamente fue agredido. En ese momento, Eric Samuel sacó una navaja y la acuchilló. Al ver a Karla herida de gravedad, Suárez López encerró a su novia en la cajuela y se dirigió a la colonia Terrazas del Valle donde terminó por prenderle fuego al vehículo.

De víctimas a victimarias
La ex Directora del Instituto Estatal de la Mujer, Gabriela Navarro, reconoció que un gran número de mujeres que han sufrido violencia en algún momento de su vida están propensas a repetir este tipo de conductas con las personas cercanas a ellas.

“Cuando se ha ejercido tanta violencia hacia un ser humano te vuelves un ser resentido contra de la sociedad, en este caso si las mujeres han sufrido violencia, si no han tenido alternativas para salir de ella o no han querido buscarlas, se revierte en contra de quienes más cerca están y a veces se presentan este tipo de situaciones, que se conviertan de víctimas a victimarias”.
Navarro es de la idea de que las mujeres viven una constante lucha por salir adelante, lo que en ocasiones las empuja a actuar como hombres: Con agresividad y violencia.
“Lo que se busca es que exista un equilibrio social, una igualdad jurídica, una verdadera equidad, en donde nadie tenga que ejercer el control sobre otros, sin que impere la tolerancia y el respeto en la familia”.

Puso el ejemplo de un gran número de mujeres que ante la necesidad económica se disponen a delinquir (Actualmente existen cerca de 500 recluidas en las diferentes cárceles de Baja California, un alto porcentaje por la comisión de delitos contra la salud).

“Al no tener una educación, al no tener oportunidades, comienzan a incidir en los delitos de todo tipo, desde los federales, hasta los del fuero común, como el robo”.

Sobre el papel que juegan las autoridades al momento de investigar las agresiones contra mujeres, la ex Directora de INMUJER dijo que aún cuando se ha cambiado la mentalidad de los Ministerios Públicos, quienes anteriormente se burlaban de ellas al denunciar este tipo de incidentes, faltan muchas cosas por hacer para mejorar la aplicación de justicia.

“No dudo que pueda haber funcionarios que sigan pensando que las mujeres son las culpables de lo que les pasa, pero poco a poco ha ido cambiado de mentalidad, por eso es importante que quienes trabajen en estas áreas tengan un perfil determinado, básicamente para comprender cuál es la problemática de las mujeres”.

Aparte urgió en la necesidad de poner en marcha una Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que si bien, agregó, ya se aprobó a nivel federal, hay que adaptarla a nuestra realidad y ponerla en marcha en el Estado.

Ley pendiente
Para la presidenta del Congreso del Estado, la diputada panista Gloria María Loza Galván, la implementación de una Ley que garantice a las mujeres de Baja California una vida libre de violencia, será un tema prioritario para la actual legislatura, sin embargo dijo desconocer la existencia de una iniciativa sobre el tema.

“El plazo para aplicarla a nivel estatal, tras la implementación a nivel federal, venció el 30 de agosto y habría que revisar si se presentó o no, o si está en comisiones. Todo esto lo vamos a revisar; porque si no, hay que retomarlo.

“Apenas están analizando todos los asuntos que quedaron pendientes (en la pasada legislatura)”, reiteró Loza Galván para luego comprometerse a darle seguimiento al tema “porque la propia Ley Federal establece que los estados deben de poner en marcha sus propias leyes”.

En el ínter, lo cierto es que violentadas en las calles, en los hogares y en sus propios trabajos, las mujeres bajacalifornianas seguirán siendo agredidas, en el mejor de los casos, o asesinadas, en el peor, mientras los responsables sigan libres gozando de la impunidad que les otorgan las autoridades ministeriales al no investigar y castigar una violencia injustificada, que además parece ser endémica.

Caso Benazir Sara:

Dos años en la impunidad

Este diciembre se cumplirán dos años de la trágica muerte de la joven estudiante tijuanense, Benazir Sara. El impactante caso no ha sido abandonado por los padres de la adolescente, quienes han encarado a las autoridades por su falta de congruencia y profesionalismo para investigar los hechos y encarcelar al culpable.

Este caso representa uno de los pendientes del sexenio de Eugenio Elorduy Walther, y que demostró la señalada incapacidad de Antonio Martínez Luna como Procurador, y Francisco Castro Trenti en calidad de Subprocurador. Ambos, declararon que el caso tenía un considerable avance, Castro incluso dijo haber llegado al asesino que sería detenido.

Nada pasó. El crimen de Benazir Sara continúa en la impunidad.

A continuación, una cronología de los hechos:

Diciembre 7, 2005 -La tarde de ese miércoles, la joven Benazir Sara Chavolla Ruiz fue secuestrada y momentos después lanzada al pavimento desde una Pathfinder en marcha sobre la Avenida Centenario, con las manos encadenadas a la espalda. Un taxi la arrolló al momento de ser arrojada provocándole muerte cerebral. Benazir Sara tenía 15 años y estudiaba el primer semestre de bachillerato.

Diciembre 10, 2007 –A petición de los familiares es enviada a la clínica 20 del IMSS para ser tratada y la PGJE informó que hasta ese momento se interrogaron a cinco personas testigos de los acontecimientos, entre ellos el taxista que la arrolló y uno de los pasajeros, además de amigos de la estudiante que la conocieron en su entorno personal
Diciembre 13, 2005 –Al filo de las diez de la noche, Benazir Sara falleció a causa de las lesiones provocadas en los alrededores de Pueblo Amigo. Los médicos señalaron que además del flagelo físico, un paro cardiorrespiratorio fue lo que finiquitó la vida de la escolapia. Ese mismo día fue encontrada una camioneta con características similares a la utilizada en el asesinato de la menor sobre el Bulevar Sánchez Taboada.

Diciembre 14, 2005 –La Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos (UOHD) mediante un comunicado mencionó que el asesino de Benazir Sara ya había sido identificado. Francisco Castro Trenti, coordinador de la unidad aseguró que el criminal después de haber sido reconocido, se encontraba cerca de ser capturado y procesado pero que no era posible revelar datos de las indagatorias para no entorpecer la investigación.

Diciembre 14, 2005 – Fernando Emmanuel Valencia Pérez de 21 años de edad, el propietario de la Pathfinder, el automóvil desde el que presuntamente arrojaron a Chavolla Ruiz, fue dejado en libertad con las reservas de ley, mientras continuaban operativos para asegurar a involucrados en ese asesinato.

Diciembre 15, 2005 –Se llevó a cabo la misa de cuerpo presente por el eterno descanso de Benazir Sara y al mediodía su cuerpo fue cremado. Horas más tarde se reunieron cerca de 200 estudiantes para manifestarse en el Centro de Gobierno por la falta de respuesta en la investigación en el homicidio de la menor.
Diciembre 29, 2005 –Los padres de Benazir Sara se reúnen con el Procurador del Estado, Antonio Martínez Luna para pedir avances de la investigación.

Enero 15, 2006 –Se presentan en las oficinas de ZETA los padres de la menor para poner en evidencia las omisiones que tuvo la PGJE en el seguimiento del homicidio. Aseguraron que los dos sospechosos huyeron; uno a la ciudad de México y otro al estado de Sinaloa. Aseguraron que las tres principales líneas de investigación apuntaban a “Irvin”; Fernando Emmanuel Valencia Pérez (sobrino del Consejero de Judicatura, Adrián Murillo), propietario de la Pathfinder, y otro más.

Febrero 27, 2006 –Manuel Chavolla denunció que la PGJE se refirió falsamente a Benazir Sara como promiscua y consumidora de alcohol, pretendiendo así que la menor llevaba una vida desordenada. También añadió que se basaron en la declaración inicial de quien fuera novio de la menor, a quien intimidaron y obligaron a decir que llevaba una vida de libertinaje.

Mayo 18, 2006 –La PGJE dio a conocer la detención de Jaime Vicente Vidal de la Torre y Christian Armando Rivera Sandoval (ciudadano americano). Se detalló que la captura de éstos fue por el delito de corrupción de menores, ya que también proporcionaban bebidas alcohólicas a menores de edad en fiestas a las cuales también acudió Benazir Sara. El mismo día se anunció la creación de una fiscalía especial y además la titular de la misma, Guadalupe Suárez León, aseguró arrojar resultados en una semana. Sin embargo los padres de la joven arremetieron contra la PGJE declarando que los dos detenidos sólo eran pantallas para proteger a Fernando Emmanuel Valencia Pérez.

Mayo 30, 2006 - Durante ocho días la señora Sara Elena Ruiz Meza rehusó ingerir alimentos y acampó afuera del edificio del gobierno del estado para exigir a las autoridades que continuaran con la investigación del asesinato de su hija. La madre se plantó con una tienda de campaña y una bolsa de fotografías de la joven. A sus espaldas colocó una manta con la frase “Señor gobernador Eugenio Elorduy Walther, exigimos castigo a los asesinos de Sarita Benazir, no sea usted también cómplice del crimen”.

Junio 7, 2006 –La Policía Ministerial del Estado capturó a una banda de delincuentes la cual era encabezada, según las autoridades, por Gamaliel González Rivera. En un informe la subprocuraduría de justicia se señaló que el grupo de criminales participó en el asesinato de Benazir Sara y también fueron acusados de corrupción de menores y pornografía infantil.

Julio 19, 2006 –Ramón Donaciano Pérez, juez tercero de lo penal, concedió la petición de la fiscalía para capturar a Fernando Emmanuel Valencia Pérez, “El Backstreet”. La orden de aprehensión fue dictada en su contra por el asesinato de Benazir Sara. La fiscal Saray Suárez argumentó que aún no se determinaba el móvil del crimen porque se buscaba al presunto responsable, mismo que había negado su participación en los hechos.

Agosto, 2007 –Gamaliel González Rivera, investigado en la PGJE por el asesinato de Benazir Sara, envió una carta a la redacción de ZETA defendiéndose de todos los cargos y denunció que los delitos que lo mantienen tras las rejas fueron fabricados y que su detención se llevó a cabo sin orden de aprehensión. Se llamó a sí mismo un “preso político”. (Rodolfo Morales del Ángel)

Diputadas federales pedirán a Procurador solucionar el caso

El recuerdo de su hija sigue siendo el motor que los impulsa a continuar con una lucha por encarcelar a los responsables del asesinato de la joven Benazir Sara Ruiz Chavolla.

En el segundo aniversario luctuoso de la estudiante, cuyo acaecimiento aconteció el 13 de diciembre de 2005, Manuel Chavolla Flores y Sara Ruiz Meza, manifestaron su confianza en las nuevas autoridades.

La impunidad que ha predominado en este lamentable caso, fue definido por Chavolla Ruiz como un tráfico de influencias del gobierno anterior con el fin de proteger al único inculpado en el caso hasta ahora.

“El supuesto culpable del asesinato fue dejado en libertad aparentemente por los nexos que tienen sus familiares con la administración estatal anterior. Nosotros tuvimos que exigir justicia por medio de la intervención de la prensa, la lucha social de grupos y organizaciones no gubernamentales, hasta llegar a una huelga de hambre que mi esposa sostuvo durante nueve días frente a Palacio de Gobierno”, recordó.

Finalmente sus esfuerzos culminaron al lograr la consignación de la orden de aprehensión en contra Fernando Emmanuel Valencia Pérez, propietario de la camioneta desde la cual fue arrojada Benazir Sara.

“Nuestra energía ahora ha sido encaminada al seguimiento para que se cumplimente esa orden de aprehensión. Desde entonces, a la fecha, ha transcurrido año y medio”, complementó.

Los padres de la joven comentaron que ya solicitaron la intervención de la federación en su caso; específicamente a través de las Diputadas Marisela Contreras Julián y Marcela Lagarde y de los Ríos, titulares de las comisiones de Equidad y Género y Feminicidios, respectivamente.

Agregaron que ambas legisladoras se comprometieron a gestionar que los señores Chavolla Ruiz sostengan una audiencia con el Procurador de Justicia en el Estado, Rommel Moreño Manjarrez, para solicitarle la aprehensión del culpable y sus cómplices.

Por su parte Ruiz Meza, comentó que a pocas semanas de terminar con su gestión el ex Procurador, Antonio W. Martínez Luna le confesó que Valencia Pérez ha solicitado, sin éxito, en dos ocasiones un amparo en contra de la orden de su aprehensión.

“Esto nos dice, en cierta forma, que la Procuraduría sabe en dónde está el muchacho y que él tiene culpabilidad en los hechos”, lamentó la madre de la menor. 

Durante una misa celebrada para conmemorar a Benazir Sara, familiares y amigos de la joven oraron por el perdón para las personas involucradas en el crimen y para reestablecer la paz y armonía en la ciudad.

Al término de la ceremonia las cenizas de la estudiante fueron colocadas en una cripta en la Parroquia Guadalupe del Río. Tania Navarro Camacho