Policías municipales de Rosarito apoyaron en el atentado al Director de Seguridad.

Amenazas cumplidas

El Director de Seguridad Pública de Rosarito duerme con el enemigo. Antes del atentado, miembros del crimen organizado le enviaron dos mensajes de advertencia a través de sus policías. Reforzó su cuerpo de seguridad y un empresario rosaritense le prestó una camioneta blindada.

Aun así quisieron eliminarlo. La investigación en el Ministerio Público apuntará hacia el interior de la corporación policíaca, mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Gobierno de Osuna Millán, deberán demostrar real coordinación en este caso. El resultado deseado: La aprehensión de los policías y la limpia en la institución.

Investigaciones ZETA

Al Capitán Jorge Eduardo Montero Álvarez, lo quisieron asesinar policías que están bajo su jurisdicción en la Dirección de Seguridad Pública de Rosarito.

Antes del 18 de diciembre, día en que fue embestido por un comando armado que entró a las oficinas públicas del quinto municipio, lo habían amenazado en dos ocasiones.

Tres días después de tomar posesión Hugo Torres Chabert como Alcalde de Rosarito, y los mismos de nombrar al Capitán a cargo de la seguridad, le llegó la primera alerta. Fue un cercano a él quien se lo dijo: Lo quieren matar.

El militar en retiro acusó de recibo, pero no se desanimó. Reforzó la seguridad y le entró de lleno al cambio en la corporación policíaca municipal que se colapsa entre la corrupción, la complicidad y la ineficacia.
Inició con los cambios. A unos policías los cambió de zona de acción y a otros los concentró para controlarlos. A las dos semanas, al final de la primera quincena de diciembre, otra vez la amenaza le llegó al Capitán por la misma vía, aunque con diferente emisario: Lo van a matar.

El miércoles 18 de diciembre, Montero Álvarez inició el día normal. Dos actos, uno de ellos en el Auditorio “Ernesto Ruffo Appel” de Rosarito y un tercero en oficinas públicas para revisar los dineros, el presupuesto, las inversiones para seguridad y la estrategia económica para la Dirección de Seguridad Pública.

Al salir de su tercera reunión, los sicarios ya lo esperaban.
Lo vigilaron de lejos. Algunos se acercaron escasos metros para verificar la identidad del funcionario. Se manejaron discretos pero perceptibles ante el ojo entrenado de un linaje militar. Clásico el disfraz. Gorra beisbolera, grandes gafas de sol, pantalón tipo Levi’s y chamarra.

Sin espaviento, el Capitán tomó camino. Lo protegieron sus escoltas hasta llegar a las oficinas de Seguridad Pública. Ahí se bajó del vehículo y enfiló hacia su despacho. Montero Álvarez se sentó tras su escritorio. Minutos después aparecieron sus escoltas para informarle de una logística doméstica. La aprobó y los uniformados salieron hacia el vehículo blindado que le fue prestado al Capitán por parte de la familia del empresario rosaritense Bernabé Hernández, padre del Secretario del Ayuntamiento, Javier Hernández Tovalín.

Cuando los guardias llegaron a la salida trasera del edificio, donde se encontraba estacionada la unidad pick-up del director, fueron sorprendidos por los sicarios del crimen organizado y la mafia dentro de la Policía Municipal de Rosarito.

De entre ocho y diez vehículos bajaron más de 15 hombres armados. Rápido sometieron a los funcionarios públicos. A Guillermo Castro Corona, uno de los escoltas del Capitán, lo mataron en el acto. El agente traía su arma larga de cargo e intentó defenderse al ser sometido. Lo arrojaron al suelo y le dieron el tiro mortal.

Mientras que a Leonel Pizaña Trip, otro guardia de seguridad, lo hirieron en un brazo. Así despejaron la entrada trasera. Entraron con facilidad. Con el miedo que levantaron las 17 armas de fuego que empuñaron los asesinos -de acuerdo al reporte de periciales-, lograron imponerse ante los funcionarios públicos, secretarias, administrativos y escoltas. A todos y cada uno de ellos los despojaron de sus radios y celulares.

El 18 de diciembre de 2007, a las 12:30 del medio día, no había en las oficinas de Seguridad Pública ningún policía municipal de la corporación. De hecho, minutos antes recibieron la orden de alejarse del edificio. Meterse en las colonias, salir del perímetro de Rosarito e incluso esconderse, pero no permanecer en el edificio de Seguridad Pública ni a sus alrededores. A otros se les estaba practicando un examen antidopaje.
La oficina del Capitán Montero era el único sitio donde lo tomarían “de sorpresa”. No había manera de atentar contra su vida llegando a su casa o en algún trayecto. La seguridad con la que cuenta el funcionario respondería a los sicarios de la mafia. Las bajas serían muchas en ambos lados; el riesgo, cuantioso.

En este contexto, acordaron eliminarlo en sus oficinas, contando con dos elementos vitales: La complicidad de mandos de la Municipal de Rosarito y la impunidad de la que gozan en Baja California, donde hasta la fecha, la Procuraduría General de Justicia no ha resuelto crímenes relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo a las primeras investigaciones y versiones extraoficiales de policías, la orden de asesinar al Director de Seguridad Pública la dieron por lo menos tres elementos municipales de mando y mandos medios. Incluso otros emparentados de forma consanguínea. Unos siete agentes municipales conforman lo que en el ámbito policiaco de Rosarito se reconoce como la célula de la mafia en la corporación municipal.

Investigaciones más profundas de interesados en el quinto municipio, además de oficiales, indican que los desleales elementos responden a las necesidades y órdenes de los principales integrantes del Cártel Arellano Félix (CAF): Teodoro García Simental, Jorge Briceño y Saúl Montes de Oca.
De ahí suponen las primeras averiguaciones oficiales: Que la orden salió para asesinar al Capitán Jorge Eduardo Montero Álvarez.

Una vez dentro de las oficinas de Seguridad, los sicarios iniciaron una cruenta balacera. Destrozaron paredes, mobiliario, ventanas y computadoras. Accionaron sus armas en dirección a la oficina del Capitán.

Éste repelió el ataque con su arma de cargo. Ante la debilidad de las paredes de su despacho hechas con falso plafón, Montero se tiró al suelo. Se arrastró protegiéndose del fuego hasta llegar a su baño privado. Un minúsculo pero seguro cuarto le sirvió de fortaleza para seguir defendiendo su vida. El blanco le quedó mejor, aunque no hubo bajas entre los miembros del crimen organizado.

Cuando el Capitán Montero encontró una oportunidad para salir al paso, solicitó la cobertura de sus agentes de seguridad y salieron del edificio. Ya las camionetas de los sicarios habían abandonado la escena del crimen. Detrás dejaron: un muerto y dos heridos, un agente y un civil. Además de unas oficinas destruidas.

De acuerdo a policías consultados por ZETA, dos semanas atrás carros sospechosos rondaron las oficinas de la misma forma que ese 18 de diciembre. Le pusieron espías al Director de Seguridad. Estudiaron sus pasos, lo cazaron. Fue un trabajo realizado por asesinos profesionales, entrenados para ello y con la capacidad de manejar armas de grueso calibre con maestría.

Sabían los atacantes -porque contaron con la colaboración interna de agentes municipales-, que al mediodía del miércoles 18 de diciembre no habría policías en la Dirección de Seguridad Pública. Tuvieron el apoyo de mandos y mandos medios para despejar la zona, lo mismo para desactivar las cámaras de seguridad que captan el movimiento en cuatro flancos del edificio.

Militar en la mira

La acción para asesinar al Capitán Jorge Eduardo Montero Álvarez, fue un hecho concertado entre el crimen organizado y policías municipales de Rosarito.

Incluso existe la sospecha de que el asesinato del jefe policiaco de Tecate, José Juan Soriano Pereira, ocurrido en los primeros días de diciembre, tiene relación con el atentado a Montero Álvarez.

De confirmarse con las pruebas de balística que ya se realizan, la investigación daría un giro, ya que Montero y Soriano provienen del cuerpo de instructores que conformó el Teniente Julián Leyzaola cuando dirigió la Academia Estatal de Policía.

Existe la versión que cuando Leyzaola aceptó ser Director de la Policía en Tijuana,  recomendó a Montero Álvarez para que asumiera el cargo de Director de la Policía en Rosarito; lo mismo hizo con Soriano Pereira para Tecate, así tendría una estrecha coordinación con sus similares de estos municipios. 

Las tres ciudades, Tecate, Tijuana y Rosarito, se han convertido en el triángulo de fuego para el crimen organizado, de ahí la necesidad en el ámbito oficial de coordinar esfuerzos, incluyendo en las corporaciones policíacas a personas afines para detallar estrategias, apoyarse con herramientas e incluso con elementos policíacos.

Luego del atentado a Montero, la Policía Municipal de Tijuana se enfiló al quinto municipio. Reforzaron con elementos, vehículos especiales y armas a la corporación rosaritense, aun cuando están fuera de su jurisdicción. La relación entre Leyzaola y Montero se prestó para ese obtener apoyo inmediato. Los investigadores no descartan que el crimen de Soriano y el atentado a Montero sean mensajes o advertencia del crimen organizado para el militar en el retiro y el Director de la Policía Municipal de Tijuana, Julián Leyzaola.

La investigación

Durante las primeras 24 horas después del atentado, la investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) avanzó de manera considerable. El reporte de periciales, la integración de la averiguación previa. Se sabe que cuentan ya con indicios que pudieran llevar a quienes planearon el crimen.

Sin embargo, el trabajo en el Ministerio Público ha sido deficiente. No se han integrado otras declaraciones de policías que habrían sido señalados.

Al cierre de edición de ZETA, el caso no había sido trasladado al orden federal, y será la primera prueba de fuego para el Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán. Se demostrará si realmente existe una coordinación entre autoridades, y si los mandos militares que consensuó con las autoridades de la milicia en la II Región Militar del País, funcionan.
Más allá de las corporaciones policíacas de los tres órdenes, la colaboración deberá reflejarse en el área investigadora de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público y la Subprocuraduría para Delitos del Crimen Organizado.

Si realmente hay en el Gobierno de Osuna coordinación y compromiso para esclarecer el atentado contra el Capitán Montero Álvarez, el resultado de las averiguaciones preliminares deberá darse en los siguientes días, con la investigación de los elementos de la Policía Municipal de Rosarito.

La refriega

Al filo de las 12:40 horas del martes 18 de diciembre, el grupo de encapuchados, a bordo de varias camionetas de modelo reciente, arribó a las instalaciones de la dependencia. Dotados con rifles de alto calibre y vestidos de negro, atacaron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Playas de Rosarito, dejando como saldo un muerto y tres heridos, entre ellos dos civiles.

En hilera, los sicarios estacionaron los vehículos frente a la DSPM localizada en la colonia Ampliación Benito Juárez, a  pocos metros del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) de la localidad.

Uno a uno, los encapuchados bajaron de las unidades para ingresar por el estacionamiento al inmueble, mientras que otros sicarios, con rifle en mano, vigilaban el acceso principal del edificio.

Como primera acción amagaron y sometieron a los empleados que se encontraban laborando a esas horas. Incluso, un testigo reveló que algunos sicarios llamaron por su nombre a las secretarias de la dependencia y les pidieron que se arrojaran al suelo.

Posteriormente, detonaron sus armas en dirección a la oficina del titular de la DSPM, Jorge Eduardo Montero Álvarez, quien en esos momentos estaba por recibir a dos personas que se encontraban en la antesala.

Dispararon además contra la oficina del Comandante de la Policía Municipal, Ernesto Silva Frausto, quien se encontraba fuera de la dependencia supervisando el examen antidrogas que se le practicaba a un grupo de efectivos.

Durante el tiroteo resultaron lesionados los dos civiles que esperaban al Capitán Montero, mientras que Leonel Pizaña Trip, escolta, recibió un impacto de bala en el brazo derecho. Estas tres personas se encuentran fuera de peligro.

Tras el intercambio de balas, los sicarios huyeron por la parte trasera de la dependencia, no sin antes asesinar a Guillermo Castro Corona, de 35 años de edad, escolta de Montero Álvarez, quien se encontraba a pocos metros del vehículo blindado del Director. Aun cuando el escolta portaba un rifle R-15, poco pudo hacer ante la embestida de los sicarios, quienes en un ligero pestañeo acabaron con su vida.

De acuerdo con testigos de los hechos, el primero en salir del inmueble fue un hombre sin capucha y desarmado, quien portaba una chamarra roja. La versión indica que salió corriendo del estacionamiento y abordó los vehículos de los sicarios, mientras estos últimos “le cuidaban las espaldas”.

Los policías que no se encontraban en el inmueble al momento de la balacera, llegaron cinco minutos más tarde.

En una rápida acción, los pistoleros, así como el de la chamarra roja, huyeron en los vehículos, tomando la Avenida Don Luis de la Rosa y en la calle Manuel Gómez, a la altura de los abarrotes y carnicería Huizar, para después doblar a la izquierda.

Cuatro cuadras adelante, a la altura del Yonke Tundra, los encapuchados abandonaron cuatro de los vehículos, mientras que en otros de los que se desconocen sus características, se incorporaron a la carretera Libre Tijuana-Rosarito, localizada a una cuadra del citado establecimiento.

De acuerdo a la PGJE, los vehículos abandonados, todos con reporte de robo, son:

* Camioneta Yukon color negro, sin placas, con reporte de robo en Chula Vista, California, en cuyo interior se encontró un cartucho útil .9 milímetros y tres cartuchos más del calibre 7.62 x 39.

* Camioneta Tahoe color guinda, con placas 6EJ876S del Estado de California y reporte de robo en Chula Vista, California con fecha del 16 de diciembre del presente año.

* Camioneta Tahoe color gris, placas 4WLP378 de California, en la que se localizó un par de guantes negros al interior de la consola, también con reporte de robo en Oceanside, California con fecha 16 de diciembre del presente año.

* Camioneta Suburban color gris, sin placas de circulación, en la que se hallaron dos cargadores metálicos abastecidos con cartuchos útiles calibre .223 entre el asiento delantero y consola, así como una botella de soda marca Fresca y una gorra azul con leyenda Lacoste. Esta camioneta cuenta con reporte de robo en Chula Vista, California, con fecha del 9 de diciembre de 2007.

En conferencia de prensa, Maximiliano Rodríguez, encargado de despacho de la Subprocuraduría en Playas de Rosarito, reveló que en el lugar de los hechos también se localizaron:

* 116 casquillos 7.62 X 39 milímetros pertenecientes a por lo menos cinco distintas armas AK-47, conocidas como “cuerno de chivo”. * 46 casquillos calibre .223 utilizados por siete distintos rifles AR-15.
* 55 casquillos .9 milímetros de cinco armas distintas.
* 22 casquillos 7.62 X 51 milímetros de una misma arma.
* 01 casquillo calibre .45. Casquillos contabilizados hasta el momento en la escena del crimen:
* 116 casquillos percutidos calibre 7.62 x 39 mm.
*  46  casquillos percutidos calibre .223 REM.
* 55  casquillos percutidos calibre .9 mm.
* 1  casquillo percutido calibre .45
* 22 casquillos percutidos calibre 7.62 x 51 mm.
* 49 proyectiles deformados.
A su vez, se informó que dos vehículos que se encontraban estacionados en la parte trasera de la DSPM, entre éstos una camioneta Expedition modelo 2000 color blanca y otra camioneta tipo pick-up Ford lobo, color guinda -esta última utilizada por el Capitán Montero- presentaban múltiples impactos de bala en carrocería y vidrios. Aparte, la estructura del edificio, tanto al interior como al exterior, registró múltiples daños debido a las ráfagas.

Alcalde en México

El Alcalde de Rosarito, Hugo Torres Chabert, tuvo suerte de no enfrentar a los reporteros que por todas las vías intentaron entrevistarlo. En el momento en que suscitó la balacera, Torres Chabert iba en un vuelo hacia la Ciudad de México, donde el miércoles 19, junto con el resto de los alcaldes bajacalifornianos, se entrevistó con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Pero fue a través de su cuerpo de gobierno, encabezado por el Secretario del Ayuntamiento y la totalidad de los regidores, que condenaron el atentado contra el Director de Seguridad Pública del quinto municipio.
En rueda de prensa, el cuerpo edilicio fijó su postura y recalcó que los hechos sangrientos del martes no van a detener las medidas emprendidas en Playas de Rosarito por los tres órdenes de gobierno en el combate al crimen organizado.

Insistieron en que este tipo de actos son producto del trabajo que ya se realiza en materia de seguridad pública en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal, el cual, afirmaron, debe continuar hasta que los ciudadanos se sientan y vivan seguros.
Manifestaron públicamente el pésame a la familia del policía muerto, y de paso dieron un voto de confianza a la PGJE para esclarecer los hechos.

El caso del atentado contra el Capitán Montero se convierte en la primera prueba de fuego para el Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y su Procurador. De la solución del mismo, el señalamiento y la investigación que lleve a órdenes de aprehensión y la detención de los asesinos dentro y fuera de la corporación, dependerá de la coordinación del Gobierno Estatal con las autoridades militares y el resto de los municipios.