Un promedio de cien mil pesos mensuales a los colaboradores de Osuna Millán.

Sueldos ofensivos

Con el 17 por ciento de la población de Baja California en condiciones de pobreza extrema, los salarios de los funcionarios públicos son una aberración. La distribución del ingreso es errónea en el gobierno local. Además, la inseguridad es resultado de una inequidad económica en México, aseguró el maestro Agustín Sandez.

Sergio Haro Cordero

De acuerdo a cifras oficiales —Conteo del INEGI 2005— en la entidad habitan cerca de tres millones de personas y de acuerdo a datos también oficiales, cerca de una quinta parte vive en situación de pobreza extrema, es decir, sin satisfacer siquiera los elementos básicos como salud, alimentación, vivienda y educación.

Y también de acuerdo a datos oficiales, el salario promedio diario de los bajacalifornianos fluctúa en torno a los 207 pesos, un poco menos de 6 mil 500 mensuales en una entidad donde el salario mínimo se ubica en cifras cercanas a los mil 500 pesos mensuales.

Pero existe un selecto grupo de bajacalifornianos que gana muchísimo más que eso, y no son los grandes magnates o empresarios. Se trata de funcionarios públicos de los primeros niveles del Gobierno del Estado, diputados locales, funcionarios municipales o miembros del Poder Judicial en sus primeros niveles.

Todo este sector cobra en promedio cerca de 100 mil pesos al mes.

El Gobernador del Estado gana 132 mil pesos mensuales y sus funcionarios más cercanos 112 mil. Eso considerando que se bajaron el sueldo.

Un diputado local logra cerca de 122 mil pesos mensuales y un alcalde alrededor de los 100 mil pesos cada mes.

“Son sueldos injustos, insultantes”, opinó el Economista y Doctor en Ciencias Sociales Agustín Sández, actualmente parte del equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.

El especialista refirió la recomendación emanada desde la Comunidad Europea para nuestro país, en el sentido de enfocar los esfuerzos a una más justa y equitativa distribución del ingreso, ya que ésta es la parte medular del combate contra la inseguridad.

“El problema más grave del país es la concentración del ingreso y no la inseguridad, de la injusta distribución se deriva la inseguridad”, aseguró el investigador universitario.

Funcionarios ricos, ciudadanos pobres
Y los “ganones” no son sólo los  funcionarios de primer nivel, también se incluyen en esta feria sus equipos cercanos de amigos, colaboradores y acompañantes en los recorridos partidistas.

Por ejemplo, el incipiente gobernador José Guadalupe Osuna —economista de formación— integró en la Oficina del Ejecutivo a José Máximo García López con un sueldo oficial de 92 mil pesos mensuales, pero además su Coordinador General de Gabinete, Raúl Leggs, consigue 91 mil pesos por mes. Hay otros en la lista, como David Muñoz Andrade, asesor, quien gana 55 mil pesos por mes. O José Sánchez Rendón —quien fue parte del equipo de prensa de Osuna en la campaña— que se lleva 46 mil pesos.

En la UABC, un académico no sólo con licenciatura o maestría, sino además con doctorado, gana apenas entre 23 y 30 mil pesos por mes, sujeto a llenar una serie de requisitos en el aparato burocrático-salarial.

Y no se diga de un obrero salario mínimo —de esos que tienen que trabajar 8 horas días— para ganar 50 pesos con 50 centavos diarios, cerca de mil 500 pesos mensuales.

Es decir, un obrero del mínimo debería trabajar cinco años y medio para reunir lo que un funcionario público en un mes.

“Es insultante porque para el grueso de la población que anda entre los  3, 3.5 salarios mínimos —como familias— el tener personas que reciben arriba de los 20, 30 salarios mínimos es una situación que ofende”, dijo el también Licenciado y  Maestro en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Y amplió:
“La intervención pública, el presupuesto público, es un instrumento privilegiado para poder impulsar políticas y en ese sentido la responsabilidad del Sector Público es muy alta en relación a propiciar una mejor distribución del ingreso.

“Si el sector público no es capaz de inducir una mejor distribución del ingreso, un reparto, creo que es muy grave el hecho de que no paguen impuestos, es muy grave el hecho de que llamen a la población a ser cumplidos con sus compromisos tributarios, con el pago del predial o todo tipo de imposición y sin embargo no tienen una autoridad moral porque ellos no pagan los impuestos correspondientes, lo que es sumamente grave…”

Pero eso es sólo la primera parte. Sández aseguró:
“El problema número uno del país es la concentración del ingreso, eso ha devenido que la Comunidad Económica Europea a decirle a Felipe Calderón que su prioridad debe ser el reparto de la riqueza y no el combate a la inseguridad.

“El combate a la inseguridad es un derivado de la injusta distribución que tenemos en el país, es un producto, una resultante, no es la causa principal de los problemas que tenemos en el país.

“La principal está ubicada en el hecho de que mucha gente está situada por debajo de la línea de la pobreza...”

Sández afirmó que a nivel nacional alrededor del 60 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, es decir, que no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas.

En Baja California, pese a ubicar municipios fundamentalmente urbanos, el índice de pobreza ronda el 35 por ciento de la población.

Mencionó los indicadores básicos, como alimentación, salud, vivienda, educación. En la medida que una familia logra satisfacer sus necesidades elementales —de manera satisfactoria— podemos decir que no está en pobreza.

Aparte está la llamada pobreza extrema, que nacionalmente se ubica en un 20 por ciento de la población, y para entidades como Baja California el índice llega al 17 por ciento.

“Ahí es cuando en uno de estos indicadores, sobre todo el que tiene que ver con alimentación y salud, está en condiciones críticas la familia para asegurar su reproducción”.

Sueldos injustos

El investigador universitario que fue candidato externo por el PRD a una diputación local en la pasada contienda electoral bajacaliforniana cuestionó que además de los elevados sueldos, estos funcionarios se excluyan del pago de impuestos:

“Ése es un aspecto desde el punto de vista de ética política y de moral, que los sitúa fuera de cualquier contexto de equidad. Pero en este caso los que más ganan son gente que en muchos casos está privilegiada por un puesto público, está fuera completamente del pago de tributación, y es insultante para el resto de la población”.

“Con qué cara, con qué autoridad moral pueden pedir las tributaciones cuando ellos mismos no lo hacen, es como llamar a la despistolización y andar armados hasta los dientes…”

Diputados “ganones”
El Doctor en Ciencia Política mencionó el caso de los diputados.
“En el caso del poder legislativo hemos insistido mucho en eso, que es necesario que respondan a les necesidades de la comunidad, que se establezca algún criterio racional y equitativo para poder determinar los sueldos de los funcionarios.

“Es necesario que la comunidad atienda todos estos asuntos de una manera más objetiva, porque se pierden de vista muchas cosas que tienen que ver con el desempeño de los representantes populares. Se requiere que la posición del representante popular sea realmente acorde con los intereses de la comunidad, lo cual muchas veces no se da.

Se le menciona al especialista la controversia en relación a los equipos de gobierno y el mecanismo para la selección en ocasiones alejado de las capacidades.

“Siempre ha sido más bien en relación a redes, el capital social. La red de influencias que muchas veces es la que los llevó al poder a través de una red de influencias y compromisos. Llegan atados de manos completamente, a ejercer el poder.

Mencionó el ejemplo del actual presidente de la República:
“Calderón llega al poder y se encuentra con el problema de la generación de ingresos públicos, pero tampoco ha ido a recabar una tributación mayor de quienes más ingresan porque precisamente un sector de ésos, como es la cúpula empresarial, se quitó la máscara e intervino totalmente con una gran desfachatez en el proceso político federal”.

Para el investigador y también Máster en Economía, el acotar o poner topes a los sueldos gubernamentales dependería de otros factores, como el necesario cambio en la correlación de fuerzas.

“Tiene que haber un cambio en la correlación de fuerzas, si no hay un cambio en la correlación de fuerzas políticas, no podemos plasmar, imaginar siquiera un programa que realmente modifique la distribución del ingreso. La distribución del ingreso corresponde mucho a la distribución del poder.
“No vamos a esperar que haya una tributación, fiscalización que responda realmente al interés de la comunidad, cuando sabemos que los sectores de más altos ingresos son los que financian las campañas políticas, y son los que apoyan determinados regímenes para que les favorezcan a su vez…”
Sández aseguró que no se puede separar lo técnico de lo político —por eso habló de la correlación de fuerzas políticas— a la hora de buscar resolver la problemática.

La salida deben ser las elecciones, no las balas.

“Aunque siento que las condiciones cada vez se están agotando y empujando a la gente a buscar otro tipo de soluciones”.

Entre éstas menciona la violencia, pero no contra el régimen, sino contra los adinerados, que es donde se refleja esta situación de inequidad económica.

“Lo que está pasando es que tenemos condiciones muy in-equitativas y el problema de fondo no es la inseguridad, el problema de fondo es la inequidad, ése es el problema de fondo y se lo vino a decir la OCDE y el Banco Mundial a Calderón, que la primera obligación que tiene es combatir la desigualdad, antes de combatir la violencia”.