Robo de identidad y elaboración de documentos apócrifos no se investigan.

Falsificaciones: Al servicio del crimen organizado

Aun cuando el delito de falsificación está contemplado en los códigos federal y estatal, las autoridades en Baja California no investigan o lo hacen de manera superficial. Muchos de los comandos que delinquen en la región, utilizan credenciales apócrifas, pero ni con eso, la Procuraduría General de Justicia del Estado o la General de la República, cuentan con investigadores especiales para combatir el delito.

Rosario Mosso Castro

A pesar que la falsificación de documentos es una de las principales armas con las que delinquen impunemente los miembros del crimen organizado en Baja California, combatirla no es prioridad ni de la policía federal ni de las estatales, aunque es un delito que contemplan los dos códigos.

La falsificación de “charolas”, credenciales de identificación de las corporaciones policíacas, oficios y demás documentos de identificación de las Policías Federales, Estatales y Municipales, es uno de los recursos más utilizados en el crimen organizado para orquestar golpes de inseguridad.

Refiriéndose a la falsificación, el Procurador del Estado Antonio Martínez Luna, dijo que se trata de un problema importante pero no urgente, y los recursos humanos que la dependencia le dedica, son proporcionales al impacto que tiene esta trasgresión en la comunidad.

Ramón Arellano Félix, al morir en una balacera el 10 de febrero de 2002 en Mazatlán, Sinaloa, traía consigo una credencial que lo ostentaba como Jorge Pérez López, agente “B” de la Procuraduría General de la República (PGR). Lo acompañó en el deceso, el sicario Efraín Quintero quien llevaba documentos que lo exhibían como Héctor Solórzano. Al día siguiente, personas que se identificaron como sus familiares ordenaron su inmediata cremación.

Dos años después, en mayo de 2004, una investigación revelada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos, puso a descubierto 79 fotos de delincuentes del Cártel de los Arellano que apoyados por elementos de la Procuraduría del Estado de Baja California, obtuvieron credenciales como policías, pagando 70 mil dólares.

En otro incidente localizaron pasaportes chinos y brasileños falsos con fotos de “narcojuniors”.

Francisco Javier Arellano Félix al ser detenido en aguas internacionales frente a costas de La Paz, el 14 de agosto de 2006, utilizó una identidad falsa para tratar de evadir la justicia. José Iván León Villarreal, primo de Arturo Villarreal “El Nalgón”, detenido en el mismo operativo, se identificó como José Luis Betancourt. De hecho, de acuerdo a informes fidedignos, sus familias viven en San Diego con otros apellidos y cruzan la garita en ambos sentidos tranquilamente.

En el 2005, policías municipales adscritos a Playas de Tijuana informaron a ZETA haber detenido a un comando que se identificó con credenciales de una corporación federal, los dejaron ir y posteriormente corroboraron que eran falsos.

El 14 de septiembre de 2006, los 15 hombres que integraron el comando negro que atacó a los policías estatales en el restaurante “Mi Chante”, en la colonia Libertad de Tijuana, traían colgando del cuello una placa similar a las utilizadas por agentes de la PGR. Igual que el grupo que asesinó al Policía Estatal Preventivo, Luis Alberto Espinosa Beltrán y a su esposa, el 28 de septiembre de 2006 en Ensenada, los asesinos fueron detenidos unos minutos antes por una patrulla de la Policía Municipal y se identificaron como Agentes Federales de Investigación (AFI).

De acuerdo a los partes informativos que envía diariamente la Policía Municipal de Tijuana, un promedio de tres personas por semana son detenidas por posesión de billetes, credenciales, tarjetas o documentos apócrifos.

La segunda semana de junio, el día 12, como resultado de un operativo, en Santo Domingo, Estado de México se detuvo una banda que falsificaba facturas, diplomas, estados de cuenta, iincapacidades médicas, facturas vehiculares, tarjetas de circulación títulos profesionales, cédulas profesionales, documentos consulares, identificaciones  diplomáticas, boletos de avión, pases de abordar, credencial de elector, credenciales de residente en Estados Unidos, recibos de salarios de la Secretaría de Educación Pública  y tarjetas de crédito. En abril de 2006 habían realizado un operativo similar, en la misma colonia con resultados semejantes.

La PGR anunció que se investigaría.

La comisión de este delito implica proporcionar a delincuentes mayores facilidades para suplantar personalidades, el robo de autos o legalización de autos robados, la prostitución y explotación de menores, la siembra o desaparición de documento o bienes inmuebles, despojos, el tráfico de personas o droga, “legalización” de bienes producto de la mafia, porque incluso falsifican documentos notariados, con nombres de actuarios que no existen.

Frontera norte
El artículo 243 del Código Penal indica que este delito se castiga con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa cuando son documentos públicos. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa. Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena que se trate, se aumentará hasta en una mitad.

No alcanzan fianza, sin embargo se debe probar que se tenían en posesión para sacar beneficio de ellos, por eso la mayoría de los contactos, procura sólo traer un paquete de documentos a la vez y algunas veces logran evitar la mano de la ley argumentando que son compradores

Dinero, tarjetas de crédito, pasaportes o documentos para obtener las visas, son las falsificaciones más comunes en esta frontera. Por eso en las inmediaciones de las oficinas de Relaciones Exteriores en la zona centro y en el oriente de la ciudad, y en Otay, lo mismo que en las cercanías del Consulado Americano en el Fraccionamiento Hipódromo, es común ver personas que ofrecen voz en cuello tramitar diversos documentos.

En la zona también se ubican algunos de los escritorios públicos que tienen el servicio de brindar documentación falsa que permita obtener el papel oficial deseado. Éstos han sido motivo de investigaciones policíacas desde el año 2003 en México y Estados Unidos, lo que sucedió tras la detención de cuatro ciudadanos con documentos falsos, sin embargo no les han probado nada y continúan operando, supuestamente bajo vigilancia policíaca.

Agentes policíacos informaron a ZETA que los escritorios que están en esa situación son “González” en La Mesa, el llamado “Haana” en el fraccionamiento Matamoros, “Gallegos”, “El Siete” y “Aquino”. ZETA estableció comunicación con estos negocios y negaron poder apoyar en la obtención de documentos.

En la policía municipal les hacen una entrevista previa a los detenidos antes de turnarlos al Ministerio Público, y han informado que les ofertan paquetes de documentos que incluyen credencial de elector, tarjeta de vacunación, cartilla de servicio militar, licencias de conducir, la “hoja rosa” (del Seguro Social), número de Seguro Social, cartas de trabajo, de antigüedad y hasta talones de nómina. La mayoría de estos documentos falsos se utilizan para tramitar visas legales.
Las mismas declaraciones señalan que hay otro grupo de falsificadores que operan en los cuartos de los diferentes hoteles de la zona norte, duran dos, tres días y se cambian de “local”. Son grupos que forman parte de la delincuencia organizada pero se manejan con perfil bajo y en la mayoría de los casos, los compradores de papeles apócrifos, sólo conocen a un contacto.

Estadísticas oficiales
Conforme a información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en 2006 hubo 42 mil 150 reportes de extravío:

* 24 mil credenciales de elector Federal o Estatal.
* 10 mil extravíos de licencias de manejo.
*  8 mil documentos varios.

Los primeros tres meses de 2007, se presentaron 8 mil 200 reportes de extravío:
* 4 mil 500 credenciales de elector Federal y Estatal.
* 1 mil 500 licencias de conducir.
* 2 mil 200 documentos diversos.

La procuraduría local no sigue asuntos de documentos federales. Éstos pueden ser usados por delincuentes pero son asuntos que no se investigan.
En cuanto al delito de falsificación de documentos, la PGJE informó que no es común dentro de las denuncias recibidas. Y cuando se presenta está ligado a la importación de vehículos o tramitación de placas.

No hay un grupo especializado que se dedique a la investigación de este delito, los ofendidos son en su mayoría particulares. Durante el 2006 se registraron 53 denuncias, y en el primer trimestre de 2007 se han denunciado ocho casos, no se informó del resultado de las investigaciones.
Las indagaciones más reciente que reveló la existencia de delincuencia organizada, se dio cuando la policía municipal detuvo el 5 de marzo a una persona con papeles falsos, el hombre informó que Jorge Emiliano Cortez Díaz de la Asociación International Traveler A. C. ubicada en el fraccionamiento El Rubí, se los había vendido.

Antes de ser consignado, Cortez confesó que la asociación cuenta con sucursales en Chiapas, Hidalgo, Puebla y Baja California. La indagatoria se está siguiendo por el delito de usurpación de funciones y la PGJE envió un exhorto a las autoridades de los otros estados para abundar en las investigaciones.

En el Consulado de Estados Unidos en Tijuana ya manifestaron su preocupación. Además por el crecimiento del número de documentos falsos que reciben y por las visas que son reportadas como robadas a destiempo y saben se están vendiendo. Información solicitada a la vocera Lorena Blanco, indica la siguiente estadística de robos a visas láser:

* 2004 se reportaron mil 201 visas láser robadas.
* 2005 fueron 3 mil 229.
* 2006 el número llegó a los 5 mil 829.

Además el departamento de Aduanas y Protección Fronteriza reportó que los agentes de migración de la garita de San Ysidro recogen por semana, un aproximado de 150 pasaportes falsos, y un promedio de 300 micas legales, porque los portadores no pueden acreditar solvencia económica o lo usan para trabajar o estudiar en Estados Unidos.

A pesar de estos números, la visión policíaca es que los números no son alarmantes. Argumentan que es importante pero no urgente. Ejemplificó Antonio Martínez Luna:

“Normalmente en Tijuana y en Mexicali se ejecutan 300 mandamientos al mes, pero cuando desarmaron a los municipales de Tijuana, como se transfirió personal de aprehensiones a Tijuana sólo se cumplimentaron 20, pero eso era lo urgente, lo otro sigue siendo importante”.

A pesar de la complejidad del delito, en lo que va del año, ninguna de las procuradurías encargadas ha anunciado la detención de bandas. Lo que han hecho es informar cuando encuentran documentación falsa, pero de quienes hicieron los documentos, no hay mayores datos y al parecer tampoco una búsqueda.