AFI’s detenidos y omisiones de funcionarios de la PGR en atentado contra Montero.

La corrupción federal

Las armas utilizadas en el atentado del Capitán Jorge Eduardo Montero fueron disparadas también contra Alberto Capella y utilizadas para asesinar a un policía federal preventivo. La investigación encabezada por la Procuraduría del Estado podría arrojar órdenes de aprehensión en los siguientes días, a pesar de la débil actuación de los federales.

Investigaciones ZETA

A mediados de semana, autoridades de Baja California y asentadas en este territorio solicitaron al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, la remoción del Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado, Alfredo Becerril Almazán.

Extraoficialmente los informantes confiaron a ZETA los motivos:
La corrupción que prevalece en esa instancia federal.

Pero no hablaron sólo de los ilícitos en que han incurrido agentes federales de investigación, también de omisiones por parte del delegado y tibieza en las investigaciones relacionadas con el crimen organizado, el narcotráfico particularmente.

Su principal caso de preocupación: El atentado que sufrió el Capitán Jorge Eduardo Montero Álvarez, Secretario de Seguridad de Rosarito, el 18 de diciembre de 2007.

El 27 de diciembre la Procuraduría General de la República (PGR) recibió por parte de la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE), copia certificada del expediente del caso del atentado contra el Capitán Montero.

Los minutos y días posteriores al atentado, Montero Álvarez fue declarado en una Agencia del Ministerio Público Estatal. Días después y con la intervención del delegado de la PGR, también le tomaron su declaración en las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, después de 23 días, ninguna de las dos instancias, a pesar de tener la declaración y que en la averiguación previa el afectado y otros testigos señalaron a probables autores intelectuales de la balacera que pretendía acabar con su vida, han llamado a declarar a policía alguno.

Esta omisión, confirmó a las autoridades militares, la corrupción que se vive al interior de la delegación de la PGR en Baja California. Se suman dos hechos:

1.- Previo a los festejos de año nuevo, se recibió en el Centro de Mando de la policía una denuncia de secuestro en el que se implicaban dos autos. Agentes de la policía municipal observaron un auto que correspondía a una de las unidades responsables del “levantón” e intentaron detenerlo. Después de haberle marcado el alto, la respuesta que recibieron se tradujo en disparos e intento de fuga. Al momento de la detención la persona fue identificada como un Agente Federal de Investigación (AFI). Lo liberaron por instrucciones del delegado.

2.- El  4 de enero, elementos de la policía municipal evitaron un secuestro, esto después de recibir un reporte en el centro comercial “Las Palmas”. Ahí fueron sorprendidos los adscritos a la (AFI); José Gálvez Rodríguez al conducir el vehículo del afectado, mientras que Evaristo Morales Pérez y Erasto Fortino Trujano Sánchez, cuando intentaban la fuga al momento de liberar a la víctima.

Con estos elementos recientes, se exhibió la cadena de corrupción en la Procuraduría General de la República en Baja California. Motivos suficientes para que al Presidente de la República se le solicite:

1.- La remoción del Delegado, Alfredo Becerril Almazán.
2.- Cambio de personal de la AFI destacado en Baja California.
3.- Aplicación de exámenes de confianza a todo personal de la delegación federal que sea asignado a Baja California.

Para las autoridades militares, la corrupción en la Procuraduría General de la República es una de las principales causas de la impunidad del narcotráfico en Baja California. El escenario lo identifican así:

* Los narcotraficantes no pueden transitar por la ciudad, moverse, sin la ayuda de la policía. Éstos sirven a los delincuentes en la logística de sus traslados, y en la comisión de ilícitos.
* Agentes del Ministerio Público Federal, que pocas veces consignan debidamente un caso, “cometen errores técnicos en la integración de la averiguación” para dejar en libertad a detenidos o no continuar con la investigación.
* Jueces que se niegan a proporcionar órdenes de cateo, aprehensión o presentación.
* Delegado que defiende a policías que han delinquido y niega la colaboración de elementos de la Procuraduría en decomisos de droga.
Con este escenario, consideran en la II Región Militar a cargo del General Sergio Aponte Polito, difícilmente se podrá abatir la inseguridad producto del crimen organizado.

Montero, más amenazas
Como se informó en la edición de ZETA 1760, al Capitán Montero lo habían amenazado en varias ocasiones. Las afrentas le llegaron por vía directa de policías municipales a su cargo. Le hablaron a uno de sus escoltas por su nombre y le dijeron que “se abriera” de ser guardia. Alertaron a otro.

Días después, otra vez. El mismo escolta recibió la llamada y le dijeron que mejor dejara la comisión de escolta porque su jefe no llegaría a año nuevo. Eso fue el 15 de diciembre. El 18 del mismo mes, asesinos encapuchados irrumpieron en las instalaciones de la policía municipal de Rosarito y atentaron contra la vida de Montero Álvarez.

La tercera amenaza fue un día después del atentado. Se la hicieron directamente a través de su radio Nextel. Fueron tan claridosos como temerarios: “Mira, 01, alinéate”, le dijeron. Por el lenguaje utilizado es evidente que se trató de un policía, además que pocos fuera de la corporación tienen el número de radiocomunicación de Montero Álvarez.

El ambiente de inseguridad que rodea al Secretario de Seguridad Pública de Rosarito, no termina en las amenazas. Trascendió en los círculos cercanos al militar en el retiro, que a inicios de enero de 2008, un agente ministerial de Tecate se le acercó para platicar.

Le dijo que para trabajar por Rosarito, para controlar la situación, se debía negociar con los integrantes del crimen organizado, llegar a un acuerdo porque “a ellos (narcotraficantes) entre menos delincuencia haya en Rosarito, menos se les calienta la zona”. Le insinuó que podría llegar a un acuerdo incluso sin corromperse, dejándole claro a los narcotraficantes que los municipales no se meterían con ellos porque finalmente ésa no era su responsabilidad, que eso le tocaba a la federal.

Insistió el negociador:
“Ahorita hay mucha presión de abajo hacia arriba, de las tienditas que no están trabajando bien, pero tienen que pagar su cuota de tres mil dólares mensuales”. En este contexto, no molestar a los narcotraficantes ni a las tienditas, podría ser el punto de negociación para exigir a los delincuentes un ambiente pacífico en el quinto municipio.

Obviamente, informaron a ZETA, el Capitán Montero no aceptó la negociación. Pero la alerta sobre un nuevo ataque a su persona o a la corporación, está vigente.

Investigación viciada
Aun con las declaraciones que han realizado el Capitán Montero y algunos de sus escoltas, ninguna de las autoridades, estatal o federal, ha llamado a declarar a quienes fueron implicados en la averiguación previa.

El caso está siendo manejado en coordinación por la PGR y la PGJE.

Sin embargo, en ninguna de las dos dependencias han presentado avances o resultados. Lo cual para las autoridades militares podría ser un síntoma que los civiles no están haciendo el trabajo de manera adecuada.

Al menos así lo piensa por la experiencia vivida, el propio Montero Álvarez:
“Cuando fui a hacer mi ampliación de la declaración, el licenciado Nelson (Jesús Nelson Rodríguez García, Sub Procurador Contra la Delincuencia Organizada) me dijo: Mire, francamente tengo tanto trabajo que su asunto no lo conozco, cuando le empecé a platicar lo que yo iba a señalar, me dijo que esto se debía turnar a México, porque aquí somos muy poca gente, somos de este lugar y todos corremos riesgo, mejor que vengan de México, hagan la diligencia, las actuaciones y se vayan”.

En la Procuraduría General de la República, el ambiente de desatención no varió:

“En la PGR me tomaron la declaración unos cuatro días después, un MP que nos puso Becerril. Ahí nos tomaron la declaración, fue lo mismo, no hubo interrogatorio, prácticamente calcaron lo que se había dicho ante el estatal.

“En la investigación de mi caso, no se ha hecho nada”, lamentó Montero Álvarez.
No es para menos. Las declaraciones del Capitán y sus escoltas, no han sido suficientes para que autoridades estatales y federales, llamen a declarar a los presuntos implicados. Por lo menos a quienes han sido señalados como cómplices del crimen organizado en Rosarito.

El mismo día del atentado, en actas oficiales quedó asentado. Que tres elementos de la corporación policíaca municipal estaban señalados, por proteger a narcotraficantes. Además, testigos los señalaron como probables responsables del atentado. Se trataba de:

José Luis Lugo Báez, César Beltrán Saldívar y Mario Alberto Herrera Sánchez.

Los dos primeros solicitaron permisos para ausentarse por incapacidad dos días después del ataque a Montero, según sus propios compañeros de corporación. Pero ninguno de los tres ha sido llamado a declarar para esclarecer su participación dentro de la corporación y sus actividades el día del atentado.

Esta situación, presumiblemente de ineficiencia por parte de las autoridades investigadoras, ha ubicado al Capitán vulnerable frente a su tropa.

“Días después, también se le tomó la declaración a los testigos, en su mayoría escoltas de Montero, y éstos refrendaron los nombres de Lugo, Beltrán y Herrera como sospechosos de complicidad con el crimen organizado”, comentaron a ZETA.

En una ampliación de las declaraciones, el listado de policías con presumibles ligas con el narcotráfico aumentó. Llegó hasta un total de trece elementos que fueron revelados por el General Sergio Aponte Polito a mediados de semana en Mexicali:

José Luis Lucas Rodríguez, Júnior Ernesto Escobar Knigth, Manuel Miguel Díaz Ayala, Carlos Peraza Vergara, Marco Antonio Arias Hernández, José Luis Ballesteros Sánchez, Mario de Jesús Lizán Nájera, Eduardo Bustos Rodríguez y Karlo Omar Herrera Sánchez.

La autoridad militar de la región, los señaló como protectores del crimen organizado. Particularmente de las células del Cártel Arellano Félix asentadas en Rosarito y comandadas por Jorge Briceño López “El Cholo”, Teodoro García Simental “El Teo” (Aunque en la foja viene identificado como Diego García Semental), y Raúl Montes de Oca Morlet “El Ciego”.

Los investigadores
La investigación que llevan de manera coordinada la Procuraduría Estatal, la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría de Investigación Especializada Contra Delincuencia Organizada (SIEDO), oficialmente está bajo la responsabilidad de la PGJE.

Fuentes de la Procuraduría aseguraron que sí han trabajado, pero en la fundamentación jurídica para detener a los sospechosos, quienes serán capturados próximamente. Explicaron que a las primeras declaraciones de Montero y tres de sus escoltas en las que hicieron señalamientos directos, les faltó información, por lo que decidieron armar un segundo cuestionario que ya ejecutaron.

Detallaron que posteriormente, al analizar los datos en conjunto, los investigadores se dieron cuenta que los primeros declarantes no habían proporcionado toda la información que tenían. Por lo que programaron un tercer interrogatorio que aún no se realiza.

Respecto del hecho de que en 24 días la procuraduría local no ha llamado a declarar a ninguno de los agentes señalados en Rosarito, dijeron que apenas estaban reuniendo los elementos concretos para requerirlos con fundamento.

El problema, dijeron, fue que la mayoría de los señalamientos son de oídas “escuché, me dijeron, sospecho” y para detenerlos legalmente y que lleguen a ser condenados, se necesita llenar los huecos”.

Además refirieron avances en la investigación: Explicaron que además de los protagonistas, se han declarado a 15 testigos adicionales, y con el trabajo de Servicios Periciales se pudo saber que las armas usadas contra Montero también se utilizaron en el asesinato del agente federal el 20 de noviembre en la carretera al aeropuerto y en el atentado contra Alberto Capella.

Ante la exposición pública de los 13 policías sospechosos, por parte del General Sergio Aponte Polito, los investigadores estatales se encuentran presionados. Por un lado el Gobernador José Guadalupe Osuna, que se declaró tan impaciente como el General y les exigió avances; y por otro, lo que consideran una evidente contaminación de los datos con “sospechosos” que ya están sobre aviso, cuando ellos aún están reuniendo elementos.

Policías se defienden
Por el lado de los agentes sospechosos de participar en el atentado, están analizando con abogados la posibilidad del amparo mientras otros sólo piden ser declarados y tratados con respeto.

Marco Antonio Arias Hernández es jefe de policía en la delegación de Primo Tapia en Rosarito, su nombre y fotografía forma parte del grupo de 13 policías que fueron expuestos ante la prensa y la opinión pública como agentes corruptos, ligados al crimen organizado e involucrados en el atentado perpetrado el 18 de diciembre de 2007, contra el Capitán Jorge Eduardo Montero Álvarez, director Municipal de Seguridad Pública de Rosarito.

En la búsqueda de los elementos señalados, ZETA pudo contactarse con Arias quien aceptó exponer su situación.

“Aquí estoy, no me he ido, ni me voy a ir, no me he amparado ni me voy amparar.

“Si hay una investigación yo puedo entender que empiecen por los jefes, es normal,  pero una acusación es diferente, que te exhiban de esa manera cuando no tiene  fundamentos la verdad si está afectando a la familia y a uno mismo, tengo una carrera limpia. Si en realidad hay una investigación, pues que digan con quién, inclusive me presento voluntario, si es que la hay”.

Arias señaló que no puede hablar por todos los elementos identificados en la lista pero sí estaba en posibilidad de decir que el también señalado, Eduardo Bustos Ramírez, estuvo siempre a su lado y actualmente continua presentándose a laborar.

 “Yo estoy abierto a que se lleve una investigación como debe de ser.

“El temor mío es que nos suceda como a los compañeros que se llevaron a México hace año y medio (los detuvieron por el asunto de los policías decapitados el 21 junio de 2006) después de ese tiempo, uno fue dejado en libertad y le dijeron ‘sabe qué, disculpe’, y todo ese tiempo, qué.

“Que ‘chequen’ también currículum, la carrera como se ha llevado a cabo, en diciembre me dieron una medalla al mérito policíaco por parte del Presidente Municipal, tengo 17 años, en el Ejército, he sido jefe de todos los departamentos de seguridad pública en Rosarito, en Tijuana también, nunca he tenido una falta, nunca he tenido un arresto, nada. Si hubiera, yo pienso que ya hubieran ido por nosotros para investigarnos”.

La inquietud expuesta por el agente fue por el hecho de que además de exponer sus imágenes y sus nombres sin siquiera haberlos declarado, se están publicando versiones donde se asegura que están huyendo o que no han entregado las armas, pistolas que, aseguró, entregaron la tercera semana de diciembre. “Pueden revisar los roles de servicios, no hemos dejado de presentarnos”.

“Andamos trabajando desarmados, así hemos turnado robo de cable, falsificadores, todo ese trabajo lo hemos hecho porque no podemos estar sentados esperando que nos entreguen el arma, lo he hecho bien y lo que ellos están haciendo es incorrecto”.

Su versión
El día del atentado, “nos presentamos a un examen antidoping que fue en el Auditorio Municipal, nos citaron a las ocho de la mañana. Salimos aproximadamente a las 10:40 de la mañana y me incorporé a mi delegación a checar servicio a Primo Tapia.

“El comandante Silva se comunicó conmigo entre 12:40 y una de la tarde, que iba a checarme el servicio; no llega. Él mismo se comunica conmigo, me indica lo que está ocurriendo, que están atentando en contra de la Dirección de Seguridad Pública. Nos trasladamos de Primo Tapia a la Dirección que es en un lapso de 15 a 20 minutos por la distancia.

“De las 13:30 aproximadamente, hasta las cuatro y media de la tarde permanecimos ahí en la Dirección de Seguridad Pública resguardando el área, siempre en contacto con el subcomandante Silva, con el Supervisor General Fernando Ceja. En una edición del semanario (sic) El Mexicano salgo en la fotografía ahí con ellos.

“En la Dirección de Seguridad Pública, aparte de que hay cámaras en el interior hay cámaras hacia afuera, en las cuales estamos grabados de que estamos ahí resguardando el área; no las he visto yo porque están en el Ministerio Público, tenemos que salir ahí.

--¿Y hay cámaras en la delegación de Primo Tapia donde estuviste antes?
“Sí, hay cámaras también y está el comandante Silva que se comunicó conmigo y me explicó por qué no estaba ahí (en Primo Tapia); me dijo ‘está pasando esto, esto y esto, pues vamos para allá’ y nos fuimos de apoyo con él. Llegamos, desafortunadamente había pasado el evento y ahí estuvimos como hasta las cuatro y media de la tarde.

Hasta que levantaron el cuerpo, se llevaron las unidades, estaba el Ministerio Público del Fuero Común, una licenciada de la que no recuerdo el nombre. El licenciado Jaime Márquez que es amigo mío fue quien dio fe de todo esto. Ahí estuvimos en contacto con ellos”.

Pasaron controles de confianza

El jefe policiaco de Primo Tapia explicó que después del atentado no hubo citatorios ni cambios. El único hecho relevante fue que una semana después, todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Rosarito fue requerido para presentar los exámenes de confianza en el Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP).

Cuando recibió la llamada de su superior pidiéndole que enviara un número determinado de agentes, decidió incluirse él en el primer grupo. Los pasaron por el polígrafo, el psicométrico, el físico, y por segunda vez el antidoping, porque ése lo habían hecho una semana antes. Esos exámenes continúan con el resto de los elementos.

El primer día de esas pruebas, les indicaron que entregaran las armas porque iban a ser sometidas a una revisión. La mayoría lo hizo.

Consultados otros elementos de la corporación recordaron que en junio del 2006 y en enero de 2007, ya les habían hecho otros exámenes de confianza en la IESP. En aquel momento la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría del Estado también realizó pruebas de balística a todas las armas.

“Incluso nos entrevistaron con preguntas relacionadas con miembros del crimen organizado y grabaron nuestras voces”.

A los jefes que acusan actualmente, en ese momento se les permitió seguir trabajando.

Respecto a la razón por la que salió a relucir el nombre del ex alcalde Antonio Macías en la investigación, los administrativos recordaron que desde hace más de 10 años, los nombramientos de policías y jefes se hacen a través de una comisión que preside el alcalde.

“Además, a su llegada, el actual presidente municipal Hugo Torres encontró documentos con los que se puede probar que algunos de los 25 elementos a los que intentó imponer Macías antes de salir, tenían antecedentes delictivos, que el munícipe lo sabía y aún así, se atrevió a enviar un memo ordenando su aceptación.

“Además que la sindicatura continúa investigando la denuncia contra funcionarios integrados a ese consejo de selección quienes fueron acusados de cobrar hasta mil dólares por las plazas de policías”, indicó la fuente que pidió el anonimato.

Finalmente, respecto al control de armas, explicó que existe un banco de armas que se controla con una norma técnica y tiene un responsable. Y si los investigadores quieren saber del uso de las pistolas no tiene más que revisar los roles.

Decomisan cerca de dos toneladas de mariguana en Baja California y Sonora

Narcotraficantes cuentan con apoyo de policías

Apenas entrando el año, elementos militares han decomisado cerca de dos toneladas de mariguana en Sonora y Baja California según informó el Comandante de la Segunda Región Militar, Sergio Aponte Polito.

La madrugada del jueves 10, cerca del punto medio entre Ensenada y San Felipe, el radar militar detectó el vuelo de una aeronave que viajaba de manera clandestina. De inmediato un operativo militar en la zona detectó que la avioneta viajaba hacia el norte, con rumbo del Valle de Mexicali. También localizaron en las cercanías del ejido Durango una camioneta Bronco con placas de California 4SKK557. Ahí trasportaban 43 paquetes de mariguana que sumaron cerca de 400 kilos.

Detuvieron a dos jóvenes, José Rodríguez, de apenas 20 años y residente del Kilómetro 57 y José Canuto Morales, originario de Guadalajara, Jalisco. Un tercer participante logró escapar.

Un día antes, en Nogales, elementos militares decomisaron en una bodega mil 700 kilos de mariguana. Ambos decomisos suman más de dos toneladas de mariguana.

Según el jefe militar, las zonas más utilizadas por narcotraficantes para trasiego de droga son el Valle de Mexicali y el de Ojos Negros, cercano a Ensenada y las costas del Puerto de San Felipe. En cuanto al Valle de Mexicali, expuso:

“Por sus dimensiones, por sus características planas, por las facilidades que tiene para poder acondicionar una pista y a veces, por la protección que se brinda para estos aterrizajes. Estos elementos no van a hacer esto si no cuentan con cierta protección de las policías”.

Aponte Polito dijo que un elemento que se dedica a este tipo de actividades, como el narcotráfico, no las puede realizar si no cuenta con el apoyo y protección de autoridades policíacas. (Sergio Haro)