Adela Navarro Bello

Vulnerables

Las autoridades en Baja California, están haciendo un esfuerzo por combatir el crimen organizado. Los llamados delitos de alto impacto: Secuestros, ejecuciones, levantones, narcotráfico y crimen organizado.

Los mismos ilícitos que están concentrados en una parte de la sociedad. Aquellos que de una u otra manera están inmiscuidos en esos mismos hechos delictivos. No es una sorpresa después de una ejecución enterarse a través de investigaciones oficiales o extraoficiales, que las víctimas tenían alguna liga con sus victimarios.

Los delitos de alto impacto, pues, están focalizados. Aunque ello no es motivo de abandono y falta de resultados por parte de las corporaciones investigadoras.

Pero ése es el árbol que ven las autoridades en Baja California, el mismo que no les permite observar el bosque: La ciudadanía bajacaliforniana, particularmente la tijuanense que día a día se enfrenta a la inseguridad y que en muchos de los casos, por frustración, decepción o falta de confianza ante las corporaciones y autoridades judiciales, no es denunciada.

Los delitos llamados menores, están dejando de serlo para convertirse en un lastre que no permite el avance de la sociedad, el desarrollo económico, la armonía civil y la seguridad física de familias y su patrimonio.

Todos los días ocurren en distintos horarios, delitos como robo de mercancía en tiendas y abarrotes, hurto de bolsas en las calles más congestionadas y supuestamente vigiladas, también secuestros exprés y muchas amenazas a cambio de dinero para no cumplirlas.

Los ciudadanos, hombres y mujeres de bien, trabajadores, y honestos de Tijuana, han visto su vida amenazada en las últimas semanas. Una mujer que fue asaltada en la Cacho a las dos de la tarde, una trabajadora que fue “levantada” y obligada a vaciar su cuenta bancaria para después liberarla sin nada. Otra pareja que padeció el hurto de su pequeña empresa y aquel que soportó una pistola en la cabeza con tal de evitar que se llevaran a su acompañante secuestrado.

Esta estadística no existe en la Procuraduría General de Justicia del Estado porque las víctimas, temerosas de las redes de corrupción en las corporaciones, o frustradas por un sistema judicial que no las beneficia, prefieren seguir avante y no ver afectado su transitar por la vida activa de Tijuana.

El prometido patrullaje por las calles de la ciudad por parte de policías federales, militares o municipales, se ha quedado en una simple promesa. Ni se ven, ni se sienten, ni se perciben los resultados que deberían ser la disminución de estos delitos “menores” que tanto afectan a la sociedad.

Los bajacalifornianos, los tijuanenses, permanecen en un estado de vulnerabilidad terrible ante las ramificaciones del crimen organizado, aquellos que no llegan al “alto impacto” pero que dañan en demasía a la sociedad que se repele, se esconde, se intimida y se limita en su vida diaria y en los esfuerzos por rehacer un exitoso negocio.

Algunos ciudadanos han optado por no salir de noche, por enrejar su casa, por no portar cartera y no hacer transacciones bancarias en las instituciones financieras. El estilo de vida de los bajacalifornianos está cambiando, orillados por las condiciones de inseguridad.

Es momento que tanto el Gobierno del Estado a cargo de José Guadalupe Osuna Millán y la Presidencia Municipal de Jorge Ramos, empiecen verdaderamente a patrullar las calles de la ciudad para proveer seguridad a aquellos gobernados esforzados, trabajadores, honestos y emprendedores que están siendo maltratados por la inseguridad.

Aparte de un seguimiento y combate a los crímenes de alto impacto, se requieren esfuerzos en el combate de los delitos menores. De otra forma, la ciudad continuará azotada y la sociedad vulnerable. Y así, no hay manera de defender la permanencia en una región antes próspera.