Rosarito, en riesgo de perder recursos federales por malos manejos de panistas

Las transas en Alcaldía de Macías

Una muestra de los malos manejos del panista: El último día de su administración entregó 23 permisos para la venta de alcohol. Además, su director de COPLADEM se auto prestó 400 mil pesos; otros funcionarios no presentaron declaración patrimonial de salida y hasta 800 expedientes se robaron de catastro. Sindicatura ya investiga el desfalco de los blanquiazules en el quinto municipio.

Francisco Sandoval Alarcón

Gastos sin comprobar, compras “infladas” hasta en un 300 por ciento, mal uso de recursos públicos, entrega de permisos irregulares a cambio de beneficios económicos y otorgamiento de contratos gubernamentales a simpatizantes de su partido, es la negra herencia que dejó el panista Antonio Macías Garay a su paso por la presidencia municipal de Playas de Rosarito.

El “pésimo” manejo de las finanzas de algunos de sus ex colaboradores, entre ellos Daniel León Rivera, ex Director de COPLADEM, han puesto en riesgo las arcas  municipales, pues en caso de no comprobar un préstamo de 400 mil pesos que se hizo el ex funcionario, el Gobierno Federal le podría retirar al Ayuntamiento los recursos que envían a través del “Ramo 33”.

Una revisión del Cabildo al Departamento de Alcoholes, evidenció que la dependencia entregó al menos 53 permisos irregulares durante la pasada administración, 23 de ellos durante el último día de gestión de Macías Garay.

A decir de servidores públicos allegados a las indagatorias, se tiene la sospecha de que los ex funcionarios se “beneficiaron económicamente” con la entrega de los permisos, motivo por el cual se ordenó una auditoría externa para conocer el origen del problema.

Además, la Sindicatura Municipal investiga un contrato que entregó el ex alcalde a un empresario transportista vinculado con el Partido Acción Nacional (PAN) y que ha provocado un conflicto legal y de intereses entre los choferes del transporte público municipal.

En palabras de Juan Manuel Leyva, regidor presidente de la Comisión de Transportes, el ex alcalde otorgó el contrato “tomándose atribuciones que no le correspondían y sin previo estudio de Cabildo. Una situación bastante irregular”.

Aparte, un muestreo realizado por la Secretaría de Administración Urbana detectó que cerca de 800 expedientes fueron dados de baja “dolosamente” de la Unidad de Planeación y Catastro, por lo que ya se investiga la anomalía.

No sólo eso. Las autoridades detectaron “compras infladas” de activos fijos y artículos de oficina  y no descartan que ex funcionarios de Tesorería y de Oficialía Mayor del “III Ayuntamiento” se encuentren coludidos con estos hechos.

Por si fuera poco, 63 ex servidores públicos (de un total de 106) serán sancionados administrativamente por no presentar su declaración patrimonial al finalizar sus encargos, mientras que otros ocho serán inhabilitados de uno a cinco años para ocupar un puesto público por no haber presentado ninguna declaración en los tres años de gestión.

Desorden administrativo
Arístides Valdezpino Arévalo, Síndico Procurador de Playas de Rosarito, reconoció que la dependencia a su cargo, apoyada de auditores externos, investigan las anomalías detectadas en la pasada administración y que incluso, dijo, se venían arrastrando desde hace nueve años. “Todo inició por el desorden administrativo existente y porque las pasadas  administraciones veían a la Sindicatura como una dependencia más y no como el órgano de control (interno) del Ayuntamiento”.

Dijo que muestra de esa indiferencia gubernamental es que anteriormente la dependencia destinaba un 85 por ciento de su presupuesto para pagar la nómina de los empleados y el 15 restante en la aplicación de programas, mientras que en la actual administración el 60 por ciento del presupuesto se está destinando a los programas y el resto al pago de la nómina.

“Esta situación provocó que los funcionarios que laboraban en las pasadas administraciones recibieran las actas de entrega-recepción sin verificar la existencia de los activos que supuestamente se acreditaban en las listas y que con el paso del tiempo fueron dados de baja”.

—¿Por qué se dejó crecer el problema?
“Lo que pasa es que por nueve años las autoridades se pasaron la estafeta y la información de los activos la entregaban por escrito, porque todo lo hacían por escrito. Pero con esta administración lo que buscamos es poner en marcha un sistema digitalizado que nos permita tener mayor control de los activos, porque finalmente dentro de tres años tendremos la obligación de entregar cuentas claras y no con el desorden administrativo que detectamos por no cuidar las formas”.

No obstante, reconoció que derivado de este “padrón inflado” de activos, cuatro dependencias se encuentran siendo investigadas por la Sindicatura, motivo por el cual se solicitó la presencia de los ex titulares para tratar de solventar las irregularidades detectadas.

Advirtió: “En caso que las observaciones no sean solventadas y las comparecencias de los ex funcionarios no sean suficientes, la dependencia tendrá que proceder administrativamente”.

El Síndico Procurador reconoció que dependencias como COPLADEM, Tesorería, Alcoholes, Compras y Catastro están siendo auditadas por contadores externos, pues detectaron “anomalías” en sus finanzas y en el otorgamiento de permisos.

En el caso de COPLADEM, informó que a petición de la Regidora Norma Gutiérrez se ordenó una auditoría, pues se encontraron deficiencias y faltantes en el manejo de los recursos.

 “Estamos hablando de un faltante de 400 mil pesos que fueron utilizados, presuntamente, como préstamo personal”.

— ¿Daniel León Rivera, ex titular de COPLADEM fue el Funcionario que solicitó el préstamo?
“Así es. Pero lo grave del asunto es que el (ex) funcionario utilizó los recursos federales pertenecientes al Ramo 33 y en caso que el Ayuntamiento no solvente esa situación corremos el riesgo de que el Gobierno Federal nos retire el apoyo”.

Tan sólo en el 2007 el Ayuntamiento de Playas de Rosarito recibió 108 millones de pesos por concepto de aportaciones federales, de los cuales cerca de 28 pertenecían al Ramo 33.

Valdezpino Arévalo reconoció que aun cuando el ex funcionario regrese el dinero, si éste no comprueba en qué los utilizó, se les retira el apoyo, ya que “las reglas de operación del Ramo 33 son muy claras y señalan que si la Administración Local no puede comprobar los gastos se les fincan responsabilidades, entre ellas la de retirarle los recursos”.

Aún hay más: De acuerdo con una investigación elaborada por los integrantes del Cabildo, en COPLADEM malversaron dos millones de pesos con el “Programa Regularízate”, el cual tenía como objetivo principal la conformación de un inventario real de los dueños de los predios en la ciudad.

Sin embargo, cuando se trató de revisar el padrón se encontraron con la sorpresa de que no existía información, a la par que los vehículos que se compraron para elaborar el inventario se encontraban en desuso.

Más irregularidades
Entre otras anomalías detectadas y que se están investigando, resaltan las “compras infladas” que se realizaron durante la pasada administración y en posible colusión entre ex funcionarios de la Tesorería y el departamento de Compras.

“Estamos hablando que se compraron activos y artículos (de limpieza y oficina) muy por encima de su costo real”, esbozó el Sindico. Citó un ejemplo: “Lápices que te costaban cinco pesos en cualquier papelería se compraban hasta en 20 pesos; (por) cubetas de pintura que regularmente valen 200 pesos llagaban a pagar 800”.

En el caso de Alcoholes, el funcionario reveló que 53 expedientes presentaban irregularidades. “Estamos hablando desde expedientes incompletos, hasta casos donde la factibilidad del uso de suelo estaba mal determinado”.

Por lo pronto, “ya le enviamos a la Secretaría General el pliego de observaciones para que ellos, en un plazo no mayor a 30 días, puedan solventarlas, a la par que el Cabildo tomó la decisión de no expedir más permisos de Alcoholes en tanto no se integre el Consejo Consultivo, un organismo ciudadano que coadyuvará en la toma de decisiones para emitir este tipo de licencias”.

— ¿Qué va a pasar con los funcionarios que expidieron los permisos?
“En caso de encontrarse que incurrieron en irregularidades se les iniciará un procedimiento administrativo y en caso de existir daño patrimonial se actuará en consecuencia (dar parte al Ministerio Público)”.

A su vez, indicó que en el área de Catastro detectaron que cientos de expedientes fueron sustraídos dolosamente, por lo que iniciaron una auditoría al interior de la dependencia.

Puso otro ejemplo: “Recientemente un ciudadano solicitó una copia de su expediente por un asunto judicial que estaba promoviendo, pero curiosamente no se le pudo entregar el documento porque no existía su expediente. Esto nos prendió un foco rojo y ordenamos la investigación”.

Sobre el número de expedientes faltantes, el Síndicó señaló que de acuerdo con una muestra aleatoria que realizó el departamento de Control Urbano determinaron que eran 800 casos, sin embargo comentó que esperan el resultado de la auditoría para conocer el tamaño del problema.

— ¿Cuál es la causa para que los expedientes no aparezcan?
“Sustraer información”.

— ¿De manera dolosa?
“Sí. Y en algunos otros casos nosotros tenemos conocimiento de claves catastrales que las tuvieron que dar de baja porque se sobreponían a otras cuentas existentes”.

— ¿Esto quiere decir que los terrenos pudieron ser vendidos en dos o tres ocasiones?
“Sí, porque ésa es una de las cosas que en Playas de Rosarito se estaba dando de forma muy común”.

Valdezpino Arévalo reconoció que otro problema detectado es la falta de interés de los ex funcionarios para rendir cuentas a la ciudadanía. Explicó que de los 106 servidores públicos salientes sólo 35 han presentado sus respectivas declaraciones patrimoniales.

En total, son 71 los ex funcionarios que no han presentado su declaración de salida, por lo que se harán acreedores a una sanción administrativa. “De éstos, ocho son reincidentes, es decir que nunca presentaron su declaración de ingreso y salida, motivo por el cual se procede a la inhabilitación del cargo por un periodo de uno a cinco años”.

Al argumento de los ex servidores públicos para no presentar sus declaraciones, “es que no sabían de esa obligación, pero el hecho de no conocer la ley no los exime de las responsabilidades”, sostuvo el Síndico.

Juan Manuel Leyva, Regidor de Playas de Rosarito, informó que el Departamento Jurídico del Ayuntamiento analiza la posibilidad de echar abajo un contrato que  indebidamente entregó el ex Alcalde Antonio Macías a un empresario del transporte público.

Se trata de Leonardo Luna, dueño de la empresa de transporte “Quinto Municipio”, vinculado con el PAN local y a quien el ex alcalde le entregó la concesión de cuatro rutas que ya eran operadas por la Compañía de Transportes Amaro, cuyo propietario, Alfredo Amaro Mata, se amparó por la decisión de Macías Garay.

“La demanda (de amparo) consiste en que el ex alcalde entregó cuatro rutas, que mueven un promedio de 86 vehículos, tomándose atribuciones que no le correspondían y sin previo estudio del Cabildo”.

Lo peor es que esas rutas invadieron las que ya existen, lo que ha generado un problema que ha provocado enfrentamientos a golpes entre los choferes de ambas compañías, sostuvo el también presidente de la Comisión de Transporte del Cabildo.

— ¿Antonio Macías se benefició económicamente al otorgar estas rutas?
“Más que beneficiarse lo que pensamos es que se quería afectar los programas ya existentes y dejarnos el problema, como una especie de venganza. Se puede entender así”.

Hartazgo ciudadano
Norma Gutiérrez, Regidora Presidenta de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Cabildo, aseguró que desde antes de ocupar el cargo ya tenían conocimiento del “desorden que operaba en la pasada administración, pues los ex funcionarios entregaban cuentas incompletas, carecían de archivos y no cumplían con las órdenes jurídicas y administrativas”.

Criticó el hecho de que 71 ex funcionarios no hayan presentado su declaración patrimonial, lo que demuestra el “temor” que tenían para ofrecer cuentas a la ciudadanía. Y sentenció: “El que nada tema nada debe. Entonces por qué el temor”.      

    
La regidora perredista aseguró que muchas de las licitaciones que se hicieron en la pasada administración se realizaron sin el consentimiento del “Comité de Adquisiciones, conformado por los regidores, el Síndico Procurador y el propio Oficial (Mayor).

“Simplemente compraban y licitaban todo lo que querían sin reportar nada. No se seguía ningún procedimiento porque no existen documentos que nos demuestren lo contrario”.

Aseguró que todo ese contexto provocó un “hartazgo ciudadano” por la insensibilidad de los ex funcionarios panistas de no cuidar las formas y procedimientos, “porque eran los dueños absolutos de la administración.
“Me da la impresión que la pasada administración estaba en manos de pandillas y eso es una lástima, porque como impulsores de la municipalización de Playas de Rosarito lo hicimos para lograr una mejor calidad de vida y no para que se convirtiera en la cueva de Ali Baba y los 40 ladrones”.

Ex Funcionarios que no han presentado declaración patrimonial de salida

América Soto Villa. Regidor.
Gloria Ramírez Vargas. Regidor.  
Alfredo Amaro Mata. Regidor.  
Rosario Manríquez Tesisteco. Jefe de Contraloría y Cuenta Pública.  
Deibby Anahí Gil Tesisteco. Secretaria Ejecutiva de la Presidencia Municipal.  
Celia Palacios Balderas. Director de Reforma en la Presidencia Municipal.  
Silvia Quintero Vallejo. Asistente Presidencia Municipal.  
Isidro Elizalde Tinoco. Departamento Jurídico.
Jesús Enrique Guerrero. Asistente Comunicación Social.  
Graciela Toscano Fletes. Secretaria de la Delegación Primo Tapia.  
Salvador Plaza Beltrán. Jefe de Obras y Servicios en la Delegación Plan Libertador.
Francisca Zamora Tadeo. Coordinador.  
Miguel Sánchez Rebolledo. Juez Conciliador.  
Isabel Ibarbol Luna. Jefe Alcoholes.
Miguel Valdez Zamorano. Registro Civil.  
Lucio Cornejo Castañeda. Juez Calificador    
Jesús Alberto Osuna Gracia. Juez Calificador.    
Martha Granillo Duarte. Encargado de Cajas Recaudación de Rentas  
Violeta Rosales Barba. Encargada de  Sección de Recaudación de Rentas.  
María del Carmen Lepe Mena. Cajero de Recaudación de Rentas.
Marbella Gámez Acosta. Cajero de Recaudación de Rentas.  
Jesús Antonio López López. Cajero de Recaudación de Rentas.
Arturo Antonio Domínguez Martínez. Cajero de Recaudación de Rentas  
Manuel Alfonso Acosta Valenzuela. Administrador de la Policía Comercial.
Eva Rodríguez Pineda. Auxiliar de Contabilidad.  
Martha Alicia Pedroza Vizcarra. Jefe de Planeación.
Mayra Guadarrama Villalobos. Encargado de Planeación.  
Samuel Márquez Bermúdez. Inspector de Planeación.
Rafael González Lomelí. Capturista Valuador de Catastro.  
Cinthia Gómez Ramírez. Secretaria de Catastro.  
José Manuel Rojas Heredia. Encargado de Modernización Catastral.
Ángel Nieves Muñoz. Encargado de Cartografía.
José Carlos Gay. Subdirector de Control Urbano.
Teodoro Galicia Salceda. Jefe de Talleres de la Dirección de Obras y Servicios Públicos.
Marlem del Real López. Agente de la Dirección de Seguridad Pública.
Bárbara Lizardi Ayala. Auxiliar de la  Dirección de Seguridad Pública.
Luis Alejandro Romero Lepe. Jefe Protección Civil.  
Argelia Pozo Lucero. Encargada del Departamento de Desarrollo Social.  
Rosario Tarazón Monge. Jefe Promoción Social.
Reginaldo Bustamante Elizarraras. Coordinador de Educación y Cultura.  
Clarisol Ochoa Montalbán. Jefe de Educación y Cultura.
Raúl Peña Gutiérrez. Director de Servicios Médicos.  
Cristina Gómez Rodríguez. Servicios Médicos.  
María del Rosario Osuna Nava. Servicios Médicos.  
Angélica Victorio Galindo. Servicios Médicos.
María Cuadras Rivera. Servicios Médicos.  
Juan Contreras Magaña. Director de Tránsito y Transporte.  
Pablo Larios Hernández. Coordinador Tránsito y Transporte.  
Octavio Machado Ames. Inspector Tránsito y Transporte.  
Arturo Hernández Camacho. Jefe Tránsito y Transporte.  
Elidio Jiménez Hernández. Inspector Tránsito y Transporte.  
Isaías Meléndez Flores. Jefe Operativo Tránsito y Transporte.  
Santiago Pineda Delgado. Secretario Técnico Tránsito y Transporte  
Bibiano Martínez Rojas. Coordinador Dirección de Regulación Municipal.  
Óscar Hernández González. Inspector Dirección de Regulación Municipal.  
Sandy Ruiz Jiménez. Inspector Dirección de Regulación Municipal.  
Alfredo Gómez González. Inspector Dirección de Regulación Municipal.  
Flores Minchaca José Antonio. Inspector Dirección de Regulación Municipal.  
Quijas Lozano Óscar Manuel. Inspector Dirección de Regulación Municipal.  
René Ledesma López. Inspector Dirección de Regulación Municipal.    
Karla González Rubio. Inspector Dirección de Regulación Municipal.
Fernando García Solís. Inspector Dirección de Regulación Municipal.  
Ricardo Morales Bautista. Inspector Dirección de Regulación Municipal.
Héctor Ayala Arellano. Coordinador Dirección de Regulación Municipal.
Inés Esparza Hernández. Inspector Regulación Municipal.
Víctor Hugo López González. Inspector Regulación Municipal
Armando Carlos Porras Orenday. Inspector Regulación Municipal.  
Miguel Ángel Ruiz Sosa. Director de Regulación Municipal.  
Mauricio Ramírez Corona. (Se desconoce cargo).     
Luis Guillermo Jiménez. Regidor.  
Javier Robles Aguirre. Regidor.  
Ceferino Romero Sauceda. Regidor.  
Israel Omar Durán Gómez. Jefe de Normatividad.  
María Elena Pimentel Martínez. (Se desconoce el cargo).